El Movimiento Popular Unificado (MPU) suma su respaldo a la movilización y paro convocado por los gremios docentes ante las imposiciones del gobierno empresarial de Martinelli y su ministra Lucy Molinar. Imposiciones que se expresan en el nefasto Decreto 920, por el cual pretenden continuar el deterioro de la calidad educativa del sector público para favorecer la privatización de la educación y la destrucción de la estabilidad y derechos de los docentes. Respaldamos la exigencia de los gremios de que se establezca un diálogo sin precondiciones por parte del MEDUCA.

Los ataques del gobierno empresarial no se limitan al ámbito educativo, pues la salud pública es la otra víctima. Mientras se gastan cientos de millones en construcción de infraestructuras, los hospitales y policlínicas están mal equipadas y carentes de medicinas.  Luego de las decenas de muertos por infecciones nosocomiales del año pasado, ahora un grupo de neonatos han fallecido en la Caja de Seguro Social sin que se sepan las razones. Además, el gobierno ha presentado un proyecto de ley para modificar el Código Sanitario por el cual pretender privatizar y seguir deteriorando la salud pública. El despido del Dr. Díaz Mérida, que se suma a los despidos de los dirigentes de ANFACSS, ha motivado las protestas de los gremios médicos.

Agregamos que el gobierno empresarial, no satisfecho con los miles de millones gastados en obras ganadas por empresas "coimeras", ha presentado a la Asamblea Nacional el proyecto 569, por el cual se modifica el Fondo de Ahorro Panamá, para proceder a la venta de las acciones estatales en empresas mixtas, como telefonía y electricidad (estimadas en B/. 2.000 millones). El contenido de este proyecto había sido presentado el año pasado y fue derrotado por la movilización, ahora nuevamente se reedita para intentar apropiarse de esos bienes en beneficio privado de los “allegados” antes de las elecciones.

El gobierno también ha faltado a la palabra empeñada con los dirigentes de la comarca Gnäbe-Buglé, permitiendo que avance la construcción de la represa de Barro Blanco sin que se hubieran hecho los estudios comprometidos. También abogados allegados al régimen han vendido tierras comarcales en la península Valiente. Ni hablar de que no ha habido justicia, ni investigación, ni resarcimiento a las víctimas de la represión policial de 2010 en Changuinola y 2012 en San Félix. Ni hablar de los dirigentes gremiales despedidos en el sector público.

La suma de todos estos ataques a los derechos económicos, sociales y democráticos de la clase trabajadora por el gobierno empresarial de Martinelli, obliga a estrechar la coordinación de las luchas estrechando la unidad de los diversos sectores populares y gremiales. Sólo con movilización unitaria podremos parar la mano a estos ataques y defender la educación, la salud y los derechos del pueblo panameño.

¡TODOS Y TODAS AL PIQUETEO FRENTE A LA ASAMBLEA NACIONAL

Viernes 2 de agosto de 2013 a la 1:00 p.m.!

Panamá, 1 de agosto de 2013.