Por Ricardo Patzán

El Centro de Aprendizaje de Lenguas de la Universidad de San Carlos, CALUSAC, está atravesando una grave situación. Fundado en 1975 como un programa cofinanciable, es decir que cuenta con fondos en el presupuesto de la USAC, pero cobra a sus alumnos por sus servicios, CALUSAC es el centro de idiomas más importante de la región; ha llegado a tener hasta 90 mil estudiantes al año, generando anualmente entre Q 16 y 20 millones, de los cuales traslada el 10% a los fondos generales de la universidad.

Sin embargo, en los últimos 14 años el equipo administrativo a cargo incurrió en malas prácticas, algunas bajo sospechas de corrupción, que dejaron a CALUSAC en números rojos, afectando no solo a los estudiantes, sino también a sus trabajadores. En el año 2017 la universidad decidió otorgar un incremento salarial del 8.33% a todos sus empleados; pero las y los trabajadores de CALUSAC, docentes en su mayoría, no fueron incluidos, aduciéndose que no había fondos. Los trabajadores iniciaron una investigación para averiguar qué pasaba con los recursos, y se descubrió que estaban siendo despilfarrados en compras anómalas de libros de textos, elevados contratos irregulares y otras anomalías; se descubrió, por ejemplo, el hecho inaudito que CALUSAC estaba pagando a la misma universidad el alquiler por el uso de aulas del edificio S-12, al inicio Q 60 mil y de último Q 170 mil anuales. 

Los compañeros y compañeras trabajadores acudieron al Consejo Superior Universitario (CSU) en busca de una solución, creándose una Comisión de Estudio Integral para resolver el problema, comisión que no incluyó a representantes de los trabajadores, sino hasta el final de su estudio el año pasado, ya cuando las decisiones habían sido tomadas. Para este momento se había formado una Comité Ad-hoc para la formación de un sindicato de trabajadores de CALUSAC.

La resolución de esta Comisión Integral no tomó en cuenta todos los ingresos reales que recibe CALUSAC, pues ni la tesorera ni la encargada de control académico del centro dieron datos fiables a la comisión, no se tomó en cuenta los ingresos que generan los Centros Regionales para CALUSAC, ni los ingresos generados por los exámenes de ubicación, que solo en enero de este año significaron más de medio millón de quetzales.

La solución de la Comisión Integral fue aumentar el costo de los cursos hasta en un 200% y establecer un cupo mínimo de 50 alumnos para que se pueda impartir un curso. Esto último significará la desaparición de los cursos de idiomas que no son inglés, pues los estudiantes no podrían estudiar dos idiomas, dando prioridad al inglés, además otros idiomas que no tienen tanta demanda no llegarían al cupo mínimo.

Al finalizar el trabajo de la Comisión Integral se conformó una Comisión Normalizadora, que es la que ahora toma todas las decisiones sin tomar en cuenta a los trabajadores, y que tomó otras medidas que les afectan directamente. El grupo de profesores de mayor antigüedad firma contratos cada seis meses; a los tienen menos de diez años los hacen firmar contratos cada dos meses, que es el tiempo de duración de los cursos. Este año la nueva comisión decidió que no había fondos para pagar la Semana Santa a los docentes, por lo que el contrato no cubrió los dos meses cabales. Además, no se les paga los meses de vacaciones de noviembre y diciembre ni el mes de enero, pues las clases inician en febrero.

Las compañeras y compañeros del sindicato en formación están claros de que la Comisión Normalizadora miente al afirmar que no hay fondos. En el primer bimestre de 2021 CALUSAC recaudó Q 5,659,281, quitando el 10% que se entrega a la USAC; eso alcanza para cubrir los gastos del primer cuatrimestre. Sus demandas son: la suspensión inmediata del aumento a las cuotas y cupos de los cursos; el pago de los contratos pendientes del primer bimestre a los docentes; exonerar al CALUSAC del aporte del 10% a la USAC durante dos años para poder recapitalizarse; que el CSU y la Comisión Normalizadora resuelvan el pliego petitorio presentado en 2020; la remoción inmediata de sus puestos de las encargadas de tesorería, control académico y divulgación y que se deduzcan sus responsabilidades por malas decisiones financieras evidenciadas en los estudios de auditoría; y el traslado de los docentes al presupuesto ordinario, con plazas fijas bajo el renglón 011.

Pensamos que esta última es una demanda central, para garantizar la estabilidad laboral, el derecho a prestaciones, jubilación, etc. no solamente para los compañeros de CALUSAC, sino para un sinnúmero de profesores y trabajadores por contratos temporales. Esta demanda es vital para unificar las luchas de las organizaciones sindicales de la USAC, que como institución debería ser la primera en garantizar los derechos laborales de sus trabajadores.