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Por Oliverio Mejía

La destitución de Pedro Castillo por parte de la Congreso con 101 votos de 81 que necesitaba controlado por fuerzas de derecha, por medio de un golpe de Estado oligárquico patronal y la imposición de la vicepresidente, ahora como jefe de Estado Dina Boluarte abre las posibilidades de la agudización de la lucha de clases.

Sin embargo las fuerzas conservadoras realizaron un mal calculo, pese a tener detenido a Castillo acusado de rebelión y conspiración, capturado cuando  se dirigía a la embajada de México, las protestas han asumido una crudeza insospechada, tomando por ejemplo el Aeropuerto Internacional de Lima, al momento de escribir esta nota van siete muertos y 200 heridos.

Ante esta situación el gobierno impuesto ha puesto un Estado de emergencia, reduciendo las garantías constitucionales por 30 días, medida que había sido puesta en algunas regiones donde la clase trabajadora esta demostrando más combatividad y que ahora se extiende a todo el país. La medida evidencia la complicidad de las fuerzas armadas junto a la policía en la maniobra golpista.

Por otro lado, la población insurreccionada (campesinos, trabajadores, estudiantes, pequeños empresarios, informales, etc.) piden en la calle la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, ya no el regreso de Castillo que tenía esto como una promesa de campaña y a la cual la fue dilatando, dándole pauta a que la derecha se cohesionara y lograra su destitución.

La crisis de fondo: El deformado parlamentarismo de la derecha

El derrocamiento de Castillo tiene como fondo un sistema político inestable, establecido tras la destitución de la dictadura de Alberto Fujimori en noviembre de 2000, debido al  fraude llevado a cabo por este en las elecciones de un año antes, siendo presidente. Importante factor papel para su destitución fue la Marcha de los Cuatros Suyos, convocada por el candidato opositor burgués en ese momento Alejandro Toledo y luego presidente del Perú, electo en 2001.

Una de las características que asume el sistema político peruano es que al excesivo presidencialismo dictatorial, se erigió un sistema semi parlamentario, donde el Congreso tiene muchas potestades de controlar el aparato gubernamental por medio del control de la acción ministerial, al grado de existir la figura del primer ministro algo que ningún país del continente existe,  designado con el visto bueno del legislativo.

En la primera década del siglo una serie de reformas a la Constitución fujimorista de 1993 se aprobaron, en línea de limitar el presidencialismo, fomentar la descentralización como el reconocimiento de las capacidades legislativas de los Consejos Regionales y ampliar el catálogo de libertades básicas y de reconocimiento constitucional de derechos. Sin embargo, la característica dependiente del modelo capitalista se acentuó, convirtiendo a Perú en un país exportador de materias primas siendo un paraíso para las mineras de capital, chino, canadiense y estadunidense que gozan de una serie de exenciones fiscales y son responsables de daños ambientales y sociales.

Posteriormente se dieron elecciones en 2006 donde el expresidente Alan García resulto electo con su desprestigiado partido político el APRA, un representante de la partidocracia corrupta. En 2011 llega al gobierno Ollanta Humana quien había sido segundo en 2006, un ex militar y que fue protagonista de un levantamiento militar contra Fujimori que abanderó un discurso nacionalista pero ya en el gobierno fue continuador del programa neoliberal.

En 2016 llega al gobierno Pedro Pablo Kuczynski un tecnócrata al servicio de ciertas facciones de la burguesía que no termino su gobierno por las maniobras de Keiko Fujimori, asumiendo provisionalmente Martin Vizcara, este gobierno que conto primero con el respaldo de la bancada fujimorista de Fuerza Popular (FP) pero posteriormente se fue desmarcando de esta. Este gobierno intento realizar algunas reformas a la superestructura estatal modificando la Constitución transformado el órgano que designa magistrados judiciales y presionando al Congreso para la aprobación de reformas en la Ley de Partidos Políticos en materia de financiamiento ilicitico, prohibir la reelección, eliminación de la inmunidad, retornar al sistema bicameral, mayor democratización de los partidos; realizando un referéndum el 9 de diciembre de 2018 donde se votó a favor de estas reformas, llevando con eso un  alejamiento  de la partidocracia.

Tales fuerzas contratacaron ante el anuncio de Vizcarra y el partido que llevo a su antecesor al gobierno  con respaldo de parlamentarios de izquierda reformista de Juntos por el Perú  (JxP) adelantar las elecciones, lo cual fue rechazado por la mayoría del Congreso e iniciaron un proceso de vacancia presidencial, a lo cual Vizcarra reacciono cerrando el Congreso EN septiembre de 2019 medida que contó con el apoyo de la población y las fuerzas armadas, logrando imponerse y convocando a una elección de un Congreso provisional para el 26 de enero de 2020,  donde los partidos de la derecha clásica como Acción Popular (AP) tuvo mayoría. Por su parte plena pandemia Vizcarra da un giro populista ante las exigencias de la población permitiendo que los aportantes pudieran sacar hasta el 25 % de los fondos privados de pensiones entre otras medidas, asi como el aumento de las pensiones a  los pensionistas del sistema público.

Un segundo proceso de vacancia presidencial con este nuevo Congreso contra Vizcarra si tuvo éxito el 20 de octubre de 2020, con el argumento que recibió pagos ilícitos de empresas de construcción; así después de tiras y encojes entre el Poder Ejecutivo y el Congreso este destituyo a Vizcarra nombrando como presidente provisional a Manuel Merino el 10 de noviembre, quien recibió rápido reconocimiento del imperialismo pero durando solo cinco días, ante las movilizaciones populares contra esa maniobra parlamentarias que arrojaron varios muertos.

De tal forma que el 17 de noviembre es elegido de forma provisional Francisco Sagasti quien tuvo el apoyo de la mayoría de las bancadas del Congreso y de los factores de poder burgués para estabilizar el país y convocar  a las elecciones del 12 de abril de 2021 donde gana Castillo, logrando cierto respaldo de la población por el aumento vertiginoso de la vacunación contra el COVID-19 y manteniendo las medidas que aplico Vizcarra en materia de pensiones.

Toda esta situación refleja otro complejidad del sistema político del país, la fragmentación partidaria reflejo de las disputas interbuerguesas y el papel traslucido que ha jugado las distintas expresiones de izquierda como Frente Amplio (FA), JxP, Perú Libre (PL), Nuevo Peru (NP); en  no generar una expresión independiente de la fracciones burguesas.

La reñida elección de Castillo

Pedro Castillo antiguo líder sindical del Sindicato Único de Trabajadores de Perú quien protagonizo una huelga magisterial contra la política de ajuste de Kuczynski pese al intento de la burocracia del Partido Comunista Patria Roja (PR) de aceptar tal política, es electo presidente el 28 de julio de 2021. En la primera vuelta logra 18.92 % de los votos entre una serie de partidos conservadores y de reformistas de izquierda nominado por el partido PL de Vladimir Cerrón, polémico ex gobernador de la región de Junin. Este partido que se denomina marxista leninista, pero no responde a los trabajadores sino a sectores de la pequeña burguesía indígena y rural. 

Posteriormente en segunda vuelta es electo con el 50.13 % apoyado por otras fuerzas de izquierda como NP, JxP, FA, los dos partidos postestalinistas (PR y el comunista), Democracia Directa y Humanista. Contra la candidata de la extrema derecha Keiko Fujimori que no quiso aceptar los resultados e inicio serie de acciones legales sin resultado favorable a ella,  después de una campaña electoral  ideológica “anticomunista” para la segunda vuelta. Pese a quedar con una leve mayoría de diputados del PL, la suma de los partidos de derecha FP, AP, Alianza para el Progreso,  el ultra conservador Renovación Popular (RP) junto a otros menores, lograron la mayoría dentro del Congreso del Perú.

Durante la campaña Castillo ofreció emprender algunas reformas de carácter estructural como continuar con la reforma agraria iniciada por la Junta Militar Revolucionaria en la década de los setenta, revisar los contratos de explotación minera, aumentar los salarios y el poder adquisitivo de la población, etc.

Sin embargo, estas reformas se fueron quedando en el tintero y el gobierno de Castillo se fue vinculando con la politiquería, es decir  con algunos partidos de derecha, entrando en una disputa por cargos en la estructura estatal con el PL y otros partidos de la coalición que lo llevo a ganar las elecciones. Esto llevo a que una fracción se distanciara de PL, separando parte de la bancada de ese partido formando el Polo Democrático.

Al igual se enmarco en el  ofrecimiento de obras de construcción a empresas ligadas a miembros de su entorno familiar y de diversos partidos, situación usada por la  extrema derecha especialmente RP y FP para intentar tres mociones de censura que fracasaron,  la última en noviembre pasado a  cual la mayoría de parlamentarios de PL votaron nuevamente en  favor de neutralizar esta medida.

Otras medidas usadas por la extrema derecha ha sido el bloqueo constante en la designación de ministerios y de la figura del premier,  logrando al final que estos no asumieran políticas distributivas más radicales. También se generaron roces en la estructura policial y militar por el ascenso de militares no comprometidos con la ideología anti comunista.

Todos esto fue crispando a sectores organizados del pueblo que pedían radicalizar las medidas del gobierno, el fin de los contratos mineros y la convocatoria a una Constituyente popular y realizando acciones de protesta. Sin embargo no se reflejó en un apoyo a los partidos de izquierda reformista, el dos de octubre de 2022 se realizan elecciones municipales, logrando la mayoría  de prefecturas expresiones de derecha como la demócrata-cristiana Somos Perú, Alianza para el Progreso procedente de la derecha tradicional, la conservadora Avanza País, mientras que la capital es conquistada por RP y su líder, Rafael López Arriaga, un reaccionario, machista y racista, como  prefecto de Lima.

El Ministerio Publico por su parte abrió una investigación al presidente por tráfico de influencias y lavado de dinero, así como contra personajes del entorno de Castillo y algunos prefectos. El 20 de octubre se convoca por los partidos NP y la PR así como la principal central sindical la CGTP a la toma de Lima, explícitamente para apoyar a Castillo alegando que esas denuncias de corrupción son falsas. El 27 de noviembre el Poder Judicial detiene a Jose Fernández Latorre director de la Dirección Nacional de Inteligencia,  quien sostenía la relación entre Castillo y el Ejército,  en una investigación por compra irregular de biodiesel de parte de la estatal Petroperu.

Destitución y suave golpe de Estado

Así un nuevo intento de censura para Castillo y  declarar vacante la presidencia se estaba preparando. Adelantándose a  esa jugada,  el 7 de diciembre Castillo anuncia la conformación de un “gobierno de excepción”, con la disolución del Congreso, la intervención del Poder Judicial, el Ministerio Publico, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional y la convocatoria a elecciones para elegir un nuevo Congreso. Intenta realizar movimientos en la estructura castrense pero son resistidos por la jerarquía militar y varios de sus  ministros renuncian. Esto provoca la alineación de los órganos del Estado burgués, y sin apoyo militar,  el Congreso se reúne para destituir a Castillo y detenerlo; a nivel internacional los gobiernos México, Colombia y Bolivia respaldaron a Castillo.

La prensa burguesa califica de autogolpe la medida de Castillo, pero lo cierto que según el artículo 134 de la Constitución del Perú para lograr la disolución del Congreso, este necesitaba que el Legislativo hubiera censurado en dos ocasiones al Consejo de Ministros en pleno. Los diputados se cuidaron de no hacerlo.  Pero mas allá de estas veleidades legales lo cierto es que Castillo perdió la oportunidad, al inicio de su mandato, de convocar a una Constituyente que le hubiera generado respaldo. En sentido contrario, buscó infructuosamente acuerdos con la oposición moderada dentro del Congreso, lo que condujo a una prolongada tercia por su destitución. 

Superar la dispersión con la Huelga General

Una vez proclamada Boluarte como presidenta, anuncio nuevas elecciones, pero hasta el 2024, después por la presión de las protestas populares ofreció realizarlas el 2023, pero al final tuvo que decretar el Estado de Emergencia, primero en algunas localidades, después en todo el Perú. Boluarte intentó calmar a la población, pero continuaron las manifestaciones masivas, paro de labores en algunos sectores, bloqueo de carreteras, sobre todo en los departamentos de Apurimac, Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Ica, La Libertad, Puno, conformado por un sinfín de organizaciones sociales, cuya demanda de una nueva Constituyente genera cohesión social, sobre todo en las áreas mas pobres de Perú.

Hasta el momento las protestas populares contra el nuevo gobierno golpista continúan creciendo, pero de manera dispersa, sin una coordinación nacional. La huelga nacional de educadores es parte de este proceso. Es urgente centralizar las protestas por medio de una Huelga General para tumbar el gobierno de Boluarte, que estas organizaciones sindicales y populares se constituyan en gobierno provisional, que disuelva el Congreso, libere a Castillo, y convoque a nuevas elecciones generales, para iniciar el cumplimiento de las reivindicaciones sociales  de la mayoría de las masas peruanas. La lucha apenas está comenzando.