Por Leonardo Ixim

Dos nuevos antejuicios se han desatado de parte del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), uno en contra del presidente de la república Jimmy Morales y otro contra la actual legisladora por Encuentro por Guatemala Nineth Montenegro, reafirmando el papel de la CICIG como árbitro de las diferencias entre las distintas elites políticas y empresariales y su articulación con la política exterior estadunidense para el denominado Triángulo Norte.

La actual fiscal general del MP Consuelo Porras, fue recientemente nombrada por el presidente Morales como alguien afín a los intereses de la cúpula político-militar que lo rodea. Pero al igual que la exfiscal Thelma Aldana, que se apresta a preparase a la carrera electoral con el apoyo de los gringos, un sector del empresariado y algunos grupos progresistas, Porras pueda buscar distanciarse de sus patrocinadores originales de cara a posicionarse bien en estas disputas.

Después de los intentos de antejuicio a Morales por delitos electorales en su calidad de secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación) el año pasado, que no prosperaron por el contubernio de la mayoría de partidos conservadores en el Congreso y la poca sostenibilidad de protestas que se realizaron en septiembre pasado, la respuesta fue buscar el mejor momento de parte de CICIG y el MP en ese entonces dirigido por Aldana.

A la par de las investigaciones por financiamiento ilícito de estos partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició el pasado 13 de junio el proceso de cancelación por los delitos electorales de 2015. En el proceso se señala a varios empresarios que por medio de una empresa denominada Novaservicios, S.A., a cargo de Rodrigo Arenas del Movimiento Cívico Nacional, entregaron dinero al ahora partido oficial.

El FCN-Nación ha presentado dos amparos a dos tribunales de apelaciones distintos y varias acciones de revocatoria a las decisiones del Registro de Ciudadanos y el TSE, entrampando el proceso de cancelación, lo cual le permite continuar su proceso de asambleas y eligiendo a un nuevo comité ejecutivo nacional el cual el TSE acepto, siendo el jefe de la bancada Javier Hernández Franco, nuevo secretario general.

En el ínterin nuevas acusaciones contra Morales aparecen, por acoso sexual a trabajadoras de dependencias estatales, presentadas por el ex canciller Edgar Gutiérrez. Mientras que los gringos presionan incluyendo a políticos y empresarios en la Ley Magnitsky como Gustavo Alejos Cámbara ex secretario privado del gobierno de Colom, Luis Mendizábal implicado en el caso La Línea y el mexicano Ángel Gonzales, dueño de medios de comunicación en América Latina y cercano a Daniel Ortega. Esta ley también afecta a funcionarios, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses.

Recientemente también el senado gringo libero US$ 6 millones para el apoyo de la CICIG, que el senador republicano de extrema derecha Marco Rubio bloqueó por el caso de la familia Bitkov, detenidos por ser parte de una red de tráfico de documentos de identidad, unos empresarios que huyeron de Rusia por la persecución que Putin les ha montado.

Con todo esto, la novedad sería que la CICIG y el MP pidieron el antejuicio contra la diputada Montenegro, caso que se encuentra con una jueza de primera instancia quien deberá inhibirse para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo conozca. El caso de Montenegro es por un monto no reportado por un Q 1 millón en el proceso electoral de 2015 que Maximum Financial and Investments Services aportó, a través de la entidad Yeyo, S.A., por el arrendamiento de seis pasarelas digitales para la campaña, además de otra cantidad no reportada en el proceso de 2011 (Prensa Libre 14 de agosto). Esto ya ha ocasionado que el apoyo que este partido iba a dar a Aldana para su candidatura presidencial visiblemente terminará, lo cual solo podía ser una jugada si se cancelara este partido, lo que permitiría a la ex fiscal reconstruirlo para tener un vehículo afín. Este partido, como recientemente reconoció el empresario Dionisio Gutiérrez –aduciendo total legalidad- ha sido financiado por una facción de la burguesía que también apoya Aldana.

Pese a que los amparos puestos por el FCN-Nación están detenidos en lo relacionado a Morales, las investigaciones del MP para que avancen exigen que el expediente, que ya fue conocido por la CSJ se presente la otra semana en el Congreso sin que existan convocatorias para protestar frente a este órgano del Estado.