Por Leonardo Ixim

 El estructural problema de tenencia de la tierra, donde se mantiene una dinámica acaparadora por parte de grandes terratenientes, para aumentar sus siembras, industrialización y exportación de cultivos como la palma africana, caña de azúcar, banano y otros frutos, por un lado, o para la exploración y extracción de minería por el otro, se vuelve mas agudo.

 Eso ha generado, en lo que va de este gobierno, 20 desalojos de grupos campesinos en su mayoría de origen maya en el norte del país, donde la concentración de la tierra es mayor, pues muchos de estos grupos viven en tierras que fueron arrebatas hace más de un siglo – tras las reformas liberales de 1871 – quedando en algunos casos como colonos dependientes de los terratenientes.

Otras comunidades en otras partes del país padecen persecución por el derecho a la tierra, según Prensa Comunitaria la comunidad Nueva Esperanza, Barberena, Santa Rosa está acusada de usurpación agravada tipo penal que es usado para criminalizar al campesino. Este medio también denuncia que, en El Estor, Izabal, la empresa productora de palma africana Naturaceites amedrenta a campesinos mayas Keqchies de la comunidad Chapin Abajo por medio de hombres armados, esta comunidad esta cercada por las plantaciones de palma.

De igual forma en el municipio de Livingston de ese mismo departamento, según las Notas de Coyuntura de El Observador,  se intentó desalojar a la comunidad Keqchi de Rio Tabernal a orillas del lago de Izabal por orden de una jueza   de ese municipio, en dicho intento de desalojo se iba realizar con 500 policías, pero la jueza la suspendió al no tener transporte para las familias campesinas; en 2019 la comunidad indígena ocupo  la tierra propiedad de la familia Motta Vidauri, que se cree tiene interés de realizar exploraciones minera; las y los campesinos alegan que fueron despojados de esas tierras por esa familia finquera

El gobierno de Semilla por medio de la Comisión Presidencial para Paz y los Derechos Humanos emprendió una mesa de discusión con organizaciones campesinas, pero esto no ha parado la represión y el desalojo. Estos son acompañados de efectivos de la Policía Nacional Civil adscrita al Ministerio de Gobernación; el ministro por su parte aduce que son órdenes de juez, pero estas órdenes son ilegales, además de que se ventila en la justicia penal y no civil, donde los abogados al servicio de los terratenientes logran criminalizar a la clases campesina; pero por el otro ha habido desalojos extrajudiciales por medio de guardias privados de los dueños de las fincas, sin que la policía ni la Procuradora de los Derechos Humanos haga algo.

El Comité de Unidad Campesina (CUC) y el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) que son parte de esa mesa montada por el gobierno, han denunciado esto atropellos y desalojos, amenazando con romper tal mesa, pero las ilusiones en el nuevo gobierno pesan más. Solo el Comité de Desarrollo Campesina (CODECA) que de hecho ya no se autodefinen como organización campesina sino como movimiento sociopolítico lo ha denunciado en una movilización que realizó en julio en la ciudad capital, además de denunciar el alto costo de la vida y los compromisos de Arévalo con sectores empresariales.

Por su parte el Movimiento Autónomo Sindical Guatemalteco (MASG) que aglutina a dos centrales sindicales y a varias federaciones sindicales, que tibiamente han exigido al gobierno y al Ministerio de Trabajo que cumpla con la legislación laboral, en materia de salarios, prestaciones, eliminar la terciarización, así como el control de los precios de la canasta básica, pesa más la ilusión que este gobierno detendrá el abuso patronal, en lugar a organizar a los trabajadores para luchar por sus demandas. En Guatemala el despotismo de la fábrica y la empresa es voraz y cuando se quiere formar sindicatos en la empresa privada son rápidamente destruidos por las patronales.

 En otro orden si bien se puede manejar representaciones en organismos como el Fondo de Tierras que es una instancia paritaria de lo queda de la institucionalidad de la paz para repartir tierras, esta no debe ser comparsa de los intereses terratenientes, sus representantes debe asumir las banderas de lucha de la clase campesina.

Es vital la organización obrera, campesina, comunitaria y popular, creando una frente de unidad de lucha con independencia del actual gobierno y que también denuncie las acciones golpistas del nuevo gobierno.