El gobierno de Martinelli, que tiene una holgada mayoría parlamentaria, se ha caracterizado no solo por su autoritarismo empresarial, sino por ser el principal impulsor de las privatizaciones en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), la venta de las acciones en las empresas generadoras y distribuidoras de energía y la venta del 49% de las acciones en Cable & Wireless. Ahora la voracidad del grupo gobernante, está enfocado en la gallina de los huevos de oro: la Zona Libre de Colon.

En todos estos procesos privatizadores, Martinelli se ha encontrado con fuerte resistencia obrera y popular. Y la ZLC no es la excepción.

La Ley No 72-2012

El pretexto de Martinelli es que el Estado necesita vender una parte de sus activos, para superar el déficit fiscal que en este año llegó a los $4,450 millones de dólares.

El 9 de Octubre se introdujo el proyecto de Ley No 72 a la Asamblea Nacional, donde el gobernante partido Cambio Democrático (CD), dispone de la mayoría. Este proyecto de Ley fue creado por Ricardo Quijano, ministro de Comercio e Industrias. La propuesta, que fue aprobada en tercer debate el 19 de Octubre y promulgada inmediatamente por el presidente Martinelli, no dando lugar a ningún tipo de negociación con los comerciantes de la ZLC que se oponen.

La Ley No 72 contempla subir el canon de arrendamiento cada año para los comerciantes que ya están instalados en la ZLC y la venta o desafectación de algunas áreas, que serian adquiridas en propiedad por quienes las compren.

Por ello, Samir Sayed, vicepresidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Colon, a los comerciantes no les interesa comprar terrenos por que deben desembolsar  fuertes sumas de dinero, en momento de crisis económica internacional, y después pagar impuestos sobre dichas propiedades.

Más barato, imposible!!

Los terrenos de la ZLC en venta están evaluados en unos $400 y $1925 dólares el metro cuadrado. Sin embargo, producto de las presiones en negociaciones posteriores con compradores desconocidos, el Gobierno aceptó bajar el precio del metro cuadrado entre $350 y $100 dólares.

Actualmente el alquiler de tierras en la ZLC le produce al Estado el ingreso de $27 millones de dólares anuales, pero con la Ley No 72 los ingresos se incrementarían un 10% anual. El gobierno de Martinelli calcula obtener $2 mil millones de dólares en un plazo de 20 años, de los cuales 700 millones se invertirían en obras comunales en la costa caribe. Esta migaja fue una repuesta gubernamental a la rebelión de los colonenses.

La Oposición de la burguesía

El conflicto inter burgués se puso al rojo vivo. Juan Carlos Varela, vicepresidente de la República y presidente del opositor Partido Panameñista, cuestionó la Ley No 72 en “momentos en que la economía crece y el gobierno tiene ingresos corrientes extraordinarios”. (La estrella, 18/10/2012)

El Partido Revolucionario Democrático (PRD), de orientación torrijista, presionó ante la Corte Suprema de Justicia para que el proyecto de Ley No 72 fuese declarado inconstitucional, pero fracasó, aunque las tensiones y divisiones dentro de ese tribunal han adquirido ribetes de guerra civil.

La Federación de Cámaras de Comercio (FEDECAMARAS), asustada por el giro de los acontecimientos, se deslindó de las movilizaciones populares, y reiteró que el “desarrollo y crecimiento de la Zona Libre de Colón se ha realizado mediante el esquema actual de contratos de arrendamiento y reconocimiento de título de propiedad sobre las edificaciones (…) estamos de acuerdo con los argumentos señalados para la modernización de la Ley de la Zona Libre, pero haber incluido la venta de terrenos de la misma, es una contraproducente imposición tratándose de un valioso recurso que durante más de sesenta y cuatro años (64) ha aportado cuantiosas sumas al erario panameño". (La Estrella, 19/10/2012)

Anacleto Ceballos, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Colón también rechazó la Ley No 72, denunció la “toma de decisiones dentro de la junta directiva de la ZLC, que en reunión realizada el pasado 11 de octubre de 2012, asignó una gran cantidad de hectáreas pertenecientes a la zona franca colonense a empresas instaladas en el emporio comercial, acción que se ejecuta sospechosamente en medio de las discusiones en primer debate del mencionado proyecto de ley en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional de Diputados”. (La Estrella, 19/10/2012)

Posición del FRENADESO y FAD

El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (Frenadeso), que agrupa a varios sindicatos y organizaciones sociales, denunció que “Martinelli le ha disminuido los impuestos a los empresarios, y a los ejecutivos de altos ingresos, y ha aumentado el ITBMS a la población.  Con ello trasladó ingresos que les pertenecían a todos los panameños a los empresarios.  Hace poco pretendió vender al sector privado las acciones que el estado aún mantiene en las telefónicas y las empresas eléctricas.  Ha vendido tierras estatales, islas, costas y playas, todo ello patrimonio de los panameños, no de Ricardo Martinelli.  Ahora insiste en vender las tierras de la Zona Libre de Colón, otra acción de vender patrimonio del estado al sector privado”.

FRENADESO es el principal impulsor del nuevo partido de izquierda conocido como Frente Amplio por la Democracia (FAD) y que fue constituido en febrero del 2011. El FAD es totalmente diferente del “Frente por la Defensa de la Democracia”, una coalición frentepopulista constituida el 15 de Junio del 2012 por el Partido Panameñista, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y el Partido Popular (PP), más otras fuerzas sindicales y sociales.

El FAD emitió una declaración en la exigía lo siguiente: “Demandamos la revisión inmediata de los cánones de arrendamiento de la ZLC (…) Denunciamos la manipulación de los avalúos de las tierras de la ZLC, que pretenden subestimar el valor de la propiedad territorial en esta zona (…) Exigimos que el aumento de los cánones de arrendamiento de la ZLC sean utilizados para atender la demandas sociales de los colonenses en materia de vivienda, acceso a agua potable, recolección y disposición de basura, aguas servidas, educación salud, infraestructura vial, entre otros (…) Exigimos el pago de Impuesto sobre la Renta a los usuarios de la ZLC, en función de garantizar la progresividad que debe prevalecer en la política tributaria del país”.

Movilizaciones y toque de queda

Desde el 17 de Octubre se iniciaron las movilizaciones en la ZLC dirigidas por el Frente Amplio Colonense, una alianza de comerciantes, transportistas, sindicatos y organizaciones populares. La consigna inicial fue el retiro del proyecto, pero la aprobación apresurada por la maquinaria parlamentaria del partido Cambio Democrático (CD), desató la ira popular.

Hubo enfrentamientos callejeros, barricadas, saqueo de algunos comercios, disparos y gases lacrimógenos por parte de las unidades de control de multitudes de la Policía, al grado tal que Dámaso García, alcalde del distrito de Colón, declaró el toque de queda a partir de las 7:00 p.m. del viernes 19 de octubre.

El Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), afiliado al FRENADESO, bloquearon la carretera en el sector de Sabanitas. Esto ha afectado aún más el movimiento vehicular en la costa atlántica.

Por una política independiente

La venta de las tierras de la ZLC violenta directamente el artículo 258 de la Constitución Política de la República de Panamá. Es obvio que el grupo económico que representa Martinelli, ve en el déficit fiscal una magnifica oportunidad de hacer un lucrativo negocio, comprando tierras en la ZLC para instalar sus empresas, en alianza con las transnacionales. La denuncia del empresario Anacleto Ceballos lo confirma.

Los trabajadores no pueden ser utilizados como fuerza de choque entre los poderosos comerciantes de la ZLC en su pleito con el gobierno de Martinelli. Tampoco podemos predicar la abstención. Si Panamá ha sido sacudida nuevamente, no es por el lamento de los ricos comerciantes, sino por las protestas populares encabezadas por el Frente Amplio Colonense, que tiene como espina dorsal a los sindicatos y demás organizaciones sociales.

Las denuncias de FRENADESO y la declaración del FAD deben ser primeros pasos para formular una política de los trabajadores, independiente de los comerciantes y de la voracidad del gobierno de Martinelli.

Los sindicatos y los miles de trabajadores no sindicalizados que trabajan en la ZLC deben tomar el control de este emporio comercial, y defender el principio que los bienes del Estado no se deben vender a particulares. Lo primero es derogar la Ley No 72-2012, para ello las centrales obreras deben convocar a una huelga general, teniendo el ejemplo cercano de Changuinola en el año 2012.

La ZLC bajo el control de los trabajadores permitiría verificar las ganancias de esta mafia comerciantes, y cobrar un canon diferenciado a cada uno, bajo el principio que los grupos económicamente mas fuertes deben pagar más. De esta manera se protege a miles de pequeños comerciantes que, en estos momentos de crisis económica internacional, pasan aprietos para sostener sus negocios. Siempre debemos diferenciar a los grandes comerciantes de los pequeños.

En fin, hay tantos aspectos que discutir, pero es mejor oír a los heroicos trabajadores de la ZLC.