Por Úrsula Coj

Ante los aumentos de casos de contagio por el virus del COVID-19 ocurridos en el marco de las vacaciones de semana santa, el gobierno de Alejandro Giammatei el pasado 15 de abril, impuso un nuevo estado de prevención por treinta días en todo el país, generando oposición de varios sectores sociales.

Estas medidas, caracterizadas por reactivas, muestran la negligencia del actual gobierno para atender la pandemia, en medio de un proceso lento de vacunación, y esconde su verdadera motivación, que es restringir las libertades democráticas, evitando protestas como las ocurridas a finales de noviembre del año pasado, ante el cada vez mayor descontento contra este gobierno.

Lo cierto es que la responsabilidad directa del aumento de casos -lo cual algunos consideran una tercera ola, siendo la primera a mitad del año pasado- es directamente de la gestión de Giammatei y de las autoridades a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Esto porque previo a las vacaciones de semana santa se generó toda una campaña promovida por los grandes grupos empresariales para asistir a sitios vacacionales y ante eso, el gobierno se limitó a decir, ridículamente a que iba a controlar los aforos en estos sitios a no más de cien personas en cada playa.

Así, previo a la semana santa, los hospitales del sistema público se fueron llenando, ocupando totalmente los espacios para atender coronavirus y usando otros destinados a distintas afecciones. La instancia civil Laboratorios de Datos menciona que la ocupación, sobre todo en casos graves, ha crecido en 74.70% al 15 de abril, mientras que en caso moderados se sitúa en 36.50 % y en casos leves ha bajado en 6.60%. Es decir, según estos datos, 394 camas están ocupadas en casos moderados y 364 en casos graves; siendo los hospitales con más ocupación el temporal del Parque de la Industria, situado en la Ciudad de Guatemala y el temporal de la ciudad de Quetzaltenango.

La situación se ha agravado al grado que ha generado en los últimos días, mas de 1500 casos diarios, subiendo exponencialmente desde marzo para abril, registrándose casi 30 muertes diarias y una capacidad de generación de testeos que ha aumentado considerablemente, realizándose mas de seis mil pruebas diarias.

El proceso de vacunación va lento, con retrasos en el mecanismo COVAX y anuncios de la compra de ocho millones de unidades de la vacuna Sputnik; la ministra de salud Amelia Flores anunció la semana pasada que la empresa rusa fabricante iba mandar en esa semana el cronograma de entregas, arribando el primer envío en la última semana de abril. En ese sentido, la fase dos donde son vacunados varios segmentos de la población, entre ellos los mayores de sesenta años no ha iniciado, pese a que esta comenzaría según las autoridades del MSPAS, a mediados de abril.

Es en ese marco que anunció el gobierno la restricción a las libertades y nuevas limitaciones de aforos y de horarios, las cuales tampoco son capaces de reducir el nivel de contagio y solo afectan desigualmente a distintos sectores. Los sectores que manifestaron su rechazo, realizando protestas en contra de las medidas, fueron los dueños y trabajadores de los restaurantes aglutinados en las Gremial de Restaurantes de la Cámara de Comercio y propietarios de locales en los mercados sobre todo del centro de la capital. Según los primeros, sufrieron perdidas por Q100 millones, debido a la menor afluencia a sus negocios.

A estas medidas, el vicepresidente Guillermo Castillo, que desde finales del año pasado muestra diferencias con Giammatei y otros miembros del gabinete, manifestó su rechazo, mostrándose amigable a los sectores empresariales que se opusieron a estas medidas. De igual manera el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas manifestó “que las medidas no buscan garantizar la salud de la población, más pareciera que están preocupados por el creciente malestar social, blindándose de las manifestaciones” (Prensa Libre, 17 de abril).

Esto, como mencionamos, es el fondo de estas medidas. Por tanto, consideramos el hecho real de aumento de casos se debe a la negligencia gubernamental y la voracidad empresarial. Lo cual implicaría que, si bien se debe reducir los aforos en lugares donde se concentra la población, como mercados, centros comerciales o súper mercados, no se aplique desigualmente Además que las empresas que necesitan presencia como las industrias, hagan turnos alternos sin reducción de salarios.

Hacemos un llamado a los sindicatos y a las organizaciones populares a la defensa de los puestos de trabajo y si bien los comercios pequeños son los mas afectados por estas medidas, los dueños no deben descargar sus pérdidas sobre sus trabajadores con despidos. Por eso consideramos vital exigir renta básica universal para toda la población.