Por Úrsula Coj

El asesinato de otro líder campesino conmociona los sectores populares organizados, mientras los medios de comunicación corporativos le dan poca publicidad al caso, esto en un ambiente en parte mediático donde se revela el saqueo al Estado que realizó la mafia dirigida por el ex binomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Para la población estos hechos y el papel que el Ministerio Público y la Cicig emprenden al ser los entes encargados de acusar criminalmente a estos, genera satisfacción. Como hemos mencionado en otras ocasiones y más a partir de las reformas constitucionales en materia de justicia que estos entes pretenden impulsar con el respaldo del imperialismo, estadounidense y europeo, lo que se busca es lograr que mínimamente funcione la institucionalidad del Estado en el marco de la Alianza para la Prosperidad.

Sin embargo, los grupos de poder fácticos que la Cicig tiene en su mandato investigar, no solamente son los relacionados a los crímenes de cuello blanco. La causa inicial de la existencia de este ente investigativo adscrito a Naciones Unidas, son las estructuras paramilitares vinculados a la formación de impunidad y contrainsurgencia del Estado de Guatemala. En ese sentido, el asesinato de Daniel Choc en el departamento de Alta Verapaz, miembro del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), dirigente comunitario en San Juan los Tres Ríos del municipio de Cobán cabecera de ese departamento, con la finca Rancho Alegre, evidencia que la conflictividad agraria entre comunitarios y finqueros, es asidero para estructuras ilegales al servicio de los empresarios agrícolas y dueños de fincas.

Este departamento presenta el cuadro de mayor cantidad de casos de conflictividad agraria, pues históricamente se plantó cultivos como café, cardamomo y más recientemente palma africana y actividad minera e hidroeléctrica a costa del despojo de las tierras de campesinos mayas. En el caso que mencionamos, desde ya hace unos años, los guardias de seguridad de la finca, han amenazado a miembros de esta comunidad y de otras aledañas a la finca, entre ellos a Choc y su familia; de hecho, existe una denuncia en la fiscalía regional del departamento, que únicamente ha realizado citaciones conciliatorias con los agresores.

El Ccda y las comunidades campesinas e indígenas de este departamento en los últimos años han realizado una serie de movilizaciones, formando parte de la Marcha Indígena y Campesina de mediados de 2012, donde se le exigió al gobierno de Otto Pérez que solucionara diversos casos de conflictividad agraria, entre ellos el caso en mención. Como parte de los Acuerdos de Paz, se buscó vía mercado la compra y venta de tierras por parte del Estado, por medio del Fondo de Tierras, para traspasarla por medio de créditos a los grupos campesinos; por otro lado se creó la Secretaria de Asuntos Agrarios adscrita a la presidencia, para solucionar conflictos.

Pero en la práctica este intento de distribuir tierra no ha sido beneficioso para la población campesina, pues por un lado muchas de ellas no son productivas, no existe suficiente crédito para impulsar la producción y por otro, la deuda de estos grupos -que en algunos casos se ha logrado reducir- agobia a la población trabajadora de la tierra. En el caso en mención, desde el 23 de abril de 2015 estas comunidades habían sentado a las instituciones mencionadas y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Ganadería, para que resolvieran la conflictividad en un plazo de cuatro meses, lo que no se cumplió.

En julio del año pasado, según informa el Ccda, se emitió el Acuerdo Gubernativo 181-2015 donde se establece una ampliación presupuestaria para resolver el conflicto entre esta finca y las comunidades Cerrito Samox, Ixloc San Pedrito y San Juan de los 3 ríos, sin que hasta la fecha se sepa cómo se uso ese dinero. El 28 de abril se reunieron por intermediación del diputado por el partido de izquierda Convergencia, Leocadio Juracán, con el coordinador del Sistema Nacional de Diálogo Rokael Cardona y entre el 11 al 17 de mayo hubo reuniones con las instituciones estatales mencionadas.

Sin embargo, este finquero realizó este golpe para menguar la resistencia de las comunidades, que reclaman garantía de su propiedad y para más azuzar, la gobernadora departamental señaló que el asesinato de Choc fue producto de conflictos entre comunitarios, algo que el Ccda frontalmente negó. Por otro lado, esta organización exigió que el presidente Jimmy Morales renuncie, ante su incapacidad de solucionar la problemática agraria.

Esta problemática se repite en distintos puntos de la geografía del país y tiene varias aristas, relacionadas ya no solo a la posesión formal de la tierra, sino a la disputa de los territorios y de los factores naturales como el agua. Reclamamos al MP y la Cicig la investigación exhaustiva del asesinato de Daniel Choc y el castigo a los culpables.