GUATEMALA.- Nuevamente la Corte de Constitucionalidad favorece a los empresarios

Por Armando Tezucún

En el número 238 de El Socialista Centroamericano, en el artículo titulado “¡Cese a la persecución contra Bernardo Caal!”, se informaba sobre una marcha de habitantes de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, el 22 de marzo, exigiendo a la Corte Constitucionalidad (CC) que resolviera en definitiva sobre el amparo emitido por la Corte Suprema de Justicia a favor de los comunitarios, que ordenaba detener los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II, por haber incumplido con la consulta comunitaria respectiva.

La noche del 26 de mayo, la CC dio a conocer su fallo, por demás ambiguo. Los magistrados autorizaron el funcionamiento de las hidroeléctricas por un año prorrogable, pero a la vez ordenaron al Ministerio de Energía y Minas realizar la consulta comunitaria según lo estipulado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; además encargan al Congreso de la República a legislar sobre el derecho de consulta. Sin embargo, el Convenio 169 ordena que la consulta se debe realizar con anterioridad a la autorización de los proyectos, aspecto que convenientemente olvidaron los magistrados; Oxec I opera desde noviembre de 2015, mientras que Oxec II está en construcción. En apariencia la CC quiso quedar bien con las dos partes en conflicto, pero en realidad la decisión beneficia únicamente a los intereses de los poderosos grupos empresariales que están detrás de los proyectos Oxec, pues revierte el dictamen del 17 de febrero que suspendía temporalmente los trabajos. Las hidroeléctricas continuarán trabajando no solo por un año; la especificación de que la autorización es prorrogable significa que en los hechos ya no habrá trabas para sus operaciones.

La Corte de Constitucionalidad se vio sometida durante todo este año a una fuerte presión de parte de las organizaciones de la oligarquía, y finalmente los magistrados cedieron. En el artículo de El Socialista Centroamericano arriba mencionado, ya se señalaba el memorial Amicus Curiae presentado por la poderosa Asociación de Amigos del País ante la CC, a favor de los proyectos hidroeléctricos Oxec, que habían sido suspendidos.

El director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Javier Zepeda, dijo que la decisión de la CC en febrero afectaba el comportamiento de la economía pues se retrasan las inversiones que generan empleo y dinamizan el consumo. Alfonso González, vicepresidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable, comentó “Nos preocupa la incertidumbre que se genera porque se trata de un mensaje que desmotiva las inversiones”. El directivo de la CIG, Rudolf Jacobs, recordó el financiamiento bancario por US$ 300 millones, para la construcción de las hidroeléctricas, el cual estaba en riesgo (El Periódico 18/05/17). En el Foro Forbes Centroamérica, el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briz, mencionó que debido a la resolución de febrero de la CC, estaban en riesgo puestos de trabajo en la hidroeléctrica “No es posible que los magistrados de la CC frenen una millonaria inversión y que pongan en riesgo el ingreso de los trabajadores, así como la inversión, que supera más de US$ 100 millones” (Prensa Libre 05/05/17).

Estas son declaraciones públicas de directivos empresariales; sabemos que la verdadera presión opera tras bambalinas, en reuniones discretas, ocultas a la prensa y al público, tal como se mueven los hilos del poder.

Rudolf Jacobs puso el dedo en la llaga al mencionar los préstamos bancarios para las operaciones de Oxec I y II. El economista Luis Solano, en su artículo del 27 de mayo sobre el tema, publicado por el Centro de Medios Independientes, resaltó la importancia del proyecto para los prestamistas bancarios, reproduciendo declaraciones del gerente general del Banco Industrial, Diego Pulido y otros personajes, sobre el daño que causan la incertidumbre y el riesgo en las inversiones. La alarma que cundió en el seno del capital financiero, que en Guatemala está sólidamente unido a los otros rubros de inversión por medio de poderosos grupos corporativos, puso en marcha los engranajes que finalmente doblegaron a los magistrados de la CC, rectificando su decisión y beneficiando a las hidroeléctricas en cuestión.

Llamamos a las organizaciones comunitarias de Santa María Cahabón, a la Asamblea Social y Popular, al Comité de Desarrollo Campesino, al Movimiento Sindical y Popular Autónomo y al resto de organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares a organizar un movimiento masivo de protesta contra la decisión de la CC que favorece a los grandes empresarios.

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