Por Armando Tezucún

La oligarquía guatemalteca se ha distinguido por ser vengativa en extremo. No se ha contentado con vedar la entrada al país al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez y a sus funcionarios extranjeros, ni con cancelar su funcionamiento al no prorrogar su mandato, ni con dictar orden de captura contra la ex Fiscal General Thelma Aldana. Ahora los oligarcas cuyos trapos sucios fueron expuestos por la CICIG, en contubernio con los políticos a su servicio, igualmente acusados, pretenden acusar a la Comisión de haber cometido cuantos delitos se les ocurra.

Con esa finalidad el presidente del Congreso de la República, Álvaro Arzú Escobar el 24 de septiembre empezó a cabildear con los diputados involucrados en casos de corrupción y acusados por la CICIG, sobre la formación de una comisión especial anti-CIGIG. El padre de Arzú Escobar, el fallecido exalcalde capitalino Álvaro Arzú Irigoyen fue también acusado por la CICIG por actos ilícitos durante su prolongada gestión.

El presidente del Congreso dijo claramente: “No podemos dejar que otros escriban la historia, eso lo tenemos que hacer nosotros” (Nómada 30/09/19). Con tantos diputados involucrados en actos ilícitos, no le fue difícil conseguir 82 votos a favor, quienes aprobaron el decreto 12-2019, que crea la comisión específica para investigar las actividades de la CICIG a lo largo de sus 12 años de existencia. El decreto fue publicado en el diario oficial el 27 de septiembre.

Esta comisión quedó conformada por los diputados Aníbal Rojas, Luis Hernández Azmitia, Juan Ramón Lau, Manuel Conde y Luis Pedro Álvarez, involucrados todos en la propuesta de leyes represivas o en acciones cuestionables. El plan era que entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre la comisión recibiera en audiencias públicas  los testimonios de personas agraviadas, afectadas u ofendidas por la CICIG, y el 10 de enero de 2020 presentara su informe final sobre la “verdad” de la CICIG. La comisión establecería si hubo actuaciones del personal nacional e internacional de la CICIG que constituyan delitos; invitaría a los financistas internacionales de la Comisión a compartir información sobre los recursos donados e informes de gastos; y solicitaría a los gobiernos el historial de los funcionarios extranjeros de la CICIG. De ser encontrados hechos ilícitos, se presentaría denuncias ante el Ministerio Público.

Sin embargo, desde el día de su creación, la comisión anti-CICIG fue acusada de ilegalidades, pues los diputados no tienen la facultad de realizar investigaciones criminales, siento esta la prerrogativa del Ministerio Público. Los funcionarios de la CICIG actuaron amparados por un convenio internacional, gozando de inmunidad. Si bien el Congreso tiene la facultad de nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración pública, que planteen problemas de interés nacional, al ser la CICIG un órgano internacional, queda fuera de la jurisdicción del Poder Legislativo. El primer amparo contra la comisión Anti-CICIG fue presentada por Acción Ciudadana ante la Corte de Constitucionalidad (CC) el 25 de septiembre; el abogado Alfonso Carrillo presentó otro amparo por su cuenta, y el Ministerio Público también lo hizo.

A pesar de los amparos interpuestos, la Comisión anti-CIGIG empezó el 3 de octubre a las audiencias con los supuestos agraviados por la CICIG. Los quejosos fueron familiares o abogados de personajes afectados por casos sonados en que fueron acusados por la CICIG, algunos condenados y otros inclusos prófugos con orden de captura.

El 7 de octubre la CC otorgó el amparo provisional que suspendió la vigencia del acuerdo 12-2019, cesando las actividades de la Comisión Anti-CICIG. Sin embargo, los integrantes de la comisión continuaron recibiendo a los denunciantes, y Arzú Escobar logró emitir un nuevo acuerdo, creando una nueva comisión esta vez la “Comisión de la Verdad”, sin el acuerdo del pleno del Congreso. No contento con eso, la Junta Directiva del Congreso presentó el 11 de octubre una querella penal contra los cuatro magistrados de la CC que votaron a favor del amparo que suspendió la Comisión Anti-CICIG, acusándolos de abuso de autoridad, violación a la constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y prevaricato.

En usencia de la CICIG, los conflictos entre los poderes del Estado se han agudizado, acentuando la crisis institucional iniciada por el presidente Morales y el ejecutivo al desacatar las disposiciones de la CC. Ante esta crisis y las amenazas de endurecimiento del régimen se hace cada vez más urgente la unidad de todas las fuerzas populares, aglutinadas alrededor de la defensa de las libertades democráticas y la creación de una Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional.