GUATEMALA.-Represión en la democracia contrainsurgente

Lideres comunitarios protestan por la desaparición de Silverio Vicente

Por Beatriz Cruz

En los últimos días se han dado una serie de atentados y amenazas contra dirigentes sociales y periodistas, poniendo en evidencia el fracaso del régimen contrainsurgente democrático impuesto por la apertura democrática desde el golpe de estado de marzo de 1982.

Al bloque de poder le fue fundamental para derrotar la revolución centroamericana, como parte de una estrategia estadunidense, la represión al movimiento popular, el combate a las guerrillas y la apertura democrática creando nuevas constituciones e instituciones estatales. Esto condujo a los acuerdos de paz con las guerrillas, logrando el amaestramiento de sus dirigencias, convirtiéndolas en partidos políticos con programas reformistas y en algunos casos, en portadores de nuevas elites económicas.

En Guatemala se mantienen los elementos antidemocráticos en una democracia cerrada para las mayorías, como en el caso de los pueblos indígenas en lo que respecta al uso de sus territorios. Y pese algunas pequeñas reformas tras el autogolpe de Serrano Elías, que le dieron mayores competencias al Congreso de la República, la esencia represiva del Estado se mantiene.

Esta represión al movimiento popular que reclama sus derechos se manifiesta por dos vías: primero, la represión legal usando las fuerzas de seguridad y los organismos de justicia, que son instituciones del Estado capitalista. Segundo, la utilización de guardias privadas o aparatos clandestinos muchas veces vinculados al crimen organizado, que además están al amparo de organismos de inteligencia militares y policiales.

El actual gobierno está conformado por ex militares y politiqueros corruptos que buscan quedar bien con sus amos oligarcas, pero a la vez tienen intereses particulares en tanto grupo burgués de origen burocrático y cercano a algunos personajes del narcotráfico. Consideramos que no es un gobierno militar, sino que sigue en esencia la característica del régimen impuesto por la apertura democrática.

Así, ha servido de igual manera a los intereses de las trasnacionales que codician las riquezas del subsuelo en confrontación directa con las comunidades mayas, xinkas y mestizas que han defendido su territorio. En ese contexto es que se han dado varias represalias a comuneros y periodistas, como el caso del líder comunal de Chujuyub, Santa Cruz del Quiche, Silverio Vicente, secuestrado por desconocidos, hecho denunciado por el Consejo de Pueblos de Quiche.

Recientemente se tuvo la visita de miembros de la Federación Sindical de Servicios Públicos que junto a personeros del Frente Nacional de Lucha han denunciado internacionalmente que desde 2004 han sido asesinados más de 70 dirigentes sindicales y comuneros. Por su parte, la Confederación Sindical Internacional publicó un informe en Ginebra, sobre la violación a los derechos laborales, entre ellos el derecho a la sindicalización, considerando a Guatemala como uno de los países más peligrosos para ejercer estos derechos.

De igual forma se han dado hechos que han conmocionado al gremio periodístico. Se encontró el cadáver del periodista Carlos Orellana Chávez en el departamento de Suchitepéquez; ha habido atentados contra otros periodistas como Vernik Gudiel de El Periódico, quien hace investigación periodística, hiriendo gravemente a Freddy Rodas de Radio Corporación de Noticias. En total en lo que va del año han asesinado a cuatro periodistas: José Napoleón Jarquín, Luis Alberto Lemus, en Jutiapa y Luis de Jesús Lima en Zacapa. Es posible que todos estos atentados estén relacionados con denuncias de estos periodistas sobre la presencias de grupos del crimen organizado en la provincia guatemalteca.

Por otro lado, José Luis Zamora, accionista principal del diario El Periódico ha denunciado amenazas contra su vida, pues tiene una columna donde valientemente ha denunciado corrupción y nexos de funcionarios de este gobierno con el narcotráfico. Este medio naturalmente pertenece a grupos de poder económico, sin embargo se caracteriza por una línea editorial de denuncia relacionada a la corrupción.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) consideramos importante retomar ciertas iniciativas para lanzar un frente contra la represión de luchadores sociales, defensores de derechos humanos y periodistas, que sea parte de un esfuerzo articulador de las organizaciones populares de cara a un frente unitario que levante y movilice al proletariado y los pueblos guatemaltecos. De igual forma hay que exigirle tanto al Ministerio Publico (MP) que en vez de justificaciones, agilice las investigaciones sobre estos hechos, y a la Cicig que en verdad aporte al MP elementos para desarticular grupos clandestinos de derecha.

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