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GUATEMALA.- Conflictividad, sinónimo de persecución política

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Por Leonardo Ixim

A inicios de octubre sucedieron incidentes, en la Microrregión de Yich K’isis del municipio de San Mateo Ixtatán, en el norte de Huehuetenango, entre los comunitarios que se oponen a la instalación de tres hidroeléctricas y el personal de seguridad de la empresa dueña de estos proyectos.

Desde hace casi 10 años cuando el Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó el uso de bienes públicos, en este caso el caudal de varios ríos de la región para la instalación de estas hidroeléctricas, la conflictividad con los comunitarios de la Microrregión ha sido constante. El 21 de mayo de 2009,  los vecinos de ese municipio en una consulta se posicionaron en contra de la existencia de ese tipo de emprendimiento y otros, que afectarían su territorio.

La empresa llamada Energía y Renovación, Sociedad Anónima (EYRSA), donde importantes corporaciones oligarcas como los Castillo o los Novela tienen inversiones, construye las  hidroeléctricas Pojon I, Pojon II y San Andrés, cada una administrada por una subsidiaria de EYRSA.

El MEM autorizó los proyectos, irrespetando la auto consulta de las comunidades de 2009, elaborada con base a la Declaración de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas; además de no realizar consultas de oficio sobre tales proyectos como exige el Convenio 169 de la Organización de Internacional de Trabajo.

Para que el MEM otorgue licencias o permisos de usos de bienes públicos se necesita primero que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) autorice los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que según el tipo de proyecto deben contar con información de los efectos a los ecosistemas circundantes. Sobre estas hidroeléctricas existen muchas dudas que los EIAs cumplieran con estos riquísimos, siendo una práctica común que las empresas que los elaboran estén conformadas por profesionales que sirven a los intereses de los grandes inversionistas. En el caso de estas hidroeléctricas, es una empresa denominada Aguas y Medio Ambiente, Sociedad Anónima la que los realizó.

La práctica empresarial y gubernamental ante la oposición de las comunidades y sus acciones de protesta -un plantón que se tiene en la entrada de la empresa- en la región, es el amedrentamiento por medio de unidades policiales y militares, asentados en terrenos de la empresa. Pero también la criminalización, la persecución legal, la represión, la cooptación y el desgaste psico-ideológico Desde el 2014 cada vez que los comunitarios realizan alguna acción de denuncia o solidaridad,  sorpresivamente previo o después pasa un hecho de “terrorismo” a bienes de la empresa, buscando la implementación de un estado de sitio o similar.

También la criminalización (campañas de difamación y persecución legal por jueces y fiscales afines) hacia los comunitarios y a organizaciones que los han respaldado, como el Gobierno Plurinacional o la Asamblea Departamental de Huehuetenango entre otras. Otras tácticas son la represión pura, como el asesinato de Sebastián Alonso y recientemente la agresión a otro compañero, a cargo de la empresa de seguridad SERSECO, conformada por ex militares anticomunistas y la persecución a campesinos opuestos por parte del ejército y de ex paramilitares formados durante la guerra interna.

La cooptación, como  la creación de la agrupación 13 Democracia conformada por organizaciones comunitarias afines a la empresa, una empresa denominada Acuerdos y Soluciones, encargada de esto y una ong que hace un trabajo similar llamada FUNTEDEGUA, muestran a la empresa como dialogante para generar consentimiento a su favor

Además, operaciones psico-ideológicas, por ejemplo, en 2016 se inventó un grupo denominado Frente Armado Campesino; ahora, tras los incidentes recientes en que resultó asesinado un trabajador de la empresa, responsabilizando ésta a los comunitarios opuestos, se generó una campaña de difamación en todos los medios presentando un video falso aduciendo la existencia de “grupos armados ilegales”. Con el objeto de crear el enemigo interno del Estado, presentándolos como opuestos al diálogo, violentos – mencionando que tienen en apoyo de los zapatistas- y opuestos al progreso que supuestamente generan estos proyectos.

Recientemente la Cámara de Industria y Comercio promovió un amparo contra el plantón aduciendo que detiene la construcción de la Franja Transversal del Norte, argumentando que las protestas son causantes de conflictividad social, escondiendo el temor de que se suspenda totalmente el proyecto porque el Banco Interamericano de Desarrollo le quite financiamiento, calculando para los empresarios la conveniencia de un Estado de sitio. Sin embargo, esa supuesta conflictividad no es más que la oposición real y legítima a los intereses de los capitalistas y se necesita de la denuncia y la solidaridad a los comunitarios.

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