Por Armando Tezucún

A tres meses de la toma de posesión, el gobierno de Otto Pérez Molina ha delineado cada vez con más claridad su estrategia. Tal como lo hemos comentado con anterioridad, el ex general ha optado (contrariamente a quienes pronosticaban una represión generalizada) por la búsqueda de acuerdos con los sectores sociales que en los últimos cuatro años salieron luchar a las calles, carreteras y centros de trabajo por sus reivindicaciones. La intención es lograr la “calma social” necesaria para la buena marcha de los negocios del gran capital.

Parte importante de esta estrategia es la inversión pública en salud, educación y en la continuación de los programas asistenciales del gobierno anterior, pero con una nueva faceta. Esto implica que el Estado cuente con suficientes recursos financieros. Para ello ya logró, sin problemas significativos, la aprobación de un paquete de reformas a las leyes fiscales. Pero los fondos son escasos, y el Estado invierte miles de millones en el combate al narcotráfico, un problema cuya causa radica en el consumo estadounidense. Por ello Pérez Molina se ha lanzado a una campaña para cambiar la estrategia de lucha contra el tráfico de drogas, polemizando al respecto con el gobierno de Obama.

El caso del magisterio

El 17 de febrero los sindicatos de maestros realizaron una marcha multitudinaria en la capital reclamando, entre otras cosas, el pago de bonos retrasados, la firma de un nuevo pacto colectivo, mejoras en infraestructura y otros temas acordados en octubre pasado durante la campaña electoral del ahora presidente. La movilización fue una medida de presión para iniciar un diálogo con el gobierno. La dirigencia magisterial se ha caracterizado por ser conciliadora y oportunista. Así fue con el gobierno pasado, y al parecer con el actual gobierno tendrá también esa actitud colaboracionista.

El 16 de marzo el líder del magisterio Joviel Acevedo entregó a la ministra de Educación Cynthia del Águila una propuesta de creación de la Carrera Docente elaborada con la Universidad de San Carlos. Según el diario La Hora del 20 de marzo, “El Magisterio y el Gobierno han tenido un inusual acercamiento, manteniendo una actitud de colaboración por parte de los sindicalistas, hecho que difiere a las acciones de años anteriores. Cinthya del Águila, ministra de Educación, señala que la buena relación con el Magisterio Nacional se debe a que siempre se ha tenido la voluntad de un diálogo”.

Los trabajadores de salud

Estos compañeros han sido uno de los gremios más combativos en los últimos años, y hasta noviembre del año pasado lucharon dignamente contra el gobierno anterior. El 17 de noviembre, la dirigencia sindical firmó un acuerdo con los ministros designados para el actual gobierno en las carteras de salud, finanzas y trabajo, en el que los funcionarios se comprometieron a solucionar los problemas del sector. El sindicato inició un compás de espera, suspendiendo las movilizaciones.

Durante su primera semana de ejercicio, el gobierno decretó Estado de Calamidad en el área de salud, iniciando el abastecimiento de los hospitales. Las carencias en salud son enormes a nivel nacional y la inversión realizada aún dista mucho de solucionarlos, pero la actitud de las autoridades del Ministerio ha mantenido en calma a los trabajadores.

El 22 de marzo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala y el gobierno firmaron un acuerdo por el cual los trabajadores recibirán un bono por antigüedad que va desde el 5 al 100 por ciento respecto al sueldo base, desde los 2 a 20 años de servicio. También se creará un fideicomiso de Q 10 millones que beneficiará a los trabajadores de Hospital San Juan de Dios al ayudarles a reducir sus deudas y consolidarlas en una sola. El acuerdo también prevé eliminar las plazas temporales y aumentar el presupuesto del Ministerio.

Pero no todo ha sido color de rosa. El 24 de marzo fue asesinado Ovidio Ortiz, miembro del Comité Ejecutivo del SNTSG, y el 1 de abril su asesinada con saña Marta Palma de Folgar de 70 años, madre de Carlos Folgar Palma, Secretario General de la filial del mismo sindicato en Jutiapa. Además, en algunas localidades del interior ha habido problemas de despido de trabajadores de parte de nuevas autoridades y el rechazo a responsables del área de salud en otros casos. En medio de la renuncia del ministro de salud, Francisco Arredondo por razones no muy claras, se vislumbra una crisis en el sector. “Además, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud Pública informó ayer que solicitará audiencia al presidente Otto Pérez para discutir temas que les aquejan; entre ellos, la estabilidad laboral. “Si no lo logramos antes del 17 de abril, habrá protestas”, advirtió el dirigente sindical Luis Lara.” (Siglo 21 12/4/12).

La marcha campesina

Si bien el gobierno de Pérez Molina ha logrado acuerdos parciales con los dos sectores de trabajadores estatales que han dado luchas destacadas en los últimos años, las cosas no se pintan igual con las organizaciones campesinas. Y es que este sector toca los temas más sensibles para la burguesía, como son el acceso a la tierra frente al avance despiadado de los cultivos de agroexportación y agroindustria, la construcción de hidroeléctricas que afectan a las comunidades indígenas y las empresas mineras que destruyen el medio ambiente y los territorios.

La marcha de varios miles de campesinos que del 19 al 27 de marzo recorrió 217 kilómetros puso el dedo en la llaga en torno a la problemática de la población indígena y campesina guatemalteca, que es la que sufre las peores condiciones de vida.

Después de largas horas de reunión de los representantes campesinos y funcionarios del gobierno, las demandas se redujeron a ocho, según expresó el dirigente Daniel Pascual: “Condonar la deuda agraria de Q300 millones con el Fondo de Tierras y del área Chortí; resolver la conflictividad en el Valle del Polochic; suspender licencias a mineras e hidroeléctricas; solucionar conflictos en Xelapán; Resolver los conflictos en Sierra de las Minas, Santa Cruz y Chinajá; resolver conflictos en el norte de Quiché y las Verapaces; retirar las tropas militares donde hay confrontación agraria; y buscar un mecanismo para cumplir el resto de peticiones” (Diario El Periodico 28/3/12).El gobierno se comprometió a dar solución a estos problemas, pero con cinco salvaguardas en los temas uno, dos, tres, siete y ocho, acordando una nueva reunión el 19 de abril.

Horas antes, los representantes campesinos habían visitado el Congreso de la República, logrando acuerdos para la aprobación de varias leyes, entre ellas la Ley del Sistema Nacional del Desarrollo Rural Integral. Sin embargo, el 12 de abril la reunión de jefes de bloques decidió por mayoría retirar esta ley de la agenda legislativa, argumentando que contiene inconstitucionalidades. Los representantes del bloque del Partido Patriota dijeron que la ley demandada por los campesinos será sustituida por un nuevo paquete de leyes que presentarán al Congreso en unas semanas (El Periódico 13/4/12).

La reacción de las organizaciones campesinas fue de sentirse burlados y traicionados por los diputados, denunciándolos como servidores de la Cámara del Agro, y no descartan realizar nuevas movilizaciones. Además denunciaron que el presidente está incumpliendo con el acuerdo de retirar destacamentos del ejército de zonas conflictivas, pues se creó una brigada militar en San Juan Sacatepéquez.

Esta situación anticipa que muy probablemente el centro de las luchas populares pase de las ciudades al campo en los próximos meses.

La tercera fase de la reforma fiscal

El 3 de abril se anunció que la Comisión de Economía del Congreso y el Ministerio de Economía preparan un paquete de leyes cuyo objetivo es reactivar la economía nacional. Esto días después de que Pérez Molina dijera que se propone que este año el crecimiento del PIB alcance el 4%, pretendiendo modificar las previsiones del Banco de Guatemala de entre  2.9 y 3.3 por ciento (algunos analistas predicen un crecimiento entre 2.4 y 2.9%). Además pretende crear 640.000 empleos.

Estas iniciativas de ley son: : Ley de Competencia, Ley del Instituto de Inocuidad, Ley de Inglés para Todos, Ley de Salario Mínimo Diferenciado, Ley de Inclusión Laboral, de Desarrollo Social y la Ley de Zonas Francas (La hora 3/4/12).

Entre estas leyes la del salario mínimo diferenciado es un ataque directo contra los trabajadores. Según declaraciones del diputado Pedro Muadi de la Comisión de Economía “La iniciativa que lleva por nombre “Ley del Salario Mínimo Diferenciado”, no generaría aumentos en los salarios, sino que busca una estructura de salarios “en la que se puedan establecer salarios mínimos diferenciados, donde la diferenciación consiste en que el sector económico fije un salario mínimo, ya que existen sectores económicos que pueden soportar un mejor salario que otros” (La Hora 3/4/12). La Ley de Inclusión Laboral, no es más que una ley que permite el trabajo a tiempo parcial, por horas, sin prestaciones ni seguridad social.

Estas dos leyes, pensadas en aras de la “competitividad” de las empresas, son la punta del iceberg del ataque contra los trabajadores que significa el plan económico del gobierno. Pérez Molina está maniobrando para tranquilizar a los trabajadores que han luchado los últimos años, mientras coloca la soga al cuello para ahorcarlos.

Una vez más insistimos en que debemos prepararnos para las luchas que se vislumbran a mediano plazo y desconfiar de las negociaciones que ofrece el gobierno.