Por Marcial Rivera

Ya se ha hecho referencia en este espacio al problema centenario que existe respecto a la tierra; la ambición de los poderosos por poseerla y no ceder un paso frente a las necesidades del campesinado de ganarse la vida, pero además de trabajar la tierra y con ello garantizar la seguridad alimentaria. Durante lo que va del año, se han registrado diferentes medidas de hecho por parte, de organizaciones campesinas como la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic), el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), el Comité de Unidad Campesina (Cuc) y otras organizaciones que van en la misma línea, y que tienen como meta ulterior, reivindicar el derecho a la tierra.

En la primera semana de febrero la Conic bloqueó carreteras. En marzo el Codeca realizó una marcha de varios días del interior hacia la capital. El 12 y 13 de abril nuevamente los campesinos de Codeca bloquearon carreteras exigiendo la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, la nacionalización de la energía eléctrica y la seguridad alimentaria en el campo. El 28 de abril el Cuc y la Coordinadora Maya Waqib Kej bloquearon carreteras y el 29 organizaron una marcha en la capital rechazando la reglamentación de las consultas populares, los desalojos violentos y exigiendo la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural.

En términos generales, lo que el campesinado busca es la condonación de la deuda agraria, la implementación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, la protección a los pueblos indígenas, el fomento de las Radios Comunitarias, la nacionalización de la energía eléctrica debido a los abusos cometidos por Unión Fenosa, detener los proyectos de minería, las mega carreteras, y las Hidroeléctricas. También la salvaguarda de lugares sagrados para la Cosmovisión Maya. Esta ley de desarrollo rural tiene un alcance bastante limitado ya que se basa en la compra o arrendamiento de tierras para entregarla mediante crédito a los campesinos, en vez de basarse en la expropiación y entrega en usufructo. A pesar de ello, la oligarquía y sus partidos se han opuesto durante 9 años a su aprobación. Algo interesante, es la oposición de las comunidades a la llamada propuesta gubernamental de “Reglamento de Consultas Comunitarias”. Dichas consultas constituyen una forma de participación ciudadana, y de expresión democrática, con este Reglamento se buscaría censurar la participación de la población.

El 7 de febrero se realizó una reunión en Gumarcaj, Quiché, entre el Gran Consejo de Autoridades Mayas, Xincas y Garífunas y personeros del gobierno. Entre otras cosas, se le reclamó al presidente que el Ministerio de Educación tome en cuenta el sistema educativo indígena, que se respeten las 47 consultas comunitarias realizadas en defensa del territorio contra la explotación minera e hidroeléctrica y el reconocimiento del sistema de justicia ancestral indígena. El Consejo hizo alusión al discurso de campaña de un Gobierno con “Rostro Maya”, actualmente un Gobierno con Rostro Maya en un proceso marcado de ladinización, pues no es hacia la población indígena a quien van dirigidas las políticas públicas y el actuar del gobierno, sino en favor de los voraces grupos empresariales.

El tema de la tierra, que está de moda en la palestra política, resurge con fuerza luego de los sucesos del Valle del Polochic, en donde fueron desalojadas muchas familias de forma violenta, y destruidas sus cosechas y viviendas, lo que agudizaría aún más, el problema de la desnutrición, y la seguridad Alimentaria. Para este año se prevé que morirán 15,000 personas por una mala nutrición, en un país donde en más de cien mil kilómetros cuadrados, no es posible sembrar la suficiente cantidad de alimentos que abastezcan la demanda nacional. Ante toda esta situación el gobierno de Colom se ha cerrado al diálogo. La pregunta es si buscando el diálogo, y llevando a cabo medidas de hecho no se logra concretizar nada ¿de qué forma entonces?

La coyuntura electoral, sin duda debe tener alguna incidencia en la postura que el gobierno ha tomado, pues además del poco diálogo que ha habido entre autoridades y organizaciones campesinas, el gobierno no ha asumido compromisos concretos. Tal vez en estos últimos meses de la administración de Colom, piense que le convendría reconfigurar su postura, pues con ello resolvería los problemas y además le generaría un rédito electoral. Mientras tanto el campesinado no se puede fiar de la demagogia electoral. Debe radicalizar sus métodos de lucha y sobre todo resolver la división entre las varias organizaciones. De lo contrario, se quedará como novia de Pueblo, Vestido y Alborotado. Juzgue Usted.