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PANAMA: Ante la debilidad del ultimo paro nacional, Torrijos insiste en los super poderes.

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Ante la debilidad de los dos últimos paros nacionales:

Torrijos insiste en sus súper poderes

Por Emilio Young

La Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida y Dignidad del Pueblo convocó a una huelga general de "advertencia" por 24 horas para exigir al gobierno de Martin Torrijos que atienda las peticiones planteada durante la jornada de lucha del pasado 14 de Agosto, especialmente la demanda de aumento salarial general del 20% y de las pensiones para los jubilados, la derogación de los decretos leyes sobre Seguridad, paralizar la privatización de la salud, indemnización justa a los obreros del SUNTRACS, etc. El salario mínimo promedio mensual alcanza los 300 dólares, pero la canasta básica de alimentos tiene un valor de 243 dólares.

Debilidad del segundo paro nacional

Este segundo paro nacional de 24 horas, o “paro de advertencia”, fue apoyado por la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL), el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), el Frente de Acción Magisterial (FAM), la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF), la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA), la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), el Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida (COFADESAVI), el Movimiento de Bases Transportistas y Usuarios, diferentes organizaciones Estudiantiles, Ambientalistas, Grupos Comunitarios, Organización Campesina e Indígena de Veraguas, Unión Campesina Panameña (UCP), Frente Campesino Contra los Embalses (FCCE), entre otras.

Esta segunda huelga de advertencia es apenas una preparación para la huelga general indefinida que aún no tiene fecha. El sector de la construcción continúa siendo el destacamento más combativo de FRENADESO y de la Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida y Dignidad del Pueblo. La dirigencia del SUNTRACS afirmó que los trabajadores de la construcción paralizaron en un 97 por ciento los planteles. Los transportistas dijeron que un 85 % del transporte público apoyó el paro.

Sin embargo, el gobierno de Torrijos restó importancia al paro nacional de 24 horas, afirmando que el 75% de los centros de salud y otras instalaciones funcionaron normalmente. Como medida para evitar la concentración de estudiantes a favor del paro, los colegios públicos y la estatal Universidad de Panamá cerraron sus aulas a los estudiantes.

Una marcha de unas 800 personas salió de la Plaza 5 de Mayo hacia la Asamblea Nacional, donde se hizo una entrega formal del pliego petitorio de 16 puntos. Muy poca gente en relación a otras jornadas de lucha. La diputada Elizabeth Quiroz, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, militante del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), recibió a la delegación de huelguistas y escuchó atentamente los reclamos contra el Gobierno, prometiendo que el pliego sería discutido en una Junta Directiva Ampliada, en la que estarían presentes los representantes de los partidos políticos de gobierno y de oposición.

La Coordinadora Nacional de Lucha por el Respeto a la Vida y la Dignidad del pueblo, así como FRENADESO, deben sacar un balance sobre la debilidad del paro nacional del 4 de septiembre.

Decretos con fuerza de ley

Ya fue aprobado por el Consejo del Gabinete, el paquete de decretos leyes que pretende reorganizar el Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional (CSPDN), crear el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (SENIS) --subordinado al Presidente de la República--, y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), reorganizar el Servicio de Protección Institucional (SPI, guardia presidencial) y crear el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).

 

Según Torrijos, estas leyes de seguridad “son para combatir el narcotráfico, los problemas de terrorismo y el crimen organizado, porque hay nuevas modalidades del crimen que están asolando a nuestra sociedad (Diariocrítico 06/08/08). Con esta creciente militarización de los regímenes políticos del área centroamericana, dentro del contexto del Plan Mérida, están en juego las libertades políticas y sindicales de los trabajadores y del pueblo.

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