Por Armando Tezucún

A pesar de que durante la campaña electoral afirmó que no subiría los impuestos, el 11 de agosto el presidente Jimmy Morales anunció una reforma tributaria. El motivo de la propuesta es financiar la inversión en salud, educación, justicia e infraestructura.

Básicamente, la reforma trata de enmendar los errores que tuvo la que realizó el gobierno de Pérez Molina en 2012 y 2013, la cual tuvo pocos resultados en términos de recaudación, regresando al régimen tributario vigente antes de 2012. En un inicio se barajó la idea de aumentar el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15%, pero en la propuesta final no apareció. Lo mismo sucedió con un impuesto a la telefonía, y otros que gravarían las bebidas alcohólicas, el tabaco y las hidroeléctricas.

La propuesta del gobierno

Los gravámenes que serán cambiados incluyen un ajuste al impuesto sobre distribución de petróleo (IDP), que aumentará Q 3 por cada galón de diésel, queroseno y las gasolinas superior y regular. Con esta variación se espera recaudar Q 2,770.8 millones, el 47% del total que se espera obtener con la reforma. En este caso se hace la salvedad de que si el precio del petróleo sube a US$ 80, se cobrará el 50% del aumento (Q 1.5), y si baja a US$ 60, se cobrará los Q 3. Las tasas del impuesto Sobre la Renta (ISR) también serán cambiadas, esperando recibir Q 2,755,2 millones adicionales.

En el ISR se plantea un ajuste en la tasa del régimen de utilidades, que se aplica a grandes empresas, del 25 al 29%. En el caso del régimen para pequeñas y medianas empresas, se plantea pasar del 7 al 12%. En cuanto a las personas asalariadas, se propone pasar de 5 al 7% para quienes ganen más de Q 300 mil anuales, que son los profesionales y ejecutivos mejor pagados. Los cambios al IDP y el ISR representan el 94% del total que se espera recaudar con la reforma. Según el presidente Morales, la reforma de 2012 desmotivó a que las personas pidieran facturas por sus compras y a través del Impuesto Sobre el Valor Agregado (IVA) pudieran recuperar parte de su renta personal, a través de la planilla del IVA (La Hora 09/08/16).

Otro impuesto que aumentará es el de distribución del cemento, que pasará de Q 1.5 a Q 5 por cada saco de este material. Este incremento ya había sido propuesto en 2014, en el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la nación 2015, pero fue declarado inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad después de una serie de acciones que fueron presentadas ante ella.

Se plantea también aumentar las regalías que pagan las empresas mineras de 1 al 10 % para el oro, plata y platino y del 1 al 3% para otros minerales. “Creemos que el oro, plata y platino deben pagar más porque es un recurso no renovable, muy valioso y no podemos desperdiciarlo como se ha hecho antes. Además, se plantea que la distribución de las regalías sea más justa”, manifestó el Mandatario (Idem).

Por otro lado, se propone que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) apoye a las municipalidades en el cobro del Impuesto Único Sobre Inmueble (Iusi), pues en muchas localidades la población se niega a pagarlo y las alcaldías no tienen los medios para obligar al pago. Al respecto los alcaldes tienen opiniones divididas, siendo que muchas alcaldías indígenas se oponen a esta disposición, mientras que otras municipalidades creen que será beneficiosa.

El resultado esperado de la reforma tributaria

En su conjunto, la reforma tributaria proporcionaría al Estado ingresos adicionales por Q 5.8 mil millones, incrementando la carga tributaria del 10% al 11.5 por ciento. Según el gobierno, el pago del ISR será progresivo, siguiendo el principio de quien tiene más, que pague más. Esto en un momento en que la nueva administración de la SAT ha logrado una recuperación extraordinaria de la recaudación, reduciendo significativamente la brecha fiscal.

Sin embargo, elevar los impuestos al cemento y a los derivados del petróleo sin duda redundará en un incremento de precios y una espiral inflacionaria, y el gobierno no tiene una propuesta seria para evitar tal cosa, apelando a la supervisión del Ministerio de Economía y la Dirección de Atención al Consumidor para que los precios no suban. En cuanto al precio de los derivados del petróleo, el argumento del gobierno es que cuando el precio del petróleo bajó, el de los combustibles y transporte no lo hizo, por tanto, los empresarios del ramo ya tuvieron una sobre ganancia que compensará el aumento del impuesto. Es obvio que este argumento falaz no detendrá la voracidad de los transportistas, que no dudarán en subir los precios.

La postura de los empresarios

Unas semanas antes, frente a los rumores de que se venía una propuesta de reforma, las organizaciones empresariales reconocieron que hay una necesidad de incrementar los ingresos tributarios del Estado. Aquí cabe recordar que Guatemala es el país de América Latina que menos impuestos recauda, el 10% del Producto Interno Bruto, siendo que la media en la región es del 23%. A esta situación ha contribuido la reiterada actitud de la propia burguesía, que una y otra vez se ha opuesto a las reformas fiscales propuestas por diferentes gobiernos.

La coyuntura actual sin duda ha influido en la actitud de los empresarios, pues prominentes miembros del sector financiero, industrial y comercial se han visto implicados, acusados y encarcelados por casos de corrupción o defraudación fiscal, y eso les quita autoridad moral para oponerse a cambios en las cargas impositivas. Los organismos financieros internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, han insistido en para mejorar el gasto social del Estado, la carga fiscal debe ser elevada al menos a un 15%.

Con todo, la propuesta que han adelantado los empresarios es una repetición de la cantaleta que han esgrimido siempre: no hay que aumentarle a los impuestos, sino que hay que combatir el contrabando y convertir al sector informal en formal, obligándolo a pagar tributos, tal como lo declaró el presidente de la Cámara de Industria de Guatemala Javier Zepeda (La Hora 28/07/16).    

A principios de agosto, los presidentes de la Coordinadora de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y de la empresarial Fundación para el Desarrollo de Guatemala, José González-Campo y Felipe Bosch, respectivamente, expresaron que es necesario establecer un diálogo entre distintos sectores del país para asegurar la reactivación económica y hacer frente a la necesidad que tiene el Estado de más recursos para cumplir con sus responsabilidades (La Hora 02/08/16). Bosch afirmó que se puede tomar como base los objetivos de los Acuerdos de Paz que sitúan en 13.2% la carga tributaria y el 6% de crecimiento de la economía (El Periódico 03/08/16). Esto resulta irónico, pues las metas de los Acuerdos de Paz nunca fueron alcanzadas debido precisamente a la tenaz oposición de los grupos de la oligarquía.

Al conocerse la propuesta definitiva del gobierno, los representantes empresariales no tardaron en protestar, argumentando que el actual gobierno es ineficiente y malgasta los recursos., y que los aumentos tributarios alejarán la inversión. La postura de la burguesía es que antes de aumentar los impuestos, se debe mejorar la calidad del gasto gubernamental, trabajando con eficiencia y transparencia.

La Comisión de Finanzas del Congreso está a la espera de recibir la propuesta del gobierno. Cuando llegue ese momento, sus miembros convocarán a expertos en temas tributarios, a representantes de los empresarios y a funcionarios de las instituciones pertinentes del Estado para discutir las reformas.

No a los privilegios fiscales

Los grupos que surgieron al calor de las movilizaciones del año pasado, que representan a las capas medias, convocaron a protestas para el sábado 20, bajo la misma consigna que está enarbolando la derecha, no más impuestos para los funcionarios corruptos y ladrones. Esta postura hace el juego a la burguesía, que, como lo ha hecho tradicionalmente, no quiere pagar impuestos, esta vez escudándose en que se los apropiará un gobierno sin autoridad moral y sin un plan comprensible de gasto.

El gobierno demagógicamente sostiene que quienes más tienen deben pagar más, y esto no deja de ser cierto en el caso de los aumentos al ISR. Sin embargo, se hace el ingenuo al pensar que logrará evitar el alza generalizada que traerán los impuestos sobre los combustibles y el cemento, que terminarán perjudicando al pueblo trabajador. Como afirman compañeros diputados y diputadas de Convergencia y otros analistas progresistas, el gobierno debe empezar por eliminar los privilegios fiscales que tienen empresas como maquilas, zonas francas y call centers, además de iglesias, institutos educativos privados (que son empresas que esquilman a los padres de familia) y empresas exportadoras a quienes se les devuelven los impuestos. Estos privilegios, conocidos como gasto tributario, sumarán en 2016 la enorme cantidad de Q 12,841 millones.

Que se graven las ganancias de las grandes empresas

El control sobre los precios solo puede ser tarea de las organizaciones populares, si queremos que sea efectivo. En una coyuntura en que estas organizaciones aún no tienen la capacitad para hacerlo, sostenemos que los impuestos no deben ser de una naturaleza que permitan que los empresarios los trasladen al pueblo. Por ello reclamamos que se graven las ganancias de las empresas, en primer lugar de las empresas monopólicas u oligopólicas, como las de telefonía, el cemento, los bancos y sector financiero, agroexportadoras (azúcar, palma africana), hidroeléctricas, el licor, el tabaco. El aumento de la inversión en salud, educación, vivienda, etc., no puede salir de los bolsillos de pueblo trabajador, sino de las ganancias de los grandes empresarios.