Por Ricardo Patzán

Los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania ya se empiezan a sentir en Guatemala. El más grave es el incremento en el precio de los combustibles, con un rango del 30% para los diferentes tipos de gasolinas y del 47% para el diésel en la primera semana de marzo, con precios de Q 37.99 la gasolina superior, Q 37.39 la gasolina regular y Q 36.06 el diésel. En el transcurso del mes los precios han fluctuado continuamente, llegando el diésel a costar hasta Q 41.59 el galón, para luego bajar a Q 37.60. Esta fuerte alza tendrá un efecto general en los precios en el mediano plazo, afectando sensiblemente a la población trabajadora.

Otros precios de artículos básicos ya se vieron afectados, en especial el del pan de consumo popular, pues el quintal de harina suave y dura ahora cuesta entre un 20% y 23% más que a inicios de febrero. De esta manera, el precio de la unidad de pan popular pasó de Q 0.25 a Q 0.50. Los análisis indican que hay un aumento de la demanda global de harina, a la vez que en febrero se reportó una disminución de la producción de trigo en varios países. Otro factor que influye es el transporte internacional, ya que en 2021 un barco granelero costaba US$ 10 mil al día, y ahora llega hasta los US$ 40 mil diarios. Todos esto hace que la harina de trigo esté experimentando un ajuste de alrededor del 40% a nivel mundial.

Entre septiembre y febrero otros productos experimentaron alzas en los precios, como granos básicos, verduras, carnes y abarrotes. El quintal de frijol subió un 12%, el de arroz un 9.5%, y el de maíz un 2.9%. El aceite comestible aumentó entre 9.4% y 17.3%, dependiendo de las diversas variedades. El azúcar se incrementó en un 22%. La libra de carne de res en canal pasó de Q 16 a Q 18 y el quintal de papa pasó de Q 135 a Q 235.

Según expertos, la inflación se debe a la política monetaria expansiva adoptada por las autoridades en materia económica, el préstamo que el Banco de Guatemala (la banca estatal) concedió a gobierno por la emergencia del Covid y la baja en la tasa líder de interés adoptada para enfrentar la crisis económica causada por la pandemia. A esto se está sumando los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania.

El gobierno de Alejandro Giammattei ha puesto sus barbas en remojo, tomando medidas para paliar la escalada de los precios. El 5 de marzo el mandatario anunció que aumentará la cobertura del subsidio a usuarios de la energía eléctrica que consumen hasta un máximo de 100 kilovatios, ampliando en 120 mil hogares los beneficiarios de la medida; con anterioridad, el consumo para tener el beneficio era de 88 kilovatios.

El 8 de marzo, a instancias del gobierno, el Congreso de la República aprobó de urgencia nacional un nuevo subsidio al gas propano, por medio de una reforma a la Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Gas Propano. Esta ley otorgó un subsidio a los cilindros de 10, 20, 25 y 35 libras, y estuvo vigente entre noviembre del año pasado y febrero del presente. La reforma aprobó un nuevo subsidio, vigente por tres meses a partir del 1 de abril, financiado por una ampliación presupuestaria de Q 100 millones.

Nuevamente a petición del ejecutivo, el 15 de marzo los diputados del legislativo aprobaron un subsidio de Q 5 al galón de diésel y uno de Q 2.5 al de gasolina regular. La medida tendrá vigencia por dos meses y será financiada con una ampliación al presupuesto del Estado por Q 745 millones. La Ley de Subsidio al Diésel y la Gasolina Regular fue publicada el 22 de marzo en el diario oficial, pero el beneficio aún no se hace efectivo porque hace falta la elaboración de su reglamento, que se espera esté listo en los primeros días de abril. 

Las medidas de emergencia tomadas por el gobierno obviamente no harán que bajen los precios de los alimentos que ya han experimentado alzas, solamente frenarán temporalmente nuevos incrementos. Un factor clave es el incremento del precio del transporte, tanto de carga como el colectivo de personas; el primero porque afecta los costos de todos los productos, y el segundo porque incide directamente en los bolsillos de los trabajadores, que ya están pagando cantidades excepcionales para llegar a sus centros de trabajo. El lunes 28 los pilotos y empresarios del transporte urbano entraron en paro indefinido en protesta por el aumento del combustible.

Para afrontar la grave crisis, proponemos la nacionalización de la importación y comercialización de los combustibles, bajo el control y supervisión de los sindicatos y organizaciones populares. Los impuestos a los hidrocarburos deben ser eliminados, y su aporte al presupuesto estatal reemplazado por impuestos directos a las ganancias de las transnacionales, bancos y grandes corporaciones empresariales. Estas medidas deben ser complementadas por un alza general de salarios, para que las y los trabajadores podamos enfrentar la inflación.