Por Armando Tezucún

En una movida osada, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en conjunto con el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), solicitó al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal la intervención de la empresa Aceros de Guatemala, y el arraigo de su representante legal Pedro José Raúl Paiz Valdez y de dos socios mayoritarios, José Luis Gabriel Abularach y María Eugenia Valdés Gómez. El juez a cargo designó un interventor, con el fin de controlar las cuentas y las transacciones realizadas por la empresa.

Aceros de Guatemala es una empresa emblemática del gran capital guatemalteco, y su fundador, José Luis Abularach es directivo del poderoso Banco Industrial, de cuya Junta Directiva hacen parte también representantes de los principales grupos oligárquicos del país. Recordemos que el 12 de febrero pasado fueron capturados una serie de funcionarios de la SAT implicados en un caso millonario de defraudación fiscal a favor de Aceros de Guatemala, junto con tres representantes y mandatarios legales de la empresa.

La intervención de la empresa tiene como objetivo recuperar el monto de la deuda en pago de impuestos, que sólo en cuanto a multas, intereses y moras, asciende a unos Q 500 millones. El interventor actuará bajo la supervisión del MP, la PNG y la SAT.

Esta acción de las autoridades contra una empresa vinculada a los grupos de la oligarquía sería impensable si no estuviera en el marco de las acciones impulsadas por Estados Unidos para acompañar la implementación del Plan Alianza Para la Prosperidad. Estas acciones incluyen no solo el combate a la corrupción, sino el fortalecimiento del sistema tributario y la SAT; esto además de las reformas al sistema electoral, de justicia y de seguridad, que ya están en marcha y es evidente que se harán a la medida de las necesidades del imperialismo, sin tomar en cuenta las necesidades de los trabajadores, campesinos e indígenas.

Al igual que en el caso de los Rosenthal en Honduras, es claro que los Estados Unidos no se detendrán ante nada ni nadie para implementar sus planes. La coordinadora de agrupaciones empresariales, el CACIF, ha preferido ser prudente y abandonar a su suerte a los directores de Aceros de Guatemala.

Por ahora las autoridades anunciaron que las actividades productivas y comerciales de la empresa no serán afectadas, ni las relaciones con sus trabajadores. Sin embargo, si los empresarios se han robado dinero en impuestos que deberían ser destinados a servicios públicos para el pueblo, reclamamos que los trabajadores de Aceros de Guatemala son los que deben controlar las operaciones de la empresa, no los representantes del Estado burgués.