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HONDURAS.- La ansiada caída del gobierno

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Por Luis Vallejo

En el mes de octubre han transcurrido varias situaciones que han dado paso a un estado de perplejidad en la mayoría de hondureños: el principal evento fue el término del juicio contra Tony Hernández en la Corte del Distrito Sur de New York, en donde se le declaró culpable de los cuatro cargos señalados: “Conspirar para importar cocaína hacia EEUU, posesión de armas y dispositivos destructivos, conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos y dar falso testimonio a los agentes de la DEA” (El Heraldo, 21 de octubre de 2019). Semanas atrás la bancada nacionalista y liberal y otros partidos minoritarios como la Alianza Patriótica, aprobaron en el Congreso Nacional un bochornoso pacto de inmunidad, que los libera fácilmente de las responsabilidades penales.

La dinámica del gobierno y la Oposición ante el caso Tony

Ante esta situación, las acciones del gobierno y su nefasto gabinete, se han dirigido a la negativa rotunda de la vinculación de Tony Hernández y Juan Orlando Hernández en la narcoactividad. Los nacionalistas salieron el miércoles 9 de octubre a una movilización en defensa de estos dos hermanos embarrados en el narco; y hubo declaraciones de los funcionarios nacionalistas, como el canciller Lisandro Rosales, quien envió una risible misiva al gobierno estadunidense, aclarando que Honduras no es un “narcoestado”. Juan Orlando declaró lo que sigue el 3 de octubre:

"Ahora vean como delincuentes confesos que han cometido los peores crímenes, ex policías depurados, políticos buscando venganza, buscando que les rebajen sus penas dicen y dirán cualquier bajeza, ridiculez para sacarse clavos y obtener, entre otros, beneficios en sus sentencias" (Declaración del 3 de octubre, El Heraldo 9 de octubre de 2019).

Los partidos que conforman la Oposición se concentraron en crear un nuevo espacio de denuncia de las irregularidades de la dictadura nacionalista: de esta forma nació la Coalición de Unidad Opositora, que está representada principalmente por Luis Zelaya del Partido Liberal, Manuel Zelaya de Libre y Salvador Nasrralla como figura independiente. Esta Coalición llama a todos los sectores sociales a sumarse a una convocatoria de protestas desde el lunes 21 de octubre, y señala en un comunicado los siguientes puntos:

“Los que abajo suscribimos, dirigentes políticos de Oposición en Honduras, frente a la insostenible situación política en que vive Honduras (…), a la opinión pública nacional e internacional, en general, y al pueblo hondureño, en particular, comunica lo que sigue:/A partir de esta fecha, llamamos a todos los sectores, políticos, sociales y empresariales del país, a integrarse a esta Coalición de Unidad, contra la dictadura y el rescate de la Patria. Los acercamientos en este sentido, deberán iniciarse de forma inmediata, con todos los sectores y especialmente aquellos que expresen su voluntad de integrarse (…)” (Comunicado de la Coalición de unidad de oposición Fuera Dictadura, Criterio.hn, 19 de octubre de 2019).

Las protestas que se esperaban se realizasen luego de las convocatorias de esta Coalición, no fueron masivas y no expresaron con toda la fuerza posible, el descontento generalizado de la población hondureña. Las convocatorias a movilizaciones decrecieron, y el tema de la salida del gobierno ocupó el lugar en los comunicados y manifiestos aislados. Los liberales representados por Luis Zelaya, se movilizaron el pasado 15 de octubre en la capital, exigiendo la instalación de un “Gobierno de Transición Constitucional”.

Mientras tanto algunos diputados de Libre recolectaron firmas para exigir un juicio político en contra de JOH, vía Congreso Nacional. La propuesta si llegase a concluirse la recolección de firmas, tendría que ser avalada por dos tercios de los diputados totales del Congreso, una realidad difícil de concretarse al estar ligados la mayoría de diputados a las determinaciones del Partido Nacional.

La Plataforma por la defensa de la Salud y la Educación se pronunció el viernes 18 de octubre, dejando claro que la salida de Juan Orlando Hernández del poder es la principal exigencia en estos momentos. En su video, la Plataforma señala a las instituciones nacionales encargadas de impartir justicia, de ser incompetentes en investigar a los narcotraficantes que manejan el gobierno, y demandan a la administración Trump, y a las organizaciones internacionales, “frenar el apoyo político y asistencia técnica y financiera al gobierno inconstitucional” de los nacionalistas (La Tribuna, 18 de octubre de 2019).

El jueves 24 de octubre fue la última convocatoria de la Convergencia Contra el Continuismo, para salir a las calles a manifestaciones en contra del gobierno de los nacionalistas. La convocatoria proponía lo que sigue: “Sumémonos a las calles sin distingos de ideologías o colores políticos, porque esto no es de izquierda o derecha, es asunto de dignidad nacional. Saquemos al narco dictador y su estructura criminal” (Defensores en Línea, 24 de octubre de 2019). En esta dinámica de convocatorias, manifiestos y comunicados, salieron a luz ciertas propuestas como la de una constituyente por parte de Edmundo Orellana, que, si bien reflejan una clara necesidad de cambio en el país, no contrasta con la dinámica de los pocos sectores que han salido a protestar a las calles.

Es necesario replantearnos la lucha en contra de este gobierno, pues el principal obstáculo que se tiene es la persistencia de las instituciones armadas en defender al dictador. Los policías militares rondan la capital defendiendo casa presidencial y el congreso, se ha incrementado el número de efectivos que vigila estas instituciones representativas del poder. Mientras no promovamos la organización en cada colectivo barrial, en colonias, universidades, y colegios –que esté al margen de la dirección burguesa que teme convocar a huelgas generales y a tomas–, no podremos sacar al narco dictador. Sólo de esta forma podremos alcanzar la ansiada caída del gobierno.

Otro pacto de inmunidad en el Congreso

El miércoles 16 de octubre fueron aprobadas dos leyes en el Congreso Nacional que, descaradamente, blinda a los parlamentarios de cualquier responsabilidad penal, civil y administrativa. Es decir, si los diputados de todas las bancadas, se atreviesen –como usualmente lo han venido haciendo–, de otorgar concesiones a capitales internacionales, y vender expresamente el territorio, solo como ejemplo, saldrían bien librados de cualquier responsabilidad penal, pues con esta nueva ley sus acciones como diputados, estarían blindadas de cualquier señalamiento en su contra.

“La función legislativa es inviolable e indelegable, consecuentemente cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la misma no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal, civil y administrativa a los diputados y diputadas que participan en dicho proceso parlamentario sin perjuicio de lo establecido en el artículo 205 numeral tres de la Constitución de la República siendo al pleno del Congreso Nacional el órgano competente que debe valorar cada caso completo y la consecuencia de la infracción” (El Heraldo, 16 de octubre de 2019).

Este tipo de acciones viene a confirmar que la mayoría parlamentaria está confabulada en acciones que contravienen la labor ética del funcionario público. Los diputados nacionalistas, que son mayoría en el congreso, son cómplices –con diputados liberales y de otras bancadas también– de las políticas nefastas del poder ejecutivo, y saben que, blindándose de señalamientos delictivos, podrán hacer de las suyas aprobando deplorables leyes a diestra y siniestra.

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