Por Armando Tezucún

Los resultados de la primera vuelta electoral cayeron como balde de agua fría sobre los partidos de derecha que representan a las estructuras de corrupción que controlan las instituciones del Estado. Sorpresivamente, el partido de centroizquierda Movimiento Semilla ganó el segundo lugar, obteniendo el derecho de correr en segunda vuelta con el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ganador del primer lugar, el próximo 20 de agosto.

La derecha no se quedó de brazos cruzados, iniciando con una intensa campaña en las redes sociales, en la que revivió el discurso anticomunista de los tiempos de la guerra interna, acusando a Semilla de atentar contra la familia, la propiedad privada, la religión y la integridad de la nación.

Unos días después, inició la batalla legal, en la que inicialmente 15 partidos (23 organizaciones políticas participaron en la contienda electoral) anticiparon que solicitarían al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la revisión de las actas de binomio presidencial por inconsistencias en el recuento de votos, tachaduras, números que no cuadran y otras anomalías. Autoridades del TSE señalaron que la Ley Electoral no contempla la figura de recuento de votos, aunque en las elecciones de 2019 se dio un proceso semejante. En todo caso, durante la audiencia de revisión que se llevó a cabo en los cinco días siguientes a la elección, que es lo que estipula la ley, no se ratificó ninguna de las impugnaciones, debido a que los fiscales de los partidos abandonaron la audiencia, asegurando que la Junta Electoral Departamental de Guatemala no tomó en cuenta la petición formulada por el bloque de partidos (Prensa Libre 29/06/2023).

El 30 de junio, los partidos Cambio, Mi Familia, Valor, Podemos, Vamos, Creo, UNE, Cabal y Azul, presentaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un amparo contra el TSE, para que se efectuaran nuevas audiencias de revisión de votos de las Juntas Electorales Departamentales y Distritales. En un inicio, el partido Creo se proponía impugnar las elecciones a la alcaldía de la capital, pero al sumarse los demás partidos, la acción legal se hizo extensiva a los resultados de la elección de presidencia, diputaciones y alcaldes en todo el país. Según estos partidos, hay más de mil actas alteradas o con inconsistencias, que representan un 0.82% del total de actas procesadas.

La CC toma una decisión polémica

El 1 de julio, los magistrados de la CC otorgaron un amparo provisional a los nueve partidos inconformes, ordenando que se repitan las audiencias de revisión de votos en las Juntas Electorales Departamentales de Guatemala y en la del Distrito Central, en un plazo no mayor de cinco días; ordenó también que en estas audiencias los fiscales de los partidos podrán hacer valer las objeciones o impugnaciones que estimen pertinentes; también deberán analizarse las actas que han sido cuestionadas a nivel nacional y en el Distrito Central, cotejándolas para verificar que cumplieron los requisitos legales, quedando abierta la posibilidad de un nuevo conteo de votos si “deviniera necesario”; mientras se dilucidan estas situaciones, ordena al TSE suspender la calificación y oficialización de los resultados electorales, de modo que “…para la fecha prevista para la segunda vuelta para elección presidencial, todo haya quedado debidamente depurado” (Prensa Libre 01/07/2023); finalmente, la CC remitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “por razón de competencia” la interposición del recurso, para que se constituya en tribunal de amparo, reconociendo implícitamente que no tiene competencia en el tema, y, por tanto, su resolución es ilegal. Es necesario señalar que las audiencias de revisión se plantean en un plazo que está fuera de lo previsto en la Ley Electoral, en consecuencia, las acciones de los partidos de derecha y la CC se sitúan en la ilegalidad.

Los magistrados de la CC y de la CSJ fueron nombrados por las estructuras de corruptos, así que era de esperar que se prestaran a hacer parte de las maniobras ilegítimas para empantanar el proceso electoral y buscar por cualquier medio revertir los resultados de la elección presidencial, de diputados y alcaldes. Las artimañas legales de la derecha constituyen un total irrespeto a la voluntad de la población, que votó en contra del podrido sistema político y los políticos corruptos que pretenden instaurar un régimen autoritario.

El TSE obedece a la CC

El 2 de julio el Tribunal Supremo Electoral emitió una resolución en la que anunció que acata el fallo de la CC, suspendiendo la oficialización de los resultados de la primera vuelta electoral. El TSE ordenó a las Juntas Departamentales y la Junta Electoral del Distrito Central que, en un período de cinco días, se organicen y lleven a cabo las audiencias de escrutinios, “guardando rigurosamente las formas y requisitos que la ley especial de la materia les impone” (Prensa Libre 02/07/2023).

Las juntas se hicieron presentes en el Parque de la Industria, donde está resguardado el material electoral, y trabajaron los días 4, 5 y 6 de julio, cotejando las actas en presencia de los fiscales de los diferentes partidos. El resultado de la revisión de actas no arrojó ningún cambio significativo en el resultado de las votaciones, las variaciones fueron mínimas, confirmando que la UNE y Semilla irán a segunda vuelta; por ejemplo, en la Junta Electoral del Distrito Central la variación de la elección presidencial fue de un 0.4%, y la de la alcaldía capitalina varió en un 0.3%. El 6 de julio, con un 83% de las audiencias concluidas, representantes del TSE anunciaron que no hay cambios en los resultados de la elección del 25 de junio, ni en diputaciones, ni en alcaldías, ni en la elección presidencial.

La derecha busca retrasar la segunda vuelta

Inconformes con el resultado del cotejo de actas, los partidos Cambio, Vamos, Valor y Podemos, insistieron en que se debe proceder a un nuevo conteo de votos, interpretando la resolución de la CC como que ésta así lo ordena. Los miembros de las juntas y representantes de otros partidos consideraron que el recuento de votos no está contemplado en la Ley Electoral, que esa fase ya concluyó y que la CC no tiene facultad para cambiar la ley.

El 7 de julio la CSJ aceptó un recurso presentado por los partidos Cambio, Valor, Creo, Todos y Cabal, que, como dijimos pretenden que las Juntas Electorales cuenten de nuevo voto por voto. En ese sentido, la CSJ ordenó al TSE suspender la oficialización de los resultados electorales del 25 de junio, dándole un plazo de 12 horas para presentar un informe sobre el cumplimiento por parte de las Juntas Electorales, de lo ordenado por la CC el 1 de julio. Al 9 de julio, solo 10 de las juntas habían entregado al TSE el total de los documentos, y los magistrados electorales aún debían resolver más de 100 recursos de nulidad. No obstante, el día 8 el TSE trasladó a la CSJ el informe circunstanciado solicitado.

Las cámaras empresariales respaldan la intervención de la CC

Si bien los partidos de la derecha buscan desesperadamente cómo empantanar el proceso electoral y alterar sus primeros resultados, las cámaras empresariales de la burguesía han tomado una postura más moderada, pero aceptando la decisión tomada por la Corte de Constitucionalidad.

La coordinadora de cámaras empresariales, CACIF, emitió un comunicado el 1 de julio, exhortando a que “…se resuelvan debidamente los procedimientos pendientes, apegándose estrictamente a los que establece nuestro ordenamiento legal” (La Hora 01/07/2023). La Cámara de Industria de Guatemala pidió respetar la decisión de los votantes y la defensa del Estado de Derecho, aunque avaló la intervención de la CC en el proceso. De igual manera, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, también abogó por el respeto del orden constitucional y el Estado de Derecho, enfatizando que se debe mantener la fecha del 20 de agosto para la segunda vuelta. La Cámara de Comercio Guatemalteco Americana solicitó el respeto al sufragio de los guatemaltecos, urgiendo al TSE a dar cumplimiento a la orden de la CC. Las Cámaras del Agro y de la Construcción se pronunciaron en el mismo sentido.

Defendamos el voto popular contra el régimen corrupto y dictatorial

Los partidos políticos de los empresarios, políticos, militares y estructuras del crimen organizado, están haciendo lo imposible por descalificar los resultados de la primera vuelta electoral, mediante maniobras ilegales. El resultado podría ser el retraso de la segunda vuelta, o peor aún, la anulación de la primera; los magistrados aliados de los grupos de poder, tanto en la CC como en la CSJ, aún pueden sorprendernos con más decisiones ilegales.

La respuesta popular ante la situación avanza con lentitud. Empezó con pequeños plantones ante los edificios de las instituciones estatales. Las autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán se pronunciaron enérgicamente anunciando movilizaciones y presentando un memorial ante el TSE exigiendo el respeto de los resultados electorales.

El sábado 8 de julio una nutrida marcha de estudiantes de la USAC y la Universidad Rafael Landívar protestó contra las acciones legales de la derecha para invalidar los resultados de la primera vuelta. Este es el camino a seguir; llamamos a las organizaciones estudiantiles a continuar con las protestas en las calles, incorporando a las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares. Debemos iniciar la formación de una coordinadora por la defensa del voto popular, que frene decididamente en las calles las pretensiones de la extrema derecha.