Por Armando Tezucún

El partido de gobierno, VAMOS, y sus aliados, avanzan en los preparativos para las elecciones generales del próximo año. El paso mas reciente ha sido las modificaciones al reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP), decididas por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Tomando como base la experiencia de los comicios de 2019, los responsables del organismo electoral decidieron que algunos artículos de la ley se prestaban a “excesos”.

El 25 de noviembre fueron publicados en el diario oficial los cambios a los siguientes reglamentos: el de la LEEP, el reglamento del voto en el extranjero, el reglamento de control y fiscalización de las finanzas de las organizaciones políticas, y el reglamento de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión. Fueron modificados 75 artículos y suprimidos otros 10; algunas de estas reformas despiertan sospechas sobre las motivaciones que las impulsaron y a qué actores benefician. El TSE de por sí está siendo cuestionado por el anuncio de procesos de compra poco transparentes, en cuanto a la adquisición de equipo informático y de otra naturaleza, a utilizarse en el próximo proceso electoral.

Uno de los aspectos más sensibles es el del financiamiento de los partidos políticos, pues los empresarios, el crimen organizado y el narco inundan de dinero a los candidatos a cargos públicos para que les correspondan beneficiando sus intereses, una vez los aspirantes ganadores asuman sus funciones. Las reformas a la LEEP en 2016 se orientaron a regular este aspecto, dejando bajo el control del TSE el gasto de propaganda en los medios de comunicación y otros aspectos clave. Varios partidos políticos han sido cancelados por no haber reportado la recepción de fondos por parte de financistas privados, o por no haber respaldado sus gastos de campaña con documentos, como es el caso de Unión del Cambio Nacional; estos casos se remontan a las elecciones de 2015.

Las recientes reformas parecen revertir algunos de los controles sobre el financiamiento, relajando normas y requisitos. En especial es alarmante que fueron eliminadas de la lista de exclusión para ser financistas las personas individuales o jurídicas que hayan sido sentenciadas por cargos contra la administración pública, lavado de dinero o sujetas a procesos de extinción de dominio; es decir, se abre la puerta a corruptos y criminales para que puedan entregar dinero a los partidos que en un futuro gobernarán para sus intereses. Otra reforma eleva la cantidad de aporte a partir de la cual los financistas deben presentar una declaración jurada explicando el origen de los fondos; se pasó de Q 30 mil a Q 50 mil. Se incrementó también el monto de aportes a partir del cual los financistas deberán habilitar libros contables ante el TSE, siendo ahora de Q 5 mil en adelante.

En cuanto a la utilización de medios de comunicación y redes sociales para la propaganda política, se modificó el plazo de prohibición de la publicación de estudios de opinión y encuestas previo al día de las elecciones, pasando de 15 días a 36 horas. A pesar del control que ahora ejerce el TSE sobre el gasto de publicidad en los medios que pautarán propaganda, como radio, televisión, prensa y medios digitales, se definió la categoría de “medios alternativos”, que los partidos podrán contratar con libertad, como vallas publicitarias, muppis, etc.; esto da pauta a que influencers o forjadores de opinión en las redes sociales puedan libremente difundir propaganda sin la injerencia del TSE.

Por otro lado, los cambios al reglamento de la LEEP ablandan los requisitos para inscripción de candidatos, en especial en cuanto a que ahora no será necesario presentar declaración jurada de que el aspirante a candidato no ha sido proveedor o contratista del Estado ni ha recibido fondos del Estado en los últimos cuatro años, y se compromete a no convertirse en contratista del Estado luego de su inscripción ni durante el ejercicio de su cargo, en caso de ganar la elección. La eliminación de estos requisitos abre las puertas a que funcionarios que son empresarios hagan jugosos negocios con el presupuesto estatal. De igual manera, en adelante ya no será impedimento para la inscripción de candidatos que la persona sea sujeto de un proceso judicial, la única objeción será que tenga sentencia condenatoria.

Ha otros aspectos cuestionables en las reformas; los partidos políticos tenían hasta el 7 de diciembre para presentar sus objeciones, pero ninguno las presentó. Llamamos a las organizaciones populares a estar alertas, pues los cambios a los reglamentos de la LEEP abren las puertas a la participación de personajes corruptos y de dudosa trayectoria en los próximos comicios.