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GUATEMALA.- Ley de Telecomunicaciones: servilismo estatal hacia los conglomerados burgueses

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 Organizaciones indígenas accionaron contra la Ley de Telecomunicaciones

Por Edgar Miguel Kan

Es innegable la avanzada de las telecomunicaciones como necesidad construida, y a su vez como herramienta de lucha de los colectivos sociales para la comunicación, propias de la inventiva de los hombres y mujeres del mundo. Sin embargo, como todo avance de la humanidad debe entenderse como el producto de la enajenación que se hace al pueblo oprimido y que la inventiva es propia de quienes la trabajan a diario. Lo anterior hace que en la región y en el mundo se considere ¿para qué y para quién se utilizan estos avances, en especial el espacio radioeléctrico?

En Guatemala la Ley General de Telecomunicaciones, es una ley antigua, que no atiende a la evolución política ni a la inventiva que en materia del espacio radioeléctrico se tiene, por lo que se han realizado una serie de modificaciones mediante nuevas leyes.

Estas modificaciones las realizó el Congreso de la República. Es a través de éste que se construyen las leyes -los instrumentos de dominación- y que atiende a los intereses económicos de la burguesía, en este caso, de las grandes corporaciones que se dedican a la telecomunicación como lo son: Tigo, Claro, Telefónica, entre otros conglomerados de capital opresor.

Las modificaciones y ampliaciones a la Ley de Telecomunicaciones han sido ajustes que el gran capital del sector realiza para perfeccionar las formas de opresión. El ejemplo más sonado ha sido la reciente Ley de Terminales Móviles, la cual, bajo pretexto de control en las cárceles ha generado una serie de usos de explotación que afecta principalmente a la sociedad, pero también a grupos de interés burgués.

La ley desarrolla tres áreas en las que normará el uso, instalación y manejo de las señales de telecomunicación y datos, así como las funciones de la autoridad estatal que regirá.

Restringe señal en las cárceles

Obliga a que las empresas bloqueen la señal en los centros carcelarios, de la mano con la estructura penitenciaria para monitorear dicha acción, imponiendo a las empresas sanciones por el retraso del funcionamiento de los bloqueadores. Esto genera una alianza y seguimiento entre las empresas y el Estado, legitimando lo ya sabido, que las empresas y quienes administran la cárcel permiten que las acciones delictivas se desarrollen, lo que hace del crimen un nuevo mercado.

Establece arbitrios generales

Se desarrollan varios arbitrios de costos risibles para los monstruos de las telecomunicaciones, entre ellos, la instalación de antenas en bienes públicos, en bienes privados, pago a la municipalidad por poste y, por la instalación de cables por metros cuadrados.

Concentración del poder político y administrativo

La ley genera un control total de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) para otorgar permisos sobre instalación de antenas, cables, fibra óptica, postes o transmisión inalámbrica en cualquier tipo de propiedad (pública y privada). Es omnipotente el poder que se le da a la SIT, incluso al punto de disponer sobre la fauna y flora que estorbe a los cables y postes; así como de imponer espacios para la instalación de infraestructura en donde considere conveniente.

Dentro de la misma burguesía se generó oposiciones a la ley, pues afecta los intereses de grupos de esta clase. Estas luchas entre cúpulas burguesas se dan como consecuencia de la búsqueda de control sobre mercado y repartición de ganancias, no por la necesidad de utilizar el espacio radioeléctrico y su beneficio para el pueblo.

 

Se plantearon diversas acciones en contra de la ley, entre ellos: el Consejo de Ancianos, Ancianas y principales del Pueblo Maya Kaqchikel de San Andrés Itzapa, Chimaltenango; la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas; la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam); el abogado Rigoberto Aguilar López; la Municipalidad de Guatemala; el Movimiento Cívico Nacional; el Consejo Nacional de Áreas Protegidas; la Cámara de Industria de Guatemala.

La Corte de Constitucionalidad (CC) tras un estira y encoje con los grandes capitales de la telecomunicaciones determinó:

Que se suspende por inconstitucionales los artículos que hacen referencia a los requisitos que la empresa debe solicitar a la SIT para el uso de bienes públicos o privados con el objetivo de instalar infraestructura.

Retirar los beneficios a las empresas de telecomunicaciones y la SIT en las que faculta la autorización para remover la vegetación que sea necesaria, que estorbe los cables, postes, entre otros; usar bienes de terceros para colocar o instalar infraestructura de transmisión de datos, sin que sea necesario exhibir el contrato respectivo.

Desde el PSOCA consideramos que el espacio radioeléctrico es de todas y todos, que es un valor intangible de la humanidad y que permite la comunicación. Es necesario democratizar el espacio radioeléctrico para el servicio del pueblo y no de intereses capitalistas corporativos. La suspensión de la CC, disminuye el abuso de la SIT y las empresas, más no se acerca al fondo.

URGE LA DEMOCRATIZACIÓN DEL ESPACIO RADIOELÉCTRICO.

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