Por Armando Tezucún

El actual ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, fue asignado al cargo por el presidente Jimmy Morales a finales de enero de 2018. Degenhart, un oscuro y desconocido personaje, fue nombrado como parte de una alianza entre Morales y el ahora fallecido ex alcalde metropolitano Álvaro Arzú Irigoyen. Al ser objeto de acusaciones de corrupción por parte de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Arzú pactó con el ejecutivo el nombramiento de una serie de funcionarios para blindarse y echar a andar una feroz campaña contra la CICIG, que culminó con la expulsión del comisionado Iván Velásquez y el cese del acuerdo que dio vida a dicha comisión, dando pie a su disolución. El control del Ministerio de Gobernación (Minigob) fue un importante logro de este acuerdo entre corruptos.

Degenhart ha estado vinculado al sector industrial y textilero; fue contratado como asesor en la Municipalidad capitalina y en el Registro de la Propiedad durante 2017. Ha sido consultor en temas migratorios, y de 2010 a 2012, durante el gobierno de Álvaro Colom, fue interventor de la Dirección General de Migración. En este período fue asesinado Juan Fidel Pacheco Coc, sindicalista y jefe de la oficina de pasaportes de Migración, luego que presentara denuncias ante la Procuraduría de Derechos Humanos contra el interventor Degenhart por irregularidades.

El recién instalado ministro inició su trabajo retirando a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que estaban asignados para brindar apoyo a la CICIG. En un par de meses destituyó a la plana mayor de la PNC, que venía formándose técnicamente desde una década atrás, y había trabajado hombro con hombro con el anterior ministro en las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público y la CICIG. Muchos de los funcionarios policiales destituidos denunciaron que fueron víctimas de acoso y hostigamiento. El resultado es una PNC debilitada por el ascenso de agentes sin preparación y sin el procedimiento normado por la institución. Y un Ministerio de Gobernación que jugó un papel clave en la campaña contra la CICIG.

Las continuas irregularidades y actuaciones cuestionables de Degenhart en contubernio con su jefe Morales y los actores retrógrados situados detrás del gobierno ahora se han vuelto contra él. En el contexto de continuos conflictos entre las instancias del Estado, la Fiscal General Consuelo Porras ha pedido la destitución de Degenhart por incumplir una orden de la Corte de Constitucionalidad.

El 20 de junio el gobierno dio por disuelta la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia. Esta comisión depende financieramente del Minigob, y fue conformada en 1997, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, con la participación del sector público, sociedad civil y abogados, con el fin de planificar la aplicación de leyes, dar dictámenes técnicos sobre reformas legales y evaluar acciones en el sector justicia. En julio el procurador de los Derechos Humanos presentó un amparo como resultado del cual la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al ministro Degenhart que firmara el convenio para restituir los fondos por Q 5,7 millones para que la comisión vuelva a funcionar. En vez de consensuar el convenio con la comisión, el ministro envió un nuevo convenio ya firmado en el que el Minigob asume el control de las contrataciones de personal e impone otras condiciones.

Pero resulta que la comisión es presidida por la Fiscal Porras, quien nada contenta, ha pedido la cabeza de Degenhart y su viceministro Axel Romero. La solicitud de la jefa del MP se encuentra en la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscal General es también pieza clave entre los aliados de la administración Morales, pero en este caso ha decidido defender con las uñas sus intereses, al entrometerse Degenhart en su territorio. Éste se volvió a meter en problemas cuando el 21 de noviembre llegó envuelto en el misterio el primer migrante (hondureño) enviado por Estados Unidos bajo el Acuerdo de Tercer País Seguro. La puesta en marcha del acuerdo de nuevo contraviene una disposición de la CC, que determinó que debía ser aprobado por el Congreso de la República.

El escenario al que asistimos es uno de conflictos entre las instituciones del Estado burgués, un gobierno que desconoce el papel de la CC y un esfuerzo de los sectores más retrógrados por hacer retroceder al país el estado de cosas anterior a la firma de los Acuerdos de Paz. A pesar de que el presidente electo Giammattei ha tratado de diferenciarse del gobierno de Morales, su gabinete estará controlado de nuevo por exmilitares y empresarios. Las fuerzas populares debemos estar preparados para enfrentar las medidas represivas y ultraconservadores del próximo gobierno.