CENTROAMERICA.- Esquipulas II: Derrota de la revolución centroamericana (1979-1992)

 

Por Orson Mojica

I.- 1979: SE ROMPIERON LAS FRONTERAS

El derrocamiento de la dictadura somocista en 1979 abrió una situación revolucionaria en el área centroamericana. Las dictaduras militares se tambalearon. Las posibilidades de extender y repetir el triunfo popular de Nicaragua al resto del área, fueron reales. Muchos factores objetivos y subjetivos estaban a favor del desarrollo de la revolución, y de la reunificación de la patria centroamericana.

 

1.- Revolución Centroamericana y contraofensiva imperialista

No obstante, casi inmediatamente comenzó a operarse un reagrupamiento de los gobiernos burgueses de Centroamérica, alrededor de la política del imperialismo norteamericano que, con la primera administración Reagan, (1981-1985), adquirió las características de una ofensiva contrarrevolucionaria en todos los ámbitos:  reformas políticas en casi todos los países del área para cambiar el rostro a las dictaduras militares—salvo el caso de Costa Rica--; apuntalamiento del aparato militar en El Salvador para resistir el embate de las guerrillas del Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional (FMLN), constituido en Octubre de 1980; y contener el avance de las guerrillas en Guatemala, que en Febrero de 1982 constituyeron la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG); la rápida conversión de Honduras en una base militar de apoyo logístico de la guerra de guerrillas contrarrevolucionaria planificada para sangrar y debilitar a Nicaragua. La estrategia de la contrarrevolución era simple: contener, cercar, asfixiar a Nicaragua, la cúspide del movimiento antimperialista, al mismo tiempo que desarrollaba una política de exterminio de la base social de las organizaciones sindicales, de izquierda y de apoyo a las guerrillas en toda el área centroamericana.

Como corolario de esta estrategia contrarrevolucionaria, el imperialismo también impulsó y alentó mecanismos de negociación diplomática, como  fue el Grupo de Contadora, conformado en 1983 por los gobierno de Colombia, México, Panamá y Venezuela, cuya principal misión era obtener la rendición política del gobierno sandinista y de sus aliados, las guerrillas del área.

Después del fracaso de la primera “ofensiva final” de la guerrilla del FMLN en enero de 1981, la represión de los grupos fascistas se implantó en las principales ciudades de El Salvador, obligando a los sindicatos y organismos de masas a retroceder. Al iniciarse la guerra civil, se produjo una división territorial del país: por un lado la guerrilla que se hizo fuerte en el campo, y por otro lado la derecha fascista que mantuvo el control sobre las principales ciudades, a costa de una salvaje represión contra la izquierda, los sindicatos y los organismos populares.

A pesar de las constantes ofensivas militares del imperialismo y del ejército títere contra los bastiones de la guerrilla del FMLN, ésta continuó ejerciendo el control de la mitad del territorio. A mediados de la década de los años 80 volvieron a producirse huelgas salvajes con ocupación de fábricas y edificios, resurgimiento de las manifestaciones obreras y populares en las principales ciudades de El Salvador, colocando nuevamente a la clase obrera industrial como actor político.

En Guatemala, a pesar de la salvaje represión desatada contra campesinos e indígenas por los gobiernos militares del General Efraín Ríos Montt y el del General Mejía Víctores, bajo la constante presión de las luchas sociales, el gobierno de Mejía Víctores se vio forzado a convocar apresuradamente a una Asamblea Nacional Constituyente que redactó una nueva Constitución en el año 1985, iniciando el proceso de reforma política controlada desde arriba, que permitió el ascenso del demócrata cristiano de Vinicio Cerezo a la presidencia de la Republica.

En Honduras, país ocupado militarmente por los marines y el ejército contras, se produjo el silencioso aniquilamiento de una vanguardia antimperialista, así como  la masacre del primer intento de montar una guerrilla por parte del Grupo Cinchoneros, y del Partido Revolucionario Centroamericanista de Honduras (PRTCH) con el aniquilamiento de la columna guerrillera del jesuita Guadalupe Carney.

Costa Rica no fue la excepción de esta marea contrarrevolucionaria. Honduras fue la plataforma de ataques militares desde el norte contra Nicaragua, y Costa Rica fue la base de operaciones del ejército Contra de la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE), que atacaba desde el sur. La estrategia imperialista convirtió a Costa Rica y su estable sistema democrático en el modelo a reproducir. Estados Unidos apoyó económicamente a Costa Rica, como nunca antes lo había hecho, lo que contribuyó a darle mayor estabilidad al gobierno, sobre todo después de la derrota histórica del proletariado bananero, hasta ese momento vanguardia de la clase trabajadora costarricense, que fue traicionada por su dirección.

Aunque Panamá formalmente no pertenece a la nación centroamericana, también recibió las radiaciones de la situación revolucionaria: en la década de los años 80 se produjeron varias huelgas generales contra los planes de austeridad y la política entreguista del gobierno torrijista que, por las movilizaciones de masas, sufría modificaciones y recambios constantemente.

2.- Las consecuencias de la contraofensiva

En este período, el imperialismo obtuvo triunfos políticos importantes. En Guatemala, como hemos analizado, impuso un gobierno “civil” y la elaboración de una nueva Constitución en 1985. En el contexto de guerra civil, impuso por medio de elecciones controladas el gobierno de José Napoleón Duarte y la elaboración de una nueva Constitución en El Salvador, en el año 1983. De igual manera, impuso el gobierno de Suazo Córdoba y la elaboración de una nueva Constitución en Honduras, en el año 1982.

Las Constituciones de Guatemala, El Salvador y Honduras, aprobadas en ese periodo, son las que se encuentran actualmente vigentes, con algunas pequeñas reformas. Lo anterior confirma que el statu quo actual fue planificado en ese período.

En resumen, el imperialismo yanqui y las burguesías lograron asestar duros golpes al movimiento obrero y popular en países "claves" como El Salvador y Guatemala, contener el crecimiento de las guerrillas en el periodo 1981-1985, sostener la sistemática y prolongada agresión militar contra Nicaragua, e imponer el maquillaje democrático de los gobiernos, sustituyendo a las odiadas dictaduras militares.

Uno de sus principales logros consistió en impedir el derrocamiento revolucionario de la dictadura salvadoreña. En esta situación influyó decisivamente la orientación política de la dirección del FMLN que, rechazando la experiencia de la Revolución Nicaragüense, en donde el FSLN luchó hasta el final por destruir a la Guardia Nacional, abogaba por iniciar un "diálogo" con el gobierno títere, para compartir el poder y formar un "gobierno de amplia participación" con los llamados "militares patrióticos y honestos".

En octubre de 1984 el FMLN inició la primera negociación directa con los militares en el poblado de La Palma, Chalatenango. En Ayagualo, departamento de la Libertad, en noviembre de 1984. En Sesori, Departamento de San Miguel, en septiembre de 1986. En la Nunciatura Apostólica en octubre de 1987. En septiembre de 1989 en Ciudad de México, hasta llegar finalmente a los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992.

La orientación política del FMLN, de priorizar la negociaciones políticas, facilitó que la contraofensiva imperialista lograra sus objetivos inmediatos, porque no preparó al movimiento de masas en la perspectiva de la insurrección, sino en la necesidad de mantener determinada posición de fuerzas capaz de obligar a los militares a iniciar el ansiado "diálogo".

 

II.- INTERVENCIÓN IMPERIALISTA, GUERRAS CIVILES Y NEGOCIACIONES DIPLOMÁTICAS

 

 

3.- La ruptura del statu quo

La contraofensiva imperialista iniciada por la administración Reagan en 1981 pretendió lograr dos objetivos inmediatos: contener la Revolución Nicaragüense y evitar un nuevo triunfo revolucionario en El Salvador.

Desde el fracaso de la ofensiva guerrillera del FMLN en 1980 hasta finales del año 1985, se estableció en la región centroamericana un encarnizado combate entre la  Revolución en curso y la contrarrevolución imperialista, que dio como resultado temporal el establecimiento de un "statu quo", un período en que la contrarrevolución imperialista no pudo infringir derrotas históricas a las masas en lucha, ni la Revolución en curso logró repetir triunfos colosales como el ocurrido en Nicaragua el 19 de Julio de 1979.

Este "equilibrio", obviamente, fue muy dinámico ya que tanto la Revolución como la contrarrevolución imperialista, hicieron denodados intentos para romperlo a su favor. No se trató de un "equilibrio" acordado en la mesa de negociaciones, sino que fue el resultado de la correlación de fuerzas que uno y otro bando establecieron en el campo de la lucha de clases, fundamentalmente en la lucha militar.

Debido a que en los años 1980-1985 la contraofensiva imperialista obligó a retroceder al movimiento de masas y a la guerrilla en los otros países del área, el centro neurálgico de la Revolución centroamericana siguió siendo Nicaragua, el único país en donde se estableció un gobierno que, aunque burgués por su programa y por su composición social, era políticamente independiente. Por eso, la administración Reagan concentró sus esfuerzos militares para rendir políticamente al gobierno sandinista, ya que constituía un obstáculo objetivo para la aplicación del proyecto contrarrevolucionario del imperialismo, independientemente de las intenciones subjetivas del FSLN de establecer una "coexistencia pacífica" mediante un acuerdo o salida negociada con los gobiernos burgueses del área y el propio imperialismo yanqui.

En esta feroz lucha, las masas trabajadoras de Nicaragua jugaron un rol de vanguardia, el resistir los embates de la contrarrevolución. Después de largos años en que las masas trabajadoras de Centroamérica resistieron heroicamente la contraofensiva imperialista, a finales del año 1985 el Ejército Popular Sandinista (EPS), apoyado en las milicias populares y el servicio militar obligatorio, logró contener militarmente el avance del ejército contra, pero a un terrible costo económico y social que tendría efectos nocivos sobre el curso de la revolución, como veremos mas adelante. Este cambio en la situación dentro de Nicaragua, y el avance de la guerrilla del FMLN en El Salvador, fueron factores que incidieron en la ruptura del “statu quo".

La supremacía militar del ejército Sandinista en la guerra civil provocó una rápida y violenta respuesta del imperialismo norteamericano, que cerró filas cuando el Congreso de los Estados Unidos, con mayoría demócrata, aprobó el 26 de Junio de 1986 un paquete de 100 millones de dólares a favor del ejército Contra.

De esta forma, la paliza militar sobre la Contra, por un lado, y el reanimamiento de las luchas obreras y populares en El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica, por el otro, confluyeron para dar origen a un nuevo y poderoso ascenso revolucionario de las masas trabajadoras. El imperialismo norteamericano y las burguesías de Centroamérica, se vieron en aprietos ante la ruptura del frágil equilibrio que habían logrado imponer en el periodo entre 1981-1985.

Esta nueva oleada revolucionaria fue cualitativamente superior a la del periodo anterior, posterior a 1979, que condujo al derrocamiento de la dictadura somocista y a la instauración de un gobierno independiente en Nicaragua, aunque las masas trabajadoras no lograron repetir un triunfo revolucionario en El Salvador o cualquier otro país de la nación centroamericana. El ascenso de masas era superior al periodo anterior, porque venía de derrotar lo fundamental de la contraofensiva imperialista, porque el ejército de El Salvador no pudo aplastar a la guerrilla del FMLN ni al movimiento obrero, porque en Guatemala a pesar de las reformas democráticas, tampoco pudieron aniquilar completamente a la guerrilla indígena de la URNG, a pesar de las derrotas sufridas por la política genocida de tierra arrasada en los primeros años de la década.

En Nicaragua, el ascenso de masas se expresó en el periodo 1981-1985, a través de la lucha militar contra el ejército Contra, aunque estuvieron prohibidas las huelgas, las manifestaciones y todo tipo de movilización independiente de las masas trabajadoras. Este ascenso fue diferente al de El Salvador, en donde la clase obrera retomó un rol beligerante, después de 1985, recuperándose de las derrotas producidas por las bandas de Dabuisson, aunque esta recuperación fue inferior al ascenso de 1978-1980

4.-El papel del Grupo de Contadora y Esquipulas II

El imperialismo yanqui sufrió su primera e histórica derrota militar en 1975, cuando las masas vietnamitas, apoyadas en la movilización mundial contra la guerra, expulsaron a los marines y destruyeron al ejército títere de Saigón. Desde esa fecha, la estrategia y la táctica del imperialismo para frenar y aplastar a los diferentes procesos revolucionarios, ha sufrido múltiples modificaciones.

En la década de los años 80, el imperialismo norteamericano no intervenía directamente con sus tropas en las regiones en conflictos, por temor a sufrir una derrota peor o igual a la de Vietnam. Cuando se vio obligado a utilizar a los marines, como en Líbano en el año 1983, a los pocos meses los había rembarcado ante el asedio de las masas insurrectas. La invasión a la isla Grenada en 1983 fue la excepción a la regla, de este fenómeno abierto con la derrota militar en Vietnam, ya que la combinación de factores muy específicos influyó para que la administración Reagan obtuviera un rápido triunfo político y militar en esa pequeña isla del Caribe.

Esta situación de debilidad militar y los efectos del “Síndrome de Vietnam” fueron revertidos con el derrumbe de la URSS en 1990. Al desaparecer la principal potencia antagonista, los Estados Unidos se atrevieron a desatar la primera Guerra del Golfo, la invasión a Irak en 1990-1991, y las posteriores invasiones o intervenciones militares en Somalia, Irak y Afganistán, etc.

Pero antes de 1990 prevalecían los efectos del “Síndrome de Vietnam”. En ese momento, ante la imposibilidad de usar directamente sus tropas, el imperialismo norteamericano utilizaba diversas presiones militares para forzar a las direcciones de los procesos revolucionarios a suscribir acuerdos o tratados que le beneficiaran. Esta fue la estrategia de “guerra de baja intensidad”, una táctica aplicada para frenar y revertir el avance de la Revolución en Nicaragua y Centroamérica.

El imperialismo inició la guerra de agresión contra Nicaragua en 1982, como un dispositivo encaminado a forzar a la dirección sandinista a una negociación diplomática que revirtiese el curso de la Revolución y, sobre todo, que liquidase la principal conquista obtenida por las masas: la independencia política. La combinación de las presiones militares y el inicio de las negociaciones diplomáticas, requería de la existencia de dos instrumentos: por un lado la formación y sostenimiento del ejército contrarrevolucionario denominado Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), -‑la principal agrupación contra que agredió a Nicaragua‑- y por el otro, la constitución del Grupo de Contadora en 1983, como la mesa de negociaciones destinada a rendir políticamente al gobierno sandinista. Todas las etapas de la guerra de agresión contra Nicaragua, en función de rendir al gobierno sandinista en la mesa de negociaciones, fueron fríamente planificadas por el Departamento de Estado y la Casa Blanca. Trataremos de resumir brevemente cómo se combinó la guerra civil y la agresión imperialista, a través de ejército Contra, con las gestiones "pacificadoras" del ya desaparecido Grupo de Contadora.

Cuando el FSLN anunció su voluntad de entablar negociaciones multilaterales con todos los gobiernos burgueses del área centroamericana, esta concesión dio origen en septiembre de 1983 al "Documento de Objetivos de Contadora", por medio del cual el gobierno sandinista se comprometió a no ayudar militarmente a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a instaurar un régimen democrático burgués, a realizar elecciones periódicas, a respetar a sus vecinos, etc.

Posteriormente cuando salió a luz pública el "Acta de Contadora", el Gobierno sandinista declaró que la firmaría íntegramente. Sin embargo, el llamado "Bloque de Tegucigalpa" formado por los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras se negaron a suscribir el Acta de Contadora por considerar que no estipulaba cuáles serían los mecanismos de "control y verificación del armamento", lo que dio origen a nuevas y complicadas negociaciones secretas que concluyeron con el Acta Revisada de Contadora. El Gobierno sandinista se negó a firmarla, aduciendo que sería igual a "desarmarse" frente a la agresión imperialista, que en ese momento estaba en pleno apogeo. En mayo de 1986, al finalizar la reunión de mandatarios de Centroamérica realizada en Esquipulas, Guatemala, conocida como Esquipulas I, el presidente Daniel Ortega hizo una nueva propuesta de negociar el llamado "armamento ofensivo" tendente a destrabar el estancamiento en que había caído una vez más el Grupo de Contadora.

Esta propuesta fue la más grave y peligrosa concesión política y militar realizada por el gobierno sandinista, ya que no existía "armamento ofensivo" en sí, sino que sus características y funcionamiento dependían de las fuerzas que lo usaban en la guerra civil que se libraba en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. El ultimátum dado por el Grupo de Contadora venció el 6 de junio de 1986, dando origen a la tercera Acta de Contadora, la que nuevamente se negaron a firmar los gobiernos del "Bloque de Tegucigalpa".

En esos tres años, de 1983 a 1986, el Grupo de Contadora logró sobrevivir artificialmente debido a las permanentes concesiones políticas del gobierno sandinista que, en aras de terminar con la guerra que lo desgastaba, demostró finalmente su voluntad de llegar a una "solución negociada". Pero a cada concesión realizada por el gobierno sandinista le correspondieron nuevas y mayores exigencias del imperialismo y los gobiernos del área.

Cualquier dirección en lucha tiene el derecho de entablar determinado tipo de negociaciones con el enemigo, siempre y cuando se cumplan dos requisitos: que sean públicas, para que el pueblo apruebe o desapruebe el curso de las negociaciones, y que éstas no pongan en peligro el objetivo final de la lucha. Igualmente, en determinadas circunstancias, se tienen que hacer concesiones importantes para superar una situación desfavorable, pero nunca hacer pasar como victorias diplomáticas los triunfos que el enemigo obtiene o que nos logra imponer en el campo de la lucha.

Sin embargo, a partir de 1985 en Centroamérica existió una relación de fuerzas favorables para el movimiento de masas, por el avance militar del Ejército Sandinista sobre la contrarrevolución, por el ascenso de las masas obreras y populares en El Salvador, Honduras y Guatemala, las que habían pasado nuevamente a luchar contra el imperialismo y las burguesías.

Pese a las concesiones políticas realizadas por el FSLN, el Acta de Contadora nunca fue firmada. El Grupo de Contadora entró en crisis, producto del ascenso de masas y de su incapacidad para obtener resultados finales, pero le abrió el camino a la instauración de las cumbres presidenciales regionales  como mesa de negociaciones.

5.- La paz de los esclavos

En este contexto de debilidad de los gobiernos e instituciones de la burguesía en Centroamérica, pero también de cansancio y retroceso de la actividad de masas en Nicaragua, producto del desgaste provocado por la prolongada guerra civil, los cinco presidentes centroamericanos suscribieron los Acuerdos de Esquipulas II, el 7 de agosto de 1987.

Ante la incapacidad de contener la revolución a través  de los métodos de la guerra civil que aplicaron en El Salvador y Guatemala, los gobiernos burgueses del área se vieron obligados a reconocer la ventaja militar sandinista sobre el ejército Contra, la "legitimidad" del gobierno sandinista surgido de las cuestionadas elecciones de 1984, y la necesidad de lograr una "paz social" a corto plazo para evitar el derrumbe del orden semicolonial en Centroamérica.

Los Acuerdos de Esquipulas II fueron un pacto reaccionario entre los gobiernos títeres y el debilitado gobierno sandinista, bajo la supervisión del imperialismo norteamericano. El Acuerdo de Esquipulas II contó con el apoyo y complicidad política del FMLN y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que desde diferentes ángulos e intereses coincidían en realizar todos los esfuerzos posibles para  evitar la prolongación de la guerra, tomando en consideración que la plaza fuerte que fue Nicaragua, había buscado un armisticio con el enemigo.

Debido a que el imperialismo y las burguesías del área no pudieron imponer una victoria militar aplastante, que restaurara el viejo orden existente antes de 1979, fueron forzados a recurrir al auxilio de las direcciones guerrilleras, que tenían un peso decisivo sobre el movimiento obrero y de masas, para encauzar el descontento social, no por la vía de la lucha armada, sino a través del espejismo de la democracia burguesa. Los antiguos enemigos mortales, las guerrillas, eran necesarios en la nueva etapa, sin ellos no funcionaría el nuevo orden que el imperialismo quería imponer.

Con los Acuerdos de Esquipulas II, Centroamérica entró a una etapa totalmente distinta. Los antiguos guerrilleros heroicos, quienes combatieron al imperialismo con las armas en la mano, pasaron a ser actores del pacto reaccionario, convirtiéndose en uno de los principales sostenes del mismo.

Los Acuerdos de Esquipulas II se articularon sobre un eje esencial: frenar la revolución en el área centroamericana, permitiendo la existencia del gobierno sandinista, es decir, obligar a que el FSLN utilizara su influencia política para que las direcciones nacionalistas pequeño burguesas del FMLN y la URNG entraran al pantano de la democracia burguesa. El giro político conciliador del FSLN fue decisiva para la bienandanza del pacto reaccionario.

Los Acuerdos de Esquipulas II fueron firmados sobre un barril de pólvora, por que existía una abierta contradicción entre el contenido abiertamente reaccionario de los mismos y la ventaja militar sobre la contra, que hemos descrito anteriormente. La gran tragedia de la revolución en Centroamericana no fue la afirma de un Acuerdo en sí, que incluso puede discutirse si era necesario o no, sino que las direcciones guerrilleras se acoplaron a la democracia burguesa, abandonando la lucha antimperialista.     

Lo que pudo haber sido una tregua coyuntural, se convirtió en una derrota histórica del movimiento de masas, por la abierta colaboración de las direcciones guerrilleras con el plan diseñado por el imperialismo, especialmente en los países en donde hubo guerra civil, como fue el caso de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Una derrota histórica no necesariamente pasa por el aplastamiento militar, puede ocurrir de manera pacifica, como en Alemania en 1933 cuando Hitler y el nazismo ascendieron pacíficamente el gobierno por la vía electoral. Aunque en el caso de Centroamérica, las decenas de miles de muertos provocados por la guerra civil en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, fueron una paliza militar previa sobre la vanguardia del movimiento de masas.

Indudablemente, a partir de Esquipulas II, Centroamérica entró en una nueva fase, desconocida, de reacción democrática burguesa, electoral: se produjo un desmantelamiento gradual de la lucha militar contra el imperialismo y sus agentes, y se pasó a un nuevo periodo en donde las antiguas direcciones guerrilleras entraron de cabeza en la lucha electoral

6.- Las negociaciones Reagan-Gorbachov

Los Acuerdos de Esquipulas II fueron la expresión regional de un fenómeno mundial que se producía en ese momento, como fueron las Cumbres entre Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, y Mijail Gorbachov, presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que se encontraba en ese momento al borde del colapso económico.

La burocracia stalinista siempre intentó llegar a un "acuerdo global" con el imperialismo norteamericano, que le permitiera superar su crisis económica. Por su parte, Reagan aprovechaba la crisis económica de la URSS y la sofisticada tecnología imperialista para presionar a la burocracia soviética a llegar a un acuerdo en el que saliera beneficiado el propio imperialismo. Estos acuerdos contrarrevolucionarios a nivel mundial pasaban obligatoriamente por solucionar los llamados "conflictos regionales" (Afganistán, Centroamérica, África, etc.). El chantaje imperialista consistió en montar el proyecto de “guerra de las galaxias" para presionar militarmente a la burocracia soviética. Este tipo de negociaciones siempre se han hecho a espaldas de los pueblos, especialmente de los pueblos soviético y norteamericano.

La URSS y el imperialismo norteamericano podían negociar, siempre y cuando estas negociaciones fueran públicas y no perjudicaran a los procesos revolucionarios en otras partes del mundo. Pero aquí es donde comenzaba nuestro problema, porque la burocracia soviética utilizaba la vital ayuda económica y militar a Nicaragua, para tener injerencia en las decisiones del gobierno sandinista a la hora de las negociaciones regionales, con el objetivo de tener una carta de negociación en las cumbres mundiales.

Cuando Venezuela y México, países miembros del Grupo de Contadora y supuestos amigos del gobierno sandinista, cortaron el suministro de petróleo en el año 1985, la URSS jugó un gran papel al suministrar íntegramente todo el petróleo que Nicaragua necesitaba para continuar produciendo y combatiendo la agresión imperialista.

A muchas personas se les ha olvidado que, en vísperas de la firma de los Acuerdos de Esquipulas II, en el año 1987 la URSS cortó el suministro de petróleo a Nicaragua, en los precisos momentos que el país sufría una hiperinflación del 33,000% anual, la mas alta del mundo, y las masas trabajadoras pasaban penurias.

La URSS jugó un papel determinante en la claudicación del gobierno sandinista. A finales de mayo de 1987, en una conferencia de prensa ante corresponsales nacionales y extranjeros, el Comandante de la Revolución y Ministro de Cooperación Externa, Henry Ruiz, reconoció que la "URSS no pudo cumplir con el suministro total del petróleo crudo, porque ese país socialista tiene en los actuales momentos dificultades en su reserva nacional" (Barricada del 29 de mayo de 1987). Estas declaraciones dieron origen a las más diversas interpretaciones, porque la URSS produce anualmente 615 millones de toneladas de petróleo y Nicaragua apenas necesita 765 mil toneladas del crudo. Una comisión de alto nivel del gobierno sandinista, encabezada por el Vice Presidente Sergio Ramírez, viajó a la URSS a gestionar el desbloqueo de la ayuda petrolera. A su partida, Ramírez justificó el hecho porque “La URSS ha cumplido plenamente con la cuota de hidrocarburos que debía entregarle este año a Nicaragua. Pero aquí existen necesidades globales que van más allá de lo que la URSS normalmente nos asigna" (Barricada del 9 de Junio de 1987). Por su parte, el Comandante Tomás Borge, en una gira por Polonia, declaró que el bloqueo de la ayuda petrolera "no sólo es falso, sino que es probable que haya un incremento de la cuota petrolera soviética a mi país" (Barricada del 17 de Junio de 1987).

Estas declaraciones de altos dirigentes sandinistas crearon confusión. La realidad era que la burocracia soviética estaba presionando al gobierno sandinista para que aceptara el Plan Arias, conocido posteriormente como Esquipulas II. El mismo comandante Ruiz declaró posteriormente que "en la medida en que tenemos más dificultades, uno escucha y siente mayores presiones políticas y recibe montos menores" (Barricada del 28 de Julio de 1987).

No hubo peor enemigo que aquel que se hacía pasar por amigo, y esto era aplicable a la burocracia soviética porque presionó al gobierno sandinista en los momentos más difíciles, cuando tenía que enfrentar un proceso de negociación regional.

En las cumbres mundiales, la burocracia soviética terminó supeditándose a los mandatos del imperialismo norteamericano. Prueba de ello es que mientras Reagan presionaba militarmente a Nicaragua, apuntalando al ejército Contra, Gorbachov cortó el suministro de petróleo y lo entregó hasta después que se firmaron los Acuerdos de Esquipulas II. Se dividieron las tareas para frenar la revolución en Centroamérica.

 

III.- EL COLAPSO DE LA REVOLUCIÓN NICARAGÜENSE

 

7.- Una estrategia nacionalista con métodos burocráticos

En el proceso de lucha para derrotar la contraofensiva imperialista iniciada por la administración Reagan en 1981, la política y los métodos de las direcciones nacionalistas pequeño burguesas del FSLN, FMLN y URNG hicieron más difícil la tarea para las masas trabajadoras. El FSLN nunca adoptó una estrategia revolucionaria para aplastar al ejército Contra. Cuando vio que éste había adquirido un importante desarrollo militar, allá por el año 1984, entonces se vio obligado, por la doble presión que ejercía el imperialismo, por un lado, y las masas campesinas, por el otro, a tomar medidas como la Reforma Agraria e impulsar el proceso de Autonomía en la Costa Atlántica, con el objetivo de restarle base social al ejército Contra que se había insertado en el campesinado del norte y centro de Nicaragua, y en las comunidades indígenas misquitas, sumos y ramas de la costa Caribe.

Toda la estrategia militar del gobierno sandinista siempre estuvo dirigida a negociar en condiciones de fuerzas favorables con el ejército Contra, y nunca para destruirlo completamente. El FSLN impulsó una defensa nacionalista y burocrática de la revolución. Nacionalista por que pretendió debilitar a la Contra en el marco de las fronteras nacionales, cuando la estrategia del imperialismo consistía, precisamente, en debilitar al gobierno sandinista a través de una guerra de guerrillas dentro de sus propias fronteras, pero teniendo los territorios de Honduras y Costa Rica como santuarios del ejército Contra. Por esta razón, el gobierno sandinista fue debilitado por la estrategia imperialista al montar una “guerra de baja intensidad”, utilizando a los contras como mecanismo de desgaste, nada más, nunca se planteó el imperialismo el objetivo final de que los contras tomaran el poder. Burocrática porque sus métodos frenaron la movilización independiente del movimiento de masas, debilitando con ello la defensa militar, privilegiando el uso del aparato represivo del Estado para combatir a la Contra interna. Esta concepción nacionalista y el método burocrático hicieron que la defensa militar de la revolución nicaragüense fuese mucho más costosa para las masas.

En Nicaragua y El Salvador, con algunas diferencias menores, los efectos de la extenuante guerra civil crearon un nuevo fenómeno político: el cansancio acrecentó el florecimiento de una conciencia democrática en las amplias masas populares, favorable a las negociaciones de paz. Este cambio en la conciencia se convirtió en una especie de colchón subjetivo para la aplicación de los Acuerdos Esquipulas II, impidió luchar contra ellos.

Por esta razón es que debemos relativizar el triunfo militar sobre la contra: el Ejército Sandinista y las milicias lograron quebrarle el espinazo al Ejército Contra, pero las secuelas de la prolongada guerra produjeron un retroceso en la conciencia de las masas, ahora tienen ilusiones pacifistas y democráticas. Lo anterior constituyó, sin lugar a dudar, un triunfo político del imperialismo, por que eso era lo que pretendía. Este retroceso en el nivel de la conciencia, de antimperialista a pacifista y democrático, está relacionado con factores objetivos como la reducción numérica de la clase obrera industrial, la muerte en combate de lo mejor de la vanguardia, la descomposición social producto de la aguda crisis económica, el odioso método burocrático de FSLN sobre el EPS y demás organismos de masas.

8.- Etapas de la guerra civil en Nicaragua

La guerra tuvo varias etapas. La primera etapa (1981-1984) consistió en un periodo en que los pequeños grupos, compuestos inicialmente por guardias somocistas, que incursionaban al interior de Nicaragua, lograron convertirse en un verdadero ejército, a partir del descontento del campesinado y de las minorías indígenas de la Costa Atlántica. En Octubre de 1983 el gobierno sandinista promulgó la Ley del Servicio Militar Patriótico (SMP) para armar un poderoso ejército que pudiera frenar el desarrollo de la contrarrevolución armada.

La segunda etapa (1985-87) estuvo marcada por el viraje del FSLN, al entregar tierras a los campesinos y promulgar una Ley de Autonomía para la Costa Atlántica, es decir, de hacer concesiones al movimiento de masas en al campo, única forma de quitarle base social al crecimiento del ejército Contra. El reclutamiento masivo, y la política de neutralización de la base social de la Contra en el campo, con el repartimiento de tierras, posibilitaron golpear duramente a los contras.

La tercera etapa (1987-1990) se caracterizó por un estancamiento de la guerra, en donde a pesar de las gigantescos operativos militares desarrollados por el EPS, el Ejército Contra no podía ser aniquilado, especialmente en la región V (Chontales, Boaco) departamentos en donde tuvo una gran implantación en el campo.

No podía ser de otra manera. Todo triunfo si no se extiende corre el riesgo de convertirse en su contrario. El FSLN impulsó una estrategia de defensa militar de la revolución, bajo una concepción nacionalista y con métodos burocráticos, que consistió en combatir a la contra en nuestro propio territorio, tolerando su existencia en Honduras y Costa Rica, basando la defensa militar única y exclusivamente en el sacrificio de las masas trabajadoras.

El imperialismo norteamericano había planificado la “guerra de baja intensidad” de manera tal que su objetivo central era desgastar política y económicamente al gobierno sandinista. Hacia agosto de 1987, estos objetivos, al final de cuentas, habían sido cumplidos. Para esa fecha el gobierno sandinista se encontraba postrado y era incapaz de librar nuevas acciones ofensivas para desalojar a la Contra de amplias zonas campesinas. La prolongación de la guerra hizo estallar las débiles bases de la economía nicaragüense, que era una esencialmente de agro exportación.

La política del FSLN siempre estuvo centrada en negociar y lo hizo en el filo de la navaja, es decir, cuando se iniciaba el estancamiento militar. Existió una interrelación dialéctica entre la política conciliadora del FSLN y la realidad objetiva que le era cada vez mas adversa, no en vano la dirección sandinista adelantó unilateralmente los plazos de aplicación de los Acuerdos de Esquipulas II. Detrás de esta aparente buena intención del FSLN de cumplir con dichos Acuerdos, se ocultaba la asfixia económica que produce librar una guerra bajo una concepción nacionalista y con un método burocrático.

9.- Los efectos de la guerra sobre la clase obrera industrial

La clase obrera industrial en Nicaragua, tradicionalmente muy débil, fue terriblemente golpeada por la política de austeridad del gobierno sandinista, el que priorizó el abastecimiento a los frentes de guerra, castigando a la clase social que era el soporte natural de la revolución. Antes del triunfo revolucionario de 1979 existían unos 60,000 obreros industriales, pero para el final de la revolución en 1990 esta clase obrera estaba reducida a menos de la mitad. No se trata de analizar una simple reducción física, u oscilaciones en la composición social, sino cómo influye en el retroceso de la conciencia revolucionaria.

La vanguardia obrera que se forjó en la lucha contra la dictadura y la que se formó con posterioridad al triunfo revolucionario de 1979 fue, en algunos casos, reprimida y encarcelada, en otros sencillamente se incorporó al FSLN y se burocratizó, pero lo más grave fue que los mejores activistas murieron en combate. Tenemos un bastante fenómeno parecido al de la Revolución Rusa al final de la guerra civil (1918-21).

La tradición de lucha de la clase obrera fue cortada de tajo por el FSLN. Muchos de estos obreros abandonaron las derruidas fábricas y entraron al mercado informal. Los jóvenes obreros que les sustituyeron no tuvieron nexo orgánico o político con las generaciones anteriores. Se produjo una ruptura generacional, de tradiciones y de herencia de combate. La burocratización de los sindicatos, la incorporación de éstos al aparato del Estado bajo el gobierno sandinista (1979-1990), fueron reales factores objetivos que influyeron en el retroceso en la conciencia antimperialista y socialista.

Se produjo también una grave ruptura entre la ciudad y el campo. Al debilitarse la clase obrera urbana, no había un factor social o político que contrarrestara la influencia creciente del Ejército Contra sobre el campesinado y los indígenas. El ascenso y movilización de masas a que nos hemos referido con anterioridad, se expresó por la vía militar, cuando decenas de miles de hombres y mujeres combatieron al Ejército Contra bajo la bandera del EPS.

En las ciudades, pese a los denodados intentos de la clase obrera por soltar las cadenas que le oprimían, el aparato burocrático del FSLN logró imponerse, controlar, desmontar y aplastar cualquier movilización independiente de los trabajadores.

EL FSLN pasó a la historia como la organización revolucionaria y heroica que dirigió el combate victorioso contra la dictadura somocista, pero también se conocerá como la dirección nacionalista pequeñoburguesa que, victima de su propia política de colaboración con la burguesía tradicional, se doblegó ante el plan de reacción democrática que significó la suscripción de los Acuerdos de Esquipulas II.

10.-El campesinado, los indígenas y la Contra

La dirección sandinista no sólo cometió gravísimos errores políticos con el campesinado y los indígenas, sino que además cayó en la trampa imperialista de las negociaciones políticas que finalmente condujeron al proceso electoral de 1990.  La dirección sandinista llegó al extremo de convocar a elecciones bajo la enorme presión militar del Ejército Contra, el cual se desmovilizó hasta que la Sra. Violeta Chamorro asumió el gobierno de la República de Nicaragua.

Según los datos proporcionados por la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la Organización de Estados Americanos (CIAV-OEA), organismo encargado de vigilar el proceso de desmovilización del Ejército Contra, para el 30 de septiembre de 1990 habían entregados sus armas 19,729 combatientes de la Resistencia Nicaragüense (RN), cuando el General Humberto Ortega afirmaba que ésta solamente tenía 3,000 miembros.

De ese total, 15,439 campesinos desmovilizados no poseían una sola pulgada de tierra.  Solamente el 23.7 %, o sea, 5,318 eran pequeños y medianos propietarios rurales. 16 mil 718 oscilaba entre los diez y treinta años de edad.  El 83.8 por ciento tenían un nivel de escolaridad de primero a tercer grado de primaria, es decir, eran analfabetas funcionales. Un 13.1 por ciento cursó de cuarto a sexto grado de primaria. Sólo el 2.9 por ciento algunos años de secundaria y apenas el 0.2 por ciento (42 personas) tenían estudios universitarios[1].

Estos datos reflejan, por sí mismos, el origen social del Ejército Contra y el enraizamiento de éste en amplios sectores del campesinado e indígenas, gracias a la desastrosa política agraria del FSLN durante la revolución (1979-1990).

11.- El mea culpa

En estas condiciones, para el año 1987, el gobierno sandinista "había alcanzado el límite de su resistencia".  La estrategia global del imperialismo había rendido sus primeros frutos: la dirección sandinista buscaba desesperadamente una salida negociada para terminar la guerra civil. 

No fue una casualidad que después de la derrota electoral del 25 de febrero de 1990, el FSLN se autocriticara públicamente. El Documento del Crucero, adoptado por el primer Congreso del FSLN, realizado después de la derrota electoral de 1990, confirma claramente esta posición:

         "Desde 1987 nos planteamos la neutralización de la política estadounidense contra Nicaragua y, al mismo tiempo que nos enfrentábamos a la contra, dábamos pasos políticos y diplomáticos para lograr la paz.  En Octubre [realmente fue en Agosto]  de 1987 se firmaron los Acuerdos de Esquipulas, no obstante, la guerra de agresión y el proyecto mercenario continuaron en 1988".[2]

La administración Reagan inició la presión militar y el ablandamiento sobre la dirección sandinista en 1981, pero le correspondió a la administración de George Bush terminar la tarea, por medios políticos y diplomáticos. Cuando la dirección sandinista firmó, el 7 de agosto de 1987, los Acuerdos de Esquipulas II, había entrado de cuerpo entero en la trampa que pacientemente había tejido el imperialismo norteamericano. A partir de la firma de esos acuerdos, absolutamente favorables para Washington y sus títeres en el área centroamericana, el gobierno sandinista comenzó a revertir aceleradamente la independencia política que había conquistado el 19 de julio de 1979, porque comenzó a orientar su política externa e interna en función de esos acuerdos auspiciados por el gobierno de Oscar Arias, pero bajo el tutelaje de los Estados Unidos.

A veces resulta incomprensible escuchar a la dirección sandinista afirmar que los Acuerdos de Esquipulas II fueron un triunfo de su política antimperialista,  a pesar de que Esquipulas II los llevó a la derrota electoral y a la pérdida del poder político.

El Informe de la Dirección Nacional al primer Congreso del FSLN, reafirmó que:

         "Los Acuerdos de Esquipulas se suscribieron en contra de la voluntad de los gobernantes norteamericanos y comprometieron a todos los gobiernos centroamericanos en la lucha por la paz, la democracia, el desarrollo económico y social y el respeto a los derechos humanos".[3]

12.- La reversión de la independencia política

Una de las grandes conquistas de la revolución democrática de 1979, que destruyó el aparato represivo del somocismo, fue la conquista de la independencia política. Desde 1979 hasta 1987, a pesar de la agresión imperialista, la guerra civil en el campo, y la política conciliadora de la dirigencia sandinista, el gobierno sandinista mantuvo, con algunas oscilaciones, la independencia política

Sin embargo,  a partir de la firma de los Acuerdos de Esquipulas II en 1987 se inició un acelerado un proceso de reversión de la independencia política, que culminó en una gran salto hacia atrás con la conformación del gobierno de la Sra. Violeta Barrios de Chamorro en 1990, precisamente producto de un proceso electoral montado en base al cumplimento de los Acuerdos de Esquipulas II.

 

IV.- LOS FATALES RESULTADOS DE LA DERROTA

DE LA REVOLUCION CENTROAMERICA

 

1.- Integración bajo tutela imperialista

Como resultado de la aplicación de Esquipulas II, el imperialismo y las burguesías fortalecieron los derruidos mecanismos de integración regional, creados bajo el Mercado Común Centroamericano (MCCA) y crearon otros nuevos como fue el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) el que funcionaria como un foro regional de negociación y en donde participarían las antiguas guerrillas.

Este proyecto del PARLACEN fue diseñado y propuesto en la primera cumbre de presidentes centroamericanos realizada en Esquipulas, Guatemala, en el año 1986. Como ya hemos analizado, fue una sagaz repuesta política del imperialismo norteamericano y europeo, de las burguesías del área centroamericana, con el objetivo de evitar la consolidación de la revolución nicaragüense, y contener el auge de la guerrilla en El Salvador y Guatemala.

Iniciado el proceso de negociación multilateral con Esquipulas II, la guerra civil comenzó a desaparecer lentamente en todos los países sacudidos por conflictos armados. Las burguesías del área  comenzaron a negociar directamente con las direcciones guerrilleras del FMLN y URNG. Para crear confianza y consolidar este proceso, necesitaban crear mecanismos institucionales tendentes a resolver las diferencias de manera pacífica. Esta fue la esencia reaccionaria del PARLACEN, ya que su creación no fue una genuina expresión de la necesidad de reunificar la nación Centroamericana sobre nuevas bases, sino que fue una imposición del imperialismo norteamericano y europeo, que tomaron como modelo el Parlamento Europeo, dando con ello una repuesta distorsionada al candente problema de la unidad de la nación centroamericana

El “Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras Instancias Políticas” entró en vigencia finalmente el 1 de mayo de 1990, con la reticencia de Costa Rica que siempre se ha negado a participar en el mismo, y también ha desconocido la jurisdicción de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).

Aunque históricamente Panamá no ha sido parte de Centroamérica, sino que perteneció a Colombia hasta el año 1903, cuando los Estados Unidos promovieron su independencia con el objetivo de construir el Canal de Panamá, a partir de mayo de 1994 Panamá ratificó el tratado constitutivo del PARLACEN y formó parte del mismo.

Con el ingreso de Panamá quedaba más claro que el PARLACEN era un organismo de conciliación política regional, y que no representaba ningún proyecto de creación de un nuevo Estado Centroamericano. No obstante, en mayo del 2009, el presidente panameño, Ricardo Martinelli, anunció su decisión de retirar a su país del PARLACEN. La burguesía panameña, igual que la costarricense, no encuentran ninguna ventaja económica en su permanencia al PARLACEN, un proyecto político creado en momentos en que Centroamérica era devorada por la guerra civil.

El 7 de septiembre del 2010 entró en vigencia la reforma al tratado constitutivo del PARLACEN, que le otorga nuevas funciones vinculantes para los Estados que la suscribieron: Proponer legislación en materia de integración regional, conocer de los nombramientos de los altos cargos de los organismos e instituciones del SICA, participar en las reuniones de los presidentes centroamericanos y demás organismos de integración, emitir “opinión ilustrativa previa” sobre cualquier convenio o tratado a suscribirse por los Estados miembros, cuando se relacione directamente con la integración, etc

El diputado sandinista, Jacinto Suarez, en ese momento declaró: “vamos con nuevas funciones en materia de legislación regional sobre asuntos de integración” (El Nuevo Diario 31/08/2010). La diputada salvadoreña Nidia Díaz del FMLN tampoco ocultaba su regocijo: “El Parlamento Centroamericano asume nuevas responsabilidades de mayor vinculación e incidencia al proceso de integración” (Prensa Gráfica 08/09/2010).

A pesar del entusiasmo de los diputados del FMLN y del FSLN, en realidad el PARLACEN continúa  siendo un impotente organismo de conciliación política entre las burguesías del área centroamericana. Lo que no dicen es que ahora el PARLACEN puede hacer propuestas, pero quienes deciden son los órganos legislativos de cada uno de los Estados que resultaron de la desmembración de la nación Centroamericana. La división política de Centroamérica se mantiene, aunque económicamente estamos más ligados que nunca, no por la voluntad estrecha y cavernaria de las burguesías del área, sino por la lacerante acción de los diversos tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea

2.- El fenómeno de las maras o pandillas

El fenómeno de las pandillas o maras es una consecuencia directa del fracaso de la revolución centroamericana, iniciada en 1979 con el triunfo de la revolución nicaragüense. Este fenómeno es cualitativamente diferente de las pandillas juveniles que han existido tradicionalmente en nuestros países

Para el año 2003, se calcula que en Honduras las maras agrupaban a 12,408 integrantes. Para el año 2005, la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador contabilizó 10,500 pandilleros. En ese mismo periodo, en Guatemala, existían entre 8,000 a 10,000 pandilleros. Nicaragua reportaba en 2005 cerca de 2,227 jóvenes organizados en pandillas. Un informe de las Naciones Unidas del año 2007 calculaba que las maras o pandillas agrupaban a 70,000  miembros en toda Centroamérica, incluyendo a Belice, Costa Rica y Panamá.

Producto de la derrota de la revolución, las pandillas se convirtieron en un fenómeno político y social que refleja la decadencia del capitalismo en Centroamérica. Como era de esperarse, la repuesta de los gobiernos fue el endurecimiento de la represión, focalizada contra estos grupos juveniles en exclusión social.

En Guatemala fue diseñado el Plan Escoba y el súper Plan Escoba, adoptando planes de represión selectiva. En El Salvador fueron aprobadas dos leyes especiales antipandillas, al final la Ley AntiMaras fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, pero hasta un día antes de expirar su vigencia. En Honduras se aplicaron los planes represivos Libertad Azul y Cero Tolerancia.

Los planes de represión contra las maras o pandillas sirvieron de cobertura para planes de exterminio selectivo. En Guatemala, se documentaron, solo entre enero y julio del 2006, unas 408 ejecuciones. En Honduras, entre 1998 y 2004, la organización Casa Alianza contabilizó un total de 2,520 ejecuciones de pandilleros. En El Salvador, la Oficina del Plan Súper Mano Dura reportó que para el 2005 fueron asesinados 1,700 pandilleros, lo que correspondía al 45% de todas las muertes cometidas a escala nacional.

En su enfrentamiento contra el sistema imperante, las maras desarrollaron un tipo de organización centralizada, absorbiendo gran parte de las tradiciones de la guerrilla. Sus estructuras de mando, eran de arriba hacia abajo, adoptando un funcionamiento militar. Las maras que comenzaron como un fenómeno juvenil de los barrios marginales, terminaron en la mayoría de los casos ligándose al crimen organizado, o desarrollando un tipo de actividad delictiva propia como secuestros, extorsiones, venta de drogas al menudeo, etc.

3.- Centroamérica: la región más violenta del mundo

Durante la 41 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada en San Salvador, El Salvador, José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, pronunció un breve discurso que sintetiza la preocupación de las burguesías del área centroamericana: "No tenemos guerras en la región pero sí dos enemigos comunes e interrelacionados: el crimen organizado y la desigualdad (…) El crimen, el narcotráfico y la violencia constituyen una amenaza a la estabilidad democrática y fortalecimiento del estado derecho y al desarrollo económico de las Américas”. (Diario de Hoy, 6/6/2011)

Y es que los regímenes democráticos en Centroamérica, instaurados después de Esquipulas II, se encuentran sobre una bomba de tiempo,  a punto de explotar. Los datos sobre la violencia en la región centroamericana son escalofriantes. En el año 2006, Centroamérica registró 14,257 muertes por la violencia, es decir, casi 40 por día. El Salvador tenía el índice de homicidios más alto de América Latina (58 por cada 100,000 habitantes). Guatemala y Honduras, tienen índices de homicidios de 45 y 43 por cada 100,000 habitantes, respectivamente.

En Centroamérica, el índice global de muertes por violencia es de 35.4 por cada 100,000 habitantes, comparado con aproximadamente 20 por cada 100,000 en toda América Latina. Entre 2003 y 2008 fueron asesinadas 79.000 personas en Centroamérica.

Son cifras realmente alarmantes que presagian la desintegración de los Estados Centroamericanos, producto de la imparable ola de violencia. Honduras en el año 2010 tuvo una tasa de 77.5 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, superando casi ocho veces la tasa promedio de 8.8 establecida por la OMS en el 2000. (El Heraldo, 6/6/2011)

Los países que registran menos muertes violentas son Panamá, Nicaragua y Costa Rica, pero también en estos países hay un repunte de asesinatos. El sector social más golpeado por la violencia es la juventud de los sectores populares: “La tasa de muertes causadas por lesiones en la región, que alcanza 14.9 por cada 100 mil habitantes, es mucho más alta y es la primera causa de muerte en los jóvenes de entre 15 y 29 años en donde llega a 83.2; y es aún más alta entre los jóvenes de los estratos medios y bajos” (El Mundo, 6/6/2011).

Un reciente informe del Banco Mundial señaló que las altas tasas de homicidios en Honduras, El Salvador y Guatemala, "socavan las esperanzas de paz y estabilidad que surgieron luego de la resolución de las guerras civiles regionales" (El Heraldo, 6/6/2011).

Lo anterior es una consecuencia directa de la crisis capitalista y de la marginación social de millones de personas que no encuentran trabajo ni una forma decente de ganarse la vida. Estas masas marginadas ejercitan la violencia como mecanismo de descontento, al mismo tiempo que comienzan a constituirse en base social del crimen organizado.

La debilidad intrínseca de los Estados burgueses en la región Centroamericana, se ha transformado en círculo vicioso que permite el crecimiento de la violencia y el crimen organizado, lo que a su vez se convierte en una sangría económica para las débiles burguesías de la región.

La lucha contra el crimen organizado cuesta a los Estados de Centroamérica el 8% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) afirma que la violencia criminal consume más del 12% el PIB latinoamericano.

Y como era de esperarse, la creciente violencia pone en peligro no solo a los regímenes democráticos, sino a los negocios de la burguesía y las transnacionales. Por ello, en los últimos años hemos observado una creciente coordinación de las policías y los organismos de seguridad. El objetivo que se persigue con semejante coordinación policial es crear un gran centro de inteligencia en la región centroamericana, de intercambio de información, de adiestramiento militar, etc. Las burguesías centroamericanas, como era de esperarse, no dan una respuesta económica a los problemas sociales, sino que apuntalan y fortalecen el aparato militar y policial, para frenar los altos índices de violencias que no son otra cosa que la expresión inconsciente de la rebelión contra el sistema capitalista que oprime y lanza a la marginalidad social a millones de personas en Centroamérica.

Hoy la bandera de este proceso de militarización es la lucha contra la violencia, la cobertura ideológica es la obligación de los Estados de “garantizar la seguridad ciudadana”, pero en el fondo están preparando los órganos de represión para las inevitables rebeliones sociales de las masas empobrecidas que tienden a producirse cada vez más intensamente, producto de la crisis sin salida del sistema capitalista semicolonial.

Los altos índices de violencia en el llamado “triangulo del Norte” (Honduras, El Salvador y Guatemala) no son una casualidad. Estos países no llegaron a esta situación gratuitamente. Este fenómeno de la altísima violencia en la mayoría de países de Centroamérica, tiene una explicación histórica.

La revolución que se gestó en los años 80 en Centroamérica fue estrangulada con el fortalecimiento de los aparatos represivos, con los asesinatos masivos de guerrilleros e indígenas. Este aplastamiento sangriento de la revolución en Centroamérica, impidió realizar los cambios que nuestras sociedades clamaban. Al preservarse los ejércitos sobrevivieron también las mafias enquistadas en los aparatos represivos, muy vinculadas al crimen organizado.

Entonces se produjo una explosiva combinación de factores: las masas trabajadoras lanzadas a la miseria y la marginalidad social produjeron, por un lado, el fenómeno de las maras o pandillas (una rebelión inconsciente contra el sistema capitalista en descomposición), pero, por otro lado, al sobrevivir las mafias dentro de las fuerzas represivas, éstas consolidaron una profunda conexión con los carteles del crimen organizado.

El resultado de la derrota de la revolución en Centroamérica ha sido fatal: una rebelión de maras o pandillas, que es manipulada por el crimen organizado, y mafias que sobreviven dentro de las fuerzas policiales y armadas, cuyo negocio principal es proteger las actividades del crimen organizado. El resultado en Honduras ha sido una incontenible espiral de violencia. Algo parecido ocurre, en menor grado, en El Salvador y Guatemala.

Honduras fue utilizada en los años 80 como una plataforma de la ofensiva militar de la administración Reagan contra los movimientos guerrilleros. El país fue ocupado militarmente. La ocupación militar norteamericana, que aun perdura en la base militar de Palmerola y en la dependencia militar de Estados Unidos, sirvió más bien para proteger a estas mafias.

No es una eventualidad que, contrario al caso de Honduras, Nicaragua tiene actualmente las cifras mas bajas de criminalidad en toda el área, y esto tiene una explicación muy sencilla: el triunfo revolucionario del 19 de Julio de 1979 destruyó las fuerzas represivas del viejo orden, y con ello la casa quedó limpia por un buen rato.

La izquierda nuevamente debe desempolvar la bandera de lucha por el desmantelamiento de los aparatos represivos, que están infestados por la corrupción y el crimen organizado.

4.- Narcotráfico y creciente militarización

Ante el incremento de la capacidad militar de los carteles mexicanos de la droga, a mediados del 2008, el gobierno de Estados Unidos concibió el Plan Mérida como una ayuda militar extraordinaria para combatir el narcotráfico y lo que ahora se denomina “crimen organizado” en México y Centroamérica.

En la mini cumbre regional, realizada en marzo del 2010, en ciudad Guatemala, a la que asistieron los presidentes de los países del  denominado triángulo norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, anunció que “la seguridad es un reto principal, es por eso que a través de la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI, en inglés) vamos a combatir el crimen organizado, pandillas transnacionales y el tráfico de drogas” (El Periódico, 03/05/2010),

El CARSI es una prolongación del Plan Mérida, pero con énfasis ya no en México, sino en la región centroamericana. No debemos olvidar que el Plan Mérida es hijo del Plan Colombia, y que ahora el CARSI es una continuación de ambos.

Indudablemente, que los gobiernos del área, sedientos de recursos financieros, han mezclado mal intencionadamente el tema de las maras o pandillas, que reflejan un problema de descomposición social del capitalismo, con el tema del narcotráfico y el crimen organizado. Son dos fenómenos diferentes. Puede ser que algunas pandillas estén asociadas con el narcotráfico, o que recluten sicarios de entre sus miembros, pero la mayoría de las maras son fenómenos puramente juveniles, de odio inconsciente hacia el sistema capitalista que les niega una existencia digna.

La inseguridad y la violencia que aflige a casi todos los países de Centroamérica, crean condiciones favorables para la implementación de estos planes  de ayuda militar que no son otra cosa que un apuntalamiento de los aparatos represivos del Estado.Los revolucionarios centroamericanos debemos discutir cómo enfrentar esta creciente militarización de la sociedad centroamericana, so pretexto de combatir al narcotráfico, la violencia  y las maras.

5.- Neoliberalismo, bancarrota de los Estados y saqueo imperialista

La aplicación del Acuerdo de Esquipulas II permitió al imperialismo norteamericano desechar a las odiadas dictaduras militares, e impulsar la creación de gobiernos civiles a través de procesos electorales en donde participaban las antiguas organizaciones guerrilleras, anteriormente proscritas.

Pero el desarrollo de procesos electorales no significa, bajo ninguna manera, la instauración de una verdadera democracia. Los regímenes democráticos que surgieron después de Esquipulas II, fueron y siguen siendo muy frágiles. Al terminarse el conflicto armado, los ejércitos fueron reducidos al mínimo, aunque conservando capacidad militar para reprimir revueltas populares al interior de cada país. Los antiguos ejércitos de Honduras, El Salvador y Guatemala pasaron a establecer relaciones de amistosa coordinación con el ejército de Nicaragua, que poco a poco se convirtió en un ejército tradicional.

El Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA) fundado en 1963 por los Estados Unidos, para defenderse las dictaduras militares del influjo de la revolución cubana, desapareció para dar lugar a otro de tipo de coordinaciones más discretas, en el marco del SICA.

En la derrota de la revolución centroamericana iniciada en 1979 confluyeron varios factores nacionales, regionales e internacionales, pero los de mayor incidencia fueron, a como hemos analizado, la contraofensiva imperialista que cansó al movimiento de masas, las negociaciones entre el imperialismo norteamericano y la burocracia soviética, y el posterior derrumbe de la URSS en 1990.

A partir de 1990, se redobló la ofensiva neoliberal en todo el mundo. En Centroamérica, estos cambios se iniciaron en 1982 pero la situación revolucionaria y la guerra civil en El Salvador y Nicaragua, impidieron su aplicación generalizada en la mayoría de los países, salvo en Costa Rica que se convirtió en un modelo experimental de estabilidad macroeconómica, destinado a ejercer influencia política en el resto del área, como realmente ocurrió con el Plan Arias en 1987.

Fue a partir del 1990 que los planes de ajuste del FMI, con el pretexto de estabilizar las económicas que habían sido devastadas por la guerra, se comenzaron a aplicar con rigor. Los gobiernos estaban quebrados y se inició una loca carrera por abrir las economías al capital transnacional. Estas débiles economías agroexportadoras en Centroamérica habían sido protegidas por el modelo “desarrollista” de sustitución de importaciones, que aplicaron las dictaduras militares  con la creación del Mercado Común Centroamericano (MCCA), que permito la creación de una modesta industria manufacturera, hasta el triunfo de la revolución nicaragüense en 1979.

Con la ofensiva neoliberal, el  resultado sobre esta industria manufacturera fue devastador: reducción numérica de la clase obrera industrial, tal como la conocíamos, debilitando a los sindicatos y centrales obreras. En su lugar, ha surgido la migración y quienes no pueden viajar a Estados Unidos, Canadá o España, están condenados a vivir en el desempleo, o de las remesas que mandan sus parientes cercanos, o terminan conformando los nuevos contingentes de la clase trabajadora de las maquilas, remedos de fábricas, que explotan salvajemente a nuestros jóvenes.

La clase obrera de las maquilas se caracteriza por ser muy joven (entre 15 y 25 años), inexperta sindical y políticamente, desorganizada, realizando el trabajo de terminación de los productos, en condiciones de trabajo semi esclavo. El masivo desempleo y la falta de oportunidades obligan a los jóvenes a trabajar en las duras condiciones de las maquilas y con salarios miserables.

Las empresas maquiladoras no aportan tecnología ni riqueza a nuestros países. Al contrario, cuando sienten que pueden conseguir mano de obra más barata se trasladan a nuevos países, para succionar plusvalía y ganancias a favor de las empresas transnacionales.

Esta situación ha debilitado a los sindicatos y centrales obreras, transformándolas en organizaciones mas o menos reducidas, casi de membretes. Y no es que no la clase trabajadora haya desaparecido. Al contrario hay decenas de miles de trabajadores de las maquilas, pero estos no pueden organizarse libremente y por sus propias condiciones de trabajo no ejercen un rol beligerante en las luchas contra el sistema capitalista. Esperamos que este proceso de maduración sindical y política de los trabajadores de las maquilas sea lo mas corto posible, y que estos contingentes de la clase trabajadora entren a la escena política, luchando contra las condiciones de sobrexplotación a que son sometidos.

Los empleados públicos centroamericanos se han convertido, ante el debilitamiento de la clase obrera industrial y la postración de la clase trabajadora de las maquilas, en la vanguardia de las luchas contra el sistema capitalista. Dentro del amplio espectro de empleados públicos, los trabajadores de la salud y la educación, son quienes mas han peleado contra los bajos salarios y por defender las conquistas laborales obtenidas en el periodo anterior.

Con los cambios en la economía, surgieron nuevas agrupaciones políticas encargadas de administrar el saqueo neoliberal. Se inicio un  proceso desigual y contradictorio de quiebra de empresas, de fusiones con empresas transnacionales, de venta de las empresas estatales de servicios públicos (energía y comunicaciones). Los servicios públicos en todos los países pasaron a ser dueños totales o parciales de estas vitales empresas.

El proceso de integración centroamericano, interrumpido por la guerra civil, se reanudó con la suscripción del Protocolo de Tegucigalpa en 1991. Todos los países de la región comenzaron a suscribir, en conjunto o separadamente, tratados de Libre Comercio con Chile, Canadá, México, Taiwán, Panamá, hasta culminar con la suscripción del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica- Estados Unidos y República Dominicana (CAFTA-DR) en 2006 y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea en 2012.

Pero bajo el neoliberalismo no vino la anunciada prosperidad, sino una mayor profundización de la pobreza y las desigualdades sociales. Bajo la vigencia del CAFTA-DR, en el año 2010, las exportaciones totales de la región alcanzaron los US$ 22,143 millones, mientras que las importaciones alcanzaron un monto de US$ 44,247 millones, siendo superiores en 18.9% al mismo período en el año 2009.

A nivel de las exportaciones, la capacidad de cada país es diferente. El principal vendedor es Guatemala con el 38%, El Salvador con el 25,5% y Costa Rica con el 21,8%, mientras que Honduras y Nicaragua registran apenas el 7,6% y 7% respectivamente.

El principal comprador de Centroamérica es Estados Unidos con un 37,3%, el comercio intrarregional del MCCA que abarca el 12,5%, México con el 8,6%, la República Popular de China 6.7%, y en quinto lugar la UE con 6.5%.

La dependencia de las familias pobres en relación al envío remesas es una triste realidad en Centroamérica. En el año 2011, el ingreso de divisas por remesas alcanzó la histórica cifra de US$4.378 millones de dólares. En El Salvador el envío de remesas ascendió a US$3.648 millones de dólares. Honduras recibió US$2.529 millones de dólares. Nicaragua recibió la cantidad de mil millones de dólares, equivalente a la mitad de sus exportaciones. Y Costa Rica, el país que menos sufrió el desangre provocado por el conflicto armado, recibió 530 millones de dólares.

Este crecimiento sistemático del envío de remesas esta directamente relacionado con la migración de millones de trabajadores centroamericanos hacia Estados Unidos y Europa, provocada por la guerra civil o la agudización de la crisis económica, o la migración interna de decenas de miles de trabajadores nicaragüenses en Costa Rica. Esta es otra de las tragedias de la derrota de la revolución en Centroamérica: la dispersión y atomización de la vanguardia de la clase trabajadora.

Los índices de pobreza del año 2011 son realmente alarmantes. En Guatemala, los datos oficiales arrojan que la tasa de pobreza general se incrementó de 51 por ciento en 2006 hasta 53.71 por ciento, mientras que la extrema pobreza bajó de 15.2 a 13.33 por ciento de la población, con un desplazamiento del 2% de la extrema pobreza a la pobreza. En El Salvador, el nivel de pobreza es del 46.6% y el de extrema pobreza es del 16.7%. En Honduras, el 66.2% de la población del país está debajo de la línea de pobreza, mientras que cerca de un 45.3% se encuentra en condiciones de extrema pobreza. En Nicaragua, el 44.1% de la población vive en condiciones de pobreza general y el 8.2% lo hace en condiciones de pobreza extrema. En Costa Rica, el 21.6% de la población vive en condiciones de pobreza, y el 15.2 % en extrema pobreza, siendo el mas bajo del área.

En términos generales, el 50% de la población en Centroamérica vive en condiciones de pobreza.

Esta destrucción de la economía de los países centroamericanos, se refleja en el creciente endeudamiento de los Estados que ya no pueden sufragar sus reducidos gastos. Para el año 2011, la deuda pública total de Guatemala ascendió a la cifra de US$5.200 millones de dólares. La deuda publica total de El Salvador  se elevó a

$13,382 millones, equivalente al 55.0% del PIB nominal estimado en el Presupuesto General del Estado  en $24,344 millones.

En Honduras, el saldo de la deuda pública total de Honduras se situó en US$ 5,757.3 millones de dólares. Nicaragua, que había reducido sus niveles de endeudamiento con la iniciática HIPC, ha vuelto a subir sus niveles de endeudamiento público hasta la cifra de 7,629.6 millones de dólares, cuando su PIB actual es de 7,297.2 millones de dólares. Dentro de esta cifra total debe analizarse la deuda privada con Venezuela, producto del tratado de asistencia petrolera de PETROCARIBE, que pasó de 70 millones de dólares en 2007 a 1,523

Costa Rica es quizás el caso mas dramático de endeudamiento publico. La deuda publica total ascendió a ¢10.301.396,0 millones de colones ($ 20,497.84 millones de dólares) ubicándose en un 49,7% del PIB en el 2011.

Los Estados nacionales en Centroamérica ya no pueden sostenerse con finanzas propias, se sustentan precariamente con el constante endeudamiento, ya no pueden cumplir con las necesidades básicas de la población que, como hemos visto, la mitad vive bajo los límites de la pobreza.

En conclusión, la tragedia social que vive Centroamérica después de 25 años de aplicación del Acuerdo de Esquipulas II, de la derrota de la revolución centroamericana iniciada en 1979, están desintegrando las bases materiales de la sociedad y con ello obligaran a millones de personas, enviadas al desempleo crónico y la marginalidad social, a iniciar una nueva revolución social. Por ello debemos de sacar las lecciones de la derrotada pasada, para que no vuelva a ocurrir lo mismo.

 



[1] Retorno No.1, revista mensual del Instituto Nicaragüense de Repatriación (INIRE), pp 11 y 12, Managua, agosto de 1991

[2] Suplemento Especial No. 10 de Barricada Internacional, julio de 1990, p. 5

[3] Informe de la Dirección Nacional al primer Congreso del FSLN, suplemento del diario Barricada del día 20 de julio de 1990, p. 30

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