Pues efectivamente, ante el incumplimiento de los acuerdos de julio, el 12 de octubre, día de la resistencia indígena y campesina, en el marco de la movilización global en defensa de la Madre Tierra, miles de campesinos de las comunidades indígenas, en una acción coordinada, salieron a las carreteras y calles a enfrentar al gobierno mentiroso de Colom. Las acciones consistieron en bloquear el paso de vehículos en las principales carreteras, especialmente en la capital, donde fue interrumpido el tráfico en las principales vías de acceso a la ciudad.

La toma de carreteras

Desde muy temprano en la mañana, los compañeros de las comunidades llegaron a la capital y se tomaron los siguientes puntos: Kilómetro 9 de la ruta al Atlántico, zona 18; Molino de las Flores, Cuesta de Villa Lobos kilómetro 14 de la ruta al Pacífico; Calzada San Juan kilómetro 15 de la Ruta Interamericana; Puente El Caminero de Mixco; Avenida Petapa, frente a la Universidad de San Carlos. En este último punto la acción fue realizada por los grupos de izquierda de la Universidad.

En el interior del país los campesinos también realizaron movilizaciones masivas, en Izabal, Cobán, Jalapa, Chiquimula, Quiché, Coatepeque, Huehuetenango, Retalhuleu, Sololá, Chimaltenango, Suchitepéquez, Alta Verapaz y otros puntos. Los bloqueos se mantuvieron hasta cerca del mediodía, cuando una delegación de los compañeros se dirigió a las oficinas de la presidencia buscando ser recibidos por el presidente.

Agresión y asesinato de un compañero

La jornada de lucha tuvo algunos percances. El más grave fue la agresión sufrida por los compañeros de San Juan Sacatepéquez que bloqueaban el Puente El Caminero en la zona 6 de Mixto. En un confuso incidente, un transeúnte, un infiltrado según otros (Según la edición electrónica de Prensa Libre del día 13 su nombre es Miguel Ángel Arévalo, de 33 años), disparó contra el grupo, matando al joven Gilmer Orlando Boror Zet de 16 años. También resultaron heridos Santos Obdulio Raxón Zet, de16 años y Celso Esteban Castellanos Orellana, de 65, quienes fueron llevados a un hospital. Los tres compañeros provenían de la aldea Lo de Ramos, de San Juan Sacatepéquez. Hasta el momento ni el Ministerio Público ni la policía ha iniciado investigaciones para capturar al culpable de esta criminal agresión.

Aunque la policía se mantuvo a distancia de los sitios donde se realizaron las acciones, sólo vigilando y controlando, no faltaron las agresiones verbales e incidentes contra los compañeros de parte de conductores de vehículos. El racismo y el atraso político de las capas medias saltaron a la vista en los insultos e improperios recibidos por los compañeros. Esto es un síntoma del estancamiento político y la ausencia de las luchas en las ciudades, en especial de la pasividad de los trabajadores urbanos. Los revolucionarios debemos esforzarnos por organizar y movilizar a los sectores oprimidos de las ciudades para elevarlos al nivel de las comunidades campesinas e indígenas.

Las demandas de las comunidades

Han pasado tres meses desde que el gobierno se comprometió a satisfacer las demandas planteadas en las jornadas del 13 y 14 de julio. Sin embargo las autoridades no han cumplido casi nada, revelando su falta de voluntad y en última instancia su toma de posición al lado de los terratenientes y de las empresas que dañan los territorios.

Por ello las exigencias de las comunidades son básicamente las mismas: Reforma agraria integral; cancelar licencias otorgadas a empresas nacionales y extranjeras para la explotación minera; Retirar al menos 11 compañías nacionales y extranjeras que dañan el medio ambiente (Cementos Progreso S.A., Proyecto Marlin de la Empresa Montana, Empresa Maya Níquel S.A., Compañía Guatemalteca de Níquel, empresa italiana ENEL, Minas de Guatemala S.A., empresa Solel Boneh, Proyecto minero Cerro Blanco, empresa Gold Corp, entre otras); cese de la represión contra líderes y comunidades indígenas; el esclarecimiento y castigo a los responsables de los asesinatos de líderes comunitarios; la liberación los compañeros detenidos en San Juan Sacatepéquez y Livingston Izabal (en especial el compañero Ramiro Choc); el retiro de las fuerzas combinadas del ejército y la policía de San Juan Sacatepéquez; que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) investigue los grupos paramilitares y policías privadas de empresas que han participado en desalojos violentos.

Después que los bloqueos fueron levantados al mediodía, los compañeros campesinos se dirigieron a la Casa Presidencial para reclamar conversaciones. Luego que transcurrieron largas horas de diálogo y una breve huelga de hambre, los representantes del gobierno acordaron con la comisión de compañeros otra reunión el jueves 15. Este encuentro se llevó a cabo en la sede del Fondo Nacional de Tierras, y duró alrededor de seis horas. El presidente Colom estuvo presente en las primeras dos horas y luego se retiró y dejó a sus delegados negociando con los compañeros.

Escasos resultados y nuevas promesas en el diálogo del 15

En esta reunión quedó clara la posición de Colom y su gobierno de defender los intereses de las empresas mineras que están deteriorando el medio ambiente de las comunidades. Los puntos centrales fueron evadidos. El presidente accedió a retirar el destacamento militar que protege a la compañía cementera en San Juan Sacatepéquez, pero no retirará a los soldados del municipio. Solicitará a la CICIG que investigue la presencia de grupos armados ilegales en las comunidades y ordenará una investigación de los sucesos de El Estor en que resultó asesinado el maestro Adolfo Ich Chamán. Prometió entregar a las comunidades los resultados de estudios de impacto ambiental de la cementera y una visita de campo en la primera quincena de noviembre.

Pero sobre la demanda de retiro de las once empresas que perjudican a las comunidades fue claro en sostener que eso afectaría la “inversión productiva” y la “generación de empleo”, situándose del lado de las voraces compañías mineras. Sobre la exigencia de libertad para Ramiro Choc y los compañeros detenidos de San Juan Sacatepéquez remitió a la delegación de compañeros al organismo judicial y prometió una reunión con el Ministerio de Gobernación el 21 de octubre. En cuanto la demanda de reforma agraria integral. Colom sólo expreso su compromiso con la inoperante Política de Desarrollo Rural y la ley que le corresponde. El diálogo terminó con el compromiso de una nueva reunión el 10 de noviembre

Preparémonos para nuevas luchas

Está más que demostrado que el gobierno de Álvaro Colom y la UNE sólo han estado dando largas a la solución de las necesidades urgentes de las comunidades campesinas indígenas, y han estado haciendo promesas falsas con tal de calmar la indignación de los compañeros cuando realizan acciones directas por sus reclamos. Ante la negativa de la autoridades de solucionar las principales exigencias del movimiento hay que preparar nuevas luchas.

El ánimo y la combatividad de las comunidades campesinas están en un punto óptimo. Las acciones del 12 refuerzan nuestro punto de vista de que en la coyuntura actual la vanguardia de la lucha contra el capitalismo en Guatemala la llevan las estas comunidades, que se están enfrentando a la voracidad de empresas nacionales y extranjeras que arruinan el medio ambiente y afectan sus territorios. Además los campesinos indígenas están sufriendo el despojo de sus tierras a manos de los terratenientes nacionales y extranjeros que están cultivando palma africana y caña para la producción de biocombustibles, dejando un desierto verde donde no hay producción de alimentos.

Es urgente que a esta lucha campesina contra las empresas capitalistas se unan los trabajadores asalariados del campo y los explotados de las ciudades. Las demandas campesinas se enfilan a fortalecer la pequeña producción agraria, reclamando tierra, financiamiento y acceso al mercado para garantizar una vida próspera al campesinado. Es la voracidad capitalista la que está impidiendo la prosperidad en el campo. Pero para reforzar el carácter anticapitalista de esta lucha, los trabajadores asalariados de las ciudades y el campo deben levantar sus propias demandas y luchas y unirse en un solo frente con los compañeros campesinos.

Ya hemos dado un primer paso importante en la Universidad de San Carlos, con el acuerdo unidad en acción entre los grupos de izquierda, quienes efectuaron el bloqueo de la Avenida Petapa. La solidaridad de los universitarios revolucionarios con la lucha campesina debe hacerse extensiva al todo el estudiantado sancarlista y constituirse un punto de partida para organizar y movilizar a los oprimidos de las ciudades.