HONDURAS.- El empresariado y el gobierno quieren manipular el derecho a la consulta previa, libre e informada

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Por Horacio Villegas

“Desde su nacimiento, los sistemas jurídicos nacionales, por lo general han pretendido regular la vida social de modo homogéneo, desconociendo el contexto multicultural y de pluralismo jurídico…”

Marco Aparicio, Los pueblos indígenas y el Estado

En Honduras la legislación nacional ha planteado desde sus inicios –tal como lo reza la cita puesta arriba–, poner en el centro de la vida nacional a un individuo homogéneo de raigambre criolla y mestiza, el ciudadano de tez blanca, a su vez gran propietario y comerciante adinerado. Los pueblos indígenas, en el transcurrir de la Colonia hasta mediados del siglo XX, fueron “inexistentes” y estuvieron a la sombra de leyes que aseguraron el crecimiento económico de nacionales y extranjeros.

Varios investigadores del país han dado cuenta de estas pretensiones elitistas de los gobiernos de turno de construir un estado nacional carente de uno de sus principales actores: los pueblos indígenas. Las sucesivas décadas del siglo XX vieron surgir la ya incontenible presencia de estos grupos, quienes irrumpieron en la capital exigiendo ser escuchados y visibilizados por el Estado hondureño.

Diferentes acuerdos y tratados internacionales fueron suscritos por el Estado de Honduras, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1995, el Protocolo de Nagoya en el 2012, entre otros. Aunque se ha tenido premura en la firma de estos acuerdos internacionales, la situación del país en materia de derechos indígenas ha sido diferente.

El Congreso Nacional aprobó el decreto 279-2010 que, entre otras cosas, le da carácter de urgencia a los megaproyectos energéticos como las hidroeléctricas estatales; ya la prueba de ello ha sido la finalización del proyecto hidroeléctrico Patuca III, que no fue socializado, tal como lo afirma, paradójicamente, un informe elaborado por el BID, entre las comunidades indígenas cercanas a dicho proyecto: los Tawahkas, Misquitos y Pech. La construcción de las represas que todavía faltan, Patuca IIA y II, sería una realidad mientras prevalezcan estos intereses gubernamentales que violan los convenios y normativas suscritas a nivel internacional.

El Instituto de Conservación Forestal (ICF), antes la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Cohdefor), y lo que ahora se denomina Mi Ambiente, han entregado, sin tanta demora, las licencias ambientales que los empresarios inversionistas de los proyectos hidroeléctricos y mineros, solicitan para iniciar sus labores.

Dada la prisa con que se entregan las licencias ambientales a estas empresas, cabe suponer que las “indagaciones” elaboradas por estas instituciones responsables de la protección ambiental, son erráticas, y conducidas intencionadamente hacia dictámenes favorables para estos empresarios de la industria extractiva. No es extraño esto, ya que el gobierno nacionalista es afín, cuando no socio de dichas empresas. Gladis Aurora, ex presidenta del Partido Nacional, es socia de estos proyectos hidroeléctricos, así como otros funcionarios públicos.

¿Por qué un Anteproyecto de ley Marco de consulta libre, previa e informada, surgida del mismísimo gobierno nacionalista? Porque los proyectos extractivistas han tenido una férrea oposición desde las comunidades indígenas organizadas. Los empresarios de este rubro extractivo, han hecho lo imposible por iniciar estos proyectos, pero se han encontrado con que las socializaciones y consultas han resultado en un total apego de las comunidades a la protección de sus ríos y territorios. Bajo este contexto no han podido iniciar sus tan rentables negocios a costa de la destrucción de los bienes comunes.

La UNAH: un espacio de ciertos académicos despolitizados y otra institución plegada a lo gubernamental

Recientemente, el jueves 16 de agosto, en un evento programado por la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (Dinafroh) y el área de Vinculación Universidad-Sociedad, se dio a conocer un panel sobre la ley de consultas que el gobierno a través de sus instituciones, quiere implementar. En dicho evento estuvieron pocos académicos de la antropología y otras áreas del conocimiento, además de pocos estudiantes, pues era un viernes, donde las actividades de la universidad son mínimas.

Las intervenciones iniciales clarificaron el tema indígena en el presente siglo; se explicaron una suerte de descripciones propias de la academia: elaboraciones teóricas y metodológicas, y uno que otra situación anecdótica en el trabajo de campo. Los razonamientos allí expuestos, por sí mismos –especialmente el argumento dicho por el primer expositor: “cada visión de comunidad es diferente”– hubieran desmantelado, si el propósito hubiera sido ese, las pretensiones que tenían los siguientes expositores, de imponer y a su vez “explicar”, el criterio de un protocolo único de consulta para los pueblos indígenas. Ni al final, ni durante la primera ponencia del evento, escuchamos una tan sola reprimenda hacia estas nefastas políticas de los nacionalistas sobre el tema de la consulta.  

Fuera de las abstracciones, que nadie puede negar que sean de esencial utilidad, existe la política en su forma más descarnada posible. La política real que ha existido en este país desde sus momentos fundacionales, es la que no le ha concedido ni un tan solo ápice de realización a los proyectos de varios intelectuales hondureños. Así de arbitraria ha sido la política empleada por los sectores más recalcitrantes. Y mientras gobiernen los partidos tradicionales, creemos, todavía no tendrá cabida el reclamo de los ya pasados y nuevos jóvenes académicos del país. Mientras sea posible, creemos, habrá que desmantelar en público los proyectos dañinos y además risibles del partido de gobierno.

¿Por qué las distintas direcciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), como la de Vinculación universidad-sociedad, favorecen y ponen en un primer plano los eventos de las organizaciones indígenas gubernamentales, y ni siquiera toman en cuenta los eventos de las otras organizaciones indígenas que luchan también por sus legítimos derechos, como OFRANEH y COPIHN, entre otras? Para los que creen todavía en la aparente neutralidad de esta institución, y con ello el cuento de que la Universidad con su IV reforma ya abandonó su matiz político partidario, pues se equivocan. La universidad se encuentra hoy más que nunca, plegada a los planes del partido de gobierno. En estos pequeños gestos, de abrir sin remilgos los recintos universitarios a los diplomáticos y burócratas cachurecos, y de no difundir estos eventos como se debe, vuelve evidentes sus preferencias al lado del continuista partido nacional.

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