Por Indalecio Trejos

Desde hace algunos años, el déficit fiscal de Costa Rica es motivo de preocupación de los empresarios y de los sucesivos gobiernos. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda, al final de la administración de Oscar Arias, durante el primer trimestre del año 2010 el déficit fiscal alcanzó los 493,2 millones de dólares (equivalente al 1,6 del PIB), lo que representó un incremento del 146,3% frente a los 200,2 millones del mismo periodo del año 2009.

Costa Rica cerró el año 2009 con un déficit fiscal de 893 millones de dólares, equivalente al 3% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que para 2010 el déficit del Gobierno  terminó el año pasado en un monto equivalente al 5,3% del PIB: ¢983.000 millones de colones, el más alto desde 1994 y el mayor de América Latina en la actualidad. Para el año 2011 el déficit se calcula en 5,8% del PIB

Esta tendencia al mayor endeudamiento se mantiene  y profundiza, por ello el gobierno de Laura Chinchilla ha iniciado una feroz campaña por imponer la llamada “reforma fiscal”, que no es otra cosa que un violento ataque contra el nivel de vida de la clase media y de los trabajadores

La “reforma fiscal”

En cuatro ocasiones, la presidencia de la república ha retrasado el envío del proyecto de reforma fiscal a la Asamblea Legislativa. La oposición burguesa se ha mostrado reticente a aprobar a ciegas este plan de austeridad, tomando en consideración la realización de elecciones municipales, en  Diciembre del año 2010, pero las elecciones ya pasaron el debate  en torno a la reforma fiscal ha dominado la agenda legislativa.

Inicialmente, el gobierno pretendió aumentar el Impuesto al Valor (IVA) del 13 al 15%. Bajo el pretexto de combatir la evasión fiscal, que casi siempre es realizada por las grandes empresas, el gobierno quiere gravar también los servicios públicos, productos y pequeños negocios que por el momento no pagan. O aumentar el monto de los ya gravados: cines, peluquerías, servicios profesionales, universidades, etc. La realidad es que la reforma fiscal pretende ampliar la base tributaria, haciendo que la mayoría del pueblo pague más impuestos.

En relación al impuesto sobre la renta, los ahorrantes deberán pagar un 15% por los intereses que generan sus ahorros. Las pequeñas y medianas empresas tendrían un trato diferenciado, pagarían entre un 10%, un 20% o un 25%, según una nueva clasificación establecida por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Las grandes empresas pagarán un 30%, pero también un 15% de renta sobre dividendos.

El proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria

La presidenta Chinchilla, a la caza de votos para su proyecto de reforma fiscal, ha mantenido conversaciones de alto nivel con los jefes de bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC),Accesibilidad sin Exclusión (PASE), Renovación Costarricense y Restauración Nacional, entre otros. Producto de estas negociaciones, el gobierno aceptó reducir su propuesta del 15% al 14%, es decir, aumentar solo un punto, pero a cambio de castigar a la clase media, subiendo los impuestos a la compra de vehículos en 10 puntos, al traspaso de bienes inmuebles de 1,5 a 3% e impuesto a la educación privada en un 10%, aplicable solo se aplica a carreras acreditadas por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes). Para las carreras no acreditadas el tributo sería del 14%.

El proyecto inicialmente consensuado de reforma fiscal fue presentado finalmente el pasado 17 de Enero a la Asamblea Legislativa, bajo la forma del proyecto de ley de “Solidaridad Tributaria”. Con la reforma fiscal, el gobierno pretende aumentar los ingresos al 2,5% del PIB, unos ¢500.000 millones de colones.

No obstante, ante el revuelo causado en algunos sectores burgueses que se oponen a la reforma fiscal, como es el caso del ahora minoritario Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Chinchilla se ha mostrado conciliadora en aras de obtener el consenso necesario para imponer el nuevo plan de reforma fiscal: “Tenemos que hacer, en consecuencia, un esfuerzo colectivo por procurar recursos para mantener una serie de programas sociales. (…) Lo que hacemos es un llamado a las diferentes fracciones legislativas después de muchas reuniones que se sostuvieron y estamos en la mejor disposición de escuchar sus propuestas, estamos en la mejor disposición de ajustar algún contenido de la reforma fiscal”. (Extra, 20/01/2011)

La tatica de negociación adoptada por el gobierno consiste en presentar un plan extremadamente duro para ir devanándolo en el camino, guardando los aspectos esenciales del mismo.

Empresarios no quieren pagar impuestos

El panorama es complicado para el gobierno. Manuel Rodríguez, presidente de la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) resumió las reticencias de los empresarios en torno a la reforma fiscal: "Un estudio de la Contraloría de la República indicó que la evasión en comparación con el Producto Interno Bruto representa un promedio del 3.6% (…) la disminución en la recaudación fiscal que ha experimentado el país, producto de la desaceleración económica, nos obliga a ser más eficientes en el gasto público, el cual debe orientarse a inversiones que generen mejores condiciones para el desarrollo económico tales como educación e infraestructura entre otros. Reducir el gasto, fortalecer los programas de gestión y fiscalización; consolidar el proyecto de tributación digital con el fin de que haya claridad sobre las responsabilidades tributarias y facilidad para realizar el pago”. (Informático, 18/01/2011)

En pocas palabras, la UCCAEP quiere que se claven más impuestos al sector informal, a los asalariados y los pequeños negocios, pero no a las grandes y medianas empresas. En lo único que coincide con el gobierno de Chinchilla es en reducir el gasto público, lo que en la práctica se traduce a menos salud pública, menos educación y peores condiciones de vida para el pueblo.

Represión y austeridad

Como era de esperarse, ante los dudas de los empresarios y de la oposición burguesa, la presidente Chinchilla ha salido en defensa de su reforma fiscal, que no es otra cosa que el plan de salvación del capitalismo costarricense, amenazado por un quiebra de las finanzas del Estado.

Chinchilla grita a los cuatro vientos que el 60% de la nueva recaudación recaerá, no en los pobres, sino en el 20% de la población más rica, y enseño su puño de hierro: “Hay que llamar las cosas por su nombre: los que evaden impuestos son unos delincuentes”. (La Nación, 20/01/2011). Esta declaración augura represión contra los pequeños y medianos negocios que se resistan a pagar los nuevos impuestos.

La otra cara de la moneda de la reforma fiscal es el riguroso plan de austeridad en contra de los trabajadores del sector público, los que más han peleado en los últimos años, especialmente del como del ICE hasta la fecha.

Chinchilla ha anunciado que el aumento de salarios para los 175,000 empleados del sector público no pasará del miserable 2,14%, mientras el conjunto de los asalariados pagaran más por el IVA y el IR

Tibia reacción de los sindicatos

La ministra del Trabajo, Sandra Piszk, justificó la congelación salarial: “No se puede ir más allá, estamos en una situación fiscal muy complicada y tenemos que hacer fijaciones salariales totalmente acordes al país”. (La Nación, 20/01/2011)

Édgar Morales, secretario adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), lamentó que “se use el timo de que hay déficit fiscal para mantener salarios bajos y deteriorar la capacidad de compra de los trabajadores”. (La Nación, 20/01/2011)

La posición de las centrales sindicales ha sido tibia, los diferentes dirigentes sindicales muestran su descontento, pero no organizan acciones contra el mayor ataque contra el nivel de vida de los trabajadores costarricenses en los últimos años.

Reacomodos de la oposición burguesa

La reforma fiscal no es agradable para las masas costarricenses. Por ello, en la Asamblea Legislativa se han producido los reacomodos más extraños, entre las diferentes bancadas

Como siempre ocurre, los partidos burgueses en el parlamento tratan de sacar ventajas de los apuros del gobierno de Chinchilla. En un momento coinciden parcialmente con el gobierno, y en y otro momento, dependiendo del grado de rechazo de la opinión pública, aumentan sus críticas al proyecto de Ley No 17959. A finales de enero, 31 de los 57 diputados manifestaron algún grado de oposición al proyecto de reforma fiscal, pero esta oposición no es más que una manifestación distorsionada de la enorme presión popular en contra de ese plan de austeridad.

Las bancadas del PUSC y  PAC, PASE del Frente Amplio (FA) se oponen los aspectos más duros de la reforma fiscal, al igual que el ultraderechista Movimiento Libertario, pero ninguno se opone de tajo a que los pobres, la clase media y los pequeños negocios paguen la quiebra evidente del “estado benefactor” que el mismo Partido Liberación Nacional (PLN) impuso como modelo después del triunfo de la revolución de 1948.

No se puede confiar en los diputados ni en los partidos burgueses, porque ellos tratan de pescar en rio revuelto.

Los sindicatos deben luchar contra la reforma fiscal

Estamos ante el más fuerte y brutal ataque del gobierno contra los trabajadores y la clase media. Es necesario desarrollar la más amplia unidad de acción de las centrales obreras, sindicatos del sector público, entre los que podemos mencionar al ICE, al magisterio y ANEP, para frenar el plan de robo de nuestro salario.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a estas centrales obreras y sindicatos a convocar a un Encuentro Nacional, unitario y democrático, para desarrollar un plan de lucha que contemple al menos un aspecto esencial: que el déficit fiscal lo paguen las grandes empresas y que no se reduzca el gasto público en salud, educación, para poder otorgar un justo aumentos de salarios para los empleados públicos y demás trabajadores, acorde con la carestía de la vida