GUATEMALA.- Trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal rechazan contrato fraudulento

 

Por Armando Tezucún

El 1 de agosto diputados del partido de oposición Líder denunciaron un plan de privatización de la Empresa Portuaria Quetzal, que pertenece al Estado aunque goza de autonomía, por medio de una concesión sin licitación a favor del grupo español Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB).

Después de dos días de negar la existencia del negocio denunciado, el gobierno reconoció que concedió un usufructo a la filial guatemalteca de la mencionada empresa, Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ). El contrato de este usufructo fue firmado, a solicitud de la empresa española, en total secretividad el 11 de julio y estipula básicamente lo siguiente: La empresa TCQ utilizará 348,171.81 metros cuadrados de los terrenos que posee la Empresa Portuaria Quetzal para instalar una terminal de descarga y manejo de contenedores transportados por barcos de mayor calado que los que están en capacidad de recibir las instalaciones actuales de la portuaria; TCQ pagará al mes US$ 0.20 por metro cuadrado más IVA, que representa un total de US$ 87,042.95 más IVA que recibirá la portuaria estatal por el uso del terreno; además pagará US$ 4 por cada contenedor trasladado; TCQ tiene 60 días para acreditar a la Portuaria Quetzal US$ 120 millones, y 66 meses para la construcción de la terminal (El Periódico 3/8/12).

Este negocio fue realizado a toda celeridad y conscientemente fue escondido del conocimiento público por el interventor de la Portuaria Quetzal, Allan Marroquín, y otros funcionarios involucrados. Esto hace pensar que hay personas y grupos en el país y el gobierno interesados en la aprobación de este contrato.

Reconocidos abogados constitucionalistas han cuestionado el proceso mediante el que se dio el contrato de usufructo. Además, diputados de Líder presentaron el 6 de junio cuatro acciones legales ante el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, y la Secretaría General de la Presidencia.

Sin embargo, fueron los trabajadores de la EPQ quienes mediante acciones de hecho lograron que el gobierno suspenda por un mes el contrato mientras se somete a análisis. Desde el 4 de agosto, el secretario del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal, Lázaro Noé Reyes, cuestionó la secretividad con que el gobierno entregó el usufructo. El día 6 los trabajadores realizaron un paro de 3 horas condenando la negociación y denunciando que afectará a más de 1,200 trabajadores y a las 13 municipalidades del departamento de Escuintla (donde se sitúa el puerto), que reciben un porcentaje de las ganancias de EPQ.

El 7 de agosto se realizó en la capital una marcha para entregar al presidente Pérez Molina un documento exigiendo que dé marcha atrás en el contrato de usufructo. Docenas de trabajadores marcharon, a los que se unieron diputados de Líder y miembros de la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala. A pesar de que la policía tenía cercado el acceso a Casa Presidencial, los trabajadores lograron acercarse y pasar el documento por debajo de la puerta principal, pues nadie les abrió. Ese mismo día los compañeros realizaron otra marcha pacífica en las instalaciones del puerto.

El gobierno tenía programado el anuncio público del acuerdo con la empresa española para el martes 7, pero debido a la oposición de los trabajadores fue suspendido. El miércoles 8 estalló la huelga, con el acuerdo de los tres sindicatos de la portuaria. Los compañeros bloquearon las entradas y salidas del puerto.

Esa misma noche se acercaron a las instalaciones tropas de la policía y el ejército que llegaron por mar y tierra, mientras el interventor Marroquín anunciaba que el paro era ilegal e iniciaría acciones represivas ante el Ministerio del Trabajo. El día 9, luego de intensas negociaciones, las fuerzas represivas tomaron el control del puerto, sin que hubiera oposición de los trabajadores, quienes sin embargo, mantuvieron el paro. Finalmente el 10 se llegó al acuerdo de que el gobierno suspenderá la entrada en vigencia del contrato de usufructo por 30 días, mientras una comisión de diálogo lo analiza con los trabajadores. La huelga fue suspendida.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) se solidariza con los compañeros trabajadores de EPQ en esta lucha contra la entrega descarada del patrimonio nacional a la transnacional española. Advertimos que el juego de este gobierno es convocar a procesos de diálogo para al final no cambiar nada. Por ello los compañeros deben estar alertas y prestos a retomar las acciones de hecho de ser necesarias. Es importante también mantener la independencia con respecto al partido Líder, que tiene sus propios fines e intereses que no son los mismos de los trabajadores.

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