GUATEMALA.- El presupuesto 2014 y las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos


Por Armando Tezucún

El pasado dos de septiembre el gobierno presentó al Congreso de la República el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el próximo año 2014. El monto de lo solicitado se eleva a Q70,500 millones, un 5.23% (casi Q 3,500 millones) más que el del presente año, de Q 66,980 millones. Los diputados del legislativo tienen de plazo hasta el 30 de noviembre para aprobarlo, de lo contrario continuará vigente el que corresponde a este año.

Desde esa fecha se hizo evidente que el proyecto es adversado por la mayoría de bancadas no oficiales, las cuales tienen innumerables objeciones y han hecho notar las incongruencias del mismo.

Los principales motivos de oposición, no solo de parte de los diputados, sino de parte de analistas, organizaciones de la llamada sociedad civil y el empresariado, giran en torno a las expectativas de recaudación fiscal y al financiamiento del presupuesto. En el proyecto se contempla que el Ministerio de Finanzas Públicas coloque Q 10,165 millones en Bonos del Tesoro, y que el Congreso apruebe tres préstamos en el extranjero por un monto total de Q 4,075.32 millones, lo que elevaría la deuda pública en Q 14,415 millones. Además se espera que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) recaude un total de Q 52,100 millones para cubrir las necesidades del presupuesto (Siglo XXI 3/9/13).

Ya hemos comentado en El Socialista Centroamericano las enormes dificultades que el gobierno ha tenido este año para cubrir sus gastos. La administración de Pérez Molina y el Partido Patriota atraviesa una tremenda crisis financiera. El problema lo han postergado emitiendo Letras del Tesoro, que se tienen que pagar con altos intereses a final del año ¿Con qué recursos se pagarán? Esto es incierto aun.

Las dificultades en la recaudación fiscal (que todo hace ver que continuarán el próximo año) y la oposición del legislativo a incrementar la deuda pública, que seguramente continuará, hacen pensar que es muy probable que este proyecto no sea aprobado en el Congreso.

Como parte del juego de presiones y forcejeos en el Congreso, las bancadas de oposición condicionaron la aprobación de los dos préstamos pendientes para este año y la lectura del proyecto de presupuesto 2014, a la aprobación de una serie de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. El año pasado el Tribunal Supremo Electoral y la comisión de Asuntos Electorales del Congreso habían acordado ya una serie de cambios a la ley. Algunos de los más importantes son el aumento del presupuesto del TSE del 0.5% del presupuesto de la República al 1%; la creación de dos nuevas direcciones para descentralizar las funciones del presidente del TSE; que las apelaciones a las multas impuestas por el TSE a los partidos políticos por delitos electorales se interpongan solamente ante la Corte de Constitucionalidad y no primero ante la Corte Suprema de Justicia; el incremento del monto de las multas de US$ 125 a Q 50,000 o Q 100,000.

Sin embargo, las diferentes bancadas han introducido cambios en este acuerdo que debilitan el poder del TSE sobre el proceso electoral. Por ejemplo, el aumento del financiamiento a los partidos por parte del Estado de US$ 2 por voto obtenido en la elección anterior a US$ 5. Otras medidas, como que el TSE compre los espacios en los medios de comunicación durante la campaña electoral y los distribuya equitativamente entre los partidos, carecen de complementos que las hagan viables, como el incremento del presupuesto del TSE necesario para comprar estos onerosos espacios. De igual manera, según expresó la presidenta del TSE María Eugenia Villagrán de León, de nada sirve incrementar el monto de las multas si no se levanta el secreto bancario que permita controlar el financiamiento privado de los partidos (Siglo XXI 29/9/13).

Las diferentes bancadas en el seno de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso no se ponen todavía de acuerdo en los cambios que desean hacer, llegando al punto de que ni la Comisión ni la plenaria del Congreso se reúnen aduciendo que no hay consensos.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) sostiene que es contradictorio que los diputados representantes de la burguesía en el Congreso discutan cambios a una ley que afecta directamente a sus partidos. Es claro que jamás aprobarán disposiciones que regulen temas como el financiamiento de las campañas, el techo del gasto, el monto de las multas y otros temas vitales. Por ello consideramos que solamente una Asamblea Nacional Constituyente soberana y popular, será capaz de barrer la corrupción y la podredumbre que impregna los partidos burgueses, haciendo cambios que favorezcan a los oprimidos.

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