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Ya salió El Socialista Centroamericano No 308.-

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Terminar con la violencia policial en Estados Unidos y también en Centroamérica

Las movilizaciones contra el racismo en Estados Unidos es el acontecimiento más importante de los últimos días. Venciendo el temor al coronavirus, incluso rompiendo las recomendadas medidas de distanciamiento social que nos mantienen dispersos y atomizados, decenas de miles de ciudadanos norteamericanos rompieron la pasividad e indignados salieron a mostrar su repudio a los aparatos policiales.

 

Estas movilizaciones han generado acciones de solidaridad en diferentes partes del mundo, inclusive han generado movilizaciones contra la violencia policial en países como Brasil, que tiene una mayoritaria población negra que es diezmada por las razias policiales en las favelas.

De repente, las movilizaciones de protesta contra el asesinato de George Floyd, se convirtieron en una masiva protesta contra el gobierno de Donald Trump y también contra Jair Bolsonaro, las máximas expresiones de la ola derechista que sacudió al mundo antes de la pandemia y del estallido de estas movilizaciones.

Hay un cambio de situación política en Estados Unidos, la potencia imperialista más poderosa del mundo, y eso evidentemente tiene repercusiones en todo el planeta. Los jóvenes y los trabajadores norteamericanos han comenzado a movilizarse y esto abre enormes posibilidades de cambio.

Mientras mostramos nuestras simpatías y organizamos acciones de solidaridad, a veces nos olvidamos de los abusos y de la violencia policías en nuestros países. Nos olvidamos que, por la explotación imperialista y capitalista, vivimos en países sometidos a una constante decadencia económica, que se traduce en la marginalización social de millones de personas, especialmente jóvenes, que no tiene trabajo ni estudio, convertidos en parias en sus propios países.

Estos jóvenes se organizan en maras y pandillas que, en la mayoría de los casos, terminan delinquiendo, convirtiéndose en flagelo de sus propias comunidades, vendiendo drogas, robando y matando, o extorsionando a sus vecinos. La repuesta de todos los gobiernos de la región, sin excepción, ha sido el fortalecimiento de los aparatos represivos del Estado, especialmente la policía, para combatir la violencia social con represión y violencia policial.

Todos los Estados han justificado el fortalecimiento de los aparatos policiales para detener los crímenes y la violencia. Pero el resultado no ha sido la paz social, sino un interminable ciclo de violencia que sumerge a nuestros países en un continuo baño de sangre focalizado en los barrios marginales.

El caso más emblemático de esta violencia sistemática contra el pueblo, es la Policía Nacional de Nicaragua, que masacró a los estudiantes durante las protestas del 2018, y continua manteniendo el asedio y persecución contra los opositores.

Ocurre también que, en la mayoría de los casos, los jefes de estos aparatos policiales cobran impuestos a las maras y pandillas, les brindan cierto de grado de protección, y el tumor social no solo no es extirpado, sino que más bien es potenciado al máximo.

Asesinatos como el de George Floyd, que dieron origen a las protestas masivas en Estados Unidos, ocurren casi a diario en nuestros países. Nos hemos acostumbrado a los abusos y violencia de los aparatos policiales contra la ciudadanía. Aceptamos los abusos como parte de la supuesta lucha diaria contra la delincuencia, un discurso que nos han vendido en todos los medios de comunicación. La represión se centra contra los pobres, mientras los aparatos policiales defienden y protegen a los delincuentes de cuellos blanco, aliados del narcotráfico, y que además son quienes organizan el saqueo de nuestros países.

Las protestas contra la violencia policial en Estados Unidos deben servirnos para reenfocar la lucha contra los constantes abusos y violencia de los aparatos policiales en nuestros países. Estos surgieron de los Acuerdos de Paz, pero ya están contaminados, por lo tanto, deben ser disueltos y desmantelados. No son eficaces para combatir la violencia social, que tiene raíces en la marginalidad social.

En su lugar, deben existir policías comunitarias, encargadas de mantener el orden, cuyos efectivos deben ser miembros de la localidad. Los jefes de estas policías locales deben ser nombrados democráticamente por la propia comunidad, y deben estar sujetos al control de las autoridades locales. Estos cargos deben ser revocados por la ciudadanía cuando haya denuncias de corrupción o de abuso policial. Este debe ser el primer gran paso para terminar con ese tormento cotidiano de los abusos y violencia policial.

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