NICARAGUA.- La crisis salarial se agudiza

Por Diego Lynch

Hace más de un mes que se abrió la mesa de negociaciones para el incremento del salario mínimo en Nicaragua, el cual debió de estar aprobado a más tardar el día 16 de febrero. Sin embargo, a estas alturas aún no sale humo blanco de las chimeneas gubernamentales, ya que la empresa privada, las federaciones sindicales oficialistas y el gobierno a través del Ministerio del Trabajo (MITRAB) no han logrado llegar a un consenso.

Nuestra legislación establece que de no llegar a un acuerdo, será el Gobierno Central a través del MITRAB el que tomará la decisión de cuánto será el porcentaje de aumento en los sueldos. Sin embargo, el gobierno del Frente Sandinista no ha querido tomar la decisión porque no quiere quemarse ante su base y demostrar la implementación de sus políticas burguesas y capitalistas.

Es por esta razón que Jeaneth Chávez, ministra del trabajo, aseguró que el gobierno lo que busca es el consenso y el acuerdo tripartito. Esto muestra claramente la claudicación a la empresa privada y el poco interés hacia la clase obrera y trabajadora del país de parte de los sandinistas, ya que la misma ministra aseguro que no se aplicará el incremento de manera retroactiva, a pesar de que  en un principio el gobierno así lo había dicho, habiendo asegurado incluso que de no cumplirse se multaría a los empleadores.

Ante esta negativa por parte de los integrantes de la mesa de negociación, el único que se ha visto perjudicado es el pueblo nicaragüense y sus trabajadores, quienes día a día ven incrementar el precio de los alimentos y el costo de la vida, esto en detrimento de su nivel de vida, el cual cada vez es más bajo.

Sindicatos Sin Consenso

Mientras la clase obrera y trabajadora sufre la crisis económica y la deficiente labor sindical y del Estado, las federaciones sindicales que dicen representarlos no logran ponerse de acuerdo, lo que favorece a los empresarios, quienes sí han consensuado una postura y han hecho una propuesta.

Luis Barbosa, dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores “José Benito Escobar”, expresó que el alza del pago mínimo debe de estar acorde con el comportamiento de la inflación y el desempeño económico del país, por lo que sostiene una exigencia de un 16 por ciento en general para los sectores económicos, y un 30 por ciento para el campo. (Declaraciones de Luis Barbosa al diario La Prensa. 2 de marzo del 2012).

Contrariamente a los planteamientos y exigencias hechas por Barbosa, Gustavo Porras, del Frente Nacional de Trabajadores (F.N.T), plantea un incremento de un 16 por ciento para el campo y de un 15 por ciento para el resto de sectores económicos. Esta propuesta se acerca más a lo planteado por los representantes de la empresa privada, quienes solicitan un incremento de 13 por ciento para el campo y de un 12 por ciento para los trabajadores de las demás actividades económicas.

Estas posiciones son una clara claudicación del Gobierno de Daniel Ortega y los empresarios, quienes a cambio de mantener la explotación laboral sobre los trabajadores le han venido dando su apoyo y visto bueno en la implementación de sus políticas capitalistas.

Una vez más

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) exige las federaciones sindicales oficialistas que dejen a un lado el juego que mantienen en las mesas de negociaciones y no sigan manipulando a la clase trabajadora del país. Es hora de exigir al gobierno de Daniel Ortega que incremente un aumento salarial justo y digno para la vida de los nicaragüenses.

Si los empresarios no aceptan los planteamientos, es hora de que el acuerdo se tome de manera bipartita, exijamos un salario mínimo de trescientos dólares, el cual deberá ser revisado gradualmente según la carestía de vida y el deslizamiento de la moneda. De igual forma es de obligatorio el cumplimiento del pago retroactivo y brindar un ambiente laboral sano y con las condiciones de vida necesarias y dignas.

Hacemos un llamado a todos nuestros compañeros obreros y trabajadores a suspender sus labores y convocar a una huelga general de 24 horas hasta que se nos de una respuesta positiva a nuestras exigencia laborales y salariales, las cuales son el mínimo para poder vivir dignamente como ser humano.

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