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PANAMÁ.- Martinelli retrocede ante la heroica lucha de los indígenas Ngäbe y Buglé

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Por Francisco Higüero Porras

En el año 2007, el gobierno panameño firmó la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas, auspiciado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), documento que establece el derecho de autodeterminación territorial y autonomía de las comunidades minoritarias autóctonas ligadas a una zona territorial determinada.

La comarca donde habita la etnia Ngäbe-Buglé, fue creada como tal en 1997, abarcando área es de 6.968 km2 en las tres provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Su  capital es Llano Tugrí (Buabidí). En ese territorio habitan unas 160.000 personas según los datos del año 2010.

La principal causa de la agitación de los indígenas inició cuando la Asamblea Legislativa comenzó a discutir el proyecto de Ley No 415, el cual en su artículo 5 contemplaba la cancelación de concesiones a empresas para el desarrollo de proyectos mineros e hidroeléctricos dentro de la Comarca Ngöbe Buglé, áreas anexas, territorios y comunidades Ngöbe fuera de la comarca.

 

El arto 5 fue eliminado completamente en el primer debate por los diputados, y fueron el detonante de la movilización indígena. Producto de la movilización, los diputados se han comprometido a revisar lo que habían aprobado en primer debate

Oscuros negocios a costa del medio ambiente

El presidente Ricardo Martinelli y su gabinete de gobierno, defendiendo oscuros intereses  capitalistas, argumentando la necesidad de la autosuficiencia energética, han promovido el proyecto de construcción de centrales hidroeléctricas en territorios de las comunidades indígenas  Ngäbe-Buglé ubicados en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

Pero este nuevo proyecto de desarrollo hidroeléctrico en la comarca Ngäbe-Buglé, supone la exclusión de los acuerdos alcanzados hace un año, en el cual se contemplaba la prohibición de las compañías mineras en las zonas protegidas, así como la exploración-explotación de los recursos naturales en beneficio de los consorcios empresariales.

Ante el malestar indígena por el incumplimiento de los acuerdos firmados el día 27 de febrero de 2011, el ministro de la presidencia, Jimmy Papadimitriu, argumentó que dicho acuerdo, que costó sangre y represión en Chinguinola, no exceptuaba al proyecto de las hidroeléctricas como fuente de seguridad energética rentable del país.

La verdadera intención del gobierno de Martinelli es amarrar, con su red de empresas, el negocio de producción de energía eléctrica, casi monopólicamente, a costa del desgaste de los recursos naturales, destrucción cultural y de la identidad grupal de la comarca, desmembración del territorio comunal y mayor empobrecimiento de la zona. Los ojos de los gobernantes están bien puestos en las ganancias económicas con la construcción de las presas hidroeléctricas.

Bloqueo de carreteras y represión policial

El plan de usufructo de los recursos naturales tuvo resultados inmediatos  y la respuesta de los líderes indígenas no se hizo esperar. Durante mas de una semana los indígenas salieron a las carreteras del noreste de Panamá, bloqueándolas, en posición de lucha irreconciliable contra las fuerzas del aparato opresor del Estado, negándose, en un momento,  a abandonar las movilizaciones para aceptar las condiciones arbitrarias del gobierno, el cual ante la movilización y solidaridad nacional e internacional desatadas, entre dientes clamaba por la negociación o dialogo.

Una delegación de los indígenas viajó hasta la capital, ciudad Panamá, y marchó hasta la Asamblea Legislativa. En las afueras de dichos edificios se encontraban aglomerados los miembros de la comunidad indígena, apoyados por movimientos sindicales y nacionales que velan por los derechos innegables de las personas, sin importar su procedencia étnica cultural.

Efectos irreversibles de Hidroeléctricas

Los individuos y la empresa que lleva a consecución el proyecto de la hidroeléctrica, hablan tajantemente de los beneficios económicos y sociales que conllevaría la presencia de la represa en  la comunidad. Sin embargo, el orden natural de los ideales capitalistas refleja otra cosa. La presencia de la hidroeléctrica no generaría empleo para los indígenas, quienes se verían perjudicados en sus tradicionales actividades laborales de pesca, construcción de artefactos de madera para el uso propio, confección de cerámica, etc. Acciones que para el hombre común no tienen ningún significado, pero que para los indígenas son parte esencial de la cohesión cultural y tradicional, celosos de su idioma, y de su organización social y regional.

La construcción de la represa no beneficiará a los pobladores en calidad de mejorar su vida, ya que la producción de electricidad no responde a las necesidades de la comunidad y solo contribuirá a la destrucción forestal, sedimentación y deterioro del hábitat natural. Las personas tendrían que ser movilizadas de sus lugares de origen a causa de inundaciones que cubrirían extensas areas. El impacto ambiental seria irreversible trastocando especies de animales y la flora de la zona. La construcción de esta central deteriorará aun mas una comunidad que de por sí ha sido olvidada por el gobierno central.

Toda Panamá unida por una causa

Ricardo Martinelli, llego al extremo de tildar al pueblo Ngäbe de “borrachos  y causa disturbios”. No obstante, la mayoría de la población y las organizaciones sociales, laborales y civiles de Panamá, respaldaron la causa de los indígenas.

Cabe señalar la solidaridad del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), de los trabajadores bananeros de la Boca Fruit Company, quienes realizaron una marcha obrera de apoyo a los indígenas.

Contra el pronóstico de los funcionarios gubernamentales que esperaban indiferencia de parte de la sociedad.  Las comunidades de los originarios, en conjunto de sindicatos de trabajadores y expresiones políticas de izquierda,   exigieron el fin a la represión desmesurada de los uniformados, así también,  que se haga valer el derecho de autonomía y libertad sobre sus tierras.

El gobierno y sus allegados conforme se desarrollaban los hechos y presionados por toda la nación, perdían credibilidad y confianza de los ciudadanos hacia sus políticas. “Si yo fuera Martinelli me daría vergüenza hablar, por tener un gobierno incapaz y no querer atender al pueblo. Él es un presidente que compra conciencias, ofreciendo promesas a nuestra gente, por eso él ganó, con la mentira.”, sostuvo Silvia Carrera, la cacica general (prensa.com)

Triunfo de los indígenas

El acuerdo entre el gobierno de Martinelli y los indígenas que se firmó la tarde del miércoles 8 de febrero, tiene como nombre “Acuerdo San Lorenzo 1” dando término a la discusión y prohibiendo la construcción de minas o hidroeléctricas en la comarca Ngöbe Buglé.

Con ello finalizaron las protestas iniciadas el pasado 31 de enero, que obstaculizaron la vía interamericana. En el escrito se alcanzó dictaminar la puesta en libertad de los detenidos sin formulación de cargo, atención médica  inmediata de los afectados, indemnización permanente a la familia del fallecido Jerónimo Rodríguez, la no represión de dirigentes indígenas y otros grupos civiles solidarios. Posteriormente se iniciará un dialogo entre ambas partes que tendrá como mediadores a la Iglesia Católica, a la informadora de la ONU en Panamá y al rector de la Universidad Nacional.

Por otra parte, el pueblo Ngäbe solicitara a instituciones protectoras de derechos humanos, una total revisión de los hechos, para determinar con exactitud las cantidades de abusos cometidos por policías antidisturbios en contra de los manifestantes. De momento se ha puesto fin al conflicto, sin embargo durante el mismo la comunidad indígena y sus miembros fueron humillados, agredidos, ultrajados y sus derechos pisoteados.

En sus protestas los indígenas no pedían trabajo, atención médica primaria, erradicación de la pobreza en sus comunidades, si no, el hacer valer su dignidad, y tradiciones, con su movilización protegieron los recursos naturales de la comarca, demandando que no se construyan minas, presas hidroeléctricas e instando a la formulación de una ley que  asegure la conservación de lo recursos naturales.

La oposición con la que se encontró el gobierno, de parte de muchos sectores del país, muestran clara desconfianza de los pobladores y descontento de los sectores sociales al sistema político actual. El gobierno de Martinelli como destructor del medio ambiente y la Iglesia Católica como mediadora, nos recuerdan al otrora colonizador Vasco Núñez de Balboa y su aparato de conquista, verdugo de indígenas y usurpador de su territorio.

Con el acuerdo que se firmó la noche de este martes, 7 de febrero, en la provincia de Chiriquí, finalizaron 200 horas de una protesta que tuvo como resultado un manifestante muerto, cientos de heridos 119 detenidos y millonarias pérdidas en el sector agrícola. Pero la lucha termino en victoria, eso es lo mas importante!

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