Por Armando Tezucún

Finalmente, luego de una serie de astutas maniobras, el presidente Bernardo Arévalo logró que el Congreso de la República diera el aval a la ampliación del presupuesto de gastos del Estado que había solicitado desde el mes de mayo. Este logro fue posible gracias a una amplia alianza con numerosos diputados de partidos de derecha, opositores al gobierno. Estos legisladores dieron prioridad a los acuerdos que tienen con los alcaldes y gobernadores de los departamentos y municipios que representan, y a las promesas de ejecución de obras de infraestructura y demás beneficios para la población con las que ganaron las últimas elecciones, dejando a un lado las diferencias de sus partidos con un gobierno que han tildado de “izquierdista”, de promover la “ideología de género” y la “agenda 2030”. Y es que en la ampliación presupuestaria se incluyen millones de quetzales que serán ejecutados por los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES), controlados por diputados, alcaldes y gobernadores departamentales.

El 26 de agosto, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente la ampliación presupuestaria aprobada el 13 del mismo mes mediante el Decreto 16-2024; esta ampliación ascendía a Q 14 mil 451 millones. Los magistrados de la CC, por mayoría, otorgaron un amparo provisional a favor de cinco acciones presentadas para invalidar la decisión del Congreso. El principal argumento era que la Junta Directiva del legislativo actuó de forma ilegal al haber interrumpido la interpelación al ministro de Gobernación para agendar la ampliación. Como consecuencia, la aprobación perdió validez, aunque aún no había sido enviada al ejecutivo para su publicación, pues quedaban algunos trámites pendientes en el seno del Congreso.

Un día después, la alianza gobierno/diputados de oposición logró aprobar una nueva iniciativa de ley que contiene otra ampliación presupuestaria, iniciativa que fue presentada en la Dirección Legislativa a las nueve horas de ese mismo día, y que pasó todo el trámite velozmente. Esta nueva ampliación es por un monto inferior a la invalidada por la CC, Q 14 mil 151 millones 700 mil, unos Q 300 millones menos; pero tuvo la aprobación de un número mayor de diputados, 114 frente a los 110 de la primera ampliación.

Diputados de oposición que no votaron por el nuevo decreto (17-2024), denunciaron que hubo “fraude de ley”, ya que “están disfrazando una acción para burlar la ley y lo que estableció la alta Corte”, evadiendo la decisión de la CC; los diputados amenazaron con presentar acciones ante la CC (La Hora 27/08/20024).

El 29 de agosto, abogados vinculados a las organizaciones de extrema derecha Fundación Contra el Terrorismo y Liga ProPatria, presentaron sendos amparos ante la CC, para frenar la nueva ampliación presupuestaria. Los argumentos son que se dio fraude de ley, violación a principios constitucionales, a la primera decisión de la CC y al procedimiento legislativo. El 3 de septiembre, el diputado del partido Cabal, Bequer Choccoj, presentó otro amparo ante la CC por trato discriminatorio contra la población indígena de Sololá y Totonicapán, pues a los CODEDES de estos departamentos les fueron asignados menos fondos que a los de otros departamentos.

El 4 de septiembre, los magistrados de la CC rechazaron las acciones de amparo que pretendían obstaculizar la entrada en vigencia del decreto legislativo 17-2024, argumentando que las circunstancias expresadas en las acciones no se prevén en el artículo 28 de la Ley de Amparo. Por su parte, el presidente Arévalo publicó ese mismo día el decreto en el diario oficial, luego de que en el Congreso no se presentaron objeciones, con lo que cobró vigencia.

Lo que el gobierno celebra como un triunfo, es motivo de gran desconfianza, pues sabemos de sobra que en el interior del país el gran negocio de políticos y empresarios es precisamente el dinero que reciben del Estado para realización de obras; el robo de fondos públicos se da mediante sobrevaloración de insumos y contratos, contratación de empresas vinculadas a alcaldes y diputados, obras que son abandonadas sin finalizar, y otras muchas triquiñuelas que han usado los corruptos. Y ahora Arévalo y su gobierno han pactado con esas mafias. Hasta se habla del fraccionamiento de la principal bancada de oposición, del expartido de gobierno Vamos, pues de 39 diputados, 14 votaron a favor de la ampliación, 8 en contra y 17 se ausentaron.

Está por verse si perdurará la alianza del gobierno con los diputados de derecha. Corresponde a las organizaciones populares supervisar y fiscalizar el destino que los CODEDES y dependencias del gobierno den a los fondos provenientes de la ampliación, en especial a los sindicatos de las alcaldías y a las organizaciones comunitarias; les exhortamos a que se organicen para evitar la malversación de estos fondos.