Por Leonardo Ixim

El destape de escándalos de corrupción protagonizados por altos funcionarios del gobierno del Partido Patriota ha provocado un descalabro en este gobierno presidido por el ex general Otto Fernando Pérez Molina. Esto coadyuva aún más al debilitamiento del régimen político impuesto con la apertura democrática y al lento desgaste de todo el sistema de dominación.

Estos casos son, el caso de defraudación aduanera en la Superintendencia de Administración Tributaria, que vincula al hoy prófugo Juan Carlos Monzón ex secretario privado de la vicepresidencia, y a la ex vicepresidente Roxana Baldetti; el caso de los abogados de la impunidad que relaciona un bufete privado con la jueza que inició el proceso penal contra los implicados en el caso de SAT, bufete cercano a la actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Blanca Stalling, ex directora del Instituto para la Defensa Penal cercano al narcotraficante, protegido de Baldetti y presumiblemente informante de la DEA, Gustavo Herrera.

Igualmente está el caso de la detención de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco del Seguro Social, dirigida por su ahora ex presidente Juan de Dios Rodríguez, ex militar de inteligencia y hombre cercano a OPM, quien fue su secretario privado en los dos primeros años de gobierno. Rodríguez fue señalado junto a Herrera de ser los operadores políticos del gobierno para el control en el proceso de selección, y por ende en la elección, de magistrados tanto para la CSJ como de jueces en Cortes de Apelaciones. Selección que fue una forma de reparto de influencias y poder entre el PP y el partido Lider de Manuel Baldizón.

Una pieza clave en todo esto es Luis Mendizábal, ahora prófugo también, por ser señalado de facilitar las negociaciones entre los funcionarios defraudadores del fisco y los importadores que buscaban facilitar la entrada de mercancías. Mendizábal tiene un largo historial de conspiración de parte fuerzas de la extrema derecha, implicado en los intentos de golpe de estado contra el democristiano Vinicio Cerezo en los 80s y de las movilizaciones conservadoras contra el gobierno de Álvaro Colom. En su oficina fue filmado el video que se difundió previo al muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, donde acusaba a la hora candidata Sandra Torres de planear su muerte. Recordemos también que fue en la boutique propiedad de Mendizábal donde a inicios de los 80s fue fundado el partido derechista salvadoreño Arena.

Mendizábal es cercano al ahora nominado candidato por el partido gubernamental Mario David García, quien fuera su compañero de conspiraciones desde los 80s con su programa de televisión Aquí el Mundo, cerrado durante la trama golpista. Además de ser él quien editó el video de Rosenberg. Actualmente dirigía un programa de radio en Emisores Unidas, a través del cual demagógicamente atacaba al gobierno.

El Partido Patriota

Al igual que todos los partidos que han gobernado desde la apertura democrática, al ser piezas para los intereses patrimonialistas de caudillos y por tanto “agarra todo”, al finalizar su gobierno inicia su muerte. Pero el caso del PP es más agudo porque su agonía está marcando los síntomas más profundos de debilitamiento del régimen político.

Este partido, fundado a inicios de los años dos mil, formó parte en un primer momento de la coalición gubernamental que llevo a Óscar Berger a la presidencia, junto al Partido de Solidaridad Nacional del grupo corporativo de los Castillo Sinibaldi, quienes después se fundieron con el Patriota, y el Movimiento Reformador del ahora presidente del Cacif y sempiterno dirigente de la Cámara de Comercio Jorge Briz, que postulara al ex candidato presidencial del PP y ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi. Recordemos que OPM fue comisionado de seguridad en el gobierno de Berger hasta su renuncia; posteriormente estos partidos saldrían paulatinamente de ese gobierno.

El patriota es un proyecto organizado por ex militares que fueron miembros de la inteligencia militar, entre los que sobresale el ahora ex ministro de gobernación Mauricio López Bonilla, cercano al actual embajador en Washington Julio Ligorría, relacionado con organismos de extrema derecha como La Liga Propatria y al grupo empresarial Multiinversiones y vinculado a Bonilla por medio de la sociedad Grupo Intermirage Latinoamericano, que hace marketing electoral y señalado de realizar campañas de desinformación. Otros militares son Walter Zepeda director de la Saas -organismo que se encarga de la seguridad presidencial- el ex ministro de defensa Ulises Anzueto, quien ocupaba el cargo de secretario de inteligencia hasta su reciente destitución y ex general Ricardo Bustamante, quien dirige la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, ente encargado de asesorar a la presidencia en materia de seguridad y miembro de la misma promoción militar de OPM. Sobresalió en la organización y fundación de este partido la ahora ex vicepresidente Baldetti Elias, quien en su juventud trabajo con Mario David García en su programa televisivo y es sobrina del ex presidente Serrano Elías, siendo secretaria de comunicaciones en su gobierno.

Además están los empresarios que financiaron ese partido, comenzando por los Castillo Sinibaldi, tanto el padre Ricardo, quien fuera candidato a vicepresidente en las elecciones de 2008 y su hijo Alejandro, dueños de empresas constructoras y de los centros recreativos privados del Irtra. Los Archilla Marroquín, dueños de medios de comunicaciones como Contrapoder, Emisoras Unidas, Publinews, Canal Antigua, etc.; uno de ellos fue ministro de Energía y Minas. Y sobre todo el Holding Multiinversiones de los Gutiérrez-Bosh, empresarios agroindustriales del sector avícola y dueños de la cadena internacional Pollo Campero; aquí sobresale Dionisio Gutiérrez, conductor del desaparecido programa televisivo Libre Encuentro y cercano a la derecha pos franquista española, sobre todo a José María Aznar, en la denominada Fundación Libertad.

Otros empresarios son los Leal Castillo, emparentados con los Castillo Sinibaldi y con la familia de la esposa de OMP, Rosa Leal de Pérez. Sobresale Mario Leal Castillo, quien fue secretario de asuntos privados del presidente y empresario azucarero con industrias en Guatemala y Nicaragua -socio del poderoso grupo nicaragüense Pellas- y quien se separó del gobierno por divergencias en torno a cómo realizar el ahora postrado proyecto del canal seco paralelo a Honduras y El Salvador. Leal Castillo ahora es el candidato a vicepresidente de Sandra Torres de la UNE.

Las fuerzas que están en crisis

De esto se ha escrito en muchos medios electrónicos. Solo mencionaremos que en este gobierno confluyen tres líneas de ex militares que tienen su origen en los denominados militares institucionalistas, que a la sombra del difunto Alejandro Gramajo, ex ministro de defensa en tiempo de Cerezo, fue el sector hegemónico desde el golpe de Estado de marzo de 1982.

Durante el gobierno de Cerezo, Gramajo, para neutralizar los movimientos golpistas de la extrema derecha (los oficiales de la montaña) se acercó algunas figuras del viejo generalato, como Manuel Callejas y con el otro ex miembro de la inteligencia Francisco Ortega Menaldo. Estos fueron parte de otra red de defraudación aduanera conocida como la Red Moreno y donde algunos nombres como Mendizabal y el teniente Jerez se repiten en la red La Línea. Ex militares como Bonilla, Bustamante y civiles como Ligoría, Baldetti y Mario David García, fueron cercanos a Ortega y pertenecieron a la Red Moreno.

Sin embargo las relaciones entre Ortega y OPM se enfriaron tras el serranazo, pues el primero apoyó la aventura bonapartista de Serrano, mientras que Pérez Molina, con el beneplácito de EU y el sector privado, neutralizó tal movimiento, imponiendo en la presidencia al procurador de los derechos humanos de ese momento, Ramiro de León Carpio, padre del actual procurador Jorge de León Duke.

Los dos grupos que se crearon tras el serranazo fueron, el Sindicato de OPM conocido también como Los Titos -por el seudónimo de guerra de éste al dirigir una base militar en Quiché siendo señalado de crímenes de guerra-, vinculado a una banda de narcotraficantes conocido como El Cartel de Tacaná cuando fue asignado a San Marcos. Y La Cofradía de Ortega, que cayó en desgracia tras los procesos penales contra militares cercanos a este, acusados de robo en el gobierno de Portillo; este grupo se volvió sostén del presidente, donde Ortega es asesor privado de OPM.

La otra línea es la del ex ministro de defensa en el gobierno de Arzú, Marco Tulio Espinoza, quien nuevamente junto a Luis Mendizábal dirigirían un centro ilegal de espionaje conocido como La Oficinita y quien tiene como bisagra con los demás grupos a Mario Mérida, ex oficial de inteligencia, columnista de medios escritos y quien dirige el gubernamental Instituto de Estudios Estratégicos. Mérida es autor de algunos libros que pretenden sustraer la imagen de terrorista del ejército. Espinoza, que apoyó fuertemente el proyecto de reforma constitucional de ProReforma, es un camaleón que se incrusta cerca del ejercicio del poder, pero a la vez se aleja de las intrigas.

Estas fuerzas han sido grupos de miembros de ejército vinculados al crimen organizado que concentran el poder fácticamente, y que han hecho del Estado su forma de reproducción. Pretendieron realizar gobierno formalmente y ahora demuestran su fracaso. Para otros factores de poder como el sector privado y el gobierno gringo, se vuelven ahora un bulto que tienen que apartar, mediante la selección de Maldonado Aguirre a la vicepresidencia, quien está presto a sustituir a OPM si es necesario.