Las sonrisas de la campaña electoral han quedado atrás, ahora hay una intensa lucha de poder entre Otón Solís y el presidente Luis Guillermo Solís.

Por Ramón Sibaja

Ha comenzado una pugna por el control del gobierno y del aparato partidario del PAC. Los grupos dentro del PAC batallan por el control del poder. Existe una crisis y un enfrentamiento cada vez más abierto entre una parte de los diputados de la bancada del PAC en la Asamblea Legislativa, jefeados por el patriarca Otton Solís, y el presidente Luis Guillermo Solís. Esta pugna llevó a la caída de Iván Barrantes Ruiz, ex asesor de la imagen del presidente Solís, quien ha denunciado una conspiración contra el presidente de la república, originada en su propio partido. Luis Guillermo Solís es considerado por la vieja guardia del PAC como un advenedizo, que dio un golpe de timón en la última Asamblea Nacional del PAC y logró quedarse con el poder. Este pleito por el control del gobierno es entre dos individuos que representan diferentes políticas, lo cual todavía no es visible para costarricense común y corriente.

La bancada del PAC de 13 diputados es minoría dentro de la Asamblea Legislativa, pero ahora se encuentra prácticamente dividida, metiendo en aprietos al presidente Solís, el cual se lamenta en público: “Es importante contar con el músculo legislativo, que tenga una buena habilidad de asociarse con otros partidos. Yo prefiero una bancada fuerte, pero no me voy a quedar viendo el ocaso.” (La Nación, 13/8/2014).

Estas declaraciones del presidente Solís confirman una abierta lucha dentro de los grupos del PAC por el poder. El detonante ha sido la supuesta denuncia contra el diputadoVíctor Morales Zapata, fiel al nuevo grupo que ha tomado las riendas del poder: El presidente Luis Guillermo Solís y Melvin Jiménez, polémico pastor luterano y ministro de la presidencia, acusado de financiar la campaña del actual presidente, en detrimento del patriarca Ottón Solís, fundador y caudillo del PAC, el cual fue relegado en la Asamblea Nacional del PAC que eligió al candidato presidencial.

De hecho la alianza de diputados que permitió la elección del Directorio Legislativo el pasado 1 de mayo saltó por los aires. Por ello el diputado Gerardo Vargas, jefe de la bancada del FA, ha dicho que “ahora hay que sentarse a conversar con los grupos y convencerlos de los proyectos.”(La Nación, 13/8/2014).

UCCAEP golpea la mesa

La crisis dentro de la bancada del PAC coincide en el tiempo con los reclamos de los empresarios agrupados en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP). Los reclamos en los pasillos se han hecho públicos.

La clase empresarial de Costa Rica creció bajo el amparo del sistema bipartidista PLN-PUSC. Están preocupados porque Costa Rica continúa perdiendo peso en el mercado regional. Las condiciones favorables que permitieron el desarrollo de la manufactura costarricense han llegado a su fin con la implementación del tratado de libre comercio conocido como CAFTA-DR. Existe desconcierto y desesperación entre la burguesía costarricense.

Ronald Jiménez, presidente de UCCAEP, sintetiza el descontento de los empresarios: “Cuando el Partido Acción Ciudadana ganó las elecciones, hubo una buena comunicación de parte de don Luis Guillermo con los sectores, sin embargo hoy no percibimos la misma disposición, sino que se envían señales que generan incertidumbre e inseguridad en el sector”.

UCCAEP no está conforme con el último aumento de salarios del 4% para los trabajadores públicos, decretado por el gobierno en un afán de consolidar su base social electoral y dinamizar el mercado interno.

Las exigencias de los empresarios son claras: tarifa eléctrica y combustibles, déficit fiscal e impuestos.UCCAEP ha golpeado la mesa para presionar al gobierno del PAC a abrir “más espacios de diálogo a futuro para la toma de decisiones que requiere el país en el corto, mediano y largo plazo”.

Sin recursos, comiendo democracia

El tiempo transcurre y las expectativas de cambio siguen pendientes entre las masas. Por eso, la estrategia del presidente Luis Guillermo Solís, ante la imposibilidad de dar concesiones materiales significativas al movimiento de masas, es dar de comer democracia.

Existen dos temas, con los cuales ha mantenido en vilo a la opinión pública, mientras el quehacer del gobierno se estanca: el tema de igualdad religiosa y las concesiones al movimiento de la diversidad sexual, muy poderoso en este país.

Costa Rica es un Estado confesional. El artículo 75 de la Constitución establece que “La Religión Católica, apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento”. A pesar de ello, la cantidad de católicos ha descendido hasta un 57% de la población. El número de feligreses de las iglesias protestantes ha subido casi a la mitad de la población, transformándose en un tema muy sensible.

Debido a que no tiene los votos suficientes para una reforma constitucional, el presidente Solís ha enseñado un caramelo: un proyecto de ley de igualdad religiosa, para así ganarse a un gran porcentaje de la población. Pero aunque sea una ley ordinaria, tampoco tiene los votos necesarios, convirtiendo el tema de igualdad religioso en una campaña de propaganda política nada más.

EL gobierno del PAC es incapaz de llevar a cabo una tarea democrática elemental de las revoluciones burgueses como es la instauración de un Estado laico, donde se separa la fe religiosa del rol que supuestamente debe jugar el Estado. La consigna de Estado laico ha quedado en manos solo de grupos de izquierda, todavía minoritarios.

Otro tema candente ha sido la repuesta al movimiento de la diversidad sexual. En una actitud demagógica, Luis Guillermo Solís hizo ondear la bandera del “arco iris”, símbolo del movimiento LGBTI. Pero eso no ha sido suficiente. El respeto a la igualdad y la diversidad sexual obliga a ciertas políticas del Estado. La primera concesión material fue dada recientemente a las parejas del mismo sexo, que ahora podrán recibir atención médica en las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), pero de hecho es la única.

Para calmar el descontento del movimiento por la diversidad sexual, el presidente Solís creó una mesa de diálogo que comenzará sus sesiones el próximo 16 de septiembre, maniatándolo a la incapacidad del gobierno.

El conflicto por el informe de los 100 días

No hay duda que el gobierno del PAC está chorreando sangre, no porque tenga una fuerte presión de las masas en lucha, sino por la puñaleada entre sus propios grupos. Con la división de la bancada del PAC, de hecho ha desaparecido la alianza legislativa, y se han producido increíbles reacomodos y nuevas alianzas temporales que coinciden en su crítica contra el gobierno de Luis Guillermo Solís.

Sin apoyo de su propio partido dentro de la Asamblea Legislativa, sin posibilidades de defenderse ante posibles ataques, el presidente Solís tuvo que recular en su pretensión de dar un informe ante el parlamento, y conformarse con presentarlo en el modesto teatro “Mélico Salazar”, para el día 28 de agosto. La soledad de Luis Guillermo Solís crece y los grupos parlamentarios se unen en su contra.

El PUSC propone concertación

En rio revuelto hay ganancia de pescadores. La bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), trata de aprovechar las divisiones, erigiéndose como el principal grupo “bisagra” a la hora de los momentos críticos.

Rodolfo Piza, excandidato presidencial y secretario general del PUSC, ha planteado una concertación. No obstante, cualquier recomposición de la alianza legislativa implicaría alguna concesión de parte del gobierno: puestos, ministerios, etc. Los partidos burgueses negocian cuotas de poder y prebendas, y eso es lo que menos puede dar el presidente Solís.

El reformismo parlamentario del FA

En estos meses hemos visto algunos roces y reclamos discretos de la dirección del Frente Amplio (FA) al gobierno del PAC, pero no ha llegado a producirse una ruptura de la alianza política. La estrategia electoralista de la dirección del FA se concentra en enarbolar las principales demandas que agitaron durante la campaña electoral, y que por cierto ayudó mucho a obtener semejante caudal de votos, para conservar y ampliar la base social electoral del FA.

El FA ha retomado el proyecto de ley, impulsado originalmente por José María Villalta, que permita a los Inspectores del Trabajo a cerrar empresas que no cumplan con el Código del Trabajo. Aparentemente es una posición muy progresiva, pero realmente no lo es, porque le estaría dando mucho poder a la burocracia del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Los Inspectores del Trabajo casi siempre son comprados o sobornados por los empresarios. En vez de darle poder a los sindicatos y centrales obreras, para obligar a los empresarios a cumplir con la ley laboral, que de por sí es desventajosa para los trabajadores, este proyecto del ley la da poder a una burocracia corrupta, ineficiente y antiobrera.

Es posible que hayan algunos Inspectores del Trabajo que quieran hacer cumplir la ley, pero son una minoría, la excepción de la regla general. El FA, que se reclama como partido de izquierda, debe impulsar proyectos que le den mayor poder a las centrales obreras y sindicatos en la lucha cotidiana contra los voraces empresarios. Otra proyecto de ley presentado por los diputados del FA pretende regular los aumentos de matrículas en las universidades privadas, permitiéndole al Consejo Nacional de Educación Universitaria Privada (CONESUP) tomar medidas al respecto. Si ese proyecto de ley se aprobara, sería algo así como poner a los gatos a cuidar la leche.

En Costa Rica vivimos una situación muy particular en relación a la educación superior. La Universidad de Costa Rica (UCR) es la principal universidad estatal, pero a diferencia de otros países de Centroamérica, en ella estudian los hijos de las clases pudientes. Los hijos de los trabajadores tienen muy pocas oportunidades para entrar, y por ello terminan graduándose en las “universidades de garaje”, de baja calidad educativa, lo que se convierte en un verdadero negocio para sus dueños.

Nuevamente observamos una estrategia basada en el reformismo parlamentario y no en darle mayor beligerancia a los trabajadores y estudiantes. Debemos luchar por darle mayores recursos a la educación pública, y no por poner parches a un sistema de educación superior privada que es un negocio, tan lucrativo y tan inmoral como lo es narcotráfico. Más bien hay que cerrar las universidades privadas porque estafan a los hijos de los trabajadores, el Estado debe recuperar el monopolio de la educación pública superior, de calidad.