GUATEMALA.- El gobierno al borde del colapso financiero


Por Armando Tezucún

La falta de fondos del gobierno, la crisis más grave de un gobierno desde 1986 según algunos analistas, está adquiriendo proporciones alarmantes. El colmo se dio el pasado 29 de octubre, cuando la presidenta en funciones de la Corte Suprema de Justicia presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad contra el presidente Pérez Molina y el ministro de Finanzas Dorval Carías por incumplimiento de pago. Según la funcionaria, se debe al organismo judicial Q 153.6 millones, y solo han sido transferidos 45 millones. Para pagar los sueldos de octubre se recurrió a tomar Q 80 millones de los fondos privativos, pero en noviembre no es posible hacer lo mismo. El 4 de noviembre el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial se sumó al amparo, y promovió un antejuicio contra el ministro de Finanzas por incumplimiento de deberes, violación a la constitución y abuso de autoridad.

Otras dependencias que se encuentran en crisis y hacen malabares para por cumplir con los pagos de salarios de sus trabajadores son el Congreso de la República, la Universidad de San Carlos, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Ministerio de Gobernación debe, la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con deudas a sus proveedores y grandes dificultades para pagar sus planillas.

Como ya hemos señalado en artículos anteriores, la falta de fondos se debe al bajo desempeño de la recaudación tributaria, que no logra llegar a la meta fijada por el gobierno para poder cubrir sus necesidades. En el lapso de enero a septiembre los ingresos esperados ascendían a Q 38,028.3 millones, pero lo recaudado fue Q 36,768 millones.

El gobierno continúa esperando que el Congreso apruebe la emisión de bonos del tesoro por Q 4 mil millones como su tabla de salvación, a pesar de que los diputados han estado más ocupados en urdir acuerdos para elegir la Junta Directiva del Congreso para el próximo año y en cuestionar el presupuesto 2015, además de que la mayoría de bancadas se niegan a aprobarlos. El destino de los bonos es tan variado que probablemente no alcanzará para todo: Q 3,400 para el pago de la deuda externa; Q 500 millones para la Policía Nacional Civil y el pago de deuda de combustibles del Ministerio de Gobernación, así como cámaras y mantenimiento de helicópteros; pago de salarios atrasados del Ministerio de Salud y la deuda que éste tiene con las empresas farmacéuticas; Q 100 millones para la UNAERC; pago a empresas constructoras que ejecutaron obras del Ministerio de Comunicaciones y no se les ha cancelado; y un largo etcétera.

Cabe señalar que los bonos representan para el Estado una opción de obtener dinero rápido, media vez los apruebe el Congreso. Se colocan a través del mercado de valores en 8 ó 10 días, comprados casi en su totalidad por los bancos. La desventaja es que el plazo es menor, y las tasas de interés son más altas que los préstamos provenientes de organismos internacionales. Al final quienes ganan son los bancos, porque compran los bonos con el dinero que captan a un interés promedio del 5%, mientras que el Estado les paga entre un 8 ó 9 % de interés.

El 27 de octubre el ministro de Finanzas Dorval Carías declaró que se estaba evaluando la opción de emitir letras del tesoro para solucionar los problemas de liquidez. Esta es una opción arriesgada porque no es seguro que haya fondos para pagarlas. Por ello, el ministro reconoció dos días después que las letras serían un “plan Z”, al que recurrirían en caso de una “crisis severa”.

Lo que el ministro no ha dejado de hacer es pagar los compromisos de deuda externa, que en 2014 se elevan a Q 3,400 millones. Carías no tuvo empacho en declarar que el dinero de la recaudación tributaria que fue presupuestado para el funcionamiento de las instituciones estatales está siendo utilizado para pagar la deuda con los organismos financieros internacionales. “La deuda la estoy pagando, no tengo préstamos ni bonos —aprobados—, ¿de dónde estoy sacando el dinero?, de la recaudación. Si yo tuviera el financiamiento para el pago de la deuda con bonos o préstamos, esos ingresos tributarios los estaría asignando a las entidades”… “Estoy tomando esos ingresos, que deberían estar financiando el gasto de secretarías o ministerios, para pagar deuda.” (Prensa Libre 31/10/14).

Ante la grave crisis financiera del Estado, exigimos al gobierno que suspenda de inmediato el pago de la deuda externa y traslade los fondos a las instituciones que brindan servicios esenciales a la población. Además, debe elaborar un plan de impuestos directos a las ganancias de los bancos, financieras y los grandes grupos corporativos, para financiar servicios públicos de calidad.

Share