Por Leonardo Ixim

La visita de Enrique Peña Nieto, el repudiado presidente mexicano, el 6 de junio, más allá de los usuales mecanismos para despistar a la opinión pública utilizados por presidentes como este y Jimmy Morales, tiene un valor político importante dentro de la estrategia regional estadunidense.

Esto además de los acuerdos puntuales, como la creación de un paso fronterizo en el municipio de Ixcán, Quiche, con el Estado de Chiapas, o la instalación de una planta lechera de la trasnacional mexicana Grupo Lala, en el sureño departamento de Escuintla inversión, de unos US$ 30 millones de dólares, para la cual se comprará a productores locales, para su procesamiento y venta.

Pero el fondo de la visita gira sobre dos tópicos. Primero, el proceso de extradición, que está detenido en los tribunales guatemaltecos, del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, aliado de Peña Nieto, toda vez que la Procuraduría General de la República de ese país no ha realizado ese proceso. Duarte, señalado de diversos delitos de corrupción y de persecución ilegal a políticos y opositores, es un ejemplo del decadente Partido Revolucionario Institucional, que con fraude y amedrentamiento retuvo los estados de Coahuila y México, en elecciones recientes

El otro tópico, es el espinoso tema de la seguridad para la potencia gringa, en lo que respecta al flujo de migrantes y al trasiego de ilícitos. En el istmo centroamericano circula el 90% del tráfico de drogas y donde pasa y se genera el flujo de migrantes. En el tema de migrantes, el Estado mexicano se ha encargado de ser el gendarme en la frontera sur de este país; en lo que va del año sumaron 12,178 deportaciones, en 2016 y 2015 fueron 15,814 y 15,507, respectivamente (Nómada 7-06-17).

En ese sentido, en la Conferencia de Seguridad de Centroamérica realizada el 25 de abril en Tapachula, con la presencia de jefes militares de Estados Unidos, México y de los países del Triángulo Norte más Belice, se acordó que los ejércitos realizaran operaciones conjuntas por aire, mar y tierra en la región transfronteriza entre México y Guatemala, con el fin de afinar mecanismos para parar los flujos de diversa índole. Estados Unidos influye con entrenamiento y equipos a los ejércitos y policías de la región;

Recientemente se conoció que el Congreso de Estados Unidos acaba de reducir el presupuesto de ayuda en US$ 95 millones -enmarcado en la Alianza para la Prosperidad- para el próximo año presupuestario que inicia en septiembre en ese país, que afecta en general a toda la región Centroamericana, aunque se amplía a Colombia y México. El nuevo enfoque se centrará en apoyar más a las fuerzas de seguridad del Triángulo Norte y Belice, aunque tienen importantes componentes hacia las instituciones de justicia, como los ministerios públicos, la CICIG en Guatemala y MACCIH en Honduras y se reduce en temas como la prevención del consumo de drogas o programas de educación sexual y reproductiva.

El próximo 15 de junio se reunirán en la ciudad de Miami, los presidentes Morales de Guatemala, Cerén de El Salvador, Hernández de Honduras y el primer ministro Barrow de Belice, con el vice-presidente gringo Mike Pence, el secretario de Estado Rex Tillerson y el secretario de seguridad nacional John Kelly. Esta reunión refleja la preocupación principal del imperialismo, que es el aumento de la producción de drogas en Colombia, por ende el tránsito en Centroamérica y México y el consumo en Estados Unidos (Prensa Libre 9-06-17)

En ese marco se dan dos anuncios, los ejercicios conjuntos y entrenamiento, por tercer año consecutivo, de militares de Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras, a cargo de la Fuerza de Tarea Aeroterrestre de Propósito Especial de la Infantería de Marina del Comando Sur-SPMAGTF-SC, por sus siglas en inglés- (Guatevision 1-06-17). Y la graduación de 10 agentes hondureños y 20 guatemaltecos policiales, en un curso de operaciones especiales, manejo en liberación de secuestrados y rehenes, de armas automáticas y blancas, por la policía del condado de Miami-Dade (Diario Las Américas 02-06-17).

El PSOCA se opone frontalmente a que con el pretexto del combate a la criminalidad -cual caballo de Troya- se arme y entrene a las fuerzas de seguridad que sin duda se centran en tareas represivas. Ejemplo de esto son las comunidades desalojadas del Parque Nacional Laguna del Tigre en Petén, que al igual que en los años cruentos de la guerra, se han refugiado en Campeche, que son acusadas de usurpar áreas protegidas; pero hipócritamente se defiende la explotación de petróleo en ese parque. O la represión que sufrieron las comunidades de El Estor en Izabal, que se oponen a la explotación de níquel por parte de una empresa de capital ruso.