Por Leonardo Ixim

Nuevamente el Estado de Guatemala muestra su carácter racista, esta vez con otro intento de reglamentar por medio de una ley la Consulta a Pueblos Indígenas del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este intento no es nuevo, pero esta vez se realizó una convocatoria con poca promoción con el fin de hacer la pantomima de que se está consultando, tomando como base una propuesta de ley del Congreso de la República para tal fin.

Recordemos que Guatemala es suscriptor de ese convenio que regula una serie de aspectos en torno a temáticas sobre discriminación a pueblos indígenas en centros laborales. Sin embargo, el aspecto más relevante es sobre la obligación de los Estados a consultarlos cuando se busque implementar medidas administrativas, legislativas y proyectos en los territorios donde habitan. En el Convenio mencionado y en otros instrumentos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se señala que estas consultas se deben hacer con las organizaciones representativas de las comunidades y pueblos. Por otro lado, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se refiere al derecho a la autodeterminación de todos los pueblos para disponer del disfrute de sus riquezas y recursos naturales sobre los intereses privados.

Por el hecho de haber sido ratificado por el Congreso, el convenio no necesita una legislación para desarrollar los derechos de los pueblos; pero una serie de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, la mayoría de las cuales pretende equilibrar los intereses comunitarios con los empresariales, sirve de jurisprudencia para aplicar este derecho.

Esto ha sido así porque en torno a proyectos extractivistas y de apropiación de recursos naturales por parte tanto de capital nacional como trasnacional, los intereses empresariales están en disputa con los verdaderos derechos  de las comunidades a la vida y  a la autodeterminación, equiparando  falsamente esos intereses con los derechos humanos al disfrute de sus territorios.

Estas disputas, que han generado la resistencia y oposición organizada de diversas comunidades,  tanto indígenas como mestizas contra lo que es uno de los elementos principales del modelo neo-colonial vigente, ha causado en algunos casos que los organismos de justicia obliguen al Estado a realizar  consultas  y en otros menores, la suspensión de los proyectos extractivistas.

Esto ha pasado porque el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el de Energía y Minas, otorgan licencias para operar en base a estudios de impacto ambiental truculentos elaborados por amigos de las empresas y sin realizar ningún tipo de consulta tanto la estipulada por el Convenio 169 de la OIT como la que estipula el Código Municipal a los vecinos de los municipios.

Este no es el primer intento de reglamentar la ley. En 2011 el gobierno de Álvaro Colon quiso hacerlo, pero fue detenido por un amparo a favor del Consejo de Pueblos de Occidente (CPO). Más recientemente la ex ministra de trabajo Leticia Teleguario, del actual gobierno, buscó realizar una guía para la consulta ejecutando una serie de reuniones donde a la mayoría de los participantes se les escondió el motivo.

Además, existen dos proyectos de ley, uno es el que se usó para esta última reunión promovido por los diputados Oliverio García Rodas (independiente), Oscar Chinchilla del partido CREO y Gabriel Herrera del partido UNE quien preside la Comisión de Trabajo del Congreso, promotora de la actividad, el cual es una pieza de ley que atenta contra la organización autónoma de los Pueblos Indígenas (Prensa Comunitaria 25-10-19). Por otro lado, existe otra pieza, elaborada por Amílcar Pop del partido WINAQ que también fue cuestionada por las autoridades indígenas por no consultarles, pero que establece mecanismos más democráticos

La actual convocatoria se realizó el 22 de octubre. Allí los representantes indígenas mostraron su molestia por la presencia de representantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras por considerar que la consulta con pueblos indígenas es directamente entre estos y el Estado sin la presencia de las cámaras patronales.

Los intereses de los pueblos indígenas como parte de la clase trabajadora son opuestos a los intereses de la burguesía, por tal razón nos sumamos al planteamiento de las autoridades del Pueblo Xinca o del CPO a no ser parte de esta burla contra los Pueblos Indígenas Así también llamamos a estas organizaciones y a otras, así como a las comunidades que luchan en defensa de su territorio a realizar movilizaciones para parar este nuevo intento de pasar por alto el derecho a la autodeterminación de los pueblos.