La dictadura Ortega-Murillo acusa a la oposición burguesa, incluso a organizaciones progresistas como la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) de “golpistas” y de recibir fondos de Estados Unidos. Es indudable que, en medio de la crisis creada por la rebelión de abril del 2018, los Estados Unidos intentan fortalecer a sus agentes para mantener su influencia política por medio de los resultados electorales.

Pero también es cierto que la dictadura Ortega-Murillo, aunque maneja un discurso de izquierda populista, mantiene brutales niveles de represión contra los activistas que lograron sobrevivir a la derrota de la rebelión de abril del 2018. En cierta medida, hay una polarización política, pero en el fondo es una falsa dicotomía.

En un año electoral, Daniel Ortega ha vuelto a utilizar el discurso antiimperialista para cohesionar a sus bases. Además, ha incrementado los niveles de represión, esta vez contra las cupulas políticas, incluso encarcelando a operadores del gran capital, tomándolos como rehenes para forzar una negociación política con Estados Unidos.

La repuesta de Estados Unidos y sus aliados ha sido promover el aislamiento de la dictadura Ortega-Murillo, a través de comunicados del Departamento de Estado de los Estados Unidos, resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), de organismos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), relacionados con la defensa de los derechos humanos.

Mientras en Venezuela se ha iniciado un proceso de negociación política entre el gobierno de Maduro y las fuerzas que representa Juan Guaidó, en Nicaragua Daniel Ortega está forzando una negociación parecida, aprovechándose que logró aplastar la rebelión de abril del 2018 y que ahora tiene como rehenes a las cupulas de la derecha y del gran capital.

La tragedia más grande que ha ocurrido en Nicaragua es que los residuos de la rebelión de abril del 2018 fueron copados por los organismos de derecha, y la dictadura aprovecha el momento para vestirse con un traje antiimperialista.

Es probable que muy pronto se inicie algún tipo de negociación política entre la dictadura y los grupos de la oposición burguesa, tratando de encontrar una salida, el llamado “aterrizaje suave”. Si esto no llega a ocurrir, existe la posibilidad que Daniel Ortega intente imponer su reelección, contra la voluntad de la llamada comunidad internacional y también contra la mayoría de los nicaragüenses que ansían un cambio de gobierno.

Consecuencia de la tragedia es que no existe una dirección revolucionaria en Nicaragua que oriente a las masas populares, ante la difícil situación que hemos descrito.

Las fuerzas democráticas y de izquierda debemos exigir la liberación de todos los presos políticos, y que se realicen urgentemente las reformas democráticas que se necesitan para la realización de elecciones libres en noviembre dl 2021, para que el pueblo decida democráticamente el destino a seguir.