En 1520-27, otros conquistadores como Gaspar de Espinosa y Pedrarias Dávila fueron derrotados por el legendario cacique Urracá,  en sus intentos de posesionarse sobre las minas de oro de Veraguas. Urracá los mantuvo en jaque, y llegó a sitiar la ciudad colonial de Natá, en lo que se llamó “La batalla de las razas”.  La mayoría de las descripciones del genocidio de los españoles contra los indígenas de América, que relatara el padre De las Casas, se refieren a hechos ocurridos en el Istmo de Panamá. Aunque de esas crónicas salieron las “Leyes de Indias” que intentaban frenar el genocidio, los encomenderos hicieron poco caso de ellas.

A fines del siglo XIX, siendo Panamá parte de Colombia, los abusos de los terratenientes y la propia Iglesia continuaban, bajo la forma de impuestos como el diezmo y de arrebatarles arbitrariamente sus tierras para fincas ganaderas. Esto motivó que otro gran líder indígena, el general Victoriano Lorenzo, aprovechara la Guerra de los Mil Días (1899-1902), narrada tantas veces por García Márquez, para transformar las demandas liberales por democracia en una guerra campesino indígena contra los terratenientes blancos de Penonomé y Natá.  La insurrección fue total, logrando Victoriano el control de todo el interior del país, salvo la ciudad de Panamá, a la que los “marines” yanquis protegieron militarmente. Victoriano fue traicionado por liberales y conservadores, asesorados por Estados Unidos (Pacto del Acorazado Wisconsin), siendo fusilado poco antes de la imposición de los Tratados de 1903, que cuya consecuencia fue la separación de Colombia y la Zona del Canal.

Ngabe-Buglés la fuerza de trabajo agrícola

Los miembros de esta etnia, vulgarmente llamados por la élite gobernante “cholos” o “guamíes”, han sido por más de cien años la fuerza de trabajo barata para el sector agrícola panameño. Son la mano de obra esencial en las bananeras, en la zafra del azúcar y en la cosecha del café, también en la limítrofe Costa Rica donde emigran para trabajar. Pese a su importante aporte económico, reciben los peores salarios, a más de la discriminación racista. Hoy por hoy, según cifras oficiales son el grupo más pobre del país, entre quienes la pobreza sobrepasa el 90% y la pobreza extrema al 80% de sus habitantes. Mayormente habitan la cordillera del centro – occidente de Panamá, a donde fueron desplazados desde los llanos por la industria agrícola y ganadera. Ahora resulta que viven en cerros poco productivos para la agricultura, pero cargados de ricos yacimientos de cobre y oro codiciados por las transnacionales mineras.

Una verdadera revolución estremece al pueblo Ngabe-Buglé.

Esta es la tercera vez en dos años que el pueblo Ngabe-Buglé pone en jaque al gobierno empresarial de Ricardo Martinelli. La primera fue en julio de 2010, cuando se pretendió imponer un conjunto de leyes bajo una sola (Ley Chorizo) que, entre otras cosas, pretendía debilitar los sindicatos obreros cortando los descuentos de las cuotas de los trabajadores, modificaba la legislación ambiental para facilitar proyectos sin estudio de impacto ambiental y permitía a los policías acusados de violar los derechos humanos seguir en el cargo sin sanciones. En esa ocasión, el Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí Land Co. (SITRACHILCO), de la transnacional norteamericana United Brands (Chiquita), y los sindicatos de las bananeras independientes, convocaron una huelga en la región de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. En aquella ocasión la movilización fue duramente reprimida, a costa de diez muertos y centeneras de heridos, pero no pudo ser derrotada. Por el contrario, desembocó en la primera huelga general nacional de la última década. La ley tuvo que ser parcialmente derogada.

De más está decir que la dureza de aquella represión, en la que la policía disparaba perdigones a la cara de los obreros bananeros, la mayoría de la etnia Ngabe-Buglé,  hubo unos cincuenta lesionados en la vista, se traslució con claridad la actitud racista del propio Martinelli, su ministro de seguridad pública, José Raúl Mulino, y los jefes policiales. Incluso en conferencia de prensa, el presidente y su ministro, llegaron a hablar despectivamente de que el movimiento estaba compuesto por “indios borrachos” y otras expresiones inaceptables, que en cualquier país civilizado hubieran significado la destitución y enjuiciamiento de ambos por racismo y violación de los derechos humanos.

La lucha contra la minería en 2011

El segundo momento de lucha del pueblo Ngabe-Buglé fue en enero-febrero de 2011, cuando el gobierno intentó imponer un nuevo Código Minero que facilitaba la exploración y explotación minera en todo el país, e inclusive la participación en el negocio minero de empresas estatales (coreanas y canadienses), algo que prohíbe la Constitución Política.  Al igual que ahora, decenas de miles de indígenas de la etnia, convocados por la Coordinadora de Lucha, bajaron a la Interamericana y la cortaron por varios días y, ante el repudio que había recibido el gobierno por la represión de 2010, Martinelli se vio obligado a ceder, derogando el Código Minero y firmando un acuerdo por el cual se comprometía a suspender toda explotación minera e hidroeléctrica en la comarca, en particular del yacimiento cuprífero de Cerro Colorado en el que habitan miles de familias.

El gobierno tuvo que negociar y pactar con el movimiento. Aunque reprimió acciones de solidaridad en Panamá y arrestó y expulsó del país a los periodistas españoles Paco Gómez Nadal y Pilar Chato.

Nuevamente la lucha contra la minería en 2012

En febrero de 2012, nuevamente convocados por la Coordinadora de Lucha, miles de personas salieron de las comunidades comarcales para cortar la Interamericana ante la pretensión del gobierno de revivir el Código Minero, sin incluir el artículo 5, en el que se pactó la prohibición de minas e hidroeléctricas en la comarca. Durante seis días se mantuvo cortada la carretera, en varios puntos del occidente del país, quedando varados centenares de camiones de carga, pasajeros, quedando desabastecida la ciudad de Panamá de productos agrícolas y la provincia de Chiriquí de combustible. Para justificar la represión, tanto el gobierno panameño como el de Laura Chinchilla de Costa Rica, falsearon los hechos para insinuar que los indígenas habían secuestrado a turistas de aquel país, quienes en realidad quedaron varados en la carretera.

Para preparar la represión, que finalmente se desató el domingo 5 de febrero al amanecer, se cortaron dos días antes las comunicaciones con la zona del conflicto, se cercó el área y se prohibió llevar agua y alimentos a quienes protestaban, pese a que había familias enteras con niños pequeños, se negaron a enviar emisarios al diálogo mediado por la Iglesia católica, y se lanzó una campaña mediática para culpar al movimiento de las grandes pérdidas económicas. Pese a ello, el gobierno no ha logrado su propósito, pues desde la tarde del domingo se desataron marchas y protestas de solidaridad, tanto en la ciudad de Panamá, como en Colón y Changuinola, donde los sindicatos amenazan con otra huelga. Así como cortes de apoyo de otras etnias indígenas, como los kunas y los emberás, quienes han cortado la interamericana al oriente del país, en dirección al Darién. Las manifestaciones han recibido respaldo de la ciudadanía que salía a los balcones goleando pailas o tocando sus bocinas en apoyo a la lucha y en repudio de las acciones represivas del gobierno.

Los inconfesables intereses detrás del negocio minero y las hidroeléctricas

En estos momentos se encuentra en plena explotación la mina de oro de Cerro Petaquilla, en la provincia de Coclé, y está próxima a iniciar otra de cobre y oro en Donoso, provincia de Colón. Pero Cerro Colorado, ubicado más al occidente, dentro de los límites de la comarca Ngabe-Buglé, es uno de los mayores yacimientos del continente americano y ha estado en la mira desde los años setenta, pero la resistencia indígena y la caída de los precios internacionales hizo desistir por dos décadas a las codiciosas mineras y sus socios nacionales.

Sin embargo, el economista Alessandro Ganci (“Las razones de la minería”) señala que los aumentos de los precios internacionales han renovado la codicia por los minerales. Según Ganci, el precio internacional de la onza de oro anda por los US $ 1.723,50, o sea, US $ 55.410,00 el kilogramo. Mientras que el precio del cobre está en US $ 8.58 por kilo. De manera que, Cerro Colorado con una reserva de cobre estimada en 17.360 millones de kilogramos de cobre podría significar a los precios actuales una riqueza de US $ 148.949 millones!!

Y agrega. “La inversión aproximada es de 3.500 millones y las “regalías estatales” constituyen un pírrico 2 - 4 % del total. Con al menos 40 años de explotación la inversión inicial quedaría saldada en 2 -3 años. A razón de 3.100 millones por año”. Estos numeritos explican la disposición del actual gobierno de reprimir para quedarse con la tajada del cobre de los Ngabe-Buglés, igualito que los conquistadores de hace 500 años. Codicia compartida por todos los sectores empresariales panameños quienes no tuvieron empacho en reunirse la noche del 5 de febrero, consumada la represión, en la Presidencia de la República con Martinelli para darles su bendición.

Lo mismo podría decirse del lucrativo negocio de la producción de energía hidroeléctrica, manejado por empresas extranjeras en asocio con prominentes políticos panameños, como la ex presidenta Mireya Moscoso y el propio Martinelli. El falso alegato del gobierno y los empresarios es que prohibir las hidroeléctricas conllevaría pagar más por energía eléctrica producida por petróleo. Pero la legislación actual permite a los dueños de las hidroeléctricas facturar a precios de la producida por combustibles fósiles.

Otras comunidades indígenas también están amenazadas, como los kunas y emberás-woaunam, pues por etos días se otorgará la concesión para explorar y explotar cuatro bloques yacimientos petroleros en la región de Darién.

El mito del “progreso”. ¿Progreso para quién?

El colmo del cinismo de la clase dominante panameña es pretender presentar sus intereses crematísticos como si fueran los intereses de la nación, culpando a los indígenas de “impedir el progreso” del país. Cualquier persona medianamente educada sabe que los países con mayores riquezas minerales poseen las poblaciones en mayor miseria, que además padecen cruentas guerras civiles incentivadas por voraces intereses imperialistas. Para ejemplo, basta con mirar la historia de Bolivia, o los países del centro de África. Y el que dude que vea la película “Diamantes de sangre”.

Pero en Panamá la desfachatez de Martinelli y su gobierno no tienen límite, pues al derogarse el Código Minero, por la lucha del año pasado, en un cálculo frío de los diputados oficialistas, no restituyeron varios artículos del código anterior con lo cual ha resultado que en estos meses explotaciones multimillonarias, como Petaquilla, no están pagando ni un solo centavo de regalías al Estado panameño!!!

Ahora, que dicen revivir el proyecto repudiado hace doce meses, para cobrar las regalías, han reducido a la ridiculez los cargos que deben pagar las empresas mineras. Otro economista, William Hughes (“Panamá: poder oculto en la minería”) ha denunciado que los impuestos que deben pagar las empresas extractoras de piedra y cascajo están siendo reducidos de 300 dólares a 75 y 100 por kilogramo, y la extracción de cobre y oro, que pagaban 10 y 20 mil dólares por kilo, ha sido rebajada a 300 y 450 dólares el kilo, en el nuevo proyecto. En el mismo sentido, la “finaza de garantía”, que para el primer caso era de 50 dólares por hectárea se la baja a 10 centavos de dólar por hectárea; y en el caso de los metales se la baja de 200 dólares a 25 centavos por hectárea.

Queda evidenciado que Martinelli, su gobierno y las mineras están  saqueando la propiedad y los derechos del conjunto de la nación para beneficio (“progreso”) de los dueños de este negocio, sacrificando los intereses y derechos, no sólo de los Ngabes-Buglés, sino de todo el país.

Basta de burlas, que Martinelli respete la ley

El Movimiento Popular Unificado (MPU), los sindicatos, las organizaciones populares, de derechos humanos, los ambientalistas, la sociedad civil y la dirigencia de la Coordinadora de Lucha Ngabe-Buglé exigimos algo simple: que Martinelli y su gobierno respeten su compromiso formalizado en los acuerdos firmados el año 2011 que prohíben la minería e hidroeléctricas en la comarca, y que respete la ley.

Decimos basta de burlas y mentiras. El gobierno panameño debe cumplir la suscrita Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (13 de septiembre de 2007), la propia Ley 41 de 1 de julio de 1998 sobre tierras comarcales, y el Convenio 169 de la OIT, que no ha sido ratificado, todas las cuales señalan con claridad que la explotación de los recursos naturales de las comarcas debe hacerse en acuerdo con las comunidades y las autoridades naturales de la comarca.

Como Martinelli y los intereses capitalistas que defiende no cumplirán por las buenas con los mínimos derechos que la legislación establece, está demostrado, debemos seguir movilizados en solidaridad con la lucha del pueblo Ngabe-Buglé, hasta imponer un gobierno popular en el que se respete la vida humana y la naturaleza.

Panamá, 6 de febrero de 2012.