Por German Aquino

Con los Acuerdos de Paz de 1992 entre la guerrilla  del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional  (FMLN) y el gobierno de la ultraderecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), se puso fin a la confrontación armada,  logrando a la vez la reducción del número de efectivos de las Fuerzas Armadas, eliminar  los reclutamiento forzosos de los cuales era la juventud la más afectada,   estableciéndose también  que el objetivo de esta seria  “la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio, es una institución permanente al servicio de la nación; es obediente, profesional, apolítica  y no deliberante". Con ello las fuerzas  armadas fueron encuarteladas y no tendrían participación en materia de seguridad pública,  creándose para tal finalidad la  Policía Nacional Civil (PNC), que  tendría como misión  “…  proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de las personas, la de prevenir y combatir toda clase de delitos, así como la de mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, tanto en el ámbito urbano como en el rural...”.  En sus inicios fue integrada por un 20% de elementos de los cuerpos de seguridad del estado,  otro 20% del FMLN y un 60% de personas que no pertenecieran a ninguno de los bandos, así mismo estaría bajo la dirección de civiles, conforme han pasado los años la dirección ha sido militarizada lo que la ha llevado a una desnaturalización.

Frágil democracia burguesa y agudización de la pobreza

Ademas de no consolidarse la incipiente democracia surgida con los Acuerdos de Paz, estos   no dieron solución a problemas estructurales históricos  como la pobreza,  falta de empleos y salarios dignos, sobrexplotación, vivienda, tenencia de la tierra, falta de educación, Etc. contario a ello  los gobiernos  de ARENA iniciaron  la privatización de servicios y activos del Estado. Desde los gobiernos de ARENA hasta  los del FMLN  buscaron tapar con programas asistencialistas las causas estructurales que generaron el pasado conflicto armado. Los cuales conforme ha pasado el tiempo se han ido agudizando,  lo que ha conllevado a un aumento de la delincuencia, violencia y de la migración. Ante la falta de un referente de izquierda han sido  las maras y pandillas las que lograron canalizar dicho descontento, siendo estas últimamente instrumentalizadas por los mismos partidos políticos con fines electorales. La pandemia por el COVID-19 vino a agudizar más los problemas de desempleo, salarios dignos, etc. el actual gobierno no parece estar dispuesto a dar verdaderas soluciones también ha recurrido a planes asistencialistas como el paquete alimentarios, entre de $300.00 Etc. 

Los gobiernos anteriores en lugar de dar solución real a las causas que llevan a la juventud a delinquir, se dedicaron a atacar los efectos ejecutando planes represivos de seguridad  en los cuales conforme fue pasando el tiempo incorporaron a efectivos de las fuerzas armadas en labores de seguridad, lo anterior  era contrario a lo establecido en los  Acuerdos de Paz y la Constitución de El Salvador.

Mientras el FMLN fue  oposición desde la Asamblea Legislativa criticaron la medida y con justa razón pues conocían la amenazas que ello representa, pero una vez en el Ejecutivo  contrario a lo que se hubiese esperado en lugar de encuartelar a las fuerzas armadas terminaron aumentando el número de efectivos  en labores de seguridad pública. El gobierno de Bukele no es la excepción  con su plan de seguridad control territorial, en el lanzamiento de su  fase IV ha abierto completamente las puertas de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad desplazando en los hechos a la PNC,   planteándose también  aumentar  de 20,000 a 40,000 el numero de efectivos.

Fase IV: pobres contra pobres

En el discurso de lanzamiento de la fase IV el presidente manifestó: "Habrá una persona brindando seguridad por cada pandillero. Así vamos a ganar esta guerra con las pandillas, con medidas valientes". Al  no atacar las causas que generan la violencia y la delincuencia todos los planes de seguridad implementados han sido un fracaso, solo han servido mediáticamente a los gobernantes de turno.  Desde que iniciaron con los planes represivos de seguridad el número de homicidios ha aumentado, para el 2020 año de la pandemia por el COVID-19 a pesar de la cuarentena El Salvador tuvo una tasa de 20 muertes por cada 100.000 habitantes. Es de recordar que durante el gobierno del FMLN hubo  una reducción  de los homicidios lo cual fue atribuido a una posible tregua, pero luego nuevamente se dio un repunte de  los homicidios. Similar a sucedido en lo que va del año se ha tenido un repunte de homicidios y personas reportadas como desaparecidas las cuales al final podrían ser traducidos como muerte.

El actual gobierno al igual como el de Funes en su momento plantea como un gran logro la reducción de homicidios, lo anterior parece desvanecerse a pocos meses de su gestión, conduciéndole  a un leve pero continuo desgaste de la gran popularidad que goza la cual podría caérsele de no resolver los problemas de la violencia y la delincuencia: los problemas de los cuales el pueblo salvadoreño demanda una pronta solución.   Es por ello que al final el actual gobierno al igual que los anteriores ha  militarizado a El Salvador lo cual además de generar un efecto mediático favorable en la población, le es útil para su proyecto político bonapartista.

El actual gobierno con su plan de seguridad no acabara con la violencia y la delincuencia, pero si fortalece  el aparato represivo del Estado, para  luego usarlo en el momento que los pobres y la clase trabajadora tome conciencia y mediante la organización y lucha sindical y popular exija sus derechos, así mismo lo usara contra toda oposición política.

Fortalecimiento del aparato militar

En  el 2020 el presupuesto asignado al ramo de la defensa nacional  fue 224,044,174,  para el 2021 los Diputados de la anterior legistura,  del proyecto de presupuesto solo aprobaron 220,000,959. Haciéndole un recorte aproximado de  $27.9 millones de dólares. Pero una vez tomo posesión la nueva Asamblea Legislativa le han sido aprobados refuerzo presupuestario como los   $38 millones de dólares solicitados en el mes de julio por el Ministro de la defensa quien  considera que dichos refuerzos son necesarios para “…la sostenibilidad del Plan Control Territorial… la modernización de la Institución, más equipo, más tecnología…A lo anterior se suma que la Fuerza Armada debe aumentar las capacidades con equipo como aeronaves, embarcaciones, botas y armamento…” (https://www.asamblea.gob.sv)

Parte del presupuesto asignado a la defensa es financiado vía prestamos, como ejemplo  los $109 millones, que  provienen del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), de los cuales tienen previsto usar 50 millones para la compra de equipos,  armas, municiones,  etc.

El actual gobierno a través de sus Diputados  además de modernizar  las fuerzas armadas con el  pretexto  de combate a la violencia y delincuencia, también busca congraciarse con el Estado mayor de la fuerzas armadas es por  ello que busca mejorar  “…las capacidades médicas hospitalarias, sistema previsional y mejoramiento de la infraestructura de las unidades militares…” https://www.asamblea.gob.sv). En ese marco tiene proyectado mejorar los hospitales militares, los cuales en la mayoría de casos  son solo para militares, de esta forma busca garantizar a los militares una atención médica  hospitalaria, asi mismo plantean mejorar el sistema previsional de la casta Militar, mientras la clase trabajadora  le toca sobrevivir con pensiones miserables.

 Los militares también busca adaptar su normativa jurídica a esta nueva etapa del autoritarismo es por ello que el Ministro  de Defensa también ha planteado ya la hacer reformas  a la Ley Orgánica de La Fuerza Armada, Ley de la carrera Militar, Ley de Control y Regulación de Armas, Código de Justicia Militar, Ley de Régimen Disciplinario de la FAES y Ley del IPSFA.

El servicio militar no es un empleo

En el lanzamiento de la fase IV del Plan Control Territorial manifestó “..Con esta Fase del Plan Control Territorial nos garantizará tener suficiente capital humano para poder vencer a las pandillas en sus territorios. Son 20,000 nuevos empleos para jóvenes honrados, leales, con amor a su patria, este es el tipo de jóvenes que queremos en nuestro país. Gente con ganas de trabajar y luchar por nuestro país…”.  El gobierno presenta el servicio militar como una respuesta a la falta de un empleado y salario para la juventud.

Que se combatan las causas y no los efectos

Es urgente que el gobierno actual resuelva los problemas de violencia y delincuencia, pero no mediante planes represivos, los cuales ya demostraron ser ineficaces, en lugar de continuar invirtiendo los fondos en las fuerzas armadas  se debe exigir que estos se destinen a crear más empleos, salarios dignos y mejores condiciones laborales, así como también condiciones que garanticen la educación gratuita y de calidad en todos los niveles, que todos los jóvenes terminen su bachillerato y que se les garantice el acceso a la educación superior.

Es necesario evitar que se consolide el militarismo en El Salvador, sabemos lo nocivo que esto ha sido para el pueblo salvadoreño, se debe recordar las masacres cometidas por la fuerza armada. Por cual debemos exigir que se investigue y castigue a todos los altos mandos de las fuerzas armadas responsables de los delitos cometidos en contra el pueblo salvadoreño.