NICARAGUA.- Paro Nacional Indefinido y convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente
Después de la ofensiva militar de la dictadura Ortega-Murillo contra los tranques y barricadas, la acción criminal de la Policía Nacional y los grupos paramilitares no ha cesado. La dictadura se esfuerza por aparentar que la situación en Nicaragua se ha normalizado, pero en realidad se vive, en los hechos, bajo un Toque de Queda y Estado de sitio no declarado: a partir de las seis de la tarde, la circulación de vehículos y personas disminuye notablemente, por temor a ser víctima de la represión.
Aun bajo esas condiciones represivas y de atemorizamiento, la resistencia juvenil y popular ha continuado: a diario se producen marchas en todos los municipios del país, muchas de ellas han sido masivas. La repuesta de la dictadura ante la posibilidad de un nuevo ascenso de lucha popular, ha sido nuevamente la represión. En los últimos días han aumentado las capturas de líderes estudiantiles y activistas populares. Antes que se produzcan nuevas marchas y manifestaciones, la Policía Nacional ha pasado a capturar a las dirigencias locales.
La dictadura se ha propuesto desarticular a los liderazgos locales que surgieron espontáneamente, producto de la insurrección desarmada. Una parte de estos dirigentes fueron arrinconados, obligados a irse al exilio, otros fueron capturados y están siendo enjuiciados penalmente, y los que quedaron organizando la resistencia, también están siendo capturados. Al parecer, la situación normal para la dictadura, es que no exista la mas minina movilización o protesta social.
A pesar que en Nicaragua se encuentra dos comisiones de trabajo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), a diario se producen capturas, secuestros y desapariciones de los luchadores populares. La represión incluye la realización de juicios penales amañados, donde la Fiscalía presenta pruebas prefabricadas contra los dirigentes capturados, y donde las audiencias se realizan en completo aislamiento, sin presencia de familiares de los detenidos. Las libertades democráticas están siendo anuladas de manera violenta.
La recuperación del control sobre la situación por parte de la dictadura, ha metido en crisis a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), una coalición de grupos sociales, influenciada y controlada por los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Los empresarios utilizaron la movilización popular de los meses de mayo y junio como mecanismo de presión para obligar a Daniel Ortega a que asumiera los puntos del programa de democratización dentro del Dialogo Nacional, pero este logró engañarlos, primero haciéndoles creer que podría adelantar las elecciones, para después endurecer posiciones y desatar una brutal represión.
Los empresarios del COSEP, para no quedar en desventaja ante el poderoso empuje social de los meses de abril, mayo y junio, convocaron el 14 de junio y el 13 de julio a jornadas de paro nacional, pero limitadas a un solo día. Estos paros nacionales fueron simbólicos, no causaron ningún daño económico a la dictadura ni lograron ablandarla en la mesa de negociaciones.
Sin presión popular, y más bien temerosos de ser víctimas de la brutal represión de la dictadura, los empresarios del COSEP han comenzado a discutir internamente la necesidad de llegar a cualquier tipo de arreglo con la pareja Ortega-Murillo, otorgándole legitimidad al gobierno asesino.
Los golpes que Ortega ha logrado propinar a las masas en lucha, se debieron en parte a que los nuevos liderazgos surgidos espontáneamente no tuvieron la experiencia suficiente para crear su propia alternativa. La confianza e ilusiones en los empresarios del COSEP ha sido fatal para la lucha.
Para detener la actual ola represiva, debemos preparar desde abajo, desde los barrios, comarcas y municipios, la convocatoria a un Paro Nacional indefinido hasta que caiga la dictadura. De lo contrario, continuara la represión selectiva que ya comienza a tocar a cuadros de la vieja guardia de la guerrilla sandinista, que se han rebelado contra la dictadura. Este Paro Nacional no debe depender de la voluntad negociadora del COSEP, sino que es una necesidad para sacar a todos los presos políticos y terminar con la actual pesadilla.
La Articulación de movimientos sociales debe tener absoluta independencia política en relación a los empresarios, y formular una salida democrática y popular llamando a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.