Por Leonardo Ixim

Hace seis semanas desaparecieron 48 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en la localidad de Ayotzinapa en el sureño estado de Guerrero, muy cerca de la capital estadual Chilpancingo, y fueron ejecutadas seis personas más, hecho criminal llevado a cabo por policías municipales del municipio de Iguala y miembros de la banda delincuencial Guerreros Unidos.

Tal suceso fue ordenado por el alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, posteriormente detenidos en la capital mexicana. Ambos son cómplices de la agrupación criminal mencionada y miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Esto videncia aún más los vínculos del crimen organizado con las instituciones de seguridad del Estado mexicano en su conjunto, siendo la causa del crimen, el hecho de que la organización estudiantil y popular, en una nefasta pero para nada extraña relación entre Estado y crimen organizado, es considerada una amenaza para los intereses del capitalismo, pues el crimen organizado es consustancial a éste y hegemonizante en el tejido social, evidenciando la crisis de la sociedad capitalista.

Escalada de violencia

En los últimos años la violencia ha adquirido inusitada fuerza, desde el momento que el ilegitimo gobierno de Felipe Calderón del PAN propagandísticamente le declaró la guerra al narcotráfico, utilizando para eso al ejército mexicano. Con más de 70 mil muertos en el gobierno de Calderón, 20 mil con Enrique Peña Nieto, la violencia política cobro más fuerza, sobre todo contra elementos de las organizaciones populares quienes en distintos puntos del país se han opuesto a megaproyectos relacionados a la apropiación de recursos naturales o que defienden derechos básicos conculcados por políticas neoliberales. En esa lógica, la intromisión del ejército y la marina en tareas de seguridad pública, ha provocado una mayor deslegitimación del Estado, mostrando su verdadera cara contrainsurgente.

El combate al narco, caballo de Troya de la intromisión imperialista gringa, materializada en la Iniciativa Mérida -cuyos éxitos en materia de fortalecer el Estado de derecho para enfrentar el crimen organizado ha sido ínfimo- evidencia la crisis del régimen político que se enmarca en la denominada transición democrática, que tal como la conceptualiza Moreno como reacción democrática, buscó detener la movilización de masas que se dio en ese país a inicios de los 90s pos fraude electoral de 1988 y que se corona con el alzamiento zapatista de 1994.

Movilización que puso en jaque la llamada dictadura perfecta, nombre que recibieron los sucesivos gobiernos del PRI que administraron el Estado desde finales de la década de los 20s, auge y ocaso de la primera oleada de nacionalismo revolucionario burgués antecesor del chavismo, que terminó cediendo al capital internacional con las políticas neoliberales de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.

Esta transición pactada entre los partidos principales del régimen, PRI-PAN y como segundón el PRD (que después de ser víctima del fraude de 1988 se reacomoda al régimen) se pone en entredicho con la movilización popular por los normalistas desaparecidos y adquiere nuevamente fuerza, después de la movilización comunal y localista en Oaxaca, el fracaso de la Otra Campaña del EZLN, de los dos fraudes contra Andrés Manuel López Obrador, la salida institucionalista de ese descontento popular ante los fraudes, sus intentos de recuperar el PRD y la fundación de otro partido electorero como Morena, que tiene la disyuntiva de acomodarse como su ex partido o de ser por lo menos una fuerza opositora reformista.

Movilización popular

Bajo la consigna de ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos¡ se han desarrollado una serie de expresiones de repudio, demostrando la desconfianza de la sociedad mexicana con el Estado, pese a la salida criminalista forense (independiente de su necesidad para esclarecer el crimen) que le quieren dar a esta crisis política.

Primero con la renuncia del gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, un ex priista postulado por el PRD, asumiendo en sustitución de este, otro peredista Rogelio Ortega. La sociedad civil guerrerenses muestra su descontento ante los pocos avances de las investigaciones pidiéndole también su renuncia y realizando una gran movilización en la turística ciudad de Acapulco. Así como la quema de las instalaciones del ministerio público denominado Procuraduría General de la República en la capital del estado de Guerrero, pese a que esta institución anuncia la captura del alcalde de Iguala y su esposa.

Desde los lamentables hechos, ha habido tres jornadas mundiales en repudio al crimen, plantándose frente a las embajadas mexicanas en varias partes del mundo, algunas en las capitales centroamericanas. En México han sido los estudiantes universitarios y de educación media los que por medio de la Asamblea Interuniversitaria realizaron dos tomas de recintos universitarios de la UNAM, la UAM y la UACM en la capital mexicana, paros en universidades en Jalisco, Querétaro, Oaxaca, Guanajuato, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tlaxcala y Veracruz, actos de repudio en escuelas nacionales como la de Música, Maestros, en diversas preparatorias del Ciudad de México (dependientes de la UNAM), distintas escuelas normales rurales de varios estados, en centros de estudios superiores como el Cinematográfico, el Colegió de México de posgrados y caracterizado por cierto conservadurismo, Trabajo Social, institutos tecnológicos superiores de varios estados y acciones en universidades privadas como la Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey.

Ha habido también acompañamiento del sindicato de maestros del CNTE, de la central sindical UNT, de Morena, la Organización Política de los Trabajadores (OPT), Movimiento de Socialistas Trabajadores (MST), de sindicatos de trabajadores universitarios como el de la UNAM, de Guerrero, Tlaxcala y de otras, del sindicato de telefonistas, adherentes de la Otra Campaña zapatista y del EZLN, en tranques de calles, autopistas, carreteras, casetas de peaje, además de acciones de propaganda de grupos guerrilleros como el EPR, FARP y el ERPI.

Muchas de estas acciones han tenido su culminación con la movilización del pasado cinco de noviembre en la Ciudad de México, en una gran manifestación de 150 mil personas en el Paseo de la Reforma, desde la residencia presidencial en Los Pinos hasta el Palacio Nacional en el centro de la capital, bajo la consigna de renuncia de Peña Nieto; además de acompañarse de acciones en varios estados del país. En Guerrero por su parte, estudiantes universitarios, de educación media, organizaciones campesinas y de autodefensa, trabajadores universitarios y maestros de la CETEG, han tomado la sede del poder judicial estadual en Chilpancingo, Acapulco y anuncian una megamarcha próximamente en esta última ciudad, conformando una asamblea popular.

A la par de esto, los estudiantes del Instituto Político Nacional, una institución de educación superior que depende directamente del gobierno federal, que fue parte del proyecto inconcluso de industrialización reducido por las políticas neoliberales, han tomado su centro ubicado al norte del Distrito Federal, no solo en repudio por Ayotzinapa, sino exigiendo la no incorporación de los bachilleratos industriales dependientes de esta institución al sistema nacional y exigiendo un congreso universitario de reforma de carácter incluyente. Las negociaciones con la Secretaria de Educación Pública no han avanzado.

Hacia la movilización general

El epicentro de estas movilizaciones ha sido el combativo estado de Guerrero, uno de los más pobres y con presencia importante de población indígena que vive en total exclusión, además de que es terreno fértil para la impunidad del crimen organizado. Estado que ha sido la cuna y el campo principal para el accionar de grupos guerrilleros, desmovilizados y actuales.

Las normales rurales fueron parte de un proyecto instaurado en el gobierno de Lázaro Cárdenas que buscaba mejorar las condiciones de la población campesina y que adoptó una currícula de orientación socialista, algo que la Normal Isidro Burgos mantiene. Ésta también es donde los maestros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez fundaran la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas que mantiene su accionar y el extinto grupo guerrillero Partido de los Pobres en los 60s. Por tal razón la oligarquía financiera siempre ha buscado eliminarlas o realizar contrarreformas educativas con tintes mercantilistas, tales como las del sistema educativo público o la laboral que busca seguir tercerizando el trabajo.

Con la caída de los precios del petróleo, del que la economía mexicana depende y la reforma privatizadora de la estatal de petróleos Pemex, la crisis del régimen se hace patente; la transición democrática y sus partidos demuestran su fracaso ante la constante violación a los derechos humanos. Es necesario reproducir el ejemplo de las asambleas en Guerrero y la Interuniversitaria, pero cuidando no caer en el error del localismo como fue la APPO en Oaxaca, además de no confiar en la dirección reformista de Morena -que ya tuvo un revés en la negativa de la Suprema Corte de Justicia con respecto a realizar una consulta buscando parar las contrarreformas privatizadoras en el campo energético- además de encarar con el zapatismo su peligrosa política anti-poder. UNT, OPM, los sindicatos independientes por su parte deben orientar para la conformación de un congreso nacional de Asambleas Populares que levante un programa democrático y socialista que entre otras cosas demande la renuncia de Peña Nieto. Los grupos guerrilleros deben limitar su accionar militar a las orientaciones de este posible congreso de asambleas.

Recuerden camaradas que su ejemplo de lucha es siempre rescatado aquí más al sur en Centroamérica.