CENTROAMERICA.- Plan de “Alianza para la Prosperidad”: Estados Unidos impone nuevamente las condiciones


Por Orson Mojica

Nuevamente se han reunido en Guatemala el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, con los presidentes del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador). Existe una enorme preocupación de Estados Unidos por reimplantar el orden en amplias zonas de estos países, donde el Estado burgués se ha debilitado por la corrupción, la violencia y el narcotráfico.

En este punto se produce una inusual coincidencia entre todos los gobiernos involucrados, aunque el gobierno de Estados Unidos tiene un interés particular, que va más allá de frenar la inmigración de niños, y es la incesante búsqueda de nuevos lugares donde asentar sus empresas, en el marco de la feroz competencia del mercado mundial. Detrás de la lucha contra la violencia existen poderosos intereses económicos, y una nueva recolonización de los países de Centroamérica, cuyos Estados están en bancarrota.

Los reclamos de Biden a empresarios y gobiernos

Biden como buen imperialista, exige un cambio de actitud a los gobiernos y empresarios del Triángulo Norte. Los problemas de esos países (violencia, subdesarrollo y narcotráfico) afectan directamente la “seguridad nacional” de los Estados Unidos.

Biden insistió en la corresponsabilidad financiera del Plan de “Alianza para la Prosperidad” (PAP): “Ninguna cantidad de dinero que venga del extranjero servirá si no viene también desde adentro (…) No hay ninguna forma que hagan el progreso que quieren, no hay suficiente apoyo, a menos que consigamos que el sector de negocios se involucre (…) Ustedes necesitan cambios fundamentales en sus gobiernos... y esto no es una crítica; deben reorganizar muchas cosas (…) El fondo del asunto es que la gente se sienta segura... que las cortes resuelvan sus problemas y eso es exactamente lo que tiene que suceder acá. No es una postura estadounidense, sino la forma en la que funciona el mundo hoy". (AP, 3/3/2015)

En el Museo Ixchel, Joe Biden se reunió privadamente con un selecto grupo de empresarios de Centroamérica, disertando sobre la política de la administración Obama en relación a los beneficios del Plan de “Alianza para la Prosperidad”,

Al igual que Obama, cuando haló de las orejas a los empresarios centroamericanos, en la cumbre de presidentes del SICA en mayo del 2013, Biden repitió los mismos argumentos sobre la necesidad de que los empresarios asuman su rol:

“Ahora mismo sus países tienen las menores tasas de impuestos en el Hemisferio Occidental. La única manera para recolectar los fondos necesarios para invertir en su futuro, es convenciendo a otros a lo mismo, es tomando acción para recaudar y manejar los ingresos, asegurándose que los mismos sean administrados de forma efectiva, eficiente y transparente para que la gente sepa a dónde va el dinero” (La Hora, 3/3/2015).

Los gobiernos de Centroamérica, especialmente en el Triángulo Norte, sufren de una crónica crisis fiscal debido a que los empresarios siempre se resisten a pagar más impuestos. Sobre el tema de la inversión extranjera, Biden volvió a reclamarles: “Ustedes necesitan hacer un convincente esfuerzo con compañías alrededor del mundo para que inviertan en Centroamérica y necesitan centroamericanos patriotas que inviertan en sus países y no en el extranjero. Señores, es muy difícil convencer a compañías extranjeras que vengan a invertir cuando sus propias compañías no lo están haciendo y sí lo hacen en el extranjero (…) Nosotros no les podemos decir cuáles deben ser sus prioridades, eso lo tienen que descifrar ustedes y cuando lo hagan, déjennos saber porque Estados Unidos trabajará con ustedes si están dispuestos a comprometerse” (La Hora, 3/3/2015).

No hay duda que el imperialismo norteamericano se siente frustrado por sus agentes en Centroamérica. El mensaje es claro: Estados Unidos va a apoyar financieramente el Plan “Alianza para la Prosperidad”, si los gobiernos involucrados, y sus elites empresariales, se comprometen a seguir lo que ordena Washington.

Presiones y roces por la continuidad de la CICIG

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fue creada mediante un acuerdo del gobierno de Oscar Berger (2004-2008) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2006, el cual fue ratificado por el Congreso de Guatemala en agosto del 2007.

La CICIG es un organismo creado por el imperialismo norteamericano cuya principal misión es “asesorar” a las instituciones represivas del Estado (Ministerio Público y Policía Nacional Civil) –en muchos casos se coloca por encima de las mismas-- con el objetivo de combatir y desmantelar a los grupos militares y paramilitares.

La CICIG fue recibida con entusiasmo por los organismos defensores de los derechos humanos y por una significativa parte de la izquierda, porque tenían la ilusión que se combatirían los crimines y la impunidad. Guatemala sigue siendo un país con altos índices de violencia, y donde se asesina a más dirigentes sindicales y populares en relación a los países de la región centroamericana.

La CICIG fracasó en sus objetivos. Para los socialistas centroamericanos es una inútil intervención del imperialismo, que no ha frenado los asesinatos de sindicalistas y dirigentes populares. Para los círculos de poder de Guatemala, sumamente entrelazados con el narcotráfico y el crimen organizado, la CICIG es una piedra en el zapato. Las críticas actuales del gobierno de Pérez Molina y de una parte de la derecha guatemalteca a la permanencia de la CICIG persiguen otros objetivos, diferentes a nuestras críticas.

Al inicio de su mandato, en febrero de 2012, el presidente Otto Pérez Molina se mostró anuente a solicitar la renovación del mandato de la CICIG, pero un año después cambió de posición: "No vamos a seguir dependiendo de organismos internacionales, tenemos que hacer nuestros propios esfuerzos (…) Temas que investigar siempre van a haber, para eso tenemos al Ministerio Público, tenemos la Corte Suprema de Justicia y esperamos que las instituciones queden fortalecidas.” (Prensa Libre 18/12/2013).

En la reciente cumbre de presidentes del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) con el vicepresidente de Estados Unidos, con el objetivo de impulsar la llamada “Alianza para la Prosperidad”, Joe Biden lanzó un fuerte ataque a los detractores de la CICIG y condicionó la ayuda económica de Estados Unidos, a la prórroga del mandato de la CICIG, que vence en 2016.

Abandonando el lenguaje diplomático, Biden dijo claramente que “La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) debe ser prorrogada; claro que es una decisión soberana pero debe ser prorrogada si alguien espera que el Congreso de Estados Unidos se vaya a sumar a la iniciativa haciendo compromisos de miles de millones de dólares; ustedes deben estar comprometidos para limpiar el sistema. La impunidad es un problema gigantesco en el Triángulo Norte y punto.” (El Periódico, 3/3/2015).

En el momento no hubo protesta por parte de Pérez Molina, pero dos días después declaró: “(…) cuando se habla de programas de cooperación de planes como la Alianza para la Prosperidad, nosotros asumimos responsabilidades también, pero una cosa es asumir responsabilidades compartidas y diferenciadas, pero otra cosa son imposiciones, imposiciones que estoy seguro ningún país va a aceptarlas, aquí la CICIG no fue ninguna imposición, fue una solicitud que se hizo en el gobierno de Alfonso Portillo (…) Yo platiqué con los presidentes de Honduras y El Salvador, y la respuesta de ellos fue muy clara… un mandato como el actual que tiene hoy la CICIG en Guatemala, ni Honduras y El Salvador están dispuestos a aceptarlo.” (El Periódico, 5/3/2015).

Pérez Molina, que se opone a la CICIG, busca hacer un bloque de oposición junto a los presidentes de El Salvador y Honduras, para resistir las presiones de Joe Biden.

Las ilusiones de la ex guerrilla del FMLN

Irónicamente, el gobierno de la ex guerrilla del FMLN es el que más ilusiones tiene en el PAP. El presidente Salvador Sánchez Cerén se siente “muy optimista porque hemos definido bien esos mecanismos (…) Estados Unidos ve el compromiso que existe en la región, de los tres gobiernos, la voluntad política para hacer esa transformación en la región”.

El gobierno del FMLN está optimista porque el PAP supuestamente beneficiará a un millón 160 mil salvadoreños que viven en 44 municipios (10 de la zona norte del país, y 34 de la zona costera)

Incluso, Sánchez Cerén fue más allá, al afirmar que “El Salvador desea se le apoye en los esfuerzos que hace en relación a la mejora de la recaudación fiscal y en su combate a la evasión. Estamos seguros que Estados Unidos puede ser un aliado en este último tema.” (Colatino, 4/3/2015).

El FMLN pide de rodillas al gobierno de Estados Unidos que le ayude a hacer lo que por sí mismo no puede hacer, obligar a los empresarios de la ANEP a pagar más impuestos, , y que le ayude a superar la crisis fiscal.

Limosneros y Pordioseros

Honduras es uno de los países más violentos del mundo. Fue el único país de Centroamérica en donde la rápida intervención norteamericana, con bases y enorme cantidad de personal desplegado, evitó el surgimiento de movimientos guerrilleros en la década de los años 80 del siglo XX. Pero la falta de una revolución se manifestó trágicamente en el surgimiento de maras, altos índices de violencia y dominio casi absoluto de los carteles del narcotráfico.

Al igual que Guatemala y El Salvador, Honduras necesita restablecer con urgencia la deteriorada autoridad del Estado burgués. Por ello el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, alardeando dignidad y en tono optimista y declaró: “Siempre dijimos que deberíamos dar el primer paso, pero que no queríamos ir como limosneros o pordioseros. Por eso tenemos una gran cantidad de recursos alineados en estos pilares que conforman la Alianza de la Prosperidad (…) Hoy debo reconocer que el presidente Obama y el vicepresidente Biden aceptaron su corresponsabilidad y es bueno, porque pasaron décadas para que se llegara a ese reconocimiento.” (El Heraldo, 3/3/2015).

JOH está feliz por la “corresponsabilidad”, pero ella en nada resuelve el problema de la violencia y narcotráfico, cuyo principal responsable es Estados Unidos como país consumidor de drogas.

¿Y el dinero, quien lo pone?

El PAP en un plazo de cinco años costará aproximadamente 15 mil millones de dólares. Estados Unidos anunció que aportaría los primeros mil millones de dólares, sujetos a las condiciones impuestas por Biden.

Lo que nadie dice es de dónde saldrá el resto del dinero. Mientras tanto, los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, al igual que la fábula de la lechera, se están tomando la leche sin haber ordeñado la vaca.

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