Por: Alberto Castro

Uno de los principales problemas de muchas familias salvadoreñas tiene que ver con el acceso a una vivienda propia, no digamos con el acceso a una vivienda digna, que bajo las condiciones actuales, equivale más a un lujo que a un legítimo derecho de la clase trabajadora y pueblo salvadoreño, y, en consecuencia una obligación por parte del Estado.

Cómo es normal, la mayor expresión de la crisis habitacional está concentrada donde vive el mayor parte de la población de este pequeño país, es decir, en el Gran San Salvador. Podemos contemplar dos aristas en un mismo umbral, acceso a la vivienda propia y vivienda digna, en el paradigma de una crisis habitacional que se empeora cuando es influenciada por salarios no acordes al costo de vida, además de las dificultades que tienen que ver con el acceso a créditos hipotecarios, etc.

Precios ajustados al interés empresarial

En el mes de abril el presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO), José Antonio Velásquez, dio a conocer que, de los 60 proyectos inmobiliarios destinados para uso habitacional, en su mayoría son proyectos de edificios departamentales, cuyos precios sobrepasan los $100,000 dólares.

Esto es de difícil acceso incluso para la clase media, ni que decir de trabajadoras y trabajadores con salarios mínimos y los sectores populares a los cuales el Estado, hecho a la medida de la oligarquía criolla Salvadoreña, les ha condenado a vivir en las peores penurias posibles, así vemos estampas tan normalizadas pero que no son sino una expresión violenta como lo es con las familias que viven en zonas de alto riesgo, sometidas al peligro de los deslaves con cada invierno, al movimiento telúrico constante, entre otros.

Para el empresariado de CASALCO, como también el Gobierno el problema de la vivienda es visto como un tema de precios, o mejor dicho: quien no pueda pagar lujos que compre modestia y si no hacinamiento, y en el peor de los casos que se vaya a vivir al barranco. Mientras que para el Gobierno del bukelato y su bancada cyan, quienes ostentan el poder formal del Estado, podrían solventar la crisis habitacional mediante políticas de vivienda social, pero esto último no solamente no está contemplado ahora mismo, en realidad está totalmente abandonado.

Sólo basta retomar lo dicho por Nayib Bukele en su momento al respecto: “yo no creo en el control de precios”, la autoregulación es el otorgamiento de la libertad para quienes tienen los monopolios el poder decidir por ellos mismos en cuanto a precios e intereses. Bukele en su inmensa propaganda muestra su compromiso en cuanto a la vivienda como un compromiso que se reduce al fomento de la construcción. Sin embargo, como vemos no tiene iniciativa de vivienda social sino fomentar ganancias para el monopolio de la construcción.

No caigamos en espejismos

Recientemente la Asamblea Legislativa aprobó tres solicitudes para transferencias de inmuebles. Ley Especial para la Transferencia a favor de Vivienda de un inmueble ubicado en suburbios de San Martín, Las Joyas de Apazonte, finca Gran Bretaña, del distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador, para su inscripción y posterior transferencia a las familias y las instituciones de utilidad pública que conforman la comunidad 1° de Junio. 2) Aprobación para que el Ministerio de Defensa done una porción de inmueble que formó parte de la finca Venecia, distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este.

El proyecto habitacional lleva por nombre "Villa Kiwanis". 3) Reformas a la Ley Especial para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional. Se encamina a la regularización de todas las lotificaciones para uso habitacional desarrolladas y comercializadas antes del 07 de septiembre de 2012.

Esto, aunque beneficia a muchas familias, de lo cual no se duda. Sin embargo, no constituye algo que tenga un impacto significativo a nivel general al no resolver ni de cerca el problema estructural adherido a la crisis habitacional. Se requiere algo mayor, lo cual sólo puede ser propuesto por la clase trabajadora, la cual debe romper con el monopolio empresarial que en colaboración con el Estado ha sumergido en la precariedad habitacional a miles de familias, cuando de lo que se trate es del fomento y garantías de acceso para la vivienda social.