EL SALVADOR.- Las reformas a la polémica ley de extinción de dominio: ¿tregua para los corruptos?


Por Alberto Castro

En los últimos meses, la Ley de Extensión de Dominio de Bienes Ilícitos (LEDBI) empezó a generar debates dentro del ghetto de la opinión pública. Algunos abogados y diputados argumentaron que la extinción de dominio es abusiva, arbitraria e inconstitucional, porque impide que los acusados tengan acceso material a los bienes que han sido objeto de la acción judicial de extinción de dominio. El derechista periódico El Diario de Hoy organizó un foro donde los abogados participantes catalogaron a la Ley como Inconstitucional, con lo que quedó arado el terreno para que posteriormente la Asamblea Legislativa (A.L) aprobara una serie de reformas a la misma, las cuales han sido muy cuestionadas.

El origen de la LEDBI

En noviembre de 2013 fue aprobada la LEDBI con el voto de 82 diputados de la Asamblea Legislativa, cuando entonces Sigfrido Reyes del FMLN era presidente de la misma. Esta ley ha permitido dirigir operaciones contra la Mara Salvatrucha e investigar a fondo el lavado de dinero proveniente de la narcoactividad, pero también ha develado la corrupción de algunos funcionarios públicos. A partir de esto último, han aparecido observaciones y críticas a la misma.

La Sala de lo Constitucional ha recibido tres recursos de inconstitucionalidad contra esta ley polémica. Sobre uno de ellos, según el magistrado Florentín Meléndez, están por emitir sentencia. Con la creación de la LEDBI, se instaló un juzgado especializado, más la unidad especial dentro de la Fiscalía General de la Republica (FGR). La Asamblea Legislativa cedió a regañadientes a las presiones de los EEUU, ya que la aprobación de la LEDBI era parte de los requisitos para el desembolso del Fomilenio II. El origen de dicha ley se dio en el contexto de la coyuntura internacional marcada por el influjo de las políticas de saneamiento de las instituciones del Estado, que dirige EEUU en el continente, que de paso ha encestado golpes blandos a algunos gobiernos progresistas de América Latina. La bandera representativa de esa política es la lucha contra la corrupción. Para ello se remoza el Estado de Derecho otorgándole más fuerzas y recursos al poder judicial.

Socorriendo a los corruptos

La LEDBI aprobada en 2013 tiene su fuente en la ley existente en Colombia. Sin embargo, dicha ley está amparada en la Constitución de aquel país. En El Salvador, pasa lo contrario. Los artículos 21 y 106 de la Constitución ordenan que la aplicación de la ley no puede ser retroactiva, y que los bienes confiscados son imprescriptibles, respectivamente. Aquí es han donde surgido los conflictos, y bajo este conflicto salieron corriendo diputados y abogados defendiendo a los corruptos bajo el argumento que no debe haber confiscación de bienes, porque lo prohíbe la Constitución, y que la ley no puede ser retroactiva o aplicada hacia atrás en el tiempo, y menos despojar de bienes lícitos a los procesados por enriquecimiento ilícito.

De esta manera, el martes 8 de julio la Asamblea Legislativa aprobó con 43 votos de las bancadas de FMLN, GANA un diputado PCN y una de ARENA, las reformas a la LEDBI, durante sesión plenaria ordinaria. Posteriormente, las críticas no se hicieron esperar. Douglas Meléndez, Fiscal de General de la Republica, expresó’’si hubo tregua para las pandillas, esta es una tregua para los corruptos’’. 

Entre las modificaciones a la LEDBI, tenemos: incluir plazos de prescripción a la acción de extinción de dominio de 10 años contra los delitos de corrupción y contra Hacienda, y de 30 años al crimen organizado, terrorismo y pandillas. Anteriormente no contemplaba esta figura. Se limitó el inicio del proceso de extinción de bienes ilícitos, basado en la presunción de un “incremento patrimonial injustificado” únicamente para las pandillas y el crimen organizado, exceptuando los casos de corrupción, lo cual dice mucho.

Se anuló la disposición que permite al Estado quedarse con bienes de “valor equivalente” a los de origen ilícito, cuando “resulte imposible” su localización porque los imputados los destruyeron o escondieron. El mismo día de las reformas la embajadora de Estados Unidos, Jean Manes, señaló que la reforma “no cumple con las normas internacionales y eso es muy triste para El Salvador”, porque es un “paso grande atrás en la lucha contra la corrupción y la impunidad”.

Las reformas buscan exonerar a algunos funcionarios enjuiciados, argumentando, por ejemplo, que la LEDBI no existía cuando se enriqueció el expresidente Elías Antonio Saca.  

Que devuelvan lo robado

Las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa acordaron debilitar la LEDBI. Aunque ARENA públicamente intenta desmarcarse, lo cierto es que las reformas tuvieron los votos necesarios para su aprobación. ARENA se aseguró que se tuviera los números necesarios, después retrocedió oportunamente, encomendando a una diputada el trabajo sucio. El diputado René Portillo Cuadra fue quien firmó la iniciativa de reforma. La reforma a la LEDBI demuestra como históricamente las leyes obedecen a los grupos económicos, que han administrado el Estado, lucrándose de los fondos públicos. Debemos movilizarnos en torno a un objetivo: obligar a los corruptos a devolver lo robado. Cárcel para los saqueadores de los fondos públicos!

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