La Concertación Nacional para el Desarrollo de Panamá, un órgano corporativista compuesto por más de 2.000 representantes del sector empresarial, sindicatos y organizaciones civiles y populares, incluida la Iglesia Católica, preparó desde el año 2018 un proyecto de reformas a la Constitución de 1972, pero que no han sido debatidos ni conocidos por el pueblo.

La desconfianza popular aumentó cuando se conoció que los diputados cambiaron muchas de las propuestas, acumulando más poder para ellos y dejando incólume el corrupto sistema imperante. Cambiar algo para que no cambie nada. Y como un rayo en cielo sereno, estallaron las movilizaciones estudiantiles y populares a finales de octubre e inicios de noviembre, conmocionando a Panamá, obligando al gobierno a retirar la propuesta. El retiro de la propuesta fue, obviamente, un triunfo indiscutible de la movilización popular, pero la pelea no ha terminado, recién empieza.

El pueblo de Panamá exige cambios profundos, pero el gobierno de Cortizo se resiste a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, evitando que el pueblo panameño se exprese democráticamente y decida como reorganizar el Estado.

Las movilizaciones en Panamá se produjeron casi inmediatamente después del estallido de la crisis en Bolivia, en relación al conteo de votos de la elección presidencial del pasado 20 de octubre. Las acusaciones de fraude electoral cometido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a favor de la candidatura de Evo Morales, desencadenó una enorme movilización popular que, ante la ausencia de direcciones revolucionarias, terminó siendo asaltada y copada políticamente por los grupos de ultra derecha, cuya presencia se ha magnificado en los grandes medios de comunicación. Las movilizaciones inicialmente tuvieron como meta la convocatoria a una segunda vuelta, pero cuando se conoció el resultado de la auditoria del TSE y de la OEA, la indignación popular se convirtió en un verdadero levantamiento popular. La consigna de renuncia inmediata de Evo Morales tomó mucha fuerza

La OEA intentó hasta el último momento que Evo Morales terminara su mandato en el año 2020, para hacer una transición ordenada, pero los acontecimientos se precipitaron. La cúpula de las Fuerzas Armadas y de la Policía, que habían colaborado de manera disciplinada en los últimos 14 años con el gobierno de Evo Morales, dieron la puñalada final, solicitándole públicamente que renunciara a la presidencia.

Pero, como explicamos de manera detallada en nuestro análisis en esta misma edición, las Fuerzas Armadas y la Policía han aprovechado el momento para propinar un golpe de Estado, pero no contra Evo Morales, que ya se encontraba acorralado y debilitado, sino contra la enorme movilización de masas que luchaba en las calles contra el fraude electoral, la no reelección y exigía la renuncia de Evo Morales.

La renuncia de Evo Morales se produjo más por la presión del pueblo en las calles que por una decisión de los militares. Estos necesitan parar la movilización y por ello han pretendido colocarse como los salvadores de la patria, los amigos del pueblo.

Mientras todavía persiste la agitación en las calles, los partidos políticos de Bolivia negocian la transición constitucional, incluso con diputados del Movimiento al Socialismo (MAS) y con mediación de la Iglesia Católica. La senadora Jeanine Añez se ha proclamado presidenta provisional sin haber obtenido los votos necesarios.

Los revolucionarios no podemos adecuarnos a la institucionalidad burguesa de Bolivia. Al renunciar Evo Morales, hay una sórdida pelea entre los grupos para controlar el poder, y no podemos dejar el camino libre a nuestros enemigos.

Desde la distancia aconsejamos al pueblo boliviano no dejarse arrebatar la victoria obtenida en las calles, ni por los militares ni por los partidos de derecha. Quienes deben constituir un gobierno provisional son aquellos organismos populares que estuvieron peleando en las barricadas. Debemos silenciar al farsante y demagogo Luis Fernando Camacho y a cualquier otro derechista.

La Central Obrera Boliviana (COB) y las centrales obreras y campesinas, junto con los comités de barrios que lucharon en las calles, deben constituirse como gobierno provisional para convocar a elecciones para una nueva Asamblea Nacional Constituyente, que decida el futuro de esa nación. Ese es el único camino democrático.