Por Leonardo Ixim

La votación del pasado domingo 17 de abril por la Cámara Baja del Congreso con 367 votos a favor, de 567 diputados, aprobó el Impeachment sobre la presidenta Dilma Roussef del Partido de los Trabajadores (PT), profundizando la situación de crisis política en este país, abriendo la posibilidad del aumento de las luchas sociales y de clases en el gigante sudamericano.

Le tocaría al Senado Federal definir la situación después de las deliberaciones de un comité especial y la aprobación su informe por mayoría simple, en lo cual todo parece que el PT tendría las de perder.

La génesis de la crisis

Las movilizaciones de 2013 protagonizadas por la juventud, evidenciaron que pese a las políticas asistenciales impulsadas por el PT que permitieron sacar de la pobreza a millones de brasileños a partir de posibilitarles el consumo básico, eran insuficientes. Tales movilizaciones exigían mejoras en las condiciones de la salud y la educación pública, la democratización del espacio radio eléctrico, puestos de trabajo y precios bajos para el transporte público, entre otras demandas.

El gobierno de Roussef reaccionó canalizando muchas de estas propuestas en una serie de mecanismos burocráticos hacia reformas constitucionales que nunca realizaron. Por su parte, las organizaciones sociales aliadas al gobierno como la Central Única de Trabajadores (CUT), la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), los sin tierra del MST, los sin techo del Msts, en lugar de profundizar tales demandas por medio de una Asamblea Constituyente, acompañaron la deriva institucionalista.

En el 2003 el PT llegó al gobierno después de varios intentos de Lula Da Silva, ex lider sindical, para convertirse en presidente. Este partido es producto de las movilizaciones y confluencia de varias organizaciones como la CUT y el MST a inicios de los 80s del siglo pasado, en el marco de la lucha contra la dictadura militar impuesta tras el golpe de estado pro yanqui de 1963. En el transcurso de su existencia, este partido fue modificando su programa hasta convertirse en reformista.

El gobierno de Lula por su parte, se encargó de mantener el esquema neoliberal impuesto por el gobierno del Psdb en 1995 a la cabeza del sociólogo Fernando Enrique Cardozo, quien gobernó por dos periodos. La diferencia estriba en que mientras Cardozo desnacionalizó la economía y privatizó el fuerte sector estatal de la economía, Lula y después Roussef, evitaron seguir privatizando, manteniendo empresas mixtas como la petrolera Petrobras, la aeronáutica Embraer, la siderúrgica Vale do Rio Doce, entre otras, permitiendo a privados volverse accionistas.

Como parte de los gobiernos post neoliberales, dentro del ciclo progresista en la década pasada, el PT aplicó una serie de programas de transferencias condicionadas como Bolsa Familia, de construcción de viviendas, una mejora mínima de los ingresos salariales, todo esto dentro de lógicas orientadas por los organismos financieros internacionales para paliar las condiciones de pobreza provocadas por el ajuste y los recortes sociales.

Esto, al igual que otros gobiernos progresistas, unos más radicales (donde se nacionalizaron ciertos recursos naturales, lo cual Brasil no realizó), aprovecharon los altos precios de las materias primas y el fuerte crecimiento chino que permitió redirigir los presupuestos públicos para atender las demandas sociales. Esto sin tocar las injustas estructuras fiscales o la reforma agraria, una demanda histórica del campesinado brasileño; por otro lado, los gobiernos del PT continuaron, al igual que el kichnerismo o el Frente Amplio en Uruguay y Lugo en Paraguay, con el modelo agroexportador latifundista. Sectores como el financiero han tenido en todos estos gobiernos formidables ganancias, sin que se les aplique impuestos sobre las ganancias.

Los detonantes

Tras la caída de los precios de estos bienes exportables, las economías de estos países manifestaron síntomas de crisis. El caso de Brasil es paradigmático, con una caída del PIB de más del 4 %, un endeudamiento considerable tanto público como privado, al grado que Petrobras tiene deudas por 300 mil millones de dólares. El desempleo afecta al 10 % de la PEA; la burguesía paulista, ensambladora en su mayoría, que ha sido beneficiada con la inyección de dinero y permitiéndoles el despido de obreros, sin que las centrales oficialistas realicen un plan de lucha, ahora temen que la competencia china los desbanque; por tal motivo la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo y la del Estado de Rio de Janeiro, se encarrilan al tren de la destitución.

El PT por su parte, se comportó como otro partido burgués, aliándose a partidos conservadores como el Pmdb -partido que representa los barones locales provenientes de la dictadura- como el propio vice presidente Michel Termer, uno de los principales beneficiarios del golpe. Ya durante el gobierno de Lula se acusó al PT de sobornar a distintos congresistas, pues amarró una serie de acuerdos con partiditos donde prima el transfugismo y la corrupción, muchos de estos como el Pmdb, ahora opuesto a Roussef

Al igual que la operación de Lava Jato, un esquema de sobornos para beneficiar a empresas de construcción para obras de Petrobras y del Estado, donde se vincula a Lula. Esta investigación dirigida por el juez Sergio Moro evidencia el papel central del poder judicial y el Supremo Tribunal de Justicia para actuar contra ciertas elites en favor de otras, pues tanto Termer como los presidentes del senado y de los diputados Renan Calheiro y Eduardo Cunha respectivamente, promotores de Impeachment, salen implicados.

La oposición y sus figuras principales, como el ex candidato del Psdb Aecio Neves, el ex gobernador de Sao Paulo Jose Serra y la ex candidata del partido Rede Marina Silva ex ministra de ambiente de Dilma, tampoco se escapan del esquema de corrupción relacionado a sobornos por obras públicas, financiamiento ilegal electoral, entre otras cosas. De tal forma que el New York Times calificó como canallada el proceso de destitución, por ser promovido por una casta igualmente corrupta.

El caso de Dilma

A la presidente no se le acusa de ningún caso de apropiación o desvío de fondos, sino de utilizar la bicicleta fiscal. Lo cual consiste en el uso de dinero de bancos públicos para reducir el déficit fiscal y financiar los programas asistenciales. Dinero procedente de las reservas monetarias del Banco Central, ya que se permite que las ganancias de operaciones monetarias y cambiarias se usen a para necesidades gubernamentales. Ante eso, los medios neoliberales llaman a cerrar el grifo de los recursos financieros. Por otro lado, el endeudamiento de las familias, sobre todo con programas de adquisiciones de viviendas, anuncia una burbuja financiera, de la cual los bancos, los grandes ganadores del modelo, se atemorizan. Estos, que han sido reacios apoyar el Impeachment, también se dejan llevar por la corriente golpista.

En este ambiente se dan movilizaciones a favor y en contra. La derecha impulsa a sectores acomodados, algunos con consignas reaccionarias como el llamado al regreso a los militares. Mientras que los movimientos sociales afines al PT desde finales del año pasado crean organismos como los Frente Pueblo Sin Miedo y Brasil Popular, para hacerle frente al golpe y a las medidas de ajuste que el segundo gobierno de Dilma impulsa en la llamada Agenda Brasil, como recortes en los seguros de desempleo, congelamiento de salarios, privatizaciones parciales en Petrobras en el yacimiento de Pre-sal, leyes represivas anti protestas, etc. Pero sin romper con el PT y impulsar fuertes medidas como huelgas generales, para parar el ajuste tanto del oficialismo como el que se vendría, si Termer llega a la presidencia o si se convocara a nuevas elecciones bajo un aparato electoral beneficioso para la oposición de derecha.

En ese sentido, los movimientos y partidos hacia la izquierda se encuentran divididos. Unos como el Pstu -parte de la Litci- y Conlultas, que bajo su consigna “que se vayan todos” termina apoyando la destitución; el Psol –el cual es un partido de tendencias- se encuentra dividido entre pedir nuevas elecciones o movilizarse para lograr una Asamblea Constituyente y denunciar el Impeachment, postura a la cual se suma la Intersindical del Partido Comunista Brasileño o el Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, entre algunas más; la cual compartimos.

Nosotros consideramos que este proceso de destitución, pese a que está establecido en la Constitución Política brasileña -tal fue el caso de Collor de Melo- que en ese momento la mayoría de brasileños apoyaron, sin existir (según varios juristas) causa administrativa real, es una forma de golpe de estado técnico, donde sectores conservadores dentro de la justicia y el legislativo, sin tomar en cuenta la voluntad mayoritaria de la población, y más bien a sus espaldas, buscan relevar a una elite burguesa como el PT y aplicar un programa de ajuste más pronunciado.

El PT sirvió a los intereses del bloque en el poder mientras hubo bonanza económica, permitiendo transferir recursos para los más pobres. Pero a medida que la crisis mundial se agudiza, muchas fracciones del bloque buscarían, al igual que en Argentina, un gobierno más afín a sus intereses. Lo que viene será eliminar conquistas de la clase obrera como el aumento de salarios según el costo de la vida o la negociación de pactos según el sector económico.