El 2 de julio el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a la segunda vuelta del proceso electoral 2019, dando por válido el resultado de la votación para presidente y vicepresidente en la primera vuelta. Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Alejandro Giammattei, del partido Vamos se disputarán la silla presidencial en medio de la peor crisis institucional desde la inauguración del régimen constitucional en 1985.

Crisis en el régimen democrático burgués

Guatemala es el bastión del conservadurismo en Centroamérica y la ciudad capital el eje de ese conservadurismo desde el establecimiento colonial, pasando por la institucionalidad burguesa más fuerte del istmo, quizá solo superada por Costa Rica –hoy también en crisis–. La ejecución de una atípica elección el pasado 16 de junio ha demostrado a todas luces la crisis interna del régimen democrático burgués. La voluntad de poder de la burguesía nativa oligárquica no ha mermado, pero sí los mecanismos e instituciones por las cuales se ejerce ese mismo poder.

Los acuerdos y desacuerdos entre la oligarquía tradicional y las diferentes facciones de la nueva burguesía (maquilera, militar, traficante de mercancías y narcotraficante), en lugar de afianzar la libre concurrencia política habitual a las democracias liberales clásicas, profundizan la crisis y la lleva al borde del desequilibrio político, por no decir bancarrota. Esta situación históricamente atípica siempre le ha abierto el camino a la participación política directa de las masas populares o a su contraparte, la movilización reaccionaria de las castas militares, un factor de poder en la convulsiva Guatemala de los cuarteles y los cuartelazos.

Una pesadilla a todas luces para los yanquis, que aún no logran cerrar la caja de pandora abierta por ellos mismos en 2015, por medio del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, que buscaba llevar a cabo reformas en el régimen caduco de 1985 por medio de la presión económica, política y judicial para persuadir a sus interlocutores naturales en Guatemala, la burguesía oligárquica,  separándolos del modus operandi de los nuevos ricos que por medio de la corrupción estatal como método de acumulación originaria de capital, amasaron sus fortunas durante el ejercicio directo del poder por la casta militar (1954-1985) y del burgués-burocrático (1985-2019).

La democracia restringida en Guatemala: ¿Un régimen burgués quebrado?

A la sombra de la bota militar, del tirotear al “enemigo interno” en calles, plazas y montañas y con la venia de los sostenedores materiales del Estado burgués terrorista guatemalteco (1960-1989), el imperialismo yanqui, en 1985 se llamó a la Asamblea Nacional Constituyente que cambiaría el régimen político en Guatemala. La intención era transformarlo, de una dictadura militar que hizo uso “racional de la fuerza” del Estado para destruir a toda la oposición política al status quo neo-colonial inaugurado por la contrarrevolución de 1954, en una débil democracia burguesa de carácter restringido y de la mano de los mismos militares que habían llevado a cabo la masacre continuada contra la propia población civil. 

Esa maniobra, a la que nosotros hemos enmarcado como reacción democrática burguesa, no es otra cosa que cambiar el carácter del régimen político caracterizado por una dictadura militar agotada frente al auge y la efervescencia de las masas, para evitar de esta manera la caída del Estado burgués, y de la clase burguesa como clase dirigente y dominadora de la estructura estatal. Cambiar al militar por los encorbatados políticos como representantes y cuidadores de los intereses de la burguesía, dejar las balas y pasar a la demagogia. Esta es una táctica utilizada efectivamente por el imperialismo para pacificar la zona y con la ayuda de las direcciones pequeñoburguesas de las guerrillas centroamericanas; pactar la derrota de la revolución centroamericana (1979-1996), que concluiría con los acuerdos de paz en Centroamérica como la más apropiada lápida.

Ese régimen democrático burgués y los métodos enmarcados en la constitución 1985 por los cuales la burguesía ejerce su poder, han quedado ya caducos; como la dictadura en su momento, se ha agotado ante la fuerza y el peso inaudito de las contradicciones de clase en la señorial Guatemala. Las elecciones pasadas solo manifiestan la amplificación de las diferencias internas entre las diferentes fracciones de la burguesía nativa y las nuevas burguesías en Guatemala, para terminar de una vez por todas con la controversia y la polémica causada por el Plan Alianza para la Prosperidad y el acelerado proyecto del gobierno demócrata de Obama para reformar y de esa manera oxigenar los regímenes democrático burgueses en Guatemala, El Salvador y Honduras.

El auge del discurso extremista de derecha es solo una de las formas retóricas del punto muerto al que han llegado los desacuerdos inter burgueses por el control del aparato estatal; esto quiere decir, la formula por la cual la burguesía oligárquica y las nuevas burguesías emergentes buscan restaurar el estado de cosas que había antes del intento de reacción democrática proveniente de los Estados Unidos. Por ejemplo, la oligarquía nacional respaldó al gobierno de Jimmy Morales en su agrio conflicto con la CICIG, y antes financió ilícitamente su campaña electoral, pero sabe que no le conviene una nueva edición del gobierno del FCN, basado en el respaldo de los militares y la extrema derecha, pues solo profundizaría la crisis e inestabilidad política, que a su vez ampliaría la crisis económica causada por la poca certeza que deriva de la continuada crisis de régimen.

Toda la carne de la burguesía al asador:

En esta elección la mayoría de los casi veinte partidos que concurrieron a las elecciones presidenciales representan desde la extrema derecha, derecha, centro y centro izquierda a grupos burgueses y pequeño burgueses, síntoma de la división interna dentro de la clase dominante, que manifiesta su incapacidad hoy día para poder concurrir unidos frente a la ya arraigada crisis de régimen. Por su lado, la gran burguesía ha guardado silencio, al igual que la Embajada de Estados Unidos ante los afónicos gritos de fraude electoral en todo el país, pues estos llamados de sirena no corresponden a lo pactado en las altas cúpulas del poder neo colonial, en donde la ficha que se esgrime fue beneficiada del fraude. La ex primera dama Sandra Torres es la ungida favorita, a pesar de los recelos que provoca, de la burguesía nativa y del imperialismo para estabilizar la economía y limar los espacios comunes más espinosos de la crisis política.

Es por esto que la salida a la que le apuesta el imperialismo aquí es la misma que en Honduras frente al fraude electoral de 2017, que no es otra que llegar acuerdos con el capital nacional para que las reformas las aplique el virtual gobierno bonapartista de Sandra Torres y sus amigos, como el ex canciller de Otto Pérez y Jimmy Morales, Carlos Raúl Morales. Esta es una señal incuestionable de que la “abrasiva” ex primera dama y líder de la burguesía emergente maquilera llegará a acuerdos con los sectores tradicionales, evitando polémicas como la que protagonizó Thelma Aldana al sentar en el banquillo de los acusados a los hijos de la oligarquía nacional, o la inseguridad que conlleva la hija del clan Ríos Montt ante sus coqueteos extremistas de derecha. Tanto los gringos como los oligarcas prefieren antes que la retórica ideológica exaltada, la estabilidad necesaria para la buena marcha de sus negocios.

Esto se demuestra también en el reojo con el cual se mira al eterno perdedor Alejandro Giammattei, que ante la atípica situación electoral llegó a estar cerca, como nunca antes, de la guayaba. Efectivamente, Giammattei para el Departamento de Estado es un interlocutor volátil y poco confiable, casi al grado de Zury Ríos; sería repetir la carta del outsider que apabulló a Torres en la figura de Jimmy Morales, pero con el tiempo se ha vuelto un dolor de cabeza para los círculos de la diplomacia en Washington.

Es por eso que para salir del impase de la profunda crisis del régimen en la que se encuentra el país, y que más que disminuir se profundizó tras las elecciones generales del pasado 16 de junio, podemos ya describir algunas características que degradan las formas por las cuales la burguesía ha ejercido su poder durante los últimos treinta años. La democracia burguesa, en lugar de oxigenar el ejercicio del poder burgués, lo ha degradado, tanto que la extrema derecha ante el miedo reaccionario a las masas, canta fraude para promover un particular golpe de Estado que estabilice su control de clase frente a la población en general.

Sin dudarlo a la burguesía hoy se le agotan los métodos para ejercer plenamente el poder, no dudará ante su última carta Sandra Torres, que no es la que más le agrada, pero es la única que le asegura un poco de paz social que aminore las contradicciones de clase para la buena marcha de los negocios.

Por su lado, los imperialistas, ahora encabezados por el círculo de Trump, le apuestan a estabilizar la zona, no teniendo como enemiga a la burguesía guatemalteca, sino como una aliada para implementar las necesarias reformas que le den aire al desacreditado régimen democrático burgués neo-colonial dejado después de la derrota de la revolución centroamericana. Por ello tiene toda la confianza en que Sandra Torres será una interlocutora confiable ante la creciente degradación de los niveles de vida en Guatemala, un paliativo que ayudará a restablecer mediante la confianza, la economía y las inversiones del capital nacional y extranjero.

¡Llamamos a votar nulo!

Las opciones para la segunda vuelta son, o una reedición del gobierno militarista del FCN y Jimmy Morales en la figura de Giammattei, o una Sandra Torres respaldada por el imperialismo y la oligarquía con la misión de estabilizar el régimen político y la economía. Ninguno representa los intereses de las y los trabajadores, los pueblos indígenas, los campesinos, los estudiantes, las mujeres, las clases populares y el pueblo en general. Por eso llamamos a anular nuestro voto en esta segunda vuelta de elecciones, como manifestación de nuestro rechazo a las candidaturas y al régimen político burgués. La crisis del orden burgués solo puede ser solucionada por las fuerzas populares mencionadas, mediante la organización consciente que derive en la lucha por el poder, para desplazar a la burguesía cada día más incapaz de dirigir coherentemente los destinos de la sociedad.

Centroamérica, 23 de julio del 2019

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)


La lucha de los empleados públicos, especialmente de los sectores de salud y educación, iniciada a finales de abril del presente año, y que todavía continúan, ha provocado un abrupto cambio de la situación política en Honduras.

Superando una oscura década de derrotas

Después de la desmovilización de la lucha contra el golpe de Estado del año 2009, se instauraron los gobiernos de Porfirio Lobo (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (JOH), (2014-2019), bajo los cuales se perdieron las más importantes e históricas conquistas de los trabajadores: los convenios colectivos fueron eliminados: no se produjeron nuevos conquistas laborales; los Estatutos de los diferentes gremios fueron anulados en los hechos, especialmente el Estatuto del Docente, que permitía la indexación salarial, etc.

La última década (2009-2019) registra las más importantes derrotas de los sindicatos y colegios profesionales, especialmente en los sectores salud y educación, donde se impusieron duros planes de ajuste neoliberal. Las burocracias sindicales, para conservar sus miserables privilegios, lejos de dar la pelea contra las políticas económicas de los gobiernos nacionalistas, prefirieron convertirse en correas de transmisión de las políticas neoliberales. El sistema educativo y la salud publicas fueron degradados como nunca antes, por los constantes recortes presupuestarios.

Pero la paciencia y el estoicismo de los trabajadores tuvo un límite. Imponentes movilizaciones en las principales ciudades y pueblos, así como combativos bloqueos de carreteras, sacuden Honduras por los cuatro puntos cardinales. Los trabajadores o empleados públicos son, por el momento, la vanguardia de la lucha por la defensa de la salud y la educación pública.

Continuas explosiones sociales

Como un volcán en erupción, en Honduras se producen continuas explosiones sociales, producto del desempleo, los bajos salarios y la pobreza general.

El régimen dictatorial que ha construido JOH bajo el continuismo, no solo restringe las libertades democráticas, sino que es además una pesada loza sobre la sociedad, que hace que se acumule una tremenda presión social, que al final genera, como ríos de lava, pequeños pero constantes estallidos sociales.

El más importante estallido social del último periodo han sido las caravanas migrantes de miles de trabajadores, en harapos y casi descalzos, caminando con desesperación por las carreteras de Centroamérica rumbo a la frontera de Estados Unidos. Esta forma particular de estallido social tiene mayor repercusión en el extranjero, y poca incidencia a lo interno de Honduras. La migración se ha convertido en un desahogo social.

Y es que en la ultima década, los permanentes planes de ajuste neoliberales, han conducido a la quiebra planificada de las empresas del Estado, como la ENEE y HONDUTEL, con el objetivo de justificar su remate y privatización. Pero lo mas dramático, es que el ajuste neoliberal permanente no produce riquezas, como nos dicen en la propaganda gubernamental, sino que al contrario ha traído una pobreza generalizada que afecta incluso a las clases medias.

Los niveles de endeudamiento de la población trabajadora son alarmantes. Como no hay nuevos convenios colectivos, ni aumentos de salarios, ni indexación de los mismos, entonces los trabajadores recurren a los bancos y tarjetas de crédito, creando una espiral de endeudamiento. De la misma forma que cada año sube la deuda del Estado en Honduras, de igual forma se endeudan las masas trabajadoras, en un verdadero callejón sin salida.

Los trabajadores dijeron: “Basta”

De manera sorpresiva, aprovechando la mayoría parlamentaria que ha creado con sus aliados, JOH introdujo en el Congreso Nacional, el proyecto de Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación, que fue aprobada como Ley de Reestructuración y Transformación Presupuestaria de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, el pasado 25 de abril, provocando una rebelión masiva en los gremios de salud y educación.

El articulo 2 del dictamen final pretendía facultar a la “Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que pueda realizar la modificación y reasignación presupuestaria necesaria a fin de lograr los objetivos contenidos en el artículo precedente”. Lo anterior denota que la intención principal era reducir drásticamente el presupuesto nacional en educación, después que el gobierno se vio obligado, al menos formalmente, a tocar el presupuesto de salud.

La situación había llegado el límite: no cabía la menor duda que la reducción del raquítico presupuesto en salud y educación, significaría despidos masivos, y la creación de condiciones para privatizar total o parcialmente los servicios de salud y educación.

El embrión de una nueva dirección: Plataforma de Defensa de la Salud y Educación

La repuesta de los trabajadores no se hizo esperar. Comenzaron las movilizaciones y el proceso de unidad en la acción de los gremios medico y de maestros dio origen a la Plataforma de Defensa de la Salud y Educación (PDSE), conformada por el Colegio Medico de Honduras (CMH) y diversas organizaciones y colegios magisteriales. La población percibió correctamente el peligro y las movilizaciones aumentaron en todo Honduras, en numero y cantidad de personas. Se sumaron el gremio de enfermeras, estudiantes universitarios y sectores populares

Aunque en la PDSE participaron las viejas burocracias sindicales del magisterio, también hubo una enorme participación de delegados de base, electos en asambleas que proliferaron en todos los departamentos de Honduras. Una participación destacada ha tenido el CMH, a través de la doctora Suyapa Figueroa, quien se ha destacado como dirigente nacional de esta lucha tan decisiva.

Primera victoria parcial: el engavetamiento del proyecto de ley

Las primeras movilizaciones fueron a protestar en los bajos del Congreso Nacional, obligando a retroceder a los diputados, primero sacando al sector salud (como una maniobra para dividir) y después archivando el proyecto de ley.

Es la primera gran victoria en diez años. La movilización popular hizo retroceder la prepotencia de los diputados del Congreso Nacional, los trabajadores en las calles le doblaron el brazo a JOH y al propio Congreso Nacional

Segunda victoria parcial: derogación de los decretos ejecutivos PCM

La primera victoria obtenida no desmovilizó a los trabajadores de la salud y educación, al contrario, se mantuvieron los paros escalonados, las asambleas informativas, la convocatoria a paro nacional y la movilización en las calles, las que fueron acompañadas por tomas de puentes y carreteras.

La PDSE exigió inmediatamente la derogación de los decretos ejecutivos de agosto del año 2018 que le permitieron a JOH intervenir de manera extraordinaria en salud y educación, a través de los Decreto PCM-026 y Decreto PCM-027, que le permitieron crear comisiones de Transformación en Salud y en Educación, respectivamente, cuyo objetivo era el mismo: reducir los gastos del presupuesto en ambos rubros, siguiendo las orientaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Estas comisiones ya habían hecho su labor, pero la reducción presupuestaria solo podía hacerla el Congreso Nacional. Esta es la relación existente entre los Decreto PCM-026 y Decreto PCM-027 y el frustrado proyecto de Ley de Reestructuración y Transformación Presupuestaria de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación

No obstante, aunque la ley fue archivada, los decretos ejecutivos estaban vivos, y era necesario derogarlos. Durante todo el mes de mayo las movilizaciones giraron en torno a la exigencia de la PDSE de derogar los decretos ejecutivos.

La movilización adquirió dimensiones inimaginadas. La sociedad en su conjunto apoyaba la lucha de médicos y maestros, junto a otros sectores sociales. Los empresarios del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), preocupados por la dinámica de la movilización, ofrecieron sus servicios para mediar en el conflicto, haciendo llamados al dialogo, criticando veladamente la intransigencia de JOH. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) se pronunció a favor de la derogación de los decretos ejecutivos PCM. La cúpula empresarial mostró sus fisuras y sus diferencias con JOH, un verdadero acontecimiento político, que no ha logrado la lucha de los partidos de la oposición burguesa.

Las maniobras de JOH para desvirtuar el triunfo de los trabajadores

La movilización y los paros nacionales del mes de mayo obligaron a JOH a derogar los Decreto PCM-026 y Decreto PCM-027, decisión que fue publicada en La Gaceta No 34,960 del 3 de junio del año en curso. Fue un triunfo total de la PDSE.

Sin embargo, JOH hizo una nueva maniobra para desvirtuar el triunfo popular.

Se reunión con la vieja dirigencia del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (COLPROSUMAH), del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH), del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (PRICPHMA) y del Sindicato Profesional de Docentes Hondureños (SINPRODOH), y con ellos firmó un acuerdo de derogación de los decretos ejecutivos PCM.

El objetivo de JOH era no reconocer a la PDSE como la organización que dirigió la lucha, y que había logrado la derogación de los decretos ejecutivos. Con esta maniobra JOH logró arrastrar a una parte de la PDSE, especialmente a la vieja burocracia sindical, que ha sido acusado de corrupción y manejos burocráticos. Las bases de estos colegios y organizaciones magisteriales se dividieron, pero un sector muy importante se mantiene en la lucha, realizando asambleas que incluso se han planteado la tarea inmediata de destituir a los dirigentes que se prestaron para que JOH no reconociera a la PDSE como verdadera representación de los trabajadores en lucha.

El Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH) y el Colegio de Pedagogos de Honduras (COLPEDAGOGOSH) mantuvieron una posición digna y no se prestaron a la sucia maniobra de JOH. Debido a que los nuevos decretos ejecutivos llaman a la formación de mesas de negociación sobre los problemas en salud y educación, para JOH colocar a burocracias corruptas que terminarán aceptando las propuestas del gobierno, que en el fondo serán las mismas.

El régimen dictatorial está herido gravemente

Todo el aparato represivo y dictatorial que JOH ha construido, ha sufrido un golpe mortal. Los trabajadores se han levantado y han demostrado su fuerza. Las declaraciones del COHEP y de diversos grupos empresariales muestran las fracturas o fisuras de la clase dominantes y la enorme preocupación por la dinámica de la movilización de masas.

La transnacional Standar Fruir Company, como parte del grupo Dole Food Compañy, ha solicitado suspender los contratos laborales y ha amenazado con retirarse de Honduras, ante la quema de 62 camiones por parte de trabajadores enardecidos por las condiciones de superexplotación en las bananeras.

La lucha contra la privatización apenas está comenzando

Aunque los trabajadores de Honduras han obtenido dos triunfos importantes, al doblarle el brazo a JOH y al Congreso Nacional, en realidad estamos a mitad del camino. La lucha contra la privatización apenas está comenzando.

JOH intentará por todos los medios reducir los gastos presupuestarios en salud y educación, para crear condiciones para la privatización parcial o total de estos vitales servicios públicos: la derogación de los decretos ejecutivos PCM fue apenas un primer paso, porque en la mesa de negociaciones el gobierno intentará imponer su agenda neoliberal.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a los trabajadores de Honduras a mantener la unidad en la lucha, fortaleciendo y ampliando la actual PDSE hasta convertirla en una nueva dirección gremial y sindical, que sea democrática y que refleje la voluntad de las bases.

En asambleas informativas los trabajadores deben realizar un balance de la lucha, y decidir los pasos a seguir ante la propuesta de conformar las mesas de negociación. Cualquier negociación debe ser publica, de cara al pueblo, y cualquier resolución que se tome debe contar primero con la aprobación de las bases.

La situación en Honduras ha cambiado radicalmente, los trabajadores deben presentar al resto de la nación su propuesta de modelo del sistema de salud y educación, que debe ser una ruptura total con el ajuste neoliberal.

Desde ya alertamos que JOH intentara revertir estos dos triunfos, logrados con la movilización, y que la única manera de defenderlos y ampliarlos es incorporando nuevos sectores sociales a la lucha que recién apenas empieza.

Centroamérica, 4 de junio del 2019

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

 


A menos de tres semanas de la primera vuelta electoral, la balanza tiende a inclinarse a favor de la extrema derecha.

1.- El actual proceso electoral se ha caracterizado por la presentación de numerosos recursos judiciales contra determinadas candidaturas. Como resultado de esta situación, dos de las candidatas presidenciales que encabezaban la encuesta divulgada por el diario Prensa Libre a inicios de abril, fueron descalificadas. Zury Ríos Sosa, postulada por el partido Valor, fue descalificada por resolución de la Corte de Constitucionalidad, por ser hija del gobernante de facto, el golpista general genocida Efraín Ríos Montt, razón por la que tiene prohibición constitucional para ser gobernante. Ríos figuraba con el 15.9 %, segundo lugar de la intención de voto en la mencionada encuesta, y encarnaba una de las principales opciones de la derecha, identificada con su lema de campaña “A poner orden se ha dicho”.

2.- La candidata con el tercer lugar en la intención de voto, la ex fiscal general Thelma Aldana, también fue sacada de la competencia electoral por la CC, por carecer del finiquito que extiende la Contraloría General de Cuentas, que es uno de los requisitos necesarios para ser inscrita como candidata a la presidencia. Aldana tenía el 9.5 % de la intención de voto, y en realidad fue víctima de una conspiración del “pacto de corruptos” para impedir su llegada al gobierno, conspiración que incluyó una orden de captura y la intención de asesinarla por parte de Mario Estrada, candidato presidencial de la Unión del Cambio Nacional y ahora detenido en Estados Unidos por narcotráfico.

La ex jefa del Ministerio Público, candidata del Movimiento Semilla, encarna la política impulsada por el imperialismo estadounidense, respaldada por el imperialismo europeo, a través del Plan Alianza Por la Prosperidad, diseñado por el gobierno de Barak Obama para empezar a dar una solución al grave problema de la migración centroamericana hacia el norte; este plan incluye el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado burgués para dar paso a un orden de cosas que permita el funcionamiento del Estado de Derecho, libre de corrupción, transparente, con rendición de cuentas, etc., como un paso para crear condiciones que eviten la migración, dando soluciones viables a los graves problemas de la población. Así como para dar certeza jurídica que respalde las inversiones extranjeras en la zona (minería, palma, electricidad etc.). Todo encaminado a recuperar la legitimidad del Estado burgués instaurado con la contrainsurgente constitución de 1985, evitando así el auge del descontento social, las salidas revolucionarias por izquierda o la solución autoritaria por derecha.

Si bien la administración Trump dio un giro más pragmático al plan, haciendo énfasis al aspecto de combate al narcotráfico y políticas de seguridad, por encima de los temas anti-corrupción, y los congresistas republicanos y demócratas se encuentran divididos en torno al tema, Aldana y el Movimiento Semilla representan esta línea de fortalecimiento de la institucionalidad del Estado burgués, reflejando las aspiraciones de un sector de las capas medias urbanas.

3.- La salida de Ríos y Aldana de la contienda electoral dejó en posición ventajosa a Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien ya encabezaba la encuesta con el 20.7 % de la intención de voto. El candidato más cercano es Alejandro Giammattei, del partido Vamos, con el 7.4 % de intención de voto.

Torres fue primera dama y el poder tras el trono durante el gobierno de Álvaro Colom, de 2008 a 2012. Al dirigir los programas asistenciales a través del Consejo de Cohesión Social, logró crear estructuras partidarias de la UNE en el área rural, y granjearse una popularidad que aún conserva, y se refleja en un 31.3 % de intención de voto en este segmento. Su gestión al frente del Consejo le ganó acusaciones de malversación de fondos y corrupción; aun así, logró llegar a la segunda vuelta en las elecciones de 2015, pero fue derrotada por la propaganda del novato Jimmy Morales, presentado como “ni corrupto ni ladrón”.

La candidata presidencial de la UNE es empresaria maquilera, y el gobierno de su ex esposo representó los intereses de cierto sector de medianos empresarios, bajo una línea socialdemócrata moderada. Todas sus propuestas de reformas económicas para fortalecer la recaudación fiscal fueron torpedeadas y derrotadas una tras otra por la oligarquía, ganándose la animadversión militante de grupos de extrema derecha. El gobierno de la UNE determinó un salario mínimo menor para las y los trabajadores de maquila y empresas de exportación, y está señalado de numerosos casos de corrupción, como el de los fondos para los buses del Transurbano. Sandra Torres y la UNE están acusados de un caso de financiamiento electoral ilícito de Q 19.53 millones durante la campaña de 2015; sin embargo, fue favorecida por la Fiscal General, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, por lo que su candidatura está en firme.

4.- Torres aún tiene en su contra el odio de la oligarquía, que se refleja en un 2.5 % de intención de voto del nivel socioeconómico alto, y una feroz campaña de desprestigio en las redes sociales. Sin embargo, su proyecto político no es el de la UNE de Álvaro Colom; su candidato a vicepresidente es Carlos Morales, ex canciller de los gobiernos corruptos de Pérez Molina y Jimmy Morales, vinculado con la empresa de comunicaciones Tigo. En la campaña electoral 2015, el candidato vicepresidencial de la UNE fue el empresario Mario Leal Castillo, vinculado a negocios de la oligarquía, quien fue miembro del Comité Ejecutivo del Partido Patriota, funcionario de la presidencia de gobierno de Pérez Molina y quien durante el gobierno de Colom dirigió campañas exigiendo la renuncia de Sandra Torres.

Los candidatos más cercanos a Torres son Alejandro Giammattei, con el 7.4% de intención de voto, como ya mencionamos, y Roberto Arzú, con el 3.8%. Estas tres opciones (Torres, Giammattei y Arzú) representan los intereses de la oligarquía, y no podemos esperar más que un endurecimiento del régimen, la coartación de derechos de los sectores populares y de los trabajadores, y medidas autoritarias. El gobierno imperialista de Estados Unidos, pragmático como es, avalará al gobierno que asuma en 2020 y negociará con él, dando prioridad a la estabilidad política que favorezca los negocios. 

5.- Este panorama se ve agravado por las amenazas de la Asociación de Soldados Veteranos y Militares de Tropa, que supuestamente agrupa a exmilitares que prestaron servicio durante los años del conflicto armado interno, y desde mediados de mayo han exigido un resarcimiento de Q 85 mil y una casa para cada uno, por los servicios prestados en el ejército. Este grupo, veladamente apoyado por la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), ha realizado manifestaciones, bloqueos de carreteras y amenaza con boicotear las elecciones violentamente, si sus demandas no son satisfechas. Este es un grupo de presión de la extrema derecha, que trata de forzar las cosas y promueve el voto por el militar retirado Estuardo Galdámez, del oficialista FCN-Nación; Galdámez, diputado de la bancada oficial y ex diputado por el Partido Patriota, es acusado junto a otros siete exdiputados, de haber recibido dinero a cambio de la aprobación de una ley de comunicaciones y la elección de magistrados y otros funcionarios públicos en 2014. Es dudoso que en el poco tiempo que falta para la primera vuelta electoral se logre levantar la inmunidad de que goza Galdámez como candidato presidencial.

6.- Lamentablemente, en actual proceso electoral no fue posible llegar acuerdos entre los partidos de izquierda y todos se postulan por separado, en una coyuntura en que los acuerdos y la unidad eran vitales, para frenar el avance de las diferentes expresiones de la derecha y de la ultra derecha. A pesar de ello, en algunos municipios las bases de los partidos han logrado acuerdos e impulsan candidaturas conjuntas de alcaldes o diputados.

Más allá del proceso electoral, y ante el avance de la extrema derecha, se levanta como prioridad la unidad en acción de las fuerzas populares y de izquierda. Este acuerdo unitario entre partidos y organizaciones populares debe ser en torno a un programa de lucha democrático radical, que refleje las necesidades más urgentes de las masas oprimidas y explotadas. Deberá plantear una transformación de todo el sistema político en el plano electoral y de justicia. Por ejemplo, proponiendo la elección directa por la población de jueces y magistrados, ministros y funcionarios, y su revocabilidad en cualquier momento. Esto además de la solución de las demandas sociales más urgentes que las diferentes fracciones de la burguesía que han hecho gobierno, no han cumplido ni pueden cumplir, como reforma agraria, servicios básicos gratuitos y de calidad, etc.

El corazón de este programa será la demanda de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente de los Pueblos, que refleje la voluntad de la mayoría de la población, con la participación democrática de todo el pueblo, organizado en partidos, movimientos políticos, sindicatos, comités, asociaciones y gremios. Para hacer de la democracia en Guatemala no el mero adorno retórico al que lo ha reducido la clase burguesa, sino transformarla en democracia plena, real y concreta, que sirva a la población para su amplio desarrollo y el del país, con verdadera libertad y completa soberanía nacional.

La lucha unitaria en torno a un programa de esta naturaleza nos permitirá aglutinar a la mayoría de la población en contra de la extrema derecha reaccionaria. La construcción de este programa unitario de lucha por una Asamblea Nacional Constituyente de los Pueblos, libre y soberana, forjará junto con la acción en la lucha, en defensa de las clases explotadas y los sectores oprimidos del pueblo, la necesaria fuerza para empezar a ganar combates políticos al enemigo de clase y sus representantes en los partidos políticos. Solo la unidad en la lucha y la construcción unitaria de un programa de democracia radical levantado por todas y cada una de las diferentes expresiones de izquierda, nos dará la capacidad de vencer y revertir el giro reaccionario del Estado burgués en Guatemala, hasta su destrucción –ojo, no refundación, sino destrucción- y trasformación en un Estado de las clases explotadas y los sectores oprimidos, al servicio de las mayorías.

7.- Ante la ausencia de candidaturas unitarias, llamamos pues, a votar por los candidatos propuestos por la izquierda (URNG, WINAQ, Convergencia y MLP) que han estado al frente en las luchas de las comunidades, de los campesinos y los trabajadores, líderes luchadores probados y honestos que sabrán enfrentar las fuerzas de la derecha.

Centroamérica, 27 de mayo del 2019

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)


La situación política ha comenzado a cambiar en Nicaragua. Aunque la dictadura de la familia Ortega-Murillo logró aplastar militarmente a la insurrección cívica desarmada a finales de julio del año 2018, llegando a prohibir cualquier marcha o movilización popular, el descontento social y la resistencia popular han continuado.

Acuerdos que no se cumplen

El deterioro de la economía, el aislamiento internacional y la acumulación de la indignación popular obligó a la dictadura a reiniciar una nueva versión del Dialogo Nacional a inicios de marzo de este año, en las instalaciones del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), aprobando dos acuerdos, uno sobre la liberación de los presos políticos a más tardar el 18 de junio del 2019, y otro sobre la plena vigencia de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Ninguno de esos acuerdos se ha cumplido, lo que ha provocado una crisis y estancamiento en las negociaciones.

Protesta de presos políticos y vil asesinato de Eddy Montes Praslin

La bandera de la liberación de los presos políticos, verdaderos rehenes injustamente encarcelados que la dictadura mantiene como “moneda de cambio”, ha sido el punto de unificación del descontento popular.

Hace algunos días, fueron los propios presos políticos quienes iniciaron una protesta en las ergástulas de la cárcel Modelo, en la ciudad de Tipitapa, departamento de Managua, (las mimas cárceles donde estuvieron presos Daniel Ortega y otros dirigentes sandinistas antes de 1979) exigiendo que se cumpliera el acuerdo de la liberación de los presos políticos.

La protesta de presos políticos desarmados fue salvajemente reprimida a balazos, el mismo día que una delegación de la Cruz Roja Internacional realizaba una visita de inspección. El preso político Eddy Montes Praslin, ciudadano norteamericano de origen nicaragüense, fue asesinado cobardemente. Posteriormente, los custodios reventaron a palos y patadas a los presos políticos, provocando mas de 15 heridos graves.

Masivo entierro en Matagalpa

El domingo 19 de mayo, ocurrió el entierro de Eddy Montes Praslin en la ciudad de Matagalpa, convirtiéndose en la más importante manifestación popular en contra de la dictadura en los últimos meses. Miles de personas bajo la lluvia marcharon por las calles hasta el cementerio.

Los empresarios y la dictadura entendieron el mensaje, y cada quien tomó las medidas respectivas para no ser desbordados por la indignación popular.

Excarcelan otros 100 presos políticos

El día lunes 20 de mayo, un día después del masivo entierro de Montes Praslin, la dictadura ordenó la excarcelación de otros 100 presos políticos, sumando un total de 300 prisioneros excarcelados. Estos no gozan de libertad total, ya los procesos penales se mantienen activos, en realidad lo que reciben son medidas sustitutivas como casa por cárcel o convivencia familiar.

La dictadura Ortega-Murillo no otorga la libertad total porque utiliza a los presos políticos como rehenes para negociar una ley de amnistía general, en la nueva versión del Dialogo Nacional en el INCAE.

La Alianza Cívica golpea la mesa

Mientras crece la indignación popular contra los crímenes de la dictadura, la delegación de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) sufre una erosión de la confianza y la credulidad política. ¿Qué sentido tiene negociar con una dictadura que incumple los acuerdos? ¿A donde conducen las negociaciones del INCAE? Estas son las preguntas que constantemente la gente formula en las entrevistas radiales y televisivas.

La dictadura Ortega-Murillo tiene una estrategia de prolongar el conflicto y las negociaciones, desgastando con ello a su contraparte: la ACJD.

El día 19 de mayo, al enterarse del asesinato de Montes Praslin, Juan Sebastian Chamorro, presidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) y miembro del equipo negociados de la ACJD, declaró lo siguiente: “Lo hemos platicado con los testigos y acompañantes. Cuando se nos informó sobre el fallecimiento estuvimos todos consternados, todos en la mesa sin saber qué hacer ante una noticia que debió haberse evitado. Por medio de testigos y acompañantes les haremos saber a la delegación del Gobierno que no estaremos en la mesa este viernes, pero no es una ruptura definitiva, queremos tomarnos el día de mañana (viernes) para evaluarlo”. (El Nuevo Diario, 19/05/2019)

La primera repuesta de la ACJD fue tibia, timorata, contemplaba solamente una suspensión de las negociaciones, siempre con un lenguaje claudicante. Pero la masiva manifestación popular en el entierro de Montes Praslin, el domingo 19 de mayo, obligó a la ACJD a realizar un abrupto viraje. Al día siguiente, mediante una nota de prensa, la ACJD oficialmente declaró que “se retira de la Mesa de Negociación hasta que el Gobierno excarcele, previo a su liberación definitiva, de los presos políticos de la lista conciliada en poder del Comité Internacional de la Cruz Roja. (…) Ante esto y en vista de la proximidad del 18 de junio, fecha de liberación definitiva de todos los presos políticos, y ante los pocos avances hasta la fecha en la Mesa de Negociación por la nula voluntad política de cumplimiento por parte del Gobierno, la Alianza Cívica exige muestras de voluntad política de parte del Gobierno para el cumplimiento de los acuerdos suscritos, que permitan construir una salida pacífica y democrática a la actual crisis.”.

La dictadura se arrodilla y hace nuevas promesas

La rebelión de los presos políticos en la cárcel Modelo y el asesinato de Eddy Montes obligó también al Consejo Político de la Organización de Estados Americanos (OEA) a emitir una resolución, el pasado 21 de mayo, demandando la liberación de todos los presos políticos, permitir el reingreso del MESENI y la CIDH, garantizar el derecho de reunión y manifestación, permitir el regreso de los exiliados por motivos políticos y garantizar elecciones democráticas, justas y transparente.

La presión internacional crece contra la dictadura. Para calmar el descontento popular, al día siguiente 22 de mayo, la dictadura dio a conocer un comunicado en donde anunciaba la liberación de todos los presos políticos antes del 18 de junio, se compromete a garantizar el derecho de reunión y manifestación y suplica no impongan sanciones internacionales.

ACJD llama a un Paro Nacional

En ese mismo comunicado del día 20 de mayo, la ACJD llamó a un nuevo Paro Nacional: “(…) Igualmente, para hacer saber al Gobierno la exigencia de amplios sectores de la sociedad nicaragüense por la liberación de los presos políticos y el cumplimiento a los Acuerdos ya suscritos, la Alianza Cívica convoca a los empresarios, pequeños, medianos y grandes, comerciantes y trabajadores, así como empleados de cuenta propia, sectores sociales y la sociedad en general, a construir un proceso de consenso para efectuar un Paro Nacional y otras acciones cívicas, en los próximos días”.

Indudablemente, la tozudez de la dictadura Ortega-Murillo, que por las presiones internacionales se ve obligada a negociar, pero que en el fondo trata de imponer su permanencia en el poder en las negociaciones, alargando la fecha de la convocatoria anticipada de elecciones vigiladas por organismos internacionales, mete en crisis el proyecto de salida pacífica y negociada, obligándola a endurecer posiciones para contrarrestar la resistencia y las mañas de la dictadura.

De esta manera, es que la ACJD se ha visto obligada a convocar otra vez a un Paro Nacional simbólico, como lo hizo en tres ocasiones solo para no quedas descolocada ante los ojos de la población. En el periodo anterior, la ACJD convocaron a paros de un solo día el 14 de junio, el 13 de julio y el 7 de septiembre del 2018. Los paros nacionales “a cuentas gotas”, verdaderos lock out de un día de duración, no le hacen cosquillas a la dictadura.

La mayoría de las cámaras del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) llamaron a sus afiliados a sumarse al nuevo Paro Nacional para el día jueves 23 de mayo del 2019.

Convertir el Paro Nacional en indefinido

Los empresarios convocaron a Paro Nacional, para ablandar la resistencia de la dictadura en la mesa de negociaciones, y porque tienen el profundo temor de un desbordamiento popular si los presos políticos no son liberados el día 18 de junio

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a los trabajadores públicos y de las empresas del sector privado, los grandes ausentes en esta lucha democrática, a sumarse al Paro Nacional convirtiéndolo en indefinido. Llamamos a organizar comités de trabajadores en todos los centros de trabajo, para que sean los propios trabajadores quienes tomen el control de la lucha.

No necesitamos permiso de los patrones para convocar a un Paro Nacional indefinido. Aunque los empresarios tienen contradicciones con la dictadura, los trabajadores y los sectores populares podemos luchar unidos, incluso con los empresarios, en determinados momentos, pero siempre debemos aspirar a sostener las banderas de la movilización uy de la independencia política.

Exijamos a los empresarios que dejen de pagar impuestos

Diferentes organismos de la sociedad civil, incluida la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), están llamando a la desobediencia civil y a que los empresarios se sumen a la desobediencia fiscal.

Los datos oficiales nos muestran que el 90% del presupuesto general de la republica se financia con impuestos y que solo un 10% proviene de las donaciones y prestamos internacional. Esta es la razón fundamental que permite a la dictadura soportar las presiones internacionales y mantener incólume el funcionamiento del aparato represivo del Estado, pagando los salarios de policías y paramilitares. Y dentro de la estructura de impuestos, la llamada “industria fiscal” compuesta por las grandes empresas. Es terrible, pero los empresarios siguen pagando puntualmente los impuestos y con ello mantienen con vida a la agonizante dictadura.

Lo menos que podemos exigirles a los grandes empresarios, que derraman lagrimas por la democracia y que se rasgan las vestiduras por la libertad de los presos políticos, es que sean consecuentes e inicien un paro fiscal o desobediencia tributaria, para contribuir al derrocamiento de esta sangrienta dictadura.

Llamamos a construir una alternativa revolucionaria

La lucha contra la dictadura Ortega-Murillo ha costado mucha sangre y dolor, y se ha prolongado en el tiempo, porque no existe una dirección política revolucionaria que orienta correctamente la lucha de masas.

Existen muchos sectores (estudiantes, trabajadores y campesinos) que con mucha razón desconfían de la ACJD y se preocupan por la parálisis dentro de la UNAB, a todos ellos los llamamos a unificar criterios y puntos de lucha que permitan construir una nueva dirección revolucionaria, que defienda los intereses de los trabajadores y del pueblo. Mientras los empresarios negocian elecciones anticipadas, para reformar la actual dictadura, solamente una nueva dirección revolucionaria es la que puede movilizar y conducir a las masas al derrocamiento y aplastamiento de la dictadura Ortega-Murillo y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que reorganice el país en beneficio de los mas pobres.

Centroamérica, 22 de mayo del 2019

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

Abajo la privatización en salud y educación, defensa de la seguridad social, aumentos salariales  y defensa de las conquistas laborales!

Este 1 de Mayo se celebrará en todos los países que conforman la nación Centroamericana bajo una situación particular.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz (Nicaragua en 1990, El Salvador en 1992 y Guatemala en 1996), bajo la ofensiva neoliberal la región en su conjunto ha experimentado un retroceso sistemático en todos los indicadores económicos y sociales, producto de la oleada de privatizaciones parciales o totales de servicios públicos esenciales como salud, educación y seguridad social.

Todos los Estados nacionales de Centroamérica están endeudados, con enormes déficits fiscales, ya no pueden atender las necesidades mínimas de la población. lo que ha provocado una ola de violencia, desintegración social y oleadas migratorias hacia Estados Unidos, provenientes en su mayoría de los países del Triangulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras).

Bajo los tratados de libre de comercio, se han cerrado fábricas y empresas, golpeando de manera especial a la clase obrera industrial y debilitando con ello a los sindicatos y centrales obreras, organismos que han quedado en manos de corruptas burocracias.

Las nuevas “fábricas” que se han instalado son las maquilas, que no partan ninguna riqueza a nuestros países, y que son en realidad verdaderos centros de esclavismo industrial. Este nuevo proletariado agrupa a más de medio millón de personas en toda la región. Está compuesto en su mayoría por mujeres, pero tiene bajo niveles de organización, lo que permita la sobreexplotación.

Ante el debilitamiento y atomización de la clase obrera industrial, las principales luchas de resistencia contra la ofensiva neoliberal han sido libradas en los últimos años por los trabajadores públicos de los diferentes Estados, especialmente los sectores de salud y educación. En el año 2018 tuvimos las heroicas huelgas y luchas de los trabajadores públicos de Costa Rica, contra la aplicación del Combo Fiscal. Ahora le ha tocado el turno a los trabajadores públicos de Honduras, quienes están luchando contra la reciente Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación, que pretende imponer masivos despidos e iniciar la privatización de esos vitales servicios públicos.

Mientras el imperialismo norteamericano y europeo, en conjunto con las transnacionales, imponen a todos nuestros países, planes globales de ajuste neoliberal, los trabajadores de la región centroamericana seguimos peleando solos, divididos, limitados a los límites que nos imponen las fronteras artificiales, lo que constituye una gran debilidad.

En toda la región los trabajadores enfrentamos los mismos problemas: alto desempleo, bajos salarios, congelación salarial, destrucción de las conquistas de los pactos o convenios colectivos, negación sistemática de nuestros derechos laborales, desorganización y para colmo las pocas centrales obreras han quedado en manos de corruptas burocracias que no quieren luchar.

1.- Guatemala: el gigante continúa dormido

Guatemala tiene la economía y la clase obrera más grande de Centroamérica. En 2019 la clase obrera guatemalteca se ha visto afectada por el estancamiento de los salarios. En diciembre de 2018, para sellar el respaldo de la oligarquía al gobierno de Jimmy Morales en el conflicto con la CICIG, el presidente ordenó que el salario mínimo no fuera incrementado en el nuevo año, favoreciendo al empresariado organizado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).

De esta cuenta, los salarios mínimos se mantuvieron en Q 2,992.37 para actividades agrícolas y no agrícolas y Q 2,758.16 para actividades de maquila y exportación. Mientras el costo de la vida ha continuado incrementándose implacablemente; para marzo la canasta básica de alimentos se situó en Q 3,564.44 y la canasta básica ampliada, que incluye los gastos en servicios básicos, se elevó a Q 8,230.06. A simple vista se evidencia que los salarios mínimos no alcanzan ni para la alimentación básica de una familia promedio. Pero en muchos centros de trabajo los empresarios voraces no pagan ni siquiera los sueldos mínimos, sobre todo en plantaciones de café, hule, caña de azúcar, palma africana y otros productos de agroexportación, y en pequeñas municipalidades del interior.

Además de ello es común que no se pague las horas extras, que los patronos no paguen sus cuotas al Instituto Guatemalteco de Seguro Social (IGSS), y se roben las cuotas que descuentan a los trabajadores, que a las trabajadoras se les pague menos por hacer las mismas tareas y se les despida al quedar embarazadas. La represión sindical está a la orden del día, con un nivel de sindicalización del 1.7% en todo el país.

Luego de la ejemplar lucha de los médicos del sistema público de salud a finales del año 2018, que tuvo logros importantes, no ha habido luchas significativas en el país. La enorme falta de empleos, que obliga al 70% de la población a ocuparse en la economía informal, pesa fuertemente sobre el 30% que logra un empleo formal, pues ese ejército de desocupados influye negativamente en los esfuerzos por formar sindicatos y llevar luchas reivindicativas. Los sindicatos estatales, que han sido quienes han dado luchas importantes en los últimos años, especialmente en los sectores de salud y educación, están fuertemente controladas por burocracias con frecuencia corruptas, que facilitan material a la burguesía y los gobiernos para impulsar campañas de desprestigio en los medios contra los sindicatos en general.

2.- El Salvador: Dispersión, división y subordinación de las organizaciones de trabajadores

A nivel general existe una dispersión y división en el movimiento sindical. La principal causa es el control burocrático ejercido durante los 10 años gobierno continuo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y de otros corrientes que subordinan los sindicatos a los partidos políticos.

Con  el ascenso del FMLN al  gobierno  se produjo un incremento de nuevas  organizaciones sindicales, principalmente en el sector público,  ahora con la pérdida del gobierno han agilizado la legalización de muchos otros sindicatos. Pero esto no se debe al crecimiento del numero de trabajadores, sino que mas bien reflejan una profunda dispersión de los sindicatos.

Bajo los gobiernos del FMLN, muchas direcciones sindicales se dedicaron a reprimir, atacar y desprestigiar a las oposiciones sindicales. El FMLN subordinó a muchas organizaciones sindicales, convirtiéndolas en instrumentos del ajuste y la austeridad capitalistas, pero ahora en tránsito a la oposición el FMLN ha realizado un giro táctico presentándose como abanderados de las luchas de los trabajadores. Pese a ello, los trabajadores públicos del sector salud, y los empleados municipales, han mantenido una resistencia contra los planes de ajuste del saliente gobierno del FMLN.

La polarización política entre el FMLN y los partidos de derecha (ARENA y ahora GANA) crea una artificial división en el movimiento sindical, debemos evitar que las diferencias políticas e ideológicas terminen dividiendo a los sindicatos

En la Asamblea Legislativa se discute el proyecto de Ley de la Función Pública, que pretende regular a los trabajadores públicos, pero para arrancar muchas de sus conquistas históricas.

Los trabajadores del sector privado están desorganizados y por eso mantienen un bajo perfil en las luchas reivindicativas. Una gran parte vive atemorizada, siendo el sector de la clase trabajadora que tiene menos prestaciones y conquistas laborales. Ante lo anterior, es necesario conformar una Plataforma de Lucha Sindical y Popular, con los 12 puntos que proponemos, para poder enfrentar los planes del nuevo presidente Nayib Bukele. Muchas organizaciones tienen ilusiones que el nuevo gobierno de Bukele va a restituir muchas las conquistas perdidas durante los gobiernos de RENA y después del FMLN. Nada más falso, debemos prepararnos para desarrollar la mas amplia unidad de lucha entre los trabajadores, para detener los nuevos planes de ajuste fiscal.

3.- Honduras: ¡Abajo la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación!

Luego de la lucha contra el fraude electoral de 2017, las protestas y movilizaciones populares fueron decayendo paulatinamente, pero en el año 2018 se produjeron importantes luchas de resistencia: paros de transportistas; la heroica huelga de trabajadores bananeros, otra la vanguardia proletaria de Honduras, la que fue reprimida salvajemente por la Policía; asambleas informativas y huelgas parciales de enfermeras; la lucha del Colegio Médico contra la privatización de los hospitales, etc.

La reciente aprobación de la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación, que pretende imponer despidos e iniciar la privatización de estos servicios públicos, ha provocado la repuesta de dos importantes contingentes de empleados públicos: médicos y enfermeras, y el gremio magisterial, que fue la columna vertebral de la lucha contra el golpe de Estado del 2009.

La lucha conjunta del sector salud y educación en Honduras, es la mas importante de Centroamérica en la actual coyuntura y, por lo tanto, los gremios de los otros países debemos brindar solidaridad activa.

Las centrales obreras tradicionales, como la Central de Trabajadores de Honduras (CTH), la Central General de Trabajadores (CGT) y la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), están dirigidas por anquilosadas y corruptas burocracias que solo levantan la mano al momento de decidir los irrisorios aumentos del salario mínimo cada año y desfilar cada 1 de Mayo.

4.- Nicaragua: prevalece la atomización de la clase trabajadora

La insurrección juvenil y popular de abril del 2018 produjo profundos cambios políticos en el país, enormes sectores sociales se movilizaron contra la nueva dictadura, pero la clase trabajadora estuvo ausente.

Esta atomización se debe a la casi desaparición física de la clase obrera industrial. Su lugar ha sido ocupado por el nuevo proletariado de las maquilas, inexperto y los pocos sindicatos están controlados por la Central Sandinista de los Trabajadores (CST). A nivel de empleados públicos, el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), dirigidos por Gustavo Porras, mantiene un control totalitario sobre los empleados públicos. Estas dos centrales controladas por el FSLN son una camisa de fuerza contra los trabajadores nicaragüenses, al grado tal que en la última reunión de la Comisión Nacional del Salarios Minino (CNSM) a inicios de este año, fueron los mas firmes defensores que en el año 2019 no hubiese aumento del salario mínimo.

Las otras centrales, como la Central de Trabajadores Nicaragüenses (CTN), la Central de Acción y Unidad Sindical (CAUS), y la Confederación de Unidad Sindical (CUS), han quedado reducidas a membretes y son aparatos colaboracionistas de la dictadura Ortega-Murillo.

La principal reivindicación de los trabajadores nicaragüenses es terminar con la dictadura Ortega-Murillo para recuperar las libertades políticas y los derechos sindicales.

5.- Costa Rica: continúa la lucha contra las consecuencias del Combo Fiscal

En el año 2019, el movimiento sindical y obrero en Costa Rica enfrenta una violenta ofensiva gubernamental y patronal. El Gobierno Alvarado-Piza y la pandilla neoliberal (PAC, PLN y PUSC) impulsan, desarrollan y aplican un profundo proceso de reacción política y económica.

La reacción económica se basa en la aplicación del Combo Fiscal: un paquetazo económico que redujo los salarios de los trabajadores del sector público, imponiendo los pagos porcentuales a nominales de los componentes salariales, mejor conocidos como pluses salariales (anualidades, carrera profesional y otros). También aumentó de forma generalizada los impuestos a 1% de la canasta básica y servicio como el agua, luz y otros.

Asimismo, el Gobierno Alvarado-Piza ejecutó la canallada de sacar de la canasta básica productos necesarios y saludables, tales como el atún en agua, los garbanzos, las mandarinas, fresas y otros, para imponerle un 13% de impuestos. Eso significará que miles de familias no podrán volver a comer ese tipo de alimentos e incluso muchos otros. Esas medidas económicas están conduciendo a una mayor pauperización de los trabajadores, sectores populares y clases medias.

Por otro lado, la discusión y eventual aprobación de los proyectos que prohíben la huelga y convierten a diferentes servicios públicos (79 en total), tales como la educación, en servicio esencial en donde el derecho de huelga será totalmente prohibido representará un golpe reaccionario y antidemocrático terrible contra el movimiento sindical y obrero.

La eliminación de derechos fundamentales básicos, como el derecho a la huelga se extiende de forma generalizada en todos los servicios públicos. En realidad, la prohibición al derecho a la huelga se generaliza, ya que este, en los hechos, no existe en la empresa privada en donde existe una verdadera dictadura patronal. Esa situación de legalización de la prohibición de la huelga en el sector público es el traslado e imposición de la situación de la empresa privada al sector público.

A su vez el proyecto de “Ley de Reforma al Empleo Público” es un profundo retroceso en materia salarial y laboral en el movimiento sindical costarricense. Ese proyecto constituye una contra reforma laboral profunda en el sistema de salarios y de empleo público en todo el sector laboral público de Costa Rica. Entre otros aspectos reaccionarios, impondrá el llamado “salario global” que, en realidad, es una forma de camuflar el denominado “salario único”. Dicho salario eliminaría, de un solo golpe, en el caso del sector educativo, los incentivos existentes, tales como, anualidad, carrera profesional, incentivo didáctico, zonaje y otros. Lo mismo le sucederá al resto de los trabajadores del sector público.

Para dividir a los empleados públicos, esa contra reforma laboral se aplicará en todos sus extremos a los nuevos trabajadores, una vez que la Asamblea Legislativa apruebe esas reaccionarias “reformas”. Es importante destacar que a los  empleados públicos de vieja data ya se les redujo los salarios, imponiendo la aplicación de los pagos nominales, no porcentuales, de los incentivos o pluses salariales.

Ese salario único sería el equivalente al salario base, aunque éste aumentará ligeramente, más un supuesto “incentivo por competitividad” que solamente se le pagará a un máximo del 30% de los nuevos empleados públicos. Es decir, que el 70% de los trabajadores, de nuevo ingreso, del sector público se quedará ganando sólo el salario base.

Por otra parte, como el 100% de los nuevos empleados públicos tendrán que pelearse ese 30% de incentivo, se entablará una fuerte lucha y competencia feroz entre los trabajadores por “ganarse” ese porcentaje de “estimulo”. Eso va a estimular el surgimiento o ensanchamiento de los serviles y sapos hacia los jefes para obtener su respectiva calificación de su “incentivo de competitividad”. Para engañar a los ingenuos y tontos la contra reforma laboral de empleo público otorgará los llamados nuevos “incentivos no monetarios” que constituyen un gran engaño.

En el caso específico del sector educativo, la imposición de ese “salario global”, conllevará a la imposición del trabajo a destajo, es decir, por lecciones en el sector de primaria que hasta la fecha trabaja por jornada. Esto va a conllevar a mayores niveles de sobre explotación entre los docentes de primaria. Por otro lado, dicha contra reforma impondrá también un nuevo sistema de selección y reclutamiento del personal, ya que se van a evaluar las “competencias” de los nuevos empleados públicos, además de la prueba psicométrica y la entrevista. En el caso concreto de educación se impondrán pruebas específicas en las diferentes áreas de español, ciencias (Biología, Física, Química), estudio sociales y demás disciplinas.

Al final, el verdadero propósito de esta contra reforma laboral es eliminar todos los incentivos actualmente existentes por un “salario global” que reducirá globalmente los salarios de los trabajadores del sector público. Según el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) el Estado se va a ahorrar en 18 años de aplicación de esta contra reforma 55 mil millones de colones.

Además, ese proyecto anti-trabajador público flexibiliza las normas para despedir a los empleados públicos, bajo el eufemismo de "desvinculación". Con dos evaluaciones consecutivas menores a 70 el trabajador será despedido. Otras causales de despidos, inapelables, serían la falta absoluta de fondos y la reorganización institucional.

La gran pregunta necesaria es ¿Qué están haciendo las dirigencias nacionales de los sindicatos en salud y educación para enfrentar y combatir esos nefastos proyectos de contra reforma laboral y antidemocráticos? La respuesta es nada. Se requiere elegir a una nueva dirigencia sindical a nivel de todos los sindicatos, ya sea del magisterio nacional, salud, municipalidad y otros sectores. Los trabajadores se deben rebelara contra sus dirigencias actuales y elegir a nuevos dirigentes sindicales que sean luchadores y combativos. Ese es el camino.

Nuestra propuesta de 12 puntos: Plan de Lucha Anticapitalista, Antiimperialista y Centroamericanista.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) reiteramos, una vez más, nuestro llamado a la clase trabajadora, centrales y organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles y populares, a levantar un Plan de Lucha que impulse la más amplia unidad de acción de los trabajadores y sectores populares, haciendo suyas las siguientes propuestas de lucha:

1.- Luchemos unidos por la defensa de los servicios públicos y contra las privatizaciones. En todos nuestros países, los gobiernos de turno pretenden reducir el enorme déficit fiscal, aprobando más impuestos contra los trabajadores y la clase media, y profundizando las privatizaciones y venta de activos estatales, para llenar un saco roto.

Dentro de las medidas impuestas por el FMI en toda Centroamérica están: reformas al sistema de seguridad, reformas al sistema de pensiones, aumento al IVA, recortes a prestaciones a trabajadores públicos, etc. Debemos exigir el no pago de la deuda pública externa e interna, no más endeudamiento y que esos recursos sean invertidos en servicios públicos con calidad.

2.- Aumento y nivelación general de salarios. El salario mínimo en toda la región debe nivelarse por lo menos a 600 dólares. En toda Centroamérica debemos luchar por el aumento de salarios conforme suba el costo de la vida.

3.- Por un plan de obras públicas para combatir el desempleo y contrarrestar la violencia, la delincuencia y la migración, que se produce en los países del Triangulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras)

4.- Rechacemos las leyes que atentan contra los intereses de los trabajadores públicos y privados. En todos los países se están tramitando leyes que restringen las libertades democráticas y las conquistas laborales, como la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación en Honduras, la propuesta de Ley de la Función Pública en El salvador, que representaría un retroceso de las conquistas obtenidas, o la Ley de Reforma al Empleo Público en Costa Rica, solo para citar los ejemplos mas relevantes.

5.- Defensa y ampliación de los pactos, contratos o convenios colectivos de los trabajadores del sector público y del sector privado. Debemos luchar para que se terminen las contrataciones temporales de trabajadores en el sector público, todo trabajador debe tener derecho a ser considerado permanente, con todos los derechos laborales, y no un trabajador de segunda clase, sin derechos

6.- Por mejores condiciones de trabajo, prestaciones laborales y el derecho de libre sindicalización de los trabajadores de las maquilas. En estas empresas se vive una moderna esclavitud laboral. Los empresarios cierran las empresas maquileras y no pagan salarios ni la indemnización respectiva a los trabajadores. Al momento de ser autorizadas, las maquilas deben proporcionar garantías mínimas para el pago de las prestaciones laborales.

7.- Defensa y mejoras a la seguridad social.  En todos los países de Centroamérica están en marcha reformas que revierten las conquistas de la maltrecha seguridad social. No debemos permitir que se continúen implementando las recomendaciones del FMI en materia de pensiones. No al aumento de la edad de jubilación, si al aumento del monto de las pensiones.

En El Salvador debemos luchar por que el privatizado sistema de pensiones pase nuevamente al Estado, pero bajo el control de los trabajadores. Debemos volver al esquema de seguridad social clásica, donde el Estado y la patronal aporten las mayores contribuciones para las pensiones de los trabajadores.

8.- Que la crisis fiscal la paguen los grandes empresarios, reducción del salario de los altos funcionarios del gobierno: quienes más ganan deben pagar más impuestos. El neoliberalismo descarga la crisis fiscal sobre la clase media y la clase trabajadora. Quien más gana debe pagar más impuestos. Esta es la única manera de garantizar los servicios básicos de salud y educación y la seguridad social. Los grandes empresarios son quienes deben pagar el déficit fiscal. Se deben reducir los salarios de los altos funcionarios del gobierno, estos deben ganar el salario de un obrero profesional.

9.- Por la creación de Coordinadoras intersindicales, por la alianza obrera, campesina y popular en cada país y en toda la región centroamericana. Para lograrlo debemos luchar también por la independencia política y la democracia obrera dentro de los sindicatos y centrales obreras y campesinas. Debemos recuperar los sindicatos que se encuentran en manos de burocracias, que se han transformado en aliados de los gobiernos que aplican planes neoliberales. Ninguna confianza en partidos burgueses tradicionales ni en los partidos de la burguesía emergente.

10.- Por la implementación del control de los trabajadores en las empresas privadas e instituciones estatales. Está de moda la lucha contra la corrupción, pero los únicos que pueden luchar realmente contra la corrupción son los trabajadores y los sindicatos, porque solo ellos conocen cómo funcionan las empresas, dónde se esconde el dinero y quienes se enriquecen con los recursos del Estado.

11.- Por la democracia, independencia y renovación en los sindicatos y centrales obreras y campesinas. Las viejas centrales obreras están anquilosadas y burocratizadas, han abandonado la razón de ser de los sindicatos que es luchar por el bienestar de todos los trabajadores. Por eso llamamos a renovar las direcciones de las viejas centrales, a iniciar un proceso de sindicalización en las industrias del sector privado, creando nuevos sindicatos en las maquilas, para fortalecer y revitalizar las organizaciones de los trabajadores. Debemos instaurar el principio de la democracia obrera, donde las decisiones se toman en asambleas generales, y se respeta la decisión de las mayorías. De igual forma, debemos luchar por la independencia política de las centrales obreras y sindicatos, los que jamás deben estar sujeto o atados a los gobiernos de turno o los partidos políticos de la patronal.

12.- Retomemos las banderas antiimperialistas y la lucha por una nueva independencia Centroamérica. Solo los trabajadores podemos liberar a Centroamérica del yugo del imperialismo norteamericano. Esta lucha por la nueva independencia nacional nos plantea la inmediata tarea de reconstruir el Estado Federal, en el camino del socialismo, y esto lo lograremos solo bajo un gobierno de los trabajadores en toda Centroamérica.

Centroamérica, 29 de abril del 2019

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

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