Por Ricardo Velásquez

La carrera docente ha cambiado mucho en los 24 años de este siglo, principalmente porque el maestro dejó de ser autoridad en sus respectivas comunidades o zonas de trabajo para ser un simple asalariado del Estado. Además, el permanente cambio de políticas educativas, los cambios metodológicos, innovaciones pedagógicas, la creación de leyes reguladoras y penalizadoras al son de los organismos extranjeros, la burocratización de las direcciones del gremio, el crecimiento de la población con el valor agregado del crecimiento de la inseguridad, todo en conjunto ha ido mermando el papel de liderazgo de un docente dentro de su entorno.

Obviando el tema de la vocación docente, es muy evidente que ahora, la carrera docente desgasta muy rápido en su salud a cualquier maestro, sobre todo si el centro educativo se encuentra en una zona de alto riesgo. De ahí que, no es casual ni capricho que un buen sector del magisterio se oponga a la Ley de Reforma al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), porque simplemente el docente, ya a los diez años de laborar se encuentra muy extenuado y enfermo.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la esperanza de vida en los hondureños en el 2023 es de 77.3, es decir, lo normal es que alguien llegue a los 77 años y cuatro meses de existencia. Con la propuesta de reforma a la Ley, todo indica que a un maestro se le está llevando a jubilarse a los 59 años para que obtenga una jubilación decorosa, siempre y cuando haya trabajado más de 35 años. El asunto es que…

Sin prestaciones ni seguro social se jubila un maestro

Todo empleado público, según el Código del Trabajo, tiene derecho al Auxilio de Cesantía al retirarse de su empleo de forma voluntaria o por despido, por cada año trabajado se le debe pagar un salario, sin exceder de 25. Los docentes del sector público, en cambio, aunque son pagados por el Estado no disfrutan de este derecho del resto de los trabajadores. Otro beneficio que pierde un docente al jubilarse es el del Seguro Social, un derecho que si lo tienen los demás trabajadores públicos.

Considerando que un individuo al llegar a los 60 años es cuando más necesita de los servicios médicos, el docente queda totalmente desprotegido al llegar a esta etapa.

Se sabe que el insuficiente servicio de salud pública en el país es una acumulación de pésimas políticas en materia de salud de todos los gobiernos anteriores, sin embargo, tampoco se excluye de esta responsabilidad al actual gobierno de Xiomara Castro, si bien es cierto hay ocho hospitales en construcción que serán equipados con máquinas de última generación, la mayor parte del gobierno ha sido consumido en tapar agujeros que en generar una Ley Marco de Salud Pública en beneficio de toda la población.

A la falta de hospitales y centros de salud se agrega el problema del insuficiente número de médicos, y, más deplorable aún; los pocos especialistas para atender una gran población que requiere de atención médica inmediata.  

De tal forma que, un docente al jubilarse y dejar de tener Seguro Social debe ir a competir con toda la población para obtener atención médica en sus años más “achacosos”. De ahí que, están muy de moda las recolectas de cantidades enormes de dinero para que un docente sea intervenido quirúrgicamente en un Hospital Privado.

Urge una Ley Marco de Salud Pública

Los mayores beneficiados con el deficiente servicio de salud pública son los hospitales privados, quienes mercantilizan la vida de cualquier postrado a pagos de cantidades millonarias para realizarle una cirugía. Por eso, es obligación de cualquier gobierno ofrecer atención médica eficiente, algo de lo que toda la población carece.

En el 2019, el gobierno de Juan Orlando Hernández pretendió aprobar una Ley Marco para reestructurar la Salud y la Educación orientada a privatizar ambos servicios, esto movilizó de forma unificada ambos sectores. Las enormes movilizaciones de los trabajadores lograron detener las pretensiones neoliberales de JOH, sin embargo, el tema fue olvidado tanto por los anteriores como por el gobierno actual.

Los maestros que dedicaron su vida a la docencia tienen derecho a recibir atención médica de forma digna, el pueblo necesita atención médica en igualdad de condiciones,  por eso urge una Ley Marco que ofrezca un eficiente servicio a la población.

El magisterio debe levantar esta bandera de lucha, no es posible que en la edad de más necesidad médica se le abandone a su mejor suerte. Si es cierto que este gobierno es amigo de los trabajadores y en pro de mejorar la calidad de vida de toda la población, entonces, además de los ocho hospitales por construir debe iniciar a conformar las mesas de diálogo por una Ley Marco en beneficio de todos los hondureños.